En los últimos compases de la semana, en el plano europeo, el Ibex 35 se anotó un 0,15%, hasta los 19.304,10 puntos; el Euro Stoxx 50 acaba prácticamente plano (+0,05%) y el Dax alemán, el peor parado, cede un 0,58%. Al cierre de Europa, Wall Street refleja la rotación: el Dow Jones avanza un 0,25%, mientras el S&P 500 cede un 0,10% y el Nasdaq se deja un 0,64%, con la tecnología presionada por los semiconductores. Se puede decir que las Bolsas recortan posiciones con el petróleo al alza por tercer día consecutivo. El Ibex cae medio punto porcentual y cotiza por debajo de los 19.300 puntos pese a las subidas que marcan los futuros estadounidenses. La cautela se impone en el mercado por la subida de los precios del petróleo por tercer día consecutivo. El barril de Brent aumenta más del 1% hasta acercarse a los 86 dólares el barril. Los operadores reducen sus apuestas sobre subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, tras unos datos de inflación americana inferiores a lo esperado, al tiempo que el sector de la inteligencia artificial cobra un nuevo impulso. Sin embargo, los riesgos geopolíticos mantienen a los inversores en alerta. El petróleo sigue al alza después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con nuevos ataques contra Irán. Anteriormente, EE UU reanudó su bloqueo al tráfico marítimo de la República Islámica a través del estrecho de Ormuz. El crudo Brent, de referencia en Europa, avanza más del 1% hasta situarse alrededor de los 86 dólares el barril, tras dispararse un 11% en las dos sesiones anteriores. Las débiles cifras de inflación de EE UU y el buen comienzo de la temporada de resultados han reactivado la tendencia de la IA, impulsando las acciones tecnológicas tras un reciente episodio de volatilidad. Si bien los datos dan a la Fed más margen para mantener los tipos sin cambios, la escalada de tensiones en Oriente Próximo sigue ensombreciendo las perspectivas de inflación al amenazar con un aumento de los precios de la energía. La previsión del mercado sobre la posibilidad de una subida de tipos de interés en EE UU en julio se redujo a la mitad, hasta el 16%. La caída de la tasa de inflación en EE UU reduce los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años. El dólar se debilita frente a todas las demás divisas del G10 y el oro se estabiliza en torno a los 4.040 dólares la onza.
Yendo a lo doméstico, España lidera la tasa de bajas en la Unión Europea y es el país donde más crecen desde la pandemia. El drástico incremento en las bajas laborales que ha vivido España en los últimos años ha reavivado un debate que los empresarios sitúan dentro del marco del «absentismo», mientras que los sindicatos colocan como una cuestión exclusivamente de salud pública. Aunque este auge se ha visto también en la gran mayoría de países europeos, lo cierto es que el caso de España tiene escaso parangón dentro del Viejo Continente. Según reflejan los datos tanto de Eurostat como de la OCDE, España es el país donde más ha crecido la incidencia de bajas laborales en la última década y desde la pandemia. Un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la mutua Umivale publicado a principios de año sitúa España como el país europeo con mayor tasa de bajas laborales por trabajador. El análisis, elaborado a partir de microdatos de la EPA europea de 2024, refleja que el 4,5% de los empleados españoles no acudió a su puesto en la semana de referencia en que se elabora la encuesta al estar de baja médica. Una tasa que se ha incrementado en 1,9 puntos desde el año 2018 y que sitúa a España como el país con mayor porcentaje de trabajadores de baja de toda la UE en 2024 tras subir cinco puestos en el escalafón. España es el país con mayor tasa de IT por ocupado (4,5%). La tasa del 4,5% de ocupados en edad de trabajar en situación de incapacidad temporal supera la de Eslovenia (4,3%), Bélgica (4,1%), Francia (3,9%), Portugal (3,6%), Alemania (3,2%), República Checa (2,8%) o Austria (2,7%), que son los países con mayor incidencia de bajas. Además, la tasa de España supera claramente el promedio europeo del 2,5%. Esta tendencia también se muestra si se analizan las cifras de los países de la OCDE, un grupo de Estados principalmente de renta alta o media-alta. Así, en el año 2015, España era el noveno país con mayor incidencia de incapacidad temporal de la OCDE con 2,4 semanas de baja anuales de media contabilizadas por cada trabajador. Una década más tarde, en 2015, España ocupaba el tercer puesto, con una incidencia que alcanza las 5 semanas de incapacidad temporal por empleado y año. Es decir, el doble, que hace diez años. En el otro lado del espectro aparecen países como Grecia, donde el número de meses de baja pagada posibles está vinculado a los años trabajados