Esta pasada semana ha estado marcada por el hecho de que el Eurogrupo trataba de acercar sus posturas sobre reglas fiscales aún lejos del acuerdo. Los ministros de Economía y Finanzas de la UE celebraron en Luxemburgo una reunión para acercar posturas sobre la reforma de las reglas de control del déficit y la deuda. La reunión comenzaba con un encuentro entre los ministros de la eurozona (el Eurogrupo) cuyo punto más relevante fue el diálogo con la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, sobre temas de interés transatlántico, tras lo cual los socios comunitarios abordaron los trabajos sobre el euro digital, la implementación de los planes de recuperación post-pandemia y las iniciativas para impulsar la unión de mercados de capitales, temas recurrentes en este foro.
Los contactos mantenidos a todo nivel desde la reunión en Santiago de Compostela no han permitido cerrar la brecha que separa a aquellos que quieren más garantías de que se reducirán efectivamente los niveles de deuda y déficit – una docena de países con Alemania a la cabeza – y aquellos que demandan más margen para ciertas inversiones, con Francia e Italia como principales exponentes. Otra cuestión clave todavía abierta es el conjunto de reformas e inversiones que permitirán a los países extender el periodo de ajuste fiscal desde los cuatro hasta los siete años y en concreto qué tipo de gastos se deben tener en cuenta en este sentido. La propuesta original requiere que estas reformas e inversiones estén encaminadas a apoyar el crecimiento, aborden los desequilibrios de cada economía o impulsen las transiciones verde o digital, pero algunas capitales quieren incluir otras prioridades, como inversiones en defensa y seguridad. Sí que hay ya consenso en la idea de que el principal indicador para medir el esfuerzo fiscal sea el gasto primario neto, pero los socios comunitarios debaten todavía qué partidas se pueden excluir del mismo además del gasto por intereses de deuda y las prestaciones por desempleo cíclico. Más allá de las nuevas reglas fiscales, los ministros tienen previsto aprobar el plan de recuperación revisado de España tras el visto bueno de Bruselas, debatir el impacto económico de la guerra de Ucrania, incluido el trabajo la UE para intentar que los réditos de los activos rusos congelados puedan usarse para la reconstrucción, y actualizar la lista negra de paraísos fiscales.
A nivel de mercados, el pesimismo se instala en los grandes gestores de fondos, a pesar de que los mercados se encuentran en un periodo de estacionalidad favorable. La encuesta mensual de Bank of America entre los gestores que más patrimonio mueven refleja un estado poco optimista con las perspectivas del mercado. Y aunque siguen manejando el concepto de aterrizaje suave de la economía como opción mayoritaria, también ha subido el porcentaje de gestores que se apuntan a la versión de aterrizaje duro y se colocan en el 30 por ciento. Sí que más del 60 por ciento cree que la Fed ya ha alcanzado el máximo de subidas de tipos en este ciclo. Y lo refuerza el hecho de que el 73 por ciento confía en que la inflación va seguir bajando, tanto a nivel general como la subyacente. Otros factores de riesgos que incrementan su porcentaje son: el empeoramiento del escenario geopolítico, con la irrupción del conflicto Israel-Hamás, que ha pasado del 15 por ciento hasta el 23 por ciento, y el temor a que se entre en una recesión global, que ha pasado del 14 por ciento al 21 por ciento.
Pasando al ámbito doméstico, destacar que las start-ups españolas «resisten» más y se apuntan al negocio verde.
Desde 2019, se ha pasado de los 2,20 años a los 3,12 en 2022 e irrumpen con fuerza las compañías ecológicas, ocupando el cuarto puesto dentro del top 10. De media, estas empresas emergentes ya se sitúan 3,12 años, cuando en 2019 alcanzaban los 2,2 años. Además, el 17% de las start-ups en España ya son scale-ups, -empresas en fase de desarrollo temprano y con un modelo de negocio escalable a cualquier sector y que cuentan con un capital de, al menos, un millón de dólares.
