No ha habido buenas noticias para nuestro país esta pasada semana. España es el país de la UE que más infringe las leyes de mercado único. Muy malas noticias, pues. España se ha convertido en uno de los países más señalados por la Comisión Europea por el incumplimiento del derecho europeo. En un momento en el que la Comisión Europea eleva el escrutinio sobre la aplicación de la normativa comunitaria, al tiempo que avanza en la agenda de simplificación regulatoria, nuestro país encabeza la lista de Estados miembros con más procedimientos de infracción abiertos por Bruselas, con un total de 48 a cierre del pasado año. España acumula expedientes de infracción en varios frentes sensibles. Si bien no obtiene los peores resultados en competencia, si hay procedimientos y tensiones regulatorias importantes que evidencian las tensiones entre Moncloa y Bruselas. Una ejecución del Gobierno puesta en tela de juicio es la multa a aerolíneas low cost por prácticas abusivas en el cobro del equipaje de mano y suplementos por asientos. Una decisión que el Ejecutivo comunitario puso en duda al considerar que la norma europea permite a las compañías libremente fijar estos precios.
Bruselas abre, de forma ordinaria, procedimientos de infracción a los Estados miembros que no han trasladado la normativa comunitaria a su legislación nacional o no lo han hecho por completo. España se sitúa a la cabeza de los países con más retrasos, seguido de cerca por Italia y Hungría, con 44 y 41, respectivamente. Polonia se sitúa en cuarto lugar, con 38 expedientes y le quita el puesto a Bélgica y cierra el top cinco Grecia, con 35 expedientes. Al otro lado, Finlandia, Letonia y Lituania registran el menor número de casos con diez o menos. En todo caso, el procedimiento de infracción continúa extendiéndose largo tiempo, unos 18 meses de media antes de que lleguen a cerrarse. En total, en 2025 la Comisión Europea abrió 552 nuevos casos de infracción a los Estados miembro, y ha remitido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea un total de 71. Actualmente, el Ejecutivo comunitario se centra en un mayor control sobre el mercado único, la digitalización, la transición energética, competencia y Estado de derecho. Nuestro país arroja los mayores problemas en trasposición y cumplimiento de las leyes europeas en lo que respecta a gestión y protección del agua, con ocho procedimientos abiertos. Le sigue en la lista las normativas relativas a servicios financieros, con siete infracciones, seguido de derechos laborales y fiscalidad, con cinco infracciones en cada caso y gestión de residuos o contaminación atmosférica, con tres infracciones, respectivamente. A nivel comunitario, la distribución cambia el panorama. Las normativas europeas que acumulan más procedimientos de infracción son las relativas a la legislación medioambiental, que concentra el 36% de todos los casos. Una coyuntura con especial prominencia en lo que respecta a contaminación atmosférica, protección del agua, y gestión de residuos.
A nivel doméstico, nos encontramos con las poderosas razones que tiene la vivienda para seguir subiendo. Sólo un alza muy prolongada de los tipos de interés desactivará un mercado en el que la oferta no alcanza a la demanda. La carrera de precios emprendida por la vivienda en España, y en casi toda Europa, no ha terminado. La presión del crecimiento de la población y del número de hogares; la estabilidad cíclica de la inflación y de los tipos de interés, salvo que la guerra disponga lo contrario; la escasez de la oferta; la acumulación de ahorro; y la expectativa general de que el activo residencial como inversión ofrecerá retornos generosos sin riesgo son las poderosas razones que impulsarán los precios.
Sólo alcanzar niveles inasumibles para la mayoría de la demanda o la desgraciada y cada vez menos improbable irrupción de nuevos cisnes negros con un desafortunado parón en el crecimiento económico frenarían la escalada. Los latigazos de los precios de las casas en España siempre han ido acompañados de ciclos vigorosos de crecimiento económico, de la población y de la actividad turística. Así fue en el final de los ochenta, así fue en los diez primeros años del euro y así ha sido en los diez últimos años. En este último trecho temporal, y según el Índice de Precios de la Vivienda de Estadística, sin duda el menos subjetivo de cuantos existen en el mercado, las casas han subido un 83,4% de media en España, con un 107% en el caso de la obra nueva y un 79,7% las residencias usadas. Aunque la mancha de aceite ha impregnado a todo el territorio, en todos los casos las alzas más abultadas se han registrado en Madrid, Baleares y Cataluña, donde los tres motores citados antes funcionan a más revoluciones. Saber cuándo termina este ciclo alcista de revalorización de los activos residenciales es complicado, pero las circunstancias apuntan a una longevidad mayor, pese a que los niveles vigentes empiezan a estar fuera del alcance de la mayoría de los compradores. Esta condición y los endurecidos requisitos de solvencia exigidos por la banca a los tomadores de crédito, cada vez más explícitos y acompañados de tipos más elevados en muchas grandes entidades, hacen que el ciclo vaya quemando etapas hasta su final, además de evitar que, como en el pasado, se inflame una peligrosa burbuja inmobiliaria. Puede haberla de precios, pero impide que la haya de operaciones y de deuda.
