Esta semana se ha caracterizado por el sentimiento negativo de los consumidores de la zona euro. Los datos macroeconómicos que se publican en la eurozona siguen profundizando en su debilidad y en los resultados empresariales no se ven tantas sorpresas positivas como en los Estados Unidos. Esta semana se ha dado a conocer la encuesta de las expectativas de los consumidores que publica el BCE con datos de septiembre. La situación económica de la eurozona no mejora. Respecto a la inflación las expectativas de los consumidores es que va a aumentar en los próximos doce meses, pasando de una percepción en agosto del 3,5 por ciento al 4 por ciento para septiembre, aunque a largo plazo, a tres años, permanece sin cambios, en el 2,5 por ciento. Respecto a los ingresos nominales, para los próximos doce meses se mantienen sin cambios, en la misma tasa que en agosto, que se situaba en el 1,2 por ciento. Sin embargo, respecto a las expectativas sobre el consumo, sí se observa un crecimiento modesto, de apenas una décima, desde el 3,3 por ciento de agosto hasta el 3,4 por ciento de septiembre. Las expectativas que tienen los consumidores respecto al crecimiento económico durante los próximos 12 meses se volvieron más negativas. Pasaron del -0,8 por ciento de agosto hasta el -1,2 por ciento en septiembre. A su vez, la tasa de desempleo esperada dentro de 12 meses aumentó del 11,1 por ciento en agosto hasta el 11,4 por ciento en septiembre. Respecto a la vivienda y al crédito, las expectativas de crecimiento del precio de la vivienda durante los próximos 12 meses disminuyeron ligeramente apenas una décima. Sin embargo, las expectativas sobre las tasas de interés hipotecarias dentro de 12 meses aumentaron notablemente, hasta un nuevo máximo que se situó en el +5,4 por ciento. Es decir, el panorama que manejan los consumidores de la eurozona empeora el sentimiento generalizado. Los mercados siguen descontando este escenario de una forma anticipada y ello se nota en las salidas de flujos de inversiones que han sufrido los mercados europeos, que se han desplazado hacia EEUU, sobre todo a su renta fija y, en menor medida, a sus bolsas.
El BCE detecta que las medidas anti-inflación no han reducido desigualdades en España ni Alemania. Un reciente estudio publicado por el Banco Central Europeo señala que en la zona euro las medidas antiinflación han servido para compensar (en un tercio) la pérdida de poder adquisitivo. Si la investidura de Pedro Sánchez como presidente sale adelante, una de las primeras decisiones que tendrá que tomar el nuevo Gobierno constituido será la de qué hacer con las medidas antiinflación, que caducan el 31 de diciembre. Son medidas que ha ido adoptando el Gobierno desde junio de 2021 (casi 50.000 millones de euros desde entonces) para combatir el encarecimiento de la energía -exacerbado por la guerra en Ucrania- y de los alimentos y para aliviar sus consecuencias sobre las familias españolas, del mismo modo que han hecho el resto de países de la zona euro. Mientras que en el Gobierno en funciones, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se muestra a favor de extender a 2024 la rebaja del IVA de la luz y el gas y otras medidas de choque (con un impacto de hasta 15.000 millones, según cálculos de la Autoridad Fiscal), organismos como la Comisión Europea o el FMI instan a España a poner fin a todas ellas y, si acaso, mantener solo ayudas bien focalizadas a favor de los colectivos más vulnerables. En este contexto, un reciente estudio publicado por el BCE señala que, en general, en la zona euro las medidas antiinflación han servido para compensar (en un tercio) la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y para reducir la desigualdad entre las familias de menores y mayores ingresos; pero esto último no fue así ni en España ni en Alemania.
Bajar precios o dar ayudas
La razón principal que lo explica es que España, a diferencia de otros países, ha apostado en mayor medida que otros por rebajas generalizadas de impuestos indirectos para abaratar los precios de energía y alimentos en lugar de primar las subvenciones o ayudas directas a las familias de menor renta como, por ejemplo, ha hecho Portugal. Así lo señalan los autores del ‘occasional paper’ publicado por el BCE el 16 de octubre bajo el título ‘Inflación, política fiscal y desigualdad’.