y tiene un máximo de seis meses. O Italia, donde hay un máximo de 180 días de baja pagada por año y trabajador. El drástico repunte en la incapacidad temporal que se ha vivido en España obedece a diferentes factores. La Airef, que ha hecho uno de los análisis más completos sobre el fenómeno, enumera varios factores. El primero, es la falta de control y seguimiento por parte de la Seguridad Social, en una prestación que tiene un conflicto de competencias: los médicos de la sanidad pública (competencia autonómica) son quienes conceden las bajas, pero la prestación corre a cargo de el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Además, la autoridad fiscal señala que hay una serie de mejoras normativas que se han introducido en los últimos años -convenios que complementan hasta el 100% del salario o la retirada de la penalización retributiva a empleados públicos- que también pueden haber influido. La Airef también destaca que el buen momento económico del país influye en el incremento en la incapacidad temporal. De igual modo, destacan que la saturación del sistema sanitario y el incremento en las listas de espera dilatan los procesos y agravan la situación. Aunque la incapacidad temporal no ha parado de aumentar desde la pandemia, paralelamente, el fenómeno convive con una tendencia de signo inverso: millones de trabajadores acuden a su puesto de trabajo estando enfermos. Según un estudio de Eurofund, la agencia de la UE encargada de estudiar la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, el 31% de los trabajadores europeos sostienen haber acudido a trabajar estando enfermos en los últimos doce meses o desde que empezaron su empleo. Además, uno de cada cuatro empleados en España asegura sentirse físicamente exhausto por su trabajo, mientras que un 14% manifiesta esa misma opinión, pero en el plano emocional.
El automóvil exige soluciones para un absentismo laboral que se ha disparado un 50% desde 2018 y resta competitividad al sector. También ha subido la duración de las incapacidades. Hace apenas una semana Feijóo volvió a poner sobre la mesa el tema del absentismo laboral, tildándolo de un «cáncer» que «cuesta 30.000 millones de euros» a España. En febrero, la Autoridad Fiscal (AIReF) había advertido de que las bajas laborales se habían disparado un 84% entre 2017 y 2024. El problema afecta también de lleno al sector del automóvil, donde estos expedientes se han disparado un 50% en los últimos ocho años, tal y como destacó esta pasada semana la patronal Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones) durante la presentación de su informe anual, lo que ha llevado a las marcas a exigir medidas. «Tiene que ser una prioridad porque supone una gran pérdida de competitividad», señalaba el director general de la entidad, José López Tafall. Estos datos se traducen en una merma muy notable de producción de una industria española que es el segundo productor automovilístico a nivel europeo y noveno a nivel mundial. Sin embargo, el número de ausencias del puesto de trabajo es cada vez mayor, tal y como ha cifrado el líder de la patronal: «Cada día faltan a sus puestos de trabajo unos 5.200 trabajadores», lo que «equivale a tener una fábrica totalmente cerrada», como podrían ser la de Volkswagen en Martorell o la de Stellantis en Figueruelas, dos de las grandes exponentes de la red española. El propio Tafall considera que el problema obedece, sobre todo, a una causa concreta. «Todo el mundo coincide en que el proceso de vuelta de una baja no es lo suficientemente fluido para el trabajador ni para la empresa», apunta. Una idea que va estrechamente ligada a una de las conclusiones a la que apuntaba el mismo informe de la Airef, puesto que las bajas son cada vez más prolongadas. La duración media de la incapacidad temporal se ha incrementado un 15%, pasando desde los 40 días en el año 2017 a 45,9 en 2024. Dada la profunda transformación que afronta el sector, Anfac pide tomar medidas para «minimizar» este problema, tal y como reconoce su director general. «Debe ser una prioridad en un momento clave para las inversiones actuales y para poder atraer más», asegura. Para ello solicita que las autoridades tomen medidas, reclamando que «sean constructivas, evitando la confrontación y la politización». Además, explica que la patronal ya ha puesto algunas sobre la mesa: «Hemos propuesto varias a la administración, a los partidos políticos o la CEOE» y recuerda el debate político desencadenado en los últimos días. Mientras el PP aseguró que gran parte de estos episodios de incapacidad temporal eran «fraude», el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, consideró esta afirmación un error. «La solución no está en la reducción de derechos y el ninguneo del diálogo social», dijo.