Yendo a lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy, Trabajo detecta a 270.000 jubilados y pensionistas buscando empleo que elevarían en un 11% el paro registrado. El número de pensionistas que se inscriben en los servicios de empleo apenas un año después de lanzar una reforma para mejorar la compatibilidad entre jubilación y trabajo crece. El Gobierno ha revisado la normativa para mejorar el acceso a la jubilación flexible para aquellas personas que ya se han retirado, pero quieren volver a trabajar. Una decisión que responde a una demanda del colectivo de pensionistas, que considera tan rígido el sistema que agrava las dificultades que ya afrontan para conseguir un trabajo. Un indicador publicado por el Ministerio de Trabajo pone cifras a este problema: en 2025, los servicios públicos registraron una media mensual de 267.692 «jubilados y pensionistas» inscritos como demandantes de empleo, un 7,3% más que hace un año. No cuentan como parados registrados, pero si lo hicieran, el número de desempleados que recoge el SEPE (2,47 millones de media mensual en el pasado ejercicio) se elevaría en un 10,8%. Es el mayor porcentaje de toda la serie histórica. El Anuario de estadísticas que publica el ministerio que dirige Yolanda Díaz da una cifra mucho más elevada que la EPA, que solo cuenta 31.900 parados mayores de 65 años. Pero a la hora de analizar el dato hay que tener en cuenta el criterio que aplican tanto los servicios públicos autonómicos como el SEPE y el ministerio para su clasificación. Trabajo denomina «jubilados y pensionistas» a los «demandantes que son pensionistas de jubilación, de gran invalidez o de invalidez absoluta y demandantes de edad igual o superior a 65 años». Es decir, no solo a jubilados que quieren volver a la actividad, sino también a personas que superan la edad legal de retiro previa a la reforma que entró en vigor en 2013 y a otros desempleados con un alto grado de discapacidad reconocida y que perciben una ayuda de la Seguridad Social. Si estos se inscriben como demandantes de empleo es porque es la vía para acceder a un contrato (indefinido o temporal) bonificado y a ayudas a Centros Especiales de Empleo (aunque dejan de recibir la pensión). Pero el número de contratos de fomento del empleo de este tipo se ha mantenido prácticamente estático desde los niveles previos a la reforma laboral (aunque hay un trasvase de los temporales a los indefinidos) en una media de unos 35.000. Además, no todos los beneficiarios eran perceptores de una pensión, con lo cual es difícil achacar a este colectivo en concreto el incremento de la partida de «jubilados y pensionistas» inscritos como demandantes de empleo. Más extraño parece que la EPA cuente muchos menos parados de más de 65 años que los demandantes de empleo inscritos en las oficinas públicas, aunque esto puede explicarse porque los pensionistas de jubilación suelen aparecer como inactivos en la estadística del INE, aunque estén dispuestos a trabajar.
En el caso de los datos que publica Trabajo puede que ocurra lo contrario: muchos demandantes que no han alcanzado la edad de jubilación legal ordinaria (a los 66 años y 10 meses) son excluidos automáticamente. Pero existe una tercera explicación que afecta a los jubilados propiamente dichos. Y es que, a pesar del incremento de las nóminas de pensiones, el endurecimiento de los coeficientes reductores para jubilación anticipada hace que algunos jubilados necesiten un empleo para complementar su pensión. En este caso entra en juego la jubilación flexible. Conviene distinguir esta modalidad de las de la jubilación activa o parcial, que consisten en demorar el retiro y compatibilizar la pensión con el empleo que ya se tiene. En este caso, hablamos de una persona que ya se ha retirado y quiere volver a la actividad de manera parcial. La reforma de la jubilación flexible busca incentivar el acceso a esta modalidad permitiendo que sea compatible con un trabajo por cuenta propia o eliminando el plazo de un año desde el retiro exigido hasta ahora antes de poder buscar empleo. Pero el problema también es encontrarlo. Un análisis de la serie histórica de los datos de Trabajo muestra que los jubilados y pensionistas inscritos como demandantes de empleo han tenido tres fases claras en su evolución. En la primera, antes del estallido de la gran recesión, su presencia era muy reducida. A partir de 2008 crece con intensidad, en línea con la destrucción de empleo y la crisis económica. Muchos jubilados anticipados tras un despido se veían obligados a buscar opciones para acceder a un empleo. Sin embargo, aunque la cifra en términos absolutos subió, su peso potencial sobre el desempleo se mantuvo estable en el entorno del 3%. Por «peso sobre el desempleo» se entiende el porcentaje adicional que añadirían al paro registrado si estos demandantes se contaran como tales. Ni los jubilados y pensionistas ni los mayores de 65 años inscritos como demandantes de empleo se consideran como desempleados en virtud de una orden de 1985. Pero esta tasa permite poner en contexto las cifras absolutas. Así, se aprecia que la situación cambia a partir de 2015: el paro baja, pero los jubilados apuntados al paro no se reducen, lo que eleva la tasa. Y a partir de 2018 la tendencia se acelera: el colectivo sube en cifras absolutas y en peso relativo sobre el desempleo. En 2020 y 2021 se disparan hasta cifras de 234.000 y 289.000 demandantes de media al mes, algo que se puede explicar por las dificultades de muchos jubilados para encontrar trabajos, pero también que las de las personas con discapacidad. Sin embargo, la tasa adicional sobre el paro solo llegó al 8,1%. Tras una corrección en 2022, las cifras volvieron a subir. De hecho, el dato de 2025 es el segundo más alto de la serie histórica en cifras absolutas, pero es un récord en términos de tasa. Como decíamos al principio, los 2,47 millones de parados hubieran aumentado prácticamente un 11%. Las estadísticas de Trabajo adolecen de sus propias limitaciones, pero confirman que el escaso éxito de la jubilación flexible no es solo por desinterés de los posibles beneficiarios, sino por dificultades para acceder a un empleo. Por si esto fuera poco, al no contar como parados, estos jubilados y mayores de 65 años no se benefician con la misma intensidad de las políticas activas. Un bucle que puede frustrar los planes del Gobierno para sacar a los pensionistas que lo deseen del retiro. A fin de cuentas, quizá no es solo una cuestión de incentivos sino también de desánimo de quienes se jubilan porque no tienen expectativas de volver a trabajar.
