En esta pasada semana hemos visto que el BCE deja los tipos de interés sin variación pese a que la inflación en la eurozona se dispara un 3%. “Todos deseamos que esta guerra en Irán termine lo antes posible”. A Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE) se le escapó la semana pasada lo que muchos piensan y no osan siempre decir en voz alta. Porque el conflicto en Oriente Medio está pasando factura, además de complicar las decisiones de política monetaria. El BCE dejó los tipos de interés de depósito en el 2% por sexta vez consecutiva. Todo apunta a un alza del precio del dinero en el próximo mes de junio, incluso en caso de fin de la guerra. Una decisión anunciada, sin embargo con un dato que levanta dudas por encima de los demás: la inflación en la eurozona se disparó en abril un 3%, en clara alza comparado con el 2,6% de marzo. Es el nivel más alto desde septiembre de 2023. La culpa de este incremento la tiene la energía: los precios de esta componente se dispararon un 10,9% (interanual) en tan solo un mes. Como el objetivo del BCE es mantener la tasa de inflación en el 2% muchos se preguntan porqué la entidad que preside Lagarde está esperando tanto para actuar.
La economía de la eurozona crece un 0,1% en el primer trimestre: el riesgo de estanflación es real. Además, el BCE publicó esta pasada semana su encuesta sobre el sentimiento y la confianza del consumidor. Y el resultado es que las expectativas para los próximos doce meses han desanclado de forma significativa: la mayoría cree que se llegará de aquí a un año al 4% de inflación. De entrada la francesa admitió que durante la reunión del consejo se discutió la posibilidad de subir el precio del dinero. Y esta, de por sí, es una novedad. Luego, en el comunicado se reconoce que “las implicaciones de la guerra para la inflación a medio plazo y la actividad económica dependerán de la intensidad y duración del choque en los precios de la energía, así como de la magnitud de sus efectos indirectos y de segunda ronda. Cuanto más se prolongue la guerra y más tiempo permanezcan altos los precios de la energía, mayor será el impacto probable en la inflación general y en la economía”. Aquí la palabra clave es “segunda ronda”. Lagarde subrayó que de momento las empresas no están actualizando los salarios al incremento del coste de la vida, lo que sería la primera señal de comienzo de una peligrosa espiral inflacionista. Con lo que no parece que haya urgencia para tomar medidas, en cuanto a política monetaria se refiere. Otro aspecto controvertido es el crecimiento de la eurozona. Aunque formalmente esto no entra en el radar del BCE, el PIB en el primer trimestre en la eurozona fue de tan sólo el 0,1%. Una subida de tipos repentina correría el riesgo de deprimir la economía del Viejo Continente. También fue la última rueda de prensa de Luis de Guindos, que dejará en junio el cargo al croata Boris Vujčić.
Por otro lado, se observa una alarma en las grandes fortunas: así es la hoja de ruta de Bruselas para un impuesto europeo al patrimonio. Un exhaustivo informe de 180 páginas amenaza con resucitar un Impuesto al Patrimonio europeo. Bruselas urge a la creación de unidades especializadas en grandes fortunas en las agencias tributarias. En los pasillos de la Dirección General de Fiscalidad de la Comisión Europea (DG Taxud), se ha producido una fuerte declaración de intenciones política que amenaza con resucitar un Impuesto sobre Patrimonio europeo. Un exhaustivo informe de 180 páginas marca un antes y un después en la estrategia de la Unión. Bruselas no solo reconoce que la riqueza se está concentrando en el «top 1%» a un ritmo superior al resto del mundo, sino que ha diseñado una hoja de ruta técnica para que los Estados miembros graven a las grandes fortunas en sus territorios. El diagnóstico que presenta el documento es polémico. Advierte que mientras las clases medias europeas han visto cómo sus ahorros se estancaban, la riqueza privada en la UE ha crecido exponencialmente en las últimas tres décadas. El informe señala que la concentración de patrimonio se ha convertido en una «característica estructural» del paisaje económico europeo, planteando una pregunta incómoda: ¿pueden los actuales marcos fiscales garantizar la justicia social? La respuesta que llega desde Bruselas abre la puerta a un nuevo debate sobre la fiscalidad del patrimonio. Durante años, cualquier intento de gravar a los fortunas ha chocado con el mismo muro: el miedo a la huida de los contribuyentes y la caída de la inversión y la recaudación. Sin embargo, Bruselas sostiene que esto es un dogma que no tiene, a su juicio, evidencia empírica. El informe insiste en que las respuestas de movilidad internacional ante subidas de impuestos son «a menudo exageradas» por los lobbies económicos. El texto opina que los efectos negativos sobre el ahorro o la iniciativa empresarial son «modestos» y que, si el impuesto está bien diseñado, puede incluso fomentar un uso más productivo de los activos. Con este movimiento, la Comisión quiere allanar el camino para que los gobiernos pierdan el miedo escénico a las reformas fiscales. Bruselas no propone un modelo único, pero sí define las condiciones para que el gravamen fiscal a las fortunas sea exitoso y no un mero gesto de cara a la galería.
