Los selectivos de renta variable europeos presentaban caídas generalizadas en la semana, con los países de la periferia europea registrando el peor comportamiento, pesando sobre el sentimiento inversor los nuevos rebrotes del virus fundamentalmente en el continente americano. En este contexto, el sector de ocio y turismo era lógicamente el más penalizado por los inversores en la semana. Por otro lado, las previsiones del FMI se situaban en la parte más negativa del rango de estimaciones que estaba barajando el mercado, presentando rebajas (vs est abril) tanto para las economías avanzadas como emergentes. En EE.UU., la Fed limitaba el pago de dividendos de los grandes bancos hasta por lo menos el cuarto trimestre de 2020 ante la necesidad de valorar el impacto de la COVID-19 en lo referente a las pérdidas a asumir. Respecto a la deuda, se han producido ligeras caídas de las TIR en Europa y EE.UU.
Abordando el tema del coronavirus, Estados Unidos alcanzó la pasada semana la cifra de 2.310.334 casos confirmados de COVID-19 y 120.384 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance es de 35.015 contagios más que el domingo y de 435 nuevas muertes. El aumento de casos en estados como California, Florida, Texas y Arizona ha vuelto a poner a EE.UU. por encima de los 30.000 contagios diarios, una cifra que ya rebasó la semana anterior y que no se alcanzaba desde principios de mayo. Nueva York se mantiene como el estado más golpeado en EE.UU. por la pandemia con 388.488 casos confirmados y 31.176 fallecidos, una cifra solo por debajo de Brasil, el Reino Unido e Italia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 22.321 personas. A Nueva York le siguen la vecina Nueva Jersey con 12.974 muertos, Massachusetts con 7.873 e Illinois con 6.671. Otros estados con un gran número de fallecidos son Pensilvania con 6.426, Michigan con 6.097, California con 5.557 o Connecticut, con 4.263. En cuanto a contagios, California es el segundo estado solo por detrás de Nueva York con 183.554. El foco de la pandemia en EE.UU. se ha desplazado ahora de la golpeada Costa Este a los estados del Cinturón del Sol, como California, Florida, Texas y Arizona, que suman entre los cuatro cerca de la mitad de nuevos casos en todo el país. El balance provisional de fallecidos -120.384- ha superado ya la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia. El presidente, Donald Trump, rebajó esas estimaciones y se mostró confiado en que la cifra final estaría más bien entre los 50.000 y los 60.000 fallecidos, aunque en sus últimos cálculos auguró ya hasta 110.000 muertos, un número que también se ha superado. Por su parte, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que Estados Unidos llegará al mes de octubre habiendo superado los 200.000 muertos.
Por cambiar de tono, le comento, amable lector, esta noticia que me ha llenado de ilusión y es que aumentan las esperanzas de que la UE y Londres lleguen a un acuerdo.
Tras la cumbre virtual mantenida por Boris Johnson con los líderes de la UE la semana pasada se ha producido un cambio de tono que puede allanar las negociaciones sobre el Brexit. Boris Johnson elaborará un nuevo plan esta semana con sus ministros dirigido a desbloquear las conversaciones sobre la futura relación de Reino Unido con la UE, con lo que aumentan las esperanzas de conseguir avances a lo largo de un mes de «intensas» negociaciones a partir del 29 de junio. Los diplomáticos confirman que se ha producido un cambio de tono tras la cumbre virtual del primer ministro británico con los líderes de la UE la semana pasada. Ambas partes hablan de una «nueva fase» de negociaciones menos formales y mayor disposición a negociar. El gabinete estratégico de Johnson discutirá áreas de posible compromiso esta semana, incluida la idea de que Reino Unido se reservaría el derecho a divergir de los criterios de la UE, siendo consciente de que se le aplicarían aranceles por ello. Entretanto, los gobiernos nacionales de la UE darán la bienvenida esta próxima semana a los planes para intensificar las negociaciones, aunque advierten que el bloque también debe avanzar en los planes sobre un no-acuerdo por si las negociaciones fracasan.