A nivel local, de nuestro Principado de Asturias, destacar el recorte de la banca en Asturias: 31 oficinas y 108 cajeros menos en cinco años con 6 concejos sin servicios presenciales. Y es que el Banco de España destaca al Principado como una de las comunidades con menor exclusión financiera del país, con apenas 1.943 habitantes sin acceso a servicios bancarios en su municipio. Asturias es una de las comunidades con mejor acceso presencial a servicios bancarios de toda España pese al claro retroceso de oficinas y cajeros registrado en los últimos años. El último Informe de Inclusión Financiera 2025 del Banco de España concluye que el Principado mantiene una de las menores tasas de exclusión financiera del país, aunque la red bancaria tradicional sigue reduciéndose de forma sostenida, sobre todo a raíz de la salida de la pandemia. El dato más relevante del estudio es que seis concejos asturianos carecen actualmente de cualquier punto de acceso financiero presencial. Es decir, municipios que no disponen de oficinas bancarias, cajeros, oficinas móviles, agentes financieros o servicios bancarios a través de Correos. El documento destaca que la población afectada por esa falta de cobertura es reducida en comparación con otras comunidades. El Banco de España cifra en 1.943 las personas que viven en municipios sin acceso financiero presencial en Asturias, apenas el 0,19% de la población autonómica. Sin embargo, aunque la situación ha mejorado ligeramente desde la salida de la pandemia —cuando había siete concejos sin acceso financiero y 2.459 habitantes afectados— en la práctica, de acuerdo al informe, supone la pérdida de hasta 31 oficinas y 108 cajeros en toda la comunidad. Todo ello se produce en paralelo a la importante reducción de la infraestructura bancaria tradicional en busca de una mayor digitalización. Asturias pasó de 484 oficinas bancarias en 2021 a 453 en 2024, lo que supone el cierre de 31 sucursales en cuatro años y una caída del 6,4%. También descendió con fuerza el número de puntos de acceso formados tanto por oficinas como cajeros cajeros. En 2021 Asturias tenía 1.399; en 2023 eran 1.390; y en 2024 la cifra cayó hasta 1.291. Son 108 menos que al inicio del período, una reducción del 7,7%. Solo en el último año analizado desaparecieron 99 puntos de acceso tradicionales. El ajuste afecta igualmente al conjunto de canales financieros presenciales, incluidos los sistemas alternativos. Sumando oficinas, cajeros, oficinas móviles, agentes y servicios de Correos, Asturias contaba con 1.561 puntos de acceso financiero en 2021, frente a los 1.578 de 2023 y los 1.475 de 2024. La pérdida total en cuatro años alcanza los 86 puntos. El recorte fue especialmente intenso durante 2024. Asturias perdió un 6,5% de sus puntos de acceso financiero en solo un año, una de las mayores caídas registradas en España, únicamente por detrás de Cantabria.
En el ámbito empresarial, cabe comentar que Indra y Duro Felguera acercan posturas por el taller de Barros. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez insiste en «la importancia política» que tiene para el Principado que Indra instale una segunda fábrica en Asturias. Sánchez ha insistido en «la importancia política» que tiene para el Principado que Indra instale una segunda fábrica en Asturias, algo que le ha trasladado al presidente de Duro Felguera, Eduardo Espinosa. El consejero ha abogado por que se faciliten «todos los mecanismos y resortes posibles» —que «los hay» y le consta que «se están estudiando», ha dicho— para que la segunda fábrica de Indra sea «una realidad en el talle de Barros». Indra ya compró el pasado año el antiguo Tallerón de Duro Felguera, en Gijón, para albergar un centro de fabricación de vehículos militares para su nueva filial «Indra Land Vehicles».
Esperemos que todo ello salga adelante, y se refuerce este sector en el Principado de Asturias como motor de crecimiento empresarial y empleo. Sin duda, será bienvenido además de necesario.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.
Página web: https://www.unioviedo.es/saotero/
Blog personal: https://catedraticasusanaalvarezotero.blogspot.com/