A nivel doméstico hemos visto como el Congreso rechaza el decreto sobre los alquileres y evidencia la debilidad del Gobierno.
El voto en contra de Junts y la abstención del PNV ponen en cuestión la viabilidad de la legislatura, mientras Sumar exhibe sus diferencias con el PSOE. El Gobierno sumó esta pasada semana una nueva derrota parlamentaria con el rechazo del Congreso al decreto que prorrogaba la prohibición de subida de los alquileres. Una medida impulsada por Sumar, que naufragó en el hemiciclo. El golpe abrió grietas en la coalición y confirmó la debilidad de un Ejecutivo en minoría, frente a un bloque cada vez más compacto de PP, Vox y Junts, que vuelven a alinear sus votos, con el PNV marcando distancias desde la abstención. El marcador registró finalmente 177 votos en contra del real decreto, 166 a favor y cinco abstenciones. La votación tuvo que demorarse por las protestas de una mujer desde la tribuna. El resultado liquida la vigencia de las medidas y deja en el aire la situación de los inquilinos que reclamaron la prórroga de sus contratos mientras estuvo en vigor. El debate exhibió sin disimulo las costuras abiertas entre el PSOE y Sumar. «No debemos equivocarnos de adversario», advirtió el diputado socialista Ignasi Conesa ante las críticas de sus socios por no haber peleado más el apoyo de Junts, al que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había tachado de «racista» apenas unos días antes. «Si mañana sube el precio del alquiler, será por ellos», lanzó, señalando a las bancadas del PP y de Vox. Con el hemiciclo a medio gas y la ausencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el protagonismo recayó en el titular de Consumo, Pablo Bustinduy, que elevó el tono frente a sus propios socios. Avisó al PSOE de que, si aplicara a la vivienda «la misma ambición y coherencia» que en política exterior, «estaríamos en una situación muy distinta». Defendió el decreto como una medida «razonable» y «de sentido común», capaz —dijo— de proteger a tres millones de personas, y esgrimió que el 75 % de los españoles lo respaldaba. A PP, Vox y Junts les advirtió de que esos votantes «tomarán nota» de su rechazo a la medida.
El debate se cerró mostrando las grietas en el Gobierno y también entre las filas independentistas, con ERC cuestionando a Junts y EH Bildu reprochando al PNV aliarse en la votación con la derecha del PP y Vox.