En otro orden de cosas, Bruselas exige a España una hoja de ruta para acabar con las calderas de gas en su plan de rehabilitación de edificios. La Comisión Europea reclama al Gobierno que introduzca mejoras sustanciales en el Plan Nacional de Renovación de Edificios (PNRE) antes de aprobar la versión definitiva. Bruselas considera que el plan no explica con suficiente claridad cómo se logrará la eliminación completa de las calderas de combustibles fósiles antes de 2040, uno de los objetivos fijados por la nueva Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD). En su evaluación, la Comisión reconoce que el documento apuesta por la electrificación de la calefacción, el despliegue de bombas de calor y otras tecnologías renovables. Sin embargo, concluye que las medidas previstas «no establecen de forma efectiva una senda» que garantice el abandono definitivo de las calderas de gas y otros combustibles fósiles en el horizonte de 2040. Por ello, insta a España a concretar el calendario, las medidas regulatorias y los instrumentos de apoyo que permitirán alcanzar ese objetivo. Esta es una de las siete recomendaciones que Bruselas plantea al Ejecutivo español para reforzar un plan que, en términos generales, considera «completo y bien estructurado». La Comisión valora positivamente que España haya diseñado una estrategia para reducir un 60% el consumo de energía primaria del parque edificatorio respecto a 2020 y alcanzar emisiones netas cero en 2050, además de impulsar la rehabilitación energética, la construcción industrializada y el aumento del parque de vivienda social mediante la renovación de inmuebles vacíos. El Ejecutivo comunitario considera que el documento debe aportar mucha más información sobre el impacto real de las políticas previstas. En concreto, solicita que España cuantifique el ahorro energético, la reducción de emisiones, el número de edificios rehabilitados y la disminución de la pobreza energética que generará cada una de las medidas incluidas en el plan, de forma que pueda comprobarse su contribución efectiva a los objetivos nacionales y europeos. Bruselas también detecta deficiencias metodológicas. Pide aclarar la aparente discrepancia entre las proyecciones de consumo energético utilizadas en el plan y la clasificación de los edificios según sus certificados energéticos, así como explicar con mayor precisión cómo se identificarán los inmuebles con peor comportamiento energético, que serán los prioritarios para recibir ayudas públicas y actuaciones de rehabilitación. Otro de los aspectos que la Comisión considera insuficientemente desarrollado es la financiación. Aunque el borrador describe las inversiones previstas durante esta década, Bruselas reclama que España detalle cómo mantendrá el esfuerzo inversor a partir de 2030, cuando desaparezca buena parte del apoyo extraordinario procedente de los fondos europeos. Además, solicita un análisis de sensibilidad que evalúe cómo podrían variar las necesidades de inversión en función de factores como los costes de construcción, los precios de la energía o la evolución de los tipos de interés. La Comisión también pide mejorar la metodología para medir la pobreza energética, explicando cómo se combinan los distintos indicadores utilizados y fijando objetivos concretos más allá de 2030 que estén vinculados a las políticas y recursos financieros previstos. Las observaciones deberán incorporarse en la versión definitiva a presentar en diciembre.
