Hemos conocido esta semana que Francia eleva la ‘multa’ que cobra a España por guardar sus residuos nucleares hasta 85.200 euros cada día. El enorme retraso en la repatriación de los desechos radiactivos de la central de Vandellós I hace que la empresa pública Enresa acumule ya pagos de 200 millones como penalización. El Gobierno español activa el plan para traer de vuelta los residuos en 2028 con los primeros contratos para hacer realidad el regreso. España envío a Francia hace tres décadas residuos radiactivos procedentes de la central nuclear de Vandellós I (Tarragona) que echó el cierre de manera anticipada en 1989 tras sufrir el peor accidente nuclear de la historia del sector energético español por un incendio y una posterior inundación parcial. Los desechos radiactivos se mandaron al país vecino para ser tratados y guardados, con la idea de traerlos de vuelta. Pero ese regreso acumula ya muchos años de retraso y España paga una compensación millonaria por la demora. La repatriación de los residuos inicialmente estaba prevista para 2010, luego se dejó para 2015, se aplazó de nuevo para mediados de 2017… Pero la basura nuclear de Vandellós sigue en Francia, y ahora el nuevo objetivo es tener los residuos de vuelta en 2028. Así que la sociedad pública Enresa, encargada de la gestión de los residuos nucleares españoles, va a tener que seguir pagando la ‘multa’ por la dilación al menos otros cuatro años más. Enresa lleva siete años, desde el 1 de julio de 2017, pagando una sanción diaria (sí, diaria) a la compañía francesa Orano por no repatriar a España a tiempo los residuos de Vandellós, que se encuentran en La Hague, en la región de Normandía. España ya ha pagado en este tiempo unos 200 millones de euros por estas penalizaciones (187 millones hasta cierre de 2023 y en torno a 15 millones más este año. Los últimos datos facilitados públicamente por Enresa desvelan que la indemnización progresivamente creciente ascendía ya a casi 85.200 euros diarios en 2023 (esto es, unos 31 millones en todo el año).
Yendo a lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy, el Tribunal de Cuentas urge a tomar medidas contra el déficit de 89.000 millones de la Seguridad Social. El órgano fiscalizador considera que el sistema de préstamos prorrogables, que ascendieron a casi 7.000 millones en 2022, no soluciona el problema. El Tribunal de Cuentas ha pedido a las Cortes Generales –Congreso y Senado- que adopten con urgencia medidas para afrontar y resolver el endeudamiento de la Seguridad Social, cuyo patrimonio neto negativo alcanzaba al finalizar 2022 los 88.759,4 millones de euros. Así consta en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado, realizada por la Intervención General (IGAE) del ejercicio de dicho año. En su informe al Parlamento, el órgano fiscalizador subraya que la Seguridad Social lleva seis años seguidos con déficit. Fuentes del órgano fiscalizador han subrayado la importancia de que el fondo de reserva o “hucha de las pensiones” forme parte, en términos de contabilidad, del patrimonio de la Seguridad Social. En teoría, está legalmente previsto que así sea a partir del ejercicio de 2023. Una de las causas de esa deuda deriva de los préstamos que ha venido empleando el Estado para financiar la Seguridad Social. Las fuentes consultadas indican que los préstamos son en muchos casos prorrogables. En el caso de 2022, los préstamos del Estado a la Seguridad Social ascendieron a casi 7.000 millones de euros. Cuando vencen, por lo general estos préstamos vuelven a prorrogarse. Probablemente, las recomendaciones que se remitan a las Cortes aconsejarán que se aporten los recursos a la Seguridad Social por medio de transferencias corrientes, y no a través de préstamos. En 2022 ya se hicieron, hasta un total de 18.396 millones de euros. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que un reciente informe del Banco de España señalaba que el pasivo total de la Tesorería General se situó en el 7,8% del PIB hasta marzo pasado. Ello equivale a colocarse en los 116.000 millones de euros, que a su vez son 10.000 más que en el ejercicio anterior. El informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado se repite, en suma, una vez más desde 2017. El cálculo relativo a 2022, dado a conocer esta semana, agrava la situación, porque los 88,7 millones de patrimonio neto negativo (las deudas son mayores que los activos), suponen una cifra récord. En todo caso, el crecimiento de ese desequilibrio se produjo ese año a un ritmo más lento que en otros anteriores. Dicho aumento fue inferior al de ejercicios anteriores, pero el hecho es que alcanzó los 7.700 millones de euros. En todo caso, el órgano fiscalizador considera que los datos siguen marcando una tendencia que se debe frenar. De ahí que su informe dirigido a las Cortes vaya a instar la adopción de “las medidas legislativas necesarias para resolver la situación financiera de endeudamiento del Sistema de la Seguridad Social frente al Estado”. El criterio del Tribunal de Cuentas es que se han tomado ya algunas iniciativas, pero siguen siendo insuficientes. El informe del Tribunal de Cuentas relativo a la contabilidad general del Estado correspondiente a 2022 destaca que persisten las discrepancias entre la contabilidad patrimonial de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Administración General del Estado respecto a las insuficiencias de financiación de asistencia sanitaria y servicios sociales. La más importante, 3.3724 millones de euros, sólo reflejada por la Tesorería de la Seguridad Social. Se destaca que “tampoco se ha producido el saneamiento financiero por los préstamos otorgados por la Administración General del Estado a la Seguridad Social entre 1992 y 1999 (17.168,6 millones), ni se han amortizado las deudas de la Seguridad Social con la Administración General por la liquidación de los conciertos suscritos con el País Vasco y Navarra (9.081,5 millones)”. Hay otros aspectos de la Cuenta General del Estado sobre los que el Tribunal de Cuentas va efectuar recomendaciones a las Cortes. Por ejemplo, que se adopten medidas para integrar en la Cuenta General del Estado a todas las entidades del sector público estatal, y que se impulsen reformas legislativas para acortar los plazos de rendición de cuentas, así como que se restrinja el diferimiento a ejercicios futuros de la imputación presupuestaria de ingresos y obligaciones. Asimismo, que se mejore el contenido de los inventarios, que se amplíe la información contenida en la memoria, y que se digitalicen todos los procesos de obtención de información contable. También que se establezcan mecanismos de control de la ejecución presupuestaria y se resuelva la moratoria de las deudas con la Seguridad Social de las instituciones sanitarias públicas y privadas.