Cambiando de tercio, y siempre a nivel doméstico, las constructoras reclaman un peaje de 111 euros al año por conductor para financiar la conservación de las carreteras. La patronal Seopan vuelve a defender la tarificación por uso de las infraestructuras viarias con un peaje a vehículos ligeros de 3 céntimos por kilómetro recorrido en vías interurbanas. La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) calcula que solo mantener en condiciones las infraestructuras que ya existen en España exigirá desembolsar 127.341 millones de euros a lo largo de la próxima década, lo que equivale a destinar cerca de 12.700 millones de euros cada año únicamente a conservación. A esa cifra se suman otros 280.000 millones para construir nuevas infraestructuras y adaptar las actuales, lo que eleva la factura total hasta los 407.341 millones de euros en diez años, según el informe anual presentado esta pasada semana por la patronal. «Son 58.000 millones en carreteras de todas las administraciones, más de 20.000 en ferrocarriles de titularidad estatal y 48.600 en infraestructuras hidráulicas» ha desglosado el presidente de la patronal, Julián Núñez, quien ha insistido en que se trata de una estimación conservadora. Según el análisis realizado por la organización a partir del Anuario Estadístico de Transportes, el conjunto de las administraciones ha dejado de invertir casi 8.000 millones de euros en conservación y reposición viaria en términos reales desde 2010. «Hemos tardado prácticamente 15 años en recuperar el volumen de inversión que teníamos antes de la crisis financiera» ha apuntado Núñez. Para cubrir ese déficit acumulado y cumplir los estándares técnicos recomendados, Seopan calcula que sería necesario incrementar un 56% la dotación anual actual destinada a conservación de carreteras, pasando de los 2.800 millones de euros actuales a 4.370 millones al año. El esfuerzo sería aún mayor en las vías del Estado -un 80% de aumento- y significativo también en las redes autonómicas y de diputaciones, con incrementos del 69% y el 82% respectivamente.En aras de financiar esas necesidades sin recurrir a subidas de impuestos ni comprometer el gasto público, Núñez ha vuelto a defender la tarificación por uso de las infraestructuras viarias. La propuesta de Seopan contempla un peaje a vehículos ligeros de 3 céntimos por kilómetro recorrido en vías interurbanas. Aplicado al recorrido medio que realiza un conductor español fuera de núcleos urbanos -unos 3.700 kilómetros al año-, el coste ascendería a 111 euros anuales por vehículo.
Yendo a lo que destaco en el blog en el día de hoy, podríamos preguntarnos si estamos ante el fin de las tarjetas: ya que se podrá pagar con Bizum en los negocios físicos a partir del 18 de mayo. Debido a la digitalización de cada vez más aspectos de nuestra vida, los usuarios requieren cada vez más herramientas y servicios que faciliten esta actividad online. Entre los diferentes ámbitos que existen, Bizum se ha erguido como la solución bancaria en España, ya que esta plataforma ofrece una forma rápida y sencilla de enviar y recibir dinero.
Ya sea para pagar tu parte de la cuenta a un amigo, para darle la paga a tu hijo o para contribuir a un regalo, la llegada de Bizum hace siete años revolucionó por completo cómo enviamos dinero. Y ahora la compañía quiere seguir impulsando su negocio, y según ha anunciado a partir del 18 de mayo también será una forma de pagar en negocio físico. Lo cierto es que no todos los bancos ni establecimientos podrán operar así desde la fecha prevista, pero se espera que esta modalidad de pago se extienda progresivamente en los próximos meses. La posibilidad de pagar con Bizum en las tiendas podría ser el fin del uso de tarjetas en los negocios, lo que supondría toda una revolución al dejar de depender de intermediados americanos como Visa, Mastercard, Google y Apple. Esto supondrá un importante cambio para los negocios, porque aunque para los clientes no tenga un coste asociado, el uso de TPV conlleva una comisión (tasa de descuento) que le cobra su banco. Lo cierto es que el pago por Bizum también tendrá una comisión para el negocio, pero parece que será incluso menor que la que existe ahora. Pero a partir del 18 de mayo se podrá dejar de depender de estos gigantes financieros y que nuestras operaciones dejen de pasar por entidades estadounidenses. Si bien hacer un Bizum será igual que siempre, se espera que los bancos adapten sus apps para agilizar el proceso de pago a los negocios, al mismo tiempo que la compañía lanzará Bizum Pay, su propia app para gestionar los pagos en aquellas entidades que no se sumen al nuevo método.