En lo referente a decisiones políticas con efectos económicos, Ayuso anuncia que la deducción fiscal para nuevos inversores se aplicará desde 2024. Los contribuyentes que se instalen en la Comunidad de Madrid podrán desgravarse el 20% del total de la inversión realizada en activos financieros o inmobiliarios. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este pasada semana en Nueva York que la nueva deducción en el IRPF para nuevos inversores se aplicará desde 2024. Con esta nueva deducción tributaria, los contribuyentes que se instalen en la Comunidad de Madrid podrán desgravarse el 20% del total de la inversión realizada en activos financieros o inmobiliarios en la cuota autonómica del IRPF, siempre que mantengan su proyecto durante los siguientes seis años. Ayuso ha hecho esta presentación durante un foro empresarial en Nueva York, en el que ha glosado las ventajas de la región madrileña para la inversión extranjera, destacando dos ideas principales: la baja fiscalidad de la región que dirige y la apuesta por las libertades que define “un estilo de vida” que puede ser atractivo para establecerse en Madrid. La nueva medida fiscal beneficiará a cualquier persona que no haya vivido en España en los cinco últimos años y quiera invertir en la región madrileña. Dicha inversión estará vinculada a todo tipo de activos, tanto financieros como inmobiliarios. En los primeros no será requisito imprescindible que estén en la Comunidad de Madrid; en los inmobiliarios, sin embargo, sí que deberán de estar ubicados en esta región. Las condiciones para beneficiarse de la deducción es que el capital provenga de fuera de España o de un inversor con un mínimo de cinco años viviendo en el extranjero.
Así mismo, Ayuso anuncia una colaboración con IBM en investigación con semiconductores sostenibles.
La presidenta madrileña ha explicado que el objetivo del Ejecutivo autonómico es que casi el 40% del Producto Interior Bruto (PIB) esté relacionado con la digitalización. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado esta pasada semana las oficinas de la multinacional IBM en Nueva York, donde se ha reunido con el vicepresidente senior de IBM y director de IBM Research, Darío Gil, y han acordado explorar futuras posibles colaboraciones de investigación en el área del descubrimiento de materiales sostenibles para semiconductores. «Nos hemos reunido aquí en Manhattan para firmar un acuerdo de colaboración con la Comunidad y ver todos los proyectos que podemos hacer en materia de investigación con semiconductores», ha señalado Díaz Ayuso, quien ha destacado que Madrid es «una región de atracción de talento y de proyectos digitales» y, que, de hecho, su economía va a pasar «básicamente por la digitalización en los próximos años», destaca la Comunidad de Madrid en un comunicado. En esta línea, la presidenta madrileña ha explicado que el objetivo del Ejecutivo autonómico es que casi el 40% del Producto Interior Bruto (PIB) esté relacionado con la digitalización, con oportunidades «que fomenten el pleno empleo». «Con este acuerdo abrimos la puerta a seguir por el mismo camino, atrayendo oportunidades, investigación, empleo, proyectos que luego redundan en beneficio de la prosperidad y de los empleos, al bienestar de Madrid y de España», ha añadido.
Por su parte, el Gobierno prevé que uno de cada cuatro mayores de 65 años trabaje en 2050. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prevé que, gracias a los incentivos incluidos en la reforma de pensiones para favorecer la jubilación demorada, la tasa de ocupación de los mayores de 65 años pasará del 18,4% hasta el 27,8%, mientras que la de mayores de 55 años se incrementaría desde el 43,8% hasta el 48,9% en 2050. Así lo recoge el departamento dirigido por José Luis Escrivá en el informe sobre la proyección del gasto en pensiones publicado en el marco de los compromisos del Estado español con la Unión Europea para el despliegue del plan de recuperación y la recepción de los fondos europeos ‘Next Generation-EU’. El informe repasa y pone en valor las diferentes medidas de la reforma de pensiones aprobada durante la anterior legislatura en varias fases y subraya el efecto positivo que están teniendo los incentivos para la jubilación demorada, que el trabajador que alarga su vida laboral puede elegir percibir en un único pago o mediante un aumento porcentual en su pensión de forma prorrateada. En concreto, ya en 2023, más del 8% son jubilaciones demoradas, tres puntos porcentuales más que el registrado en los primeros cinco meses de 2021, el último año en el que aún no estaban desplegados los nuevos incentivos. En este escenario, la Seguridad Social estima que se producirá un aumento de la edad media de jubilación de 1,6 años en 2050. Además, señala que a la sostenibilidad del sistema de pensiones contribuirán las medidas aprobadas para aumentar los ingresos del sistema público de pensiones. Asimismo, resalta la evolución favorable que tendrá el mercado de trabajo en España que, a partir de la década de los 2040, se estabilizará con tasas de desempleo inferiores al 6%. En paralelo, anticipa que el incremento de la tasa de actividad del 79,4% actual al 84% en el año 2050 hará que la población activa entre 20 y 64 años se incremente desde casi 23 millones de personas en 2030 hasta 24,23 millones en 2035. A partir de este momento, la población activa se irá reduciendo paulatinamente hasta situarse en 2050 en el entorno de los 23,23 millones de personas. La tasa de ocupación total en el futuro aumentará en las edades más jóvenes por el descenso del paro juvenil y en las edades superiores a los 64 años por las medidas adoptadas para facilitar y estimular la permanencia en la actividad hasta edades superiores a las actuales, según recoge Servimedia. Cabe recordar que el Gobierno espera que hasta finales de la década de los 2040 vaya incrementándose el gasto en pensiones y que en 2050 el coste de estas prestaciones sea del 14,7% del producto interior bruto (PIB). Eso sí, avisa de que sin las medidas de refuerzo de la sostenibilidad del sistema esta cuantía superaría el 15,1%, barrera a partir de la que habría que aprobar medidas añadidas para asegurar la viabilidad del sistema público.
Yendo a lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy, Carlos Torres ha tenido que declarar como testigo cerca de tres horas y ha mantenido un tenso intercambio con los fiscales anticorrupción sobre las reuniones internas que se celebraron en 2018 tras conocerse los trabajos de seguridad del comisario. El fiscal le reprocha que “nadie” del BBVA asuma “responsabilidades” Anticorrupción, que investiga los contratos del banco con Villarejo, mantiene bajo sospecha los mecanismos de control internos que había para evitar ilegalidades.
El presidente del BBVA, Carlos Torres, contestó esta pasada semana durante cerca de tres horas a las preguntas de las partes personadas en el ‘caso Villarejo’, los trabajos de seguridad que la entidad bancaria pagó a la empresa del comisario jubilado Cenyt entre los años 2004 y 2017 por 10,2 MILLONES de euros.
Torres se desligó de cualquier conocimiento de estos servicios hasta mediados de 2018, cuando se conocieron las primeras informaciones en prensa. Además, se desvinculó de la investigación interna que abrió la compañía y descargó en la consultora externa PwC los motivos por los cuales apenas aparece en la auditoría forense que él mismo encargó y que está en manos del juzgado. «Yo no tuve nada que ver, ni participé ni di ninguna instrucción y se aplicó una metodología forense por los externos, tal y como explica el banco en su propia web», declaró Torres en el juzgado, según fuentes del BBVA, en referencia a los informes realizados por tres entidades contratadas para examinar los servicios pagados a Villarejo. El máximo dirigente de la entidad desde enero de 2019 en sustitución de Francisco González, investigado en esta causa por delitos de cohecho y revelación de secretos, era consejero delegado del BBVA en el momento de los hechos analizados, desde 2015 hasta 2018, y antes fue director de Estrategia y de Banca Digital. En su comparecencia de este lunes, Torres ha mantenido un tirante intercambio con los fiscales anticorrupción, quienes reclamaron al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón su citación como testigo para aclarar la responsabilidad del banco -investigado como persona jurídica en la causa- en la aplicación de los controles internos para prevenir el delito. Aseguró que tuvo conocimiento «por la prensa entre junio y julio de 2018» de los trabajos de Villarejo. «No lo conocía de nada antes. No sabía que había contrataciones con ese proveedor», insistió Torres, según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. Lo hizo para reafirmar su desconocimiento de la figura del comisario investigado pese a que los trabajos de Villarejo duraron al menos 13 años y por los que la entidad desembolsó 10,23 millones exactamente, el mejor cliente de Cenyt en sus años de vida. Del mismo modo, los fiscales le recordaron que su presencia en el juzgado obedecía a la decisión tomada en julio por su subordinada María Jesús Arribas de Paz, directora global jurídica del BBVA, de acogerse a su derecho a no declarar «por voluntad propia» dada su condición de abogada y en virtud del secreto profesional que le asiste. Por lo tanto, los acusadores públicos le recordaron a Torres que en buena medida su testifical era «especialmente relevante» para conocer cómo funcionaron los mecanismos de control corporativo del banco y determinar la existencia «de una efectiva cultura de cumplimiento normativo en aras a esclarecer la responsabilidad penal» de la compañía. También influyó el hecho de que Arribas de Paz no aclaró nada en el juzgado y que él, como presidente del BBVA, sea también la cabeza visible del llamado Comité Global de Assurance Corporative (aseguramiento corporativo), un órgano que responde a la responsabilidad de la persona jurídica para prevenir el delito. Sobre las reuniones de este comité, Torres se cerró en banda y no aportó grandes novedades más allá de «lo que consta en el acta», pese a que los fiscales ven como relevantes dos encuentros celebrados el 15 y 22 de octubre de 2018 donde se iba a dar cuenta de las actuaciones a seguir en el banco tras destaparse en prensa que el BBVA encargó contratos a Villarejo. Este comité lo integraban el propio Torres; el exdirector de los servicios jurídicos Eduardo Arbizu; el director de Riesgos, Rafael Salinas; el director de Auditoría Interna, José Luis de los Santos; y el también ex responsable jurídico Eduardo Ortega. Al inicio del único encuentro del que hay acta tomó la palabra Arbizu para exponer que el motivo de la reunión extraordinaria era dar cuenta de las actuaciones realizadas hasta el momento por parte de los Servicios Jurídicos en relación a los contratos de Cenyt. Recordado este asunto por los fiscales, Torres declaró este lunes que lo que hizo Arbizu fue dar cuenta del «estado de la información», pero no del requerimiento que hizo el Sepblac o la CNMV para conocer a fondo los trabajos de Villarejo. Aquí de nuevo los fiscales le reprocharon que él ya tenía conocimiento de todo lo ocurrido y Torres se defendió en que el BBVA decidió impulsar un «comité restringido» e investigar todas las informaciones que se estaban publicando en prensa debido al daño reputacional que ello suponía. El banco encargó esa labor a los despachos Garrigues y Uría Menéndez. «Yo, como presidente, y el consejo marcamos en 2019 una instrucción muy clara de colaboración total con la justicia. Aparece en todas las actas. Y considero que así ha sido. El banco ha ido aportando todo lo que se ha ido descubriendo en la investigación», contestó Torres, después de que se le haya cuestionado una supuesta «falta de colaboración» por retrasos en la entrega de documentos o información incompleta, parcial y sesgada en el caso de correos electrónicos internos. Algo que el presidente del BBVA ha negado.
Un correo relevante
Apoyado únicamente por los apuntes de una libreta que depositó sobre la mesa y usó para tomar notas, Torres tampoco despejó las incógnitas de los investigadores en relación a estos contratos y, en especial, del momento exacto en el que la actual cúpula del banco tuvo conocimiento del asunto. En el caso de su subordinada Arribas de Paz, la Fiscalía quería preguntarle por un correo que recibió el 10 de noviembre 2017 bajo el asunto ‘Cenyt Carta terminación’ y que demostraría que conocía de las contrataciones con Villarejo poco después de la detención del comisario y medio año antes de lo que ha manifestado Torres. «Si la terminación del contrato firmado el 1 de junio de 2016 entre BBVA y Cenyt fue consecuencia de lo informado en tal respuesta, y si la letrada encargada de realizar el documento se lo envió a Arribas, la consecuencia es que ésta también estuvo informada de todo y, a tal fecha, no se había iniciado proceso alguno de revisión interna, por lo que difícilmente su conocimiento pudo ser como consecuencia del trabajo inicial de recopilación de documentación referente a Cenyt que precedió a la investigación interna forense», indicó Anticorrupción en su escrito de julio. Para aclarar la responsabilidad penal del BBVA con la citación de Torres hay que recordar que este mismo año el juez exoneró a CaixaBank y Repsol, y a sus presidentes de entonces, por los encargos a la empresa de Villarejo. García Castellón consideró acreditado que contaban con controles eficaces para evitar la comisión de delitos. BBVA está acusado de cohecho (contratar a un policía en activo), descubrimiento y revelación de secretos, así como de corrupción en los negocios. Si el caso acaba en juicio y el banco es condenado se enfrentaría a una multa y un varapalo en su reputación.
- Dejando este feo problema bancario, no se privan de nada los señores diputados, y el Congreso convoca el concurso para comprar nuevas tablets para los diputados por valor de 733.000 euros. Los dispositivos se destinarán a aquellos nuevos diputados que entraron en la Cámara por primera vez en las elecciones del pasado junio, aproximadamente, la mitad del hemiciclo. El Congreso ha convocado un concurso para adquirir nuevas tablets de última generación para poder entregárselas a los diputados que fueron elegidos por primera vez en las elecciones del pasado mes de junio, un contrato que está valorado en 733.114,8 euros, impuestos incluidos. Las personas que obtuvieron escaño por primera vez en aquellos comicios, la mitad del hemiciclo aproximadamente, no recibieron estos dispositivos al tomar posesión porque la Cámara no tuvo tiempo de convocar el concurso dado el adelanto electoral de unos comicios que, inicialmente, estaban previstos para finales de este año. Por eso, los nuevos diputados deberán esperar a que la Cámara se haga con los nuevos aparatos, que tendrán que estar listos un mes después de la adjudicación del contrato. Por su parte, quienes ya eran diputados en la anterior legislatura han podido seguir utilizando los que ya tenían. En concreto, la empresa adjudicataria deberá proporcionar a la Cámara un total de 425 tabletas iPad, que también se repartirán entre parte del personal de la institución. El valor estimado de contrato asciende a 605.880 euros (733.114,8 euros, con IVA) y la tramitación será acelerada para que los diputados puedan disponer de ellos cuanto antes. Estos dispositivos deberán ser compatibles con los smartphones que sí tienen ya todos los elegidos el 23 de julio, con el objetivo de garantizar que se puede compartir información entre ambos aparatos. Además, deberán tener las siguientes características: pantalla de retina líquida o superior, de 11 pulgadas, sistema operativo iPadOS 16 o superior, capacidad interna de almacenamiento de 256 GB, cámara de 12 megapíxeles y ser de color gris espacial o similar, e ir acompañadas de su correspondiente funda, de la misma tonalidad, y con posibilidad de desacoplar el teclado. Las empresas licitadoras, que tiene de plazo hasta el 30 de octubre para presentar sus ofertas, deben ser distribuidoras autorizadas de Apple y contemplar todo el soporte técnico durante el plazo de garantía ofertado que deberá ser, de dos años como mínimo.
Finalmente y a nivel regional, señalar que los sindicatos piden al Gobierno regional una mesa de seguimiento de fondos de la UE. Los sindicatos UGT y CC OO de Asturias reclamaron esta semana al consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, que los agentes sociales reciban información del grado de ejecución y destino de la totalidad de los fondos europeos, para lo que propusieron la creación de una mesa de seguimiento en el ámbito de la concertación social. Los sindicatos creen que el Gobierno asturiano «está en la línea correcta» con su política tributaria y demandaron «revisar las exenciones, deducciones y bonificaciones» existentes, que privan a la hacienda regional de 1.100 millones anuales. Los sindicatos pidieron que los presupuestos de la comunidad preserven el compromiso social y que la financiación autonómica «no perjudique a Asturias». Denunciaron que a la contratación pública asturiana concurren empresas que «tiran los precios» y luego «no pagan» lo que marca el convenio. No es cosa buena.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.