Pasando al ámbito doméstico, señalar que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, aseguró esta semana que hay un “margen de mejora extraordinario” en materia de políticas activas de empleo en España, especialmente por parte de las comunidades autónomas, al tiempo que reconoció que “no somos un país excelente” en el apoyo que se ha dado a las pymes para favorecer su internacionalización por parte de las administraciones públicas. Así se expresó Escrivá durante la clausura de la presentación de la VII edición de la iniciativa ‘Cepyme500′ por parte de la patronal Cepyme, en un acto en el que puso en valor el crecimiento de la economía en España y de la rentabilidad de sus empresas, pese a las dificultades de los últimos años por la pandemia y por el contexto internacional. Eso sí, subrayó que “no solamente hace falta tener más trabajadores, sino trabajadores más cualificados y con perfiles más adecuados”. Por ello, animó a las empresas a “empujar” y pedir a todas las administraciones “involucradas” que mejoren la aplicación de la Formación Profesional Dual. “Las políticas activas de empleo, donde nos gastamos 7.000 millones de euros y que se canalizan a través de las comunidades autónomas, tienen un margen de mejora extraordinario y de cambio de foco. Os tienen que ayudar en la FP Dual”, aseveró el ministro. A su juicio, se debe “cambiar y dar una vuelta enorme a las políticas activas de empleo en España”, que se nutren de cotizaciones sociales. En concreto, Escrivá señaló que 3,5 puntos de cotizaciones sociales van dirigidas a este ámbito y no a la parte contributiva de prestaciones por desempleo. De hecho, el titular de la cartera de Seguridad Social reconoció que “somos, con diferencia”, uno de los países de Europa con las cotizaciones “más altas” en ese aspecto, aunque aclaró que en pensiones “no es así”. Además, señaló que la administración central “tiene un papel”, pero indicó que la responsabilidad más importante es de las comunidades autónomas y, entre ellas, hay una diferencia “enorme” en materia de políticas activas de empleo. “Empujemos a que las que no lo hacen bien lo hagan mucho mejor”, enfatizó. Por otro lado, el ministro reconoció que España “no ha sido tradicionalmente un país muy mercantilista” aunque no sea “un término muy bien acogido”. En este punto, precisó que se refiere al apoyo a las empresas en materia de exportación, sobre todo con las pymes, “que les cuesta mucho más”. Pero elogió que “a pesar de que no somos un país excelente en ese aspecto desde el lado de las administraciones públicas, no deja de impresionarme que las empresas españolas sean las que más han aguantado su cuota de exportación de todos los países de nuestro entorno en los últimos diez, cinco o incluso tres años”. Asimismo, resaltó que el peso de las exportaciones se ha duplicado en España en 20 años.
En otro orden de cosas, el 70% de los nuevos contratos indefinidos no llegan al año de duración tras la reforma laboral. Foment del Treball apunta que la medida estrella de Díaz durante la pasada legislatura se hizo con el fin de modificar las estadísticas. El 70% de los contratos indefinidos firmados en España no llegan al año de duración tras la reforma laboral de 2022, cuando antes el porcentaje rondaba el 40%, según un informe de Foment del Treball. El estudio apunta que la entrada en vigor de la reforma laboral ha supuesto que, en España, 1,4 millones de trabajadores que tenían contratos de obra y servicios hayan migrado a modalidades de tipo indefinido, muchos de ellos a fijos discontinuos, “el gran protagonista de la reforma”, según el director del Randstad Research Institute, Valentín Bote, que ha elaborado el informe. Antes de la reforma este contrato se utilizaba de manera marginal, ya que en 2021 se firmaron en Cataluña 30.000 contratos fijos discontinuos y desde enero de 2022 se han rubricado más de 500.000. Así, a día de hoy, hay en Cataluña 168.000 trabajadores con contrato fijo discontinuo, mientras que antes de la reforma era de 60.000. En diciembre de 2021, el 2,1% de los trabajadores de Cataluña estaban dados de alta con un contrato fijo discontinuo, proporción que a día de hoy es de un 5,5%. El director de Laboral de Foment del Treball, Javier Ibars, ha apuntado que, estos datos dejan claro que la reforma laboral «se hizo en falso» con el fin de modificar las “estadísticas laborales”. Ibars ha apuntado que las evidencias expresadas en este informe indican que se ha intentado “encubrir la temporalidad del mercado de trabajo bajo un manto de artificios estadísticos”, ya que no ha resuelto los problemas que pretendía mejorar y ha perjudicado y generado sobrecostes a la empresas, que han tenido que buscar “fórmulas alternativas” en la contratación. Por ello, desde la patronal catalana se ha vuelto a pedir una “reformulación consensuada y acordada” de la reforma laboral en materia de contratación. El informe presentado esta semana también aporta datos sobre los Expedientes de Regulación de Empleo, que apuntan que entre enero y septiembre de este año el sector donde más ERE se han presentado ha sido en los servicios, con 273, aunque el mayor número de afectados está en la industria, el 38,1% del total. El estudio también destaca que se ha pasado de 3.498 trabajadores afectados por expedientes de extinción de enero a septiembre de 2022 a 4.998, en 2023, lo que supone un incremento del 42,88%.
Lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy, es algo lamentable. Ni más ni menos que tres millones de hogares entran en situación de pobreza extrema una vez pagada su vivienda. Un informe realizado por Cáritas y Fundación Foessa destaca que las familias con menos ingresos destinan el 63% de sus ingresos a asegurarse techo y comida. En los últimos años, la vivienda se ha convertido en un gran pozo sin fondo para numerosas familias, sobre todo para aquellas con menos ingresos. Los gastos relacionados con el pago de la casa y sus suministros son -con diferencia- los que más se han incrementado en los presupuestos familiares, desequilibrando así las economías de millones de familias en España. Tres millones de hogares (16,8%) quedan por debajo del umbral de la pobreza severa una vez pagada la vivienda y los suministros básicos. Así lo refleja el informe Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida, elaborado por Cáritas Española y la Fundación Foessa. De hecho, las familias con menos ingresos invierten más de seis de cada 10 euros (63%) a gastos de vivienda, suministros y alimentación frente a los menos de cuatro de cada 10 euros que gastan las familias con mayor nivel de ingresos. El estudio señala que, si bien es alentador que los ingresos en España hayan experimentado un incremento del 11% desde 2008 por la mejora del mercado laboral, lo cierto es que el contexto inflacionario de los últimos meses ha provocado que los gastos familiares hayan aumentado en un 30%. Esta disparidad es aún más acusada entre los hogares más humildes, ya que el incremento de ingresos en estas familias ha sido prácticamente inexistente (0,5%). Esta disparidad entre el crecimiento de los ingresos y el aumento de los gastos -unido al elevado porcentaje de trabajadores pobres (11,7%), y la baja cobertura e intensidad protectora de los ingresos mínimos (solo lo perciben el 44% de la población en pobreza severa) – está provocando que se desborde la capacidad de muchas familias que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad. De hecho, el porcentaje de hogares en pobreza material severa se sitúa ya en el 8,1% de la población (3,8 millones de personas). “Uno de los elementos que queremos poner sobre la mesa es que si bien es necesario abordar la ecuación ingresos-gastos de manera simultánea, probablemente el déficit más pronunciado se encuentra en la actualidad en la esfera de los gastos. Así, a pesar de un crecimiento moderado, pero constante en los ingresos, los gastos, con mención especial a la vivienda, se han elevado de manera notable lo que ha generado desafíos significativos en términos de asequibilidad y sostenibilidad financiera para numerosos hogares”, apuntó Daniel Rodríguez, miembro del equipo de estudios de la Fundación Foessa. De hecho, la tasa de privación material severa no ha mostrado una disminución proporcional al aumento de los ingresos totales. “Esto sugiere que otros factores, y en particular los gastos, pueden estar desempeñando un papel crítico en la determinación de las condiciones de vida de la población”, insistió. Entre otras medidas, Cáritas Española propone impulsar un parque de vivienda social. “En España hay muchas viviendas, alrededor de 26 millones. ¿Por qué se da entonces esta paradoja? En la base de la explicación, un argumento, prima el uso de la vivienda no con el fin para el que se creó, el que garantiza el derecho a un techo digno, sino como instrumento con el que es legítimo enriquecerse”, ha advertido Rodríguez. En todo caso, ha precisado que no están hablando “ni mucho menos” de “expropiar viviendas” sino de incentivar la vivienda social para que el conjunto de la población pueda acceder a una vivienda digna asequible. En este contexto, Cáritas advierte de que las familias más vulnerables se ven obligadas a adoptar estrategias como reducir al máximo el consumo de energía o compartir la vivienda con otras familias. De hecho, han constatado “un incremento en los índices de hacinamiento”.
Y pasando al ámbito local, Campa renovará como presidente de la Autoridad Bancaria Europea. Así lo considero, como local, porque aunque se trata de esa institución, es asturiano. Y de carácter muy animado, por cierto. Lo conozco. La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) renovará por otros cinco años como presidente al economista ovetense José Manuel Campa. El actual mandato vence a finales de 2024, pero la EBA ya ha iniciado los trámites de la renovación. La Junta de Supervisión del organismo regulador ya ha dado el visto bueno a la prolongación de la presidencia, y se espera que en las próximas semanas la decisión sea ratificada por el Consejo de la Unión Europea. Por lo tanto, el asturiano, que accedió a este puesto en la primavera de 2019, no lo abandonará hasta 2029. Campa ha desempeñado, entre otros cargos, el de secretario de Estado de Economía del Gobierno español entre 2009 y 2011, en plena crisis financiera.
También noticia de aquí es que más de 7.000 pymes y autónomos de Asturias reciben la ayuda de Kit Digital. El programa de digitalización gestionado por Red.es concedió cerca de 300.000 ayudas en toda España, y registra 1.200 solicitudes diarias. Se trata del programa de ayudas del Gobierno gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital por medio de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. La iniciativa tiene un presupuesto de 3.067 millones de euros, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea, en el marco de la agenda España Digital 2026 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025. Su objetivo es impulsar la transformación digital de las pequeñas empresas, microempresas y autónomos, y cuenta con la participación de la Cámara de Comercio de Oviedo como entidad colaboradora.
En el ámbito empresarial también señalar que ArcelorMittal declaró un beneficio neto de 3.885 millones en el acumulado de los nueve primeros meses, el 57% menor respecto a un año antes. En el tercer trimestre el resultado neto se situó en 929 millones de dólares, el 50,05% inferior al obtenido en el mismo periodo de 2022. La empresa lo atribuyó al diferencial negativo del precio de venta y los costes, una disminución del 3,7% en las expediciones de acero y el «desafiante entorno del mercado». La siderúrgica subrayó no obstante que «se mantiene positiva sobre las perspectivas de demanda de acero a mediano y largo plazo» y aseguró que «está respaldada por su sólida posición financiera» y que «sigue centrada en la ejecución de su estrategia de crecimiento con capital». ArcelorMittal dijo que, pese al menor beneficio registrado, «la compañía continúa demostrando estructuralmente una rentabilidad mejorada», con un resultado bruto de explotación («ebitda») entre junio y septiembre de 1.865 millones (inferior a los 2.605 millones del trimestre anterior y a los 2.660 millones del tercer trimestre de 2022, pero superior a la previsión de los analistas) y un «ebitda» por tonelada de 136 dólares, que se sitúa, dijo «por encima de los promedios históricos a largo plazo del grupo», lo que «refleja», señaló, «los beneficios de la optimización de la cartera y proyectos estratégicos». El «ebitda» por tonelada fue, no obstante, menor que en el tercer trimestre de 2022 (196) y que en el segundo trimestre de este año (183). Entre enero y septiembre, el «ebitda» acumulado suma 6.292 millones, el 51,23% inferior al de igual periodo en 2022. Las ventas en los nueve primeros meses se redujeron en tasa interanual el 14,66% (ascendieron a 53.723 millones) y en el tercer trimestre la cifra de negocio (16.616 millones de dólares) fue menor al del segundo (18.606) y el 12,43% inferior al del tercer trimestre del año anterior. La empresa llegó el 30 de septiembre con una deuda neta de 4.300 millones de dólares (deuda bruta de 10.500 millones), 200 millones menos que tres meses antes, y una liquidez de 11.800 millones.
Es preciso considerar el efecto que puede tener en el empleo de Asturias la evolución desfavorable de esta empresa. Nada bueno, desde luego.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.