A nivel doméstico, y según destaco en el titular del blog en el día de hoy, se ha producido una importante bajada de España en el ranking de competitividad.
De 63 países, España se sitúa en el puesto 59 en regulación del desempleo y en el 53 en inestabilidad política. Además, España se sitúa a la cola en transformación digital, en el puesto 60. Este ranking lo publica la Escuela de negocios IMD de Lausanne. Pero más vale no engañarse, porque la cosa puede ser peor y que estemos en caída libre, en free falling, dado que todavía no están recogidos los efectos de la pandemia y la respuesta del Gobierno en la competitividad del país y, según el director del World Competitiveness Center de Lausanne, todo apunta a que en 2021 España caerá debido a las recetas del Gobierno. La falta de eficiencia gubernamental y empresarial, y un bajo rendimiento económico son los principales lastres para la competitividad. España se queda relegada mientras países europeos como Holanda, Reino Unido, Portugal o Grecia suben, y otros como Alemania o Francia siguen por encima en la clasificación. Por otro lado en España todavía no existe una clara estrategia económica, como sí la empieza a haber, por ejemplo, en Italia, porque el Plan de Vittorio Colao en Italia es un ‘Competitiveness Playbook’ del que «España debería aprender». España empeora en tres de los grandes indicadores analizados: En rendimiento económico cae de la posición 29 a la 31, en eficiencia empresarial pasa del 39 al 42 y, especialmente la eficiencia gubernamental, donde se desploma del puesto 40 al 44. Esto, pese a no incorporar todavía el impacto de la pandemia, que se observará en el ránking del año que viene. Que la competitividad del país mejore o empeore en 2021 dependerá, de las políticas públicas, y por el momento «existe una percepción bastante negativa de las políticas del Gobierno». En ese sentido, basta con dirigir la mirada a la cumbre empresarial organizada por CEOE la semana previa, donde los representantes del sector turístico han criticado la falta de acción del Gobierno y la lentitud a la hora de aplicar determinadas políticas como la extensión de los ERTE. De cara a 2021, es evidente que se producirá una caída en el ránking debido a que la caída del PIB español será muy superior a la de otras economías avanzadas, según las previsiones. Por ejemplo, España se desploma 12 posiciones en la percepción de proteccionismo porque existe el temor de que el sector público va a absorber mucho más la economía; cae 10 puestos en propiedad pública, nueve posiciones en protección del desempleo y cinco en regulación laboral, descendiendo hasta el puesto número 52 de una clasificación de 63 países. Por segundo año consecutivo, Singapur mantiene su liderazgo seguido de Dinamarca, Suiza, los Países Bajos y Hong Kong consolidando el Top5, y evidenciando el liderazgo creciente de países de tamaño medio.
En lo relativo al tema de las ayudas que recibiremos, Borrell ve «evidente» que la ayuda europea, cuando se apruebe, «no va a ser un cheque en blanco», pero ha asegurado que la condicionalidad no será «la de los hombres de negro y las famosas troika que intentaban garantizar los ajustes macro severos». Así, ha señalado que las ayudas tendrán una «condicionalidad orientada a un fin», es decir, que los fondos se destinen a objetivos como reforzar la digitalización y la transición ecológica, las cadenas de valor y la autonomía estratégica de la UE. En respuesta a una pregunta de Gabriel Rufián (ERC), Borrell ha reconocido que «nada es gratis» y que los fondos se devolverán. Eso sí, en esta ocasión, los 750.000 millones que la Comisión Europea quiere dedicar a este fondo –500.000 en subvenciones y 250.000 en préstamos– los obtendrá la propia Comisión con una emisión de deuda, y su devolución la realizarán conjuntamente los Veintisiete en los presupuestos europeos futuros, según lo que cada uno aporte a esos presupuestos. Para rebajar la factura, Bruselas quiere añadir «recursos propios» en forma de impuestos a las actividades digitales, al plástico y a la importación de productos que supongan más emisiones de carbono. No de momento, ha dicho Borrell, a las transacciones financieras, a la espera de un acuerdo en el seno de la OCDE. En todo caso, ha aclarado, si hay que hacer ajustes posteriores «tendrán que graduarse en función de las circunstancias». De hecho, ha recalcado que en este momento están temporalmente suspendidas las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que obligan a que el déficit público no supere el 3% del PIB y la deuda pública, el 60%.
