El Banco Central Europeo ha cumplido con el guión y ha subido los tipos de interés por primera vez desde 2023. El cuarto de punto estaba tan descontado que la verdadera noticia es el mensaje que lo acompaña: el propio banco espera más inflación y menos crecimiento, y aun así prefiere actuar. La facilidad de depósito queda en el 2,25 % y las operaciones principales de financiación, en el 2,40 %. El consejo justifica el movimiento por el encarecimiento de la energía y los riesgos inflacionistas del conflicto con Irán y de las interrupciones del crudo en el estrecho de Ormuz. La previsión de inflación para 2026 sube al 3,0 %, desde el 2,6 % anterior, y la de crecimiento baja una décima, hasta el 0,8 %. Christine Lagarde lo ha resumido sin adornos: riesgos a la baja para el crecimiento y al alza para la inflación. En el cierre europeo, el IBEX 35 sube un 0,81 %, hasta 18.290,10 puntos. El Euro Stoxx 50 avanza un 0,80 % y el DAX alemán, el más rezagado, suma un 0,19 %, con toda Europa en verde tras la decisión del BCE. Al otro lado del Atlántico, y con su sesión a medias, el Dow Jones gana un 0,71 %, el S&P 500 sube un 0,46 % y el Nasdaq avanza un 0,66 %, recuperando terreno tras el castigo de las últimas sesiones a la tecnología. El petróleo sigue siendo el termómetro de la guerra. El WTI avanza un 0,33 %, hasta 90,33 dólares, y el Brent cede un 0,21 %, hasta 92,90 dólares, un movimiento contenido pese a la tercera escalada de la semana entre Estados Unidos e Irán. Washington habla de hacerse con el control del petróleo iraní, con la isla de Kharg como objetivo declarado, y Teherán da por sin sentido el alto el fuego. Lo relevante es que el BCE no actúa solo. La inflación repunta en buena parte del mundo: la eurozona está ya en el 3,2 % y Estados Unidos encabeza la lista de las grandes economías con un 4,2 %, su nivel más alto desde 2023. Australia y Noruega ya han subido tipos y el mercado espera que el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra se sumen pronto.
La actualización del cuadro macro da pistas a futuro. La reunión de esta pasada semana ha sido especialmente importante, ya que el banco central ha actualizado su cuadro de previsiones macroeconómicas por primera vez desde entonces, y es en estos momentos, cuando recibe nuevas previsiones macro de sus equipos de analistas y del economista jefe, Philip Lane, cuando el Consejo de Gobierno del BCE suele recalibrar su política monetaria, con decisiones importantes como una subida de tipos. Si la situación macroeconómica ha desembocado en la necesidad de una subida de tipos en la reunión de esta pasada semana como ya descontaron los mercados y que también han anticipado varios miembros del organismo en las últimas semanas, la revisión del cuadro macro será clave para anticipar los movimientos más a largo plazo del BCE. La política monetaria que veremos en lo que queda de 2026, va a estar marcada por los datos que vayamos conociendo no solo en materia de precios sino también de crecimiento. En este escenario, pienso que veremos una subida adicional en el tipo de interés para después de verano que dejará la facilidad de depósito en el 2.50% a cierre de 2026. Esta previsión es menos agresiva en cuanto a subidas de tipos que la que ahora descuentan los mercados, que esperan dos subidas de 25 puntos básicos más antes de 2027 después de la de esta semana, y compran que los tipos acabarán en el 2,75% al cierre de año. Habrá que esperar a ver las decisiones que toma el BCE más adelante, ya que dependerán en buena parte en el desarrollo del conflicto en Oriente Medio, para el que hay gran incertidumbre, pero parece inevitable que el organismo tendrá que aumentar la previsión de PIB para 2026 y recortar la de crecimiento esta semana para adaptar el cuadro macro a la situación actual. En este sentido, el impulso estanflacionario está ganando fuerza en la eurozona.
Podría decirse que el BCE se ha visto en una encrucijada. Es en estos momentos, cuando el mercado se enfrenta a una situación macro incierta, es cuando salen a relucir los viejos fantasmas del banco central. La estanflación es una situación complicada para el organismo, ya que, si sube tipos para frenar la inflación corre el riesgo de que castigue al crecimiento económico en exceso, pero si decide no mover ficha para apoyar la actividad económica, el peligro es que la inflación se dispare. En este sentido, hay dos precedentes que, a día de hoy, se consideran errores históricos del BCE: 2011, cuando Jean Claude Trichet subió los tipos demasiado pronto y tuvo que revertir su decisión poco tiempo después por el daño que supuso para la economía, y más reciente, el error contrario: 2021-2022, cuando evitó subir los tipos alegando que la inflación era «transitoria», para luego quedar patente que esa no era la situación real. El BCE ha optado por no repetir este último patinazo, más fresco en la memoria de los mercados, pero la realidad es que se encuentra en una situación comprometida de la que será difícil salir.
No hay decisión buena
Hay otra cara que se mira menos y también es peligrosa. No hacer nada, no subir los tipos cuando la inflación está superando el objetivo del 3% y el petróleo ronda los 100 dólares el barril también puede ser un error. Un error que tiene un paralelismo mucho más reciente. El BCE fue de los últimos bancos centrales en subir tipos durante la crisis inflacionaria posterior a la pandemia y su tardanza fue clave para generar una inflación de doble dígito en la zona euro. Nadie sabe cuál es la decisión que ‘envejecerá’ bien, lo que sí sabemos es que la decisión tomada esta pasada semana es una de las más peligrosas de los últimos años. Los tipos de interés actúan como el moderador en la economía de la demanda, la inversión y el crédito. Si el BCE no hubiese subido los tipos de interés en esta reunión, la demanda y la inversión (inmobiliaria, por ejemplo) podrían seguir mostrando cierta fortaleza impulsando aún más los precios a través de una mayor demanda de materias primas, materiales de construcción, trabajadores… lo que ayudaría a generar los temidos efectos de segunda ronda en la economía. Sin embargo, la subida de tipos es una señal de que el BCE no va a dejar que la inflación se expanda y podría tener el efecto opuesto al descrito anteriormente, dándole la puntilla al crecimiento económico. La decisión es un puro ‘trade-off’ entre crecimiento o inflación.
Cambiando de tercio, el brillo de la IA apaga la fe de los inversores en bitcoin, que huyen hacia la Bolsa. La criptodivisa, ya sin fuelle, pierde la mitad de su valor desde octubre y se desliga por completo de la tecnología. Decía Charlie Munger, mano derecha de Warren Buffet durante seis décadas, que bitcoin en algún momento acabaría valiendo cero. Hoy algunos se preguntan si ese camino ya ha comenzado. Una duda impensable hace tan solo un año cuando la criptomoneda escalaba hasta niveles nunca vistos, superando los 125.000 dólares, lejos de los cerca de 63.000 a los que cotiza en la actualidad. Su ascenso fue tan rápido como su caída y pasó de la euforia a la depresión en cuestión de horas. El pasado octubre empezó una crisis del mercado cripto de la que nunca se ha recuperado y que da señales de gravedad. No solo porque ha perdido la mitad de su valor, sino también porque se ha quedado solo. Históricamente el apetito por el bitcoin iba de la mano del apetito por la tecnología. Este año, por el contrario, cae un 30% mientras el Nasdaq 100 avanza un 20%. “Esta semana ha sido dolorosa para las criptos. No hay otra manera para decirlo”, escribe Geoffrey Kendrick, responsable de investigación de activos digitales en Standard Chartered, en una nota. La criptomoneda está en mínimos del año y ha vuelto a niveles de octubre de 2024, antes de los comicios en EE UU que llevaron a Donald Trump, el primer cripto-presidente de la historia, al Despacho Oval. Los fondos cotizados de bitcoin, que replican el precio de la criptomoneda, han perdido más de 3.700 millones de euros en las últimas 13 sesiones, la racha de salidas más larga desde su lanzamiento, según Bloomberg. Los inversores parecen haberse olvidado del bitcoin y sus promesas de futuro. Ahora todo es IA: el futuro y, también, las rentabilidades en el mercado. El panorama ya de por sí sombrío se ha agravado en la última semana y la causa tiene nombre y apellido: Michael Saylor. El confundador de Strategy, la empresa que acumula un 3% de los bitcoin existentes y la que más apuesta por la criptomoneda, ha vendido 32 unidades. Una fracción insignificante, un 0,0038% de sus reservas. La empresa dijo que la venta sirve para financiar los pagos de dividendos pero que la convicción en el activo no ha cambiado. Para el mercado, en cambio, es una mala señal. La carga simbólica de esta operación es enorme. Saylor no es un inversor cualquiera: defensor (un tanto tardío) de la moneda, ponente estrella en los eventos del sector con su característica corbata naranja —el color de bitcoin— y mesías para muchos creyentes del mundo cripto. Por eso una parte del mercado interpreta que si incluso el mayor evangelista de bitcoin está dispuesto a venderlo, cualquiera podría hacerlo. Las causas hay que encontrarlas en cómo, durante los últimos dos años bitcoin se ha institucionalizado. Quienes lo respaldan ya no son solo criptoanarquistas y fanáticos. Con el lanzamiento de los fondos cotizados de bitcoin (2024) y la regulación del sector, invertir en la criptomoneda se ha vuelto accesible a todo tipo de inversores. Con los inversores en retirada y la fe erosionada, aquella convicción de Charlie Munger de que bitcoin acabaría valiendo cero deja de ser una mera provocación para convertirse en una duda. Una señal negativa para un activo que, en última instancia, basa buena parte de su existencia en la confianza.
A nivel doméstico, el pluriempleo se dispara un 35% tras la reforma laboral y afecta a 611.000 trabajadores. Aumentan los ocupados que se ven obligados a desempeñar una segunda actividad, en la mayoría de ocasiones como asalariados, para tener un nivel retributivo que cubra sus necesidades. El 87% procede del sector servicios. La transformación estructural del mercado de trabajo tras la reforma laboral es la principal reivindicación del Gobierno, que sostiene la existencia de un cambio en el modelo productivo. Sin embargo, tanto los expertos como algunos de los datos que arrojan los balances de empleo realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas, como por los ministerios de Seguridad Social y de Trabajo, apuntan hacia una persistencia de ciertos patrones que apuntalan elementos de precariedad. Es el caso del fuerte incremento del pluriempleo en los últimos años, especialmente acentuado tras la reforma laboral de 2021. La última revisión de la Encuesta de Población Activa correspondiente al primer trimestre de 2026 sitúa el número de trabajadores con empleo secundario en 611.600, lo que supone un ligero descenso respecto al cuarto trimestre de 2025 (632.600) pero también la constatación de que el nivel alcanza máximos históricos, tras superar a finales del pasado ejercicio la cota de los 600.000 pluriempleados. El nivel actual supone, además, un fuerte repunte, del 35%, tras la reforma laboral. El trimestre anterior a las modificaciones legislativas implantadas destinas esencialmente a impulsar la contratación indefinida fue el primer trimestre de 2021, cuando se contabilizaban 452.400 pluriempleados. Respecto a los niveles de hace una década, el pluriempleo es ahora un 44,6% mayor -en comparación de los 423.000 trabajadores con dos empleos del primer trimestre de 2026-, lo que supone un incremento de 188.600 ocupados en esta situación. En este punto, resulta relevante la composición del pluriempleo atendiendo a la modalidad. Como ha ocurrido históricamente, la inmensa mayoría de los pluriempleados su trabajo principal es como asalariado. En el primer trimestre de 2026, de los 611.600 ocupados en esta situación, un 76,8% son trabajadores por cuenta ajena (496.600), mientras que los autónomos que se ven abocados a desempeñar una segunda actividad son 114.300. Sin embargo, se observa un cambio de tendencia en lo que se refiere a la segunda ocupación. En el periodo objeto de estudio, el 65% de los empleos secundarios se desempeñan como asalariados, como hacen 399.000 pluriempleados. Mientras que 208.300 trabajadores se emplean en una segunda actividad como autónomos, lo que supone un incremento del 49% respecto al momento previo a la reforma laboral. Y atendiendo concretamente a los más de 200.000 que buscan un segundo empleo como autónomos, en un 67% de los casos provienen de un empleo como asalariado (139.300), mientras que 68.300 de ellos ya trabajan como autónomos. Al igual que la mayoría de los pluriempleados son asalariados que se insertan en una segunda actividad como trabajadores por cuenta ajena -pese al fuerte incremento de quienes deciden desempeñar una actividad como autónomos- también existe una notable concentración sectorial, siendo esencialmente ocupados del sector servicios los que se ven obligados a realizar un segundo trabajo. De esta área de actividad proceden el 87% de los pluriempleados (531.800), seguida de la industria (49.000), la construcción (18.400) y la agricultura (12.400). En todo caso, el repunte de caso de trabajadores con segunda ocupación retrata una necesidad de tener que completar la renta salarial mensual para poder cubrir las necesidades. Estas, cada vez exigen sueldos más elevados como es el caso de la vivienda o el propio avance del IPC y del coste de la vida. Sin ir más lejos, un reciente estudio de la plataforma Infojobs cifra en un 50% del sueldo bruto la cantidad que se destina, de media, para el pago del alquiler en España en 2025. Un porcentaje que creció en tres puntos el pasado año respecto al ejercicio anterior y que acumula varios años de incrementos al calor del aumento del precio de la vivienda. En zonas tensionadas, como Madrid, el esfuerzo alcanza un 71% del sueldo, de media, y el 70% en Cataluña. Otro de los focos que cuestiona la calidad real del empleo tras la reforma laboral es el fuerte aumento de los fijos discontinuos, como alternativa a la temporalidad que fue penalizada en la reforma laboral impulsada por el Gobierno hace ahora cinco años. En este periodo, lo afiliados a la Seguridad Social bajo esta modalidad de contrato se han incrementado en 726.295, alcanzando 1.102.333 en mayo del presente ejercicio -último dato disponible- respecto al mismo mes de 2021 (dato previo a la reforma laboral comparable), cuando se contabilizaban 376.038, lo que supone un aumento del 193%, es decir, prácticamente el triple. Al fuerte repunte de la figura del fijo discontinuo le acompaña una reivindicación al Ministerio de Trabajo por parte de los expertos de clarificar la situación en la que se encuentran. Cabe recordar que el empresario puede desactivar a este trabajador para volver a llamarle a la postre. Durante todo el periodo, el empleado tiene contrato en vigor pero si está desactivado este desaparece de las listas de afiliación a la Seguridad Social y tampoco se incluye en las del paro registrado. No obstante, si no está activado puede solicitar la prestación por desempleo. Es esta condición la que ha llevado a los servicios de análisis a elaborar un cálculo paralelo al registro oficial del SEPE, el denominado como paro efectivo. La cifra trata de recoger a los parados y a los fijos discontinuos desactivados, que pese a tener un contrato pueden solicitar la prestación. La última lectura del pasado mes realizada por Randstad Research arroja que el paro efectivo ascendió en mayo hasta los 3,07 millones, lo que suponen 717.864 personas más que el paro registrado (2,32 millones). Aunque no existe una estadística pura sobre la evolución de fijos discontinuos desactivados, la forma más aproximada, como hace el servicio de estudio mencionado, es sumar los demandantes de empleo ocupados al paro registrado. Estos descendieron el pasado mayo en 14.055 personas hasta los 1,17 millones. En esta bolsa de demandantes de empleo se insertan dos grupos predominantes, quienes tienen un contrato fijo discontinuo y al estar desactivados se dan de alta en SEPE para poder acceder a ofertas de empleo y a prestaciones por desempleo y los trabajadores en ERTE. El paro efectivo se calcula sumando al registro del SEPE los demandantes de empleo ocupados, y descontando aquellos que se encuentran en ERTE.
En definitiva, todo lo anterior muestra algo que ya sabíamos: la precariedad laboral española.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.
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