Cambiando de tercio, la patronal rechaza subir el IVA a hoteles y restaurantes como reclama Bruselas: «Es como aplicar un arancel a nuestro turismo»- El centro de estudios de CEOE estima que elevar el impuesto desviaría viajeros a otros países mediterráneos, destruiría empresas y empleos y no lograría el incremento de recaudación deseado. La Comisión Europea cree que España tiene potencial para exprimir más el IVA y obtener mayor recaudación de este tributo, en lugar de cargar tanto peso sobre salarios o pensiones. En esa línea, aconsejó al Gobierno el mes pasado que elimine los tipos reducidos del 10% de que disfrutan hoteles y restaurantes y aplique en su lugar el tipo general del 21%. Sin embargo, desde la patronal española consideran que subir el impuesto tendría consecuencias muy negativas para el sector turístico. Desviaría viajeros a destinos rivales, destruiría empresas y empleo y, además, no lograría el incremento en la recaudación esperado. Así se refleja en un documento del IEE-el centro de estudios de la patronal CEOE publicado esta pasada semana. «Encarecer mediante impuestos indirectos equivale a aplicar un arancel a nuestras propias ventas al exterior, justo lo contrario de lo que aconseja la teoría del comercio», señala la investigación, que ha llevado a cabo Fernando Pinto Hernández, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). «Sería un error de política económica», sostiene. El razonamiento que sigue Pinto Hernández es que el turismo extranjero funciona como una exportación, pero que se consume en territorio nacional. Las exportaciones tradicionales no pagan IVA en el país emisor, pero la peculiaridad del sector turístico hace que esto sea imposible. Hay que tener en cuenta que el turismo extranjero supuso un ingreso de casi 100.000 millones de euros el año pasado, una de las exportaciones más potentes del país. La importancia económica de esta actividad, razona el autor, justificaría que disfrute de ese IVA reducido, que «evita penalizar en exceso una de nuestras principales partidas exportadoras». 
«Ningún país que entienda la composición de su balanza de pagos aplica, de manera voluntaria, un sobrecoste fiscal a su principal sector exportador de servicios», resume el IEE. «Hacerlo significaría debilitar, de forma deliberada, la partida que más contribuye a equilibrar las cuentas exteriores», agregan.
Destrucción de empleo y empresas
El centro de estudios de la patronal, apunta también a que la subida fiscal supondría un golpe para un sector en el que «los márgenes son estrechos». «Un salto de once puntos de IVA no podría absorberse sin trasladarse a precios, cerrar establecimientos o destruir empleos», señala el IEE. El impacto sobre la economía española, advierten, sería notable. El sector turístico movió 200.699 millones de euros en 2024, una cifra de negocio equivalente al 12,6% del PIB, según datos del INE. Además, genera unos 2,77 millones de empleos, uno de cada ocho de los puestos de trabajo que existen en España. Además, el IEE sostiene que elevar el IVA de hoteles y restaurantes al 21% como recomienda Bruselas podría beneficiar a destinos rivales de España porque la demanda turística es muy sensible al precio. «Una subida de precios desplazaría visitantes hacia Grecia, Italia, Croacia, Turquía o el norte de África», señala el estudio. Por otro lado, el estudio señala que aplicar un IVA reducido a restauración y hoteles «es la norma habitual en los grandes destinos turísticos europeos». Así, se hacen eco de experiencias de otros países como Portugal, que elevó el IVA de la restauración del 12 al 23% en 2012 y se vio obligado a revertir la medida en 2016. «El resultado fue el cierre de establecimientos, destrucción de empleo y caída en la recaudación», sostiene el IEE. Más allá de Portugal, sostienen que Irlanda también repitió ese patrón en el pasado o que Alemania ha decidido fijar el IVA a esos productos en el 7% de manera permanente.
En otro orden de asuntos, se prevén subidas en los precios de los alimentos de hasta el 9% en 2027 por la guerra y el clima extremo
El BCE ha previsto que la inflación alimentaria escale hasta el 3,7% en el segundo trimestre del año que viene y que se sitúe de media en el 3,5% en el conjunto del ejercicio El encarecimiento de las materias primas por la guerra en Irán y el actual episodio de fenómenos meteorológicos extremos impulsarán el precio de los alimentos el año que viene, si bien es el segundo de estos dos factores el que más preocupa a los economistas. Tanto las previsiones del Banco Central Europeo (BCE) como las de otros organismos y servicios de estudios apuntan a que la inflación de estos productos superará el 3% en pocos meses en la zona euro, lo que puede tener un impacto más significativo en los hogares de rentas más bajas, que son los que tienen que dedicar un porcentaje mayor de su renta al gasto en alimentación. Las previsiones menos optimistas apuntan a incrementos de entre el 5 y el 9% de media en estos productos a nivel europeo. El reciente shock de materias primas que ha provocado el bloqueo del estrecho de Ormuz terminará por trasladarse a los precios de los alimentos que paga el consumidor el próximo año. Pese a que la escasez de fertilizantes derivada del conflicