En esta semana ha destacado el hecho de que el bitcóin supera el ‘halving’ con dudas sobre su impacto en el precio y en la ‘minería’. Así, la criptodivisa más utilizada, ha superado el ‘halving’, un evento que ocurre cada cuatro años y que implica reducir la emisión de nuevas monedas, con dudas sobre la evolución del precio y sobre el futuro de la ‘minería’, una actividad clave para el funcionamiento del sistema. En las primeras horas tras el ‘halving’, el precio del bitcóin se mantuvo estable, en torno a los 64.000 dólares, lejos del máximo histórico alcanzado el 14 de marzo, cuando rozó los 73.798 dólares. Se espera que el ‘halving’, el cuarto en la historia del bitcóin, impulse su precio, aunque no se descarta un periodo de volatilidad a corto plazo. En cualquier caso, avisan los efectos se verán en unos meses.
¿Qué es el ‘halving’?
El ‘halving’ ha supuesto recortar a la mitad la recompensa que reciben los ‘mineros’ por validar transacciones. A diferencia de lo que ocurre con las monedas emitidas por los bancos centrales, la creación de bitcoines se realiza de forma descentralizada a través de un proceso conocido como ‘minería’. Los ‘mineros’ reciben una cantidad de bitcoines por cada bloque de transacciones que validan. Tras este ‘halving’, la recompensa de los ‘mineros’ ha pasado de 6,25 bitcoines por cada bloque minado a 3,125 bitcoines. De esta forma, la creación de nuevas monedas se reduce de 900 bitcoines al día a 450. Los ‘halving’ se producen cada vez que se minan 210.000 bloques de transacciones, lo que suele ocurrir cada cuatro años. En la historia del bitcóin se han registrado ya cuatro ‘halving’, en 2012, 2016, 2020 y, ahora, en 2024. Los bitcoines se seguirán emitiendo hasta que haya 21 millones de monedas en circulación. En la actualidad ya se han emitido 19,6 millones.
Otro aspecto a tener en cuenta es el impacto del ‘halving’ en la actividad de ‘minería‘, clave para validar las transacciones. Los ‘mineros’ serán, en principio, los más afectados, porque su recompensa en bitcoines se ha reducido. No obstante, este recorte se podría compensar con la probable revalorización de la criptomoneda.
En el ámbito doméstico y lo que destaco en el blog en el día de hoy es que España se expone a un procedimiento sancionador por déficit excesivo. El dato de déficit español, que equivale a 53.159 millones de euros, muestra en todo caso una evolución positiva con una caída gradual del déficit del 10,1% en 2020 hasta el 6,7% en 2021.
España cerró el año 2023 con la cuarta deuda pública más elevada de toda la Unión Europea (107,7% del PIB), solo por detrás de Grecia, Italia y Francia, y un déficit público del 3,6% del PIB, según ha certificado esta pasada semana la oficina europea de estadística (Eurostat). El dato, el mismo que el registrado de media por la Eurozona, se sitúa por encima del umbral del 3% que establece como límite el Pacto de Estabilidad y Crecimiento lo que anticipa que España estará en la terna de países a los que Bruselas abrirá un procedimiento por déficit excesivo en el mes de junio. Con la irrupción de la pandemia y la guerra de Rusia en Ucrania, la Comisión Europea decidió suspender la aplicación de las reglas de control del déficit y la deuda pública que han permanecido congeladas cuatro años. Las normas, sin embargo, volverán a aplicarse este año 2024 y eso significa la apertura de nuevos expedientes sancionadores para aquellos países que superen los umbrales. En el caso del déficit público son diez países, además de España, que salió del procedimiento en 2019, los que registrarán un desvío en sus cuentas superior al 3%: Italia (7,4%), Hungría (6,7%), Rumanía (6,6%), Francia (5,5%), Polonia (5,1%), Malta (4,9%), Eslovaquia (4,9%), Bélgica (4,4%), Chequia (3,7%) y Estonia (3,4%). El dato de déficit español, que equivale a 53.159 millones de euros, muestra en todo caso una evolución positiva con una caída gradual del déficit del 10,1% en 2020 hasta el 6,7% en 2021, el 4,7% en 2022 y el 3,6% en 2023. España también ha registrado una evolución positiva en su deuda pública, que ha pasado del 120,3% en 2020 al 107,7% el año pasado. Aún así sigue siendo una de las más abultadas de toda la UE solo superada por la de Grecia (161,9%), Italia (137,3%) y Francia (110,6%). En total, 13 Estados miembros registraron el año pasado una deuda superior al 60% que establece como límite el pacto. Los países que sean objeto de medidas correctivas por parte de Bruselas tendrán que realizar un ajuste estructural del 0,5% del PIB y sus cuentas serán vigiladas de cerca por la Comisión Europea. La confirmación de los datos por parte de Eurostat coincide con la votación esta pasada semana en el pleno del Parlamento Europeo de la nueva reforma de las reglas fiscales, el penúltimo paso antes de su aprobación definitiva por los gobiernos europeos. Las nuevas reglas no cambiarán los dos elementos centrales del pacto -la regla del 3% de déficit público y del 60% para la deuda pública- y en 2024 la supervisión fiscal se basará en las recomendaciones específicas por país emitidas en primavera del año pasado y avaladas después por el Eurogrupo, pero los gobiernos tendrán que presentar en septiembre un plan plurianiual a medio plazo -de cuatro años aunque ampliable a siete-, con una trayectoria fiscal a medio plazo, compromisos de reforma e inversión, que deberá ser evaluado por Bruselas y aprobado por el Consejo.
A nivel doméstico y empresarial, una noticia destacada es que Freixenet plantea un ERTE sobre más de 600 personas por la sequía. La medida, que afectaría a un 80% de la plantilla, tiene que ser ahora negociada con los trabajadores y aceptada por la Generalitat. Lo advirtió hace menos de una semana el vicepresidente del grupo Henkell Freixenet, Pedro Ferrer: la sequía le hacía afrontar 2024 con cierta preocupación por la elevadísima posibilidad de no poder producir suficientes botellas de cava para satisfacer adecuadamente la demanda. Ahora, esta preocupación se ha convertido en plan de contingencia. La compañía ha presentado al departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectaría a 615 trabajadores, es decir, al 80% de los 778 que conforman la plantilla en su totalidad. Según lo que apunta la productora de vino espumoso en un comunicado, la propuesta afecta a los empleados de Freixenet S.A. y de Segura Viudas S.A.U., (es decir, que no implica a la plantilla de Comercial Grup Freixenet, la tercera sociedad catalana del conglomerado y la que lleva la actividad comercial del grupo) y tiene ahora que negociarse con la representación de los trabajadores y ser aceptada por la Generalitat. De tirar hacia adelante como la tiene contemplada esta compañía con cavas en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), el mecanismo se activará en mayo e irá modulando su intensidad en función del periodo del año y de cómo evolucione la situación de sequía.
En otro orden de cosas, el sector de la carne lanza una campaña para frenar la caída del consumo, que suma un 40% en 15 años. Por el medio ambiente, por el bienestar de los animales, por prescipción del médico (o del nutricionista) o porque sale cara… El consumo de carne ha experimentado una auténtica debacle en los últimos años en España, donde algunos tipos como la ternera han visto cómo se reducía en más del 40% desde 2006. El sector lleva tiempo cargando con el sambenito de la contaminación (por los purines del porcino, por las macrogranjas o por las emisiones de gases con efecto invernadero del vacuno) y tratando de gestionar unas normativas cada vez más rígidas, que no se lo están poniendo fácil. «También ha sido castigado por informaciones que no siempre se ajustan al rigor de los datos», lamenta Barbara Calvaresi, responsable del sector cárnico en la asociación de fabricantes y distribuidores Aecoc. Para tratar de romper esta tendencia, Aecoc en colaboración con las distintas organizaciones de productores y mayoristas de la carne en España, las denominadas interprofesionales, va a lanzar este mes de mayo una campaña con la que tratará de reactivar el consumo de este alimento, muy denostado, sí, pero clave en muchos aspectos. Es una importante fuente de proteínas, es determinante para el desarrollo rural y es un factor para luchar contra la despoblación en el campo. «La campaña se centra en un mensaje simple y directo, sin entrar en aspectos más polémicos, y le diremos al consumidor que no ha de sentirse culpable por comer carne», subraya Calvaresi. La iniciativa va a llevar el lema de ‘El sentido de la carne’ y a ella se han unido, por primera vez, más de 50 empresas del sector, desde ganaderos hasta proveedores y detallistas. La idea surgió a raíz de una encuesta encargada por esta patronal, en la que se constató, entre otras cosas, que un 42% de los españoles ha reducido de forma sustancial su consumo cárnico, la mitad de ellos por razones de salud. «Vimos también que una de cada tres personas solo consume ciertas carnes y que una de cada cuatro decían sentirse culpables al comerla porque pensaban que no es sana», detalla Calvaresi. Pese a todo eso, el estudio también arrojó datos positivos para el sector: la proteína cárnica es aún la más importante y de mejor calidad para los consumidores (por encima de la del pescado y la de las legumbres) y un 62% de los participantes en la encuesta aseguraron tener una gran confianza en la producción cárnica española. Posiblemente el pollo es el que mejor está sobrellevando esta crisis de consumo fundamentalmente por razones económicas. Pero también porque los productores, muy criticados hace un tiempo por el modo en que engordaban a las aves, han hecho una importante reconversión y han sabido apostar por la recuperación de especies autóctonas o sistemas tradicionales de cría para diversificar su oferta. El consumo ha experimentado incluso un repunte de cuatro puntos en los últimos 15 años.
Pasando al ámbito regional, un par de noticias a destacar. Duro Felguera ha comunicado esta semana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la dimisión de tres consejeros, entre ellos el exministro de Administraciones Públicas entre 2004 y 2007 y político del PSOE, Jordi Sevilla Segura, “al estimar que han cumplido las funciones que en su día se les encomendó”. El que fuera miembro del primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya había confirmado su marcha desde hace unos días. Los nuevos propietarios de la mayoría accionarial de Duro Felguera, los inversores mexicanos Prodi y Mota Engil, buscaban trasladar su actual peso en el capital de la compañía, del 54,66%, a los sillones del consejo y reducir la presencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Ahora, el Consejo de Administración ha tomado razón de la dimisión del Consejero Jordi Sevilla Segura, con efectos de esta misma fecha (el hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores se envió cerca de la medianoche de ayer), haciéndolo en consecuencia como presidente de la Comisión de Sostenibilidad y vocal de las Comisiones de Auditoria, Riesgos, y Cumplimiento (CARC), y de Nombramiento y Retribuciones (CNR). Además, han dimitido con efectos diferidos a la primera Junta General que la sociedad celebre el vicepresidente, consejero, presidente de la CAR Comisión de Auditoría, Riesgos, y vocal de la CNR, José Julián Massa Gutiérrez del Álamo; y el consejero y presidente de la CNR, Valeriano Gómez Sánchez. Ambos pertenecían al núcleo de consejeros independientes. Según expone la empresa a la CNMV, las renuncias se deben a que han cumplido las funciones que en su día se les encomendó. Finalmente, el consejo ha designado a la presidenta, Rosa Aza Conejo, vocal de la CARC y de la CNR, para asegurar el funcionamiento institucional. Los nuevos dueños de Duro Felguera, una vez aprobadas las cuentas del último ejercicio, saldado con unas pérdidas de 22 millones, llevan tiempo buscando un consejo a medida. Este estaba compuesto hasta ahora por siete miembros. Mientras que los estatutos marcan el límite en 12 consejeros, la junta de accionistas limitó en 2021 la cifra a 10, de los que en aquel momento se designaron nueve, pero solo se cubrieron siete. Con la intención de nombrar cuatro dominicales, los dueños de Duro Felguera necesitaban huecos, lo que explica la negociación con la SEPI y la marcha de Jordi Sevilla. El exministro de Administraciones Públicas y expresidente de Redeia ya trasladó al consejo su decisión de abandonar el órgano de gobierno. Sevilla se incorporó al mismo en 2020 y entiende que, una vez asegurado el futuro de Duro Felguera, su papel en la compañía se ha completado. En el consejo sí se mantiene por ahora el actual consejero delegado, Jaime Argüelles. Los inversores mejicanos le consideran responsable del fallido contrato con la india Tata en Países Bajos, que generó un saldo negativo de 17 millones de euros en las últimas cuentas. La intención inicial de elevar su salida en la reunión del consejo se decidió dejarla en suspenso. En paralelo, Prodi y Mota Engil han acelerado las conversaciones con potenciales consejeros, que serán nombrados por cooptación para ser ratificados en la junta de accionistas, que deberá celebrarse antes del 30 de junio. Se habla de un perfil muy profesional y español. Quienes no tendrán representación serán los pequeños accionistas.
A otro nivel empresarial, Central Lechera Asturiana recibe la autorización de la CNMC para completar la compra de Flor de Burgo. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha aprobado la compra por el grupo Capsa, dueña de Central Lechera Asturiana, del 50% que no poseía de la sociedad Lácteas Flor de Burgos. Capsa compró la mitad del capital de Flor de Burgos en 2020 y ahora el Consejo de la CNMC ha autorizado en primera fase la adquisición a la familia Angulo del otro 50%. Tras esta operación, Capsa Food tiene previsto superar los 1.000 millones de euros de facturación y los 1.200 empleados, desde su posición como séptimo operador del mercado español de queso. Cuando se anunció la compra el pasado diciembre de 2023, sujeta al plácet que ahora ha dado Competencia, el CEO de la lechera asturiana, José Armando Tellado, afirmó que «hoy materializamos un proceso que iniciamos en el año 2020 y que pretende reforzar nuestra posición de liderazgo en el sector lácteo español, redoblando nuestro esfuerzo para fortalecer nuestra presencia en el mercado quesero». Buena noticia sin duda para esta empresa asturiana. Falta nos hace.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.