Pasando a un tema recurrente en periodo vacacional, España superará los 25.000 apartamentos en alquiler de media estancia antes de 2027. El Gobierno ha presentado a las comunidades una propuesta para regular los alquileres temporales. España multiplicará por dos su oferta de alquiler de media estancia y superará las 25.000 camas antes de 2027, según el informe ‘Estado y tendencias del flex living’, elaborado por la firma de consultoría inmobiliaria Atlas Real Estate. El flex living, anglicismo especializado que aglutina las diferentes modalidades de alquiler flexible, es una de las principales tendencias del sector inmobiliario, que se enfrenta a una futura regulación por parte del Gobierno. En la actualidad hay 11.885 camas operativas en las diferentes fórmulas en todas las ciudades: esta cifra incluye desde coliving, enfocado en un perfil de edad más bajo, hasta smart living o corporate living, ambos apartamentos de media estancia enfocados en profesionales de mayor edad y alquiler a empresas, respectivamente. Según las previsiones de Atlas RE, entre los activos ya operativos y los que se han anunciado su desarrollo, se espera que estén activos 26.776 unidades en 302 edificios en 2027. A nivel político, el alquiler de media estancia (o temporal) ha sido el centro del debate. Tras la aprobación de la ley de vivienda, numerosos propietarios trasladaron sus inmuebles a esta modalidad para esquivar sus restricciones. Por este motivo, el Ministerio de Vivienda y las comunidades mantienen una mesa de trabajo activa de cara a aprobar una regulación en esta línea. Además, la pasada semana, Sumar, Podemos, ERC, Bildu y BNG llevaron al Congreso de los Diputados un borrador de nueva ley. Sin embargo, a priori, la mayor parte de los apartamentos de media estancia desarrollados por los grandes inversores esquivarían esta hipotética norma porque, en su mayoría, están construidos sobre suelos terciarios, destinados a actividades económicas, como hotelero u oficinas.
Madrid concentra la mayor parte de la oferta futura
La mayor parte de la oferta de nueva construcción de este tipo de inmuebles se concentrará en Madrid en los próximos años, el 71,5% del total, con casi 10.650 apartamentos en marcha. «Los motivos son de índole inmobiliaria, como la disponibilidad de suelo terciario, demográfica, con crecimientos poblacional, urbanísticos, debido a que es la región con más certidumbre en los plazos de obtención de licencia, y políticos», señala Atlas Real Estate. Fuera de la capital, Valencia y Málaga están mostrando mucho dinamismo, con 1.673 y 775 unidades proyectadas, respectivamente. «Estas dos ciudades cumplen varios fundamentales de mercado muy interesantes: crecimiento demográfico propio, crecimiento corporativo y ubicación en la costa. Por tanto, estas ciudades pueden captar un tipo de demanda que Madrid no puede: el crecimiento del poder adquisitivo medio y alto que viene a España a disfrutar de la costa», añade la firma autora del informe. Otras ciudades disponen de proyectos relevantes anunciados: Vizcaya, un total de 721 unidades, Barcelona 632, y Navarra, 313.
Cada vez se construyen más edificios en las afueras
Otra de las grandes tendencias que resalta el informe de Atlas Real Estate es que, en los últimos meses, se han anunciado nuevos proyectos en zonas periféricas de las principales ciudades españolas. A medida que los inversores han puesto el foco en el sector se ha producido «una estratificación de tipologías»: «El centro se especializa en inmuebles de tamaño relativamente reducido dedicados a coliving para gente joven y a apartamentos corporativos de alto standing para empresas y personas de alto poder adquisitivo, mientras la periferia se especializa en inmuebles de gran tamaño y eficiencia centrados en la demanda corporativa de las empresas de la zona y en una demanda más similar a la población autóctona». Precisamente, este tipo de alojamientos no se concibieron para personales locales. Pero esto ha cambiado. «La falta de oferta de vivienda en las grandes zonas metropolitanas y la dificultad de acceso al alquiler bajo la ley de arrendamientos urbanos (LAU) hacen que el flex living cada vez más sea una solución habitacional para la población local: jóvenes que se emancipan, parejas, personas que se divorcian, personas que necesitan habitación de manera temporal, etc», desarrolla el estudio.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.