Por otro lado, el Gobierno está trabajando en un anteproyecto de ley para regular la modalidad del trabajo a distancia, que se ha instaurado de forma imperativa en la sociedad española tras el confinamiento derivado de la pandemia. El Ejecutivo se propone, entre otros puntos, que el empleador tenga que sufragar «en su totalidad» los gastos derivados del teletrabajo, y que comúnmente paga el empleado, como la electricidad, la tarifa de internet o los equipamientos informáticos. El Gobierno también sopesa incluir en este decreto la modalidad del trabajo flexible, que permite a los empleados poder «alterar» su jornada en función de sus necesidades, aunque pone ciertos límites, ya que se debe «respetar la normativa sobre tiempo de trabajo», así como el pacto al que se haya llegado «previamente con la empresa» en cuanto al periodo de disponibilidad. La reacción de los empresarios ha sido clara y comprensible: tele-trabajo, quiere decir eso. Y el trabajador puede estar en Barcelona, si la empresa es de Barcelona, o en el Congo belga y contratar por mucho menos dinero a un trabajador de ese lugar. Dicen que el que avisa no es traidor. Y los empresarios no son traidores, sino los que tienen en sus manos una dificilísima labor pero que crea riqueza y empleo.
Una buena noticia para la bella ciudad de Barcelona que seguirá como sede del Mobile Congress al menos hasta 2024. El Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que el Gobierno amplía su contrato con la organizadora del Mobile World Congress (MWC), la patronal mundial de telecomunicaciones, GSMA, y se prorroga hasta 2024 a Barcelona como sede de la considerada como mayor feria tecnológica del mundo. Tras la suspensión de la edición de este año del pasado febrero debido al coronavirus, la GSMA anunció su intención de mantener el Mobile en la Ciudad Condal en principio hasta 2023. Sin embargo, el Gobierno y la organización han acordado ampliarlo un año más. La ministra portavoz, María Jesús Montero, dijo tras el Consejo de Ministros que la extensión del acuerdo supone «una excelente noticia» y pone de manifiesto «el compromiso del Gobierno por mantener en España un evento de este prestigio, capaz de atraer cada año a 100.000 personas, que genera 470 millones de facturación y 13.000 empleos». Según explicó Montero, el Gobierno ha llegado a un acuerdo con la GSMA para disfrutar de una tarifa reducida en la edición de 2021, en condiciones más ventajosas que en ediciones anteriores, «en compensación por los gastos a que hubo que hacer frente por la no celebración de la edición de este año».
A nivel local, desde Asturias y encabezado por Belarmino Feito, se ha criticado la decisión de la UE de no reforzar las medidas de protección del acero comunitario frente al importado y volvió a pedir al Gobierno central que interceda para exigir un «arancel ambiental» que obligue a la industria extracomunitaria a cumplir los mismos parámetros ambientales que se exigen a las empresas asentadas en la UE o, de lo contrario, «penalizarla para competir en igualdad de condiciones». Desde aquí se entiende que la postura de la UE no responde a los intereses de Asturias ni de España y, utilizando el ejemplo de Feito, se alerta de las consecuencias que tendría para España la deslocalización de las empresas del sector dado que podríamos vernos obligados a depender del acero exterior y que nos pase como nos pasó con los medios de protección para el coronavirus.
Me temo que la economía asturiana hace mucho tiempo que está en caída libre. en free falling y, de eso, hay quien parece no darse cuenta ni poner las medidas adecuadas para solucionarlo que, desde luego, no pasan por hacer más de lo mismo, o por endeudarnos más, que es como estamos ahora: más endeudados, con este «nuevo» gobierno astur.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.