A nivel local, destacar un par de noticias. La primera la de los autónomos asturianos cabreados que pagan de media 300 euros más que los vascos en el IRPF. Con el inicio de la campaña de la renta 2026 vuelve a resonar un debate que se repite ejercicio tras ejercicio: la factura fiscal de los trabajadores por cuenta propia depende en buena medida del territorio en el que residan. Así lo constata el informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026, elaborado por el Consejo General de Economistas, que sitúa al Principado de Asturias en una posición media-alta en términos de presión fiscal dentro del mapa autonómico. Tomando como referencia el perfil estándar utilizado por los economistas, contribuyente soltero, menor de 65 años y sin cargas familiares, un autónomo asturiano con unos ingresos anuales en torno a los 30.000 euros abona aproximadamente 4.832 euros en concepto de IRPF. Esta cifra contrasta con los cerca de 4.495 euros que pagaría un contribuyente con idénticos ingresos en los territorios forales del País Vasco, lo que supone una diferencia de unos 300 euros anuales. La comparación también resulta significativa frente a otras comunidades del régimen común. Por ejemplo, en Madrid, un autónomo con esos mismos ingresos pagaría en torno a 4.598 euros, es decir, más de 200 euros menos que en Asturias. En el extremo opuesto, Cataluña se sitúa como una de las regiones con mayor carga fiscal, con cifras que rozan los 5.000 euros para ese nivel de renta. Estas diferencias responden a la capacidad normativa que tienen las comunidades autónomas sobre el tramo autonómico del IRPF. En el caso asturiano, las últimas modificaciones aprobadas en 2025 introdujeron cambios en la tarifa que afectan especialmente a las rentas medias y altas. Aunque se redujo el tipo mínimo al 9%, se incrementaron los tipos aplicables a partir de bases liquidables superiores a 33.000 euros y se elevó el marginal máximo hasta el 26%. Además, el Principado mantiene un incremento del 10% en los mínimos personales y familiares respecto a la normativa estatal, una medida que suaviza parcialmente la carga fiscal, pero que no compensa del todo los tipos más elevados en determinados tramos. A medida que aumentan los ingresos, las diferencias entre territorios se amplían. En niveles de renta en torno a los 110.000 euros, un autónomo en Asturias puede superar los 37.000 euros de IRPF, frente a algo más de 35.000 euros en Madrid. La distancia, en este caso, rebasa los 2.000 euros anuales. En comunidades como la Valenciana, la factura es aún mayor, superando los 38.500 euros para ese mismo nivel de ingresos. En los tramos más altos, las divergencias alcanzan cifras mucho más significativas. Para rentas de 600.000 euros, el informe refleja diferencias de decenas de miles de euros entre comunidades, con Madrid entre las más favorables y otras como la Comunidad Valenciana entre las más exigentes. El informe también subraya que algunas comunidades han aplicado medidas para mitigar el impacto de la inflación, como la deflactación del IRPF. Sin embargo, estas iniciativas no han sido homogéneas, lo que contribuye a mantener o incluso ampliar las diferencias entre territorios. En este contexto, los economistas recuerdan que el IRPF es un impuesto parcialmente cedido, en el que el Estado fija una base común pero las autonomías tienen margen para modular tipos, mínimos y deducciones. El resultado es un mapa fiscal fragmentado en el que dos autónomos con los mismos ingresos pueden soportar cargas muy distintas simplemente por residir en comunidades diferentes.
Finalmente, Asturias declara sus primeras dos zonas tensionadas de vivienda. Las localidades de Llanes y Posada, en el concejo llanisco, y las de Arenas y Poo, en Cabrales, serán las cuatro primeras zonas de mercado residencial tensionado en Asturias, según ha informado el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, tras la resolución aprobada por su departamento la pasada semana. Estas declaraciones, con una duración inicial de tres años prorrogables, permitirán aplicar medidas previstas en la normativa vigente para corregir disfunciones del mercado residencial, en especial, la contención de precios del alquiler, la movilización de vivienda vacía o infrautilizada y el refuerzo de iniciativas para favorecer el acceso a la vivienda habitual. Con esta actuación, el Principado da un primer paso en el uso de los instrumentos previstos en la normativa estatal para afrontar la tensión detectada en determinados mercados residenciales del territorio dado que la Ley de Vivienda regula un procedimiento para tratar de contener los precios de los alquileres en zonas donde los incrementos en años anteriores fueron especialmente elevados. Este mecanismo establece una serie de bonificaciones fiscales para que los propietarios que rebajen las rentas de los alquileres a sus inquilinos y limita la capacidad de incrementar los precios de nuevos contratos de arrendamiento al tener que estar ajustados al precio del contrato anterior. También, se establece un índice de precios de referencia para los alquileres de la vivienda y sobre el que los grandes tenedores están obligados a fijar los precios de sus contratos. Además, se fija la obligación de que las administraciones públicas ejecuten un plan de medidas urgentes para incrementar la oferta de alquiler para que en el plazo de tres años la situación del mercado del alquiler haya sido revertida.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.
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Blog personal: https://catedraticasusanaalvarezotero.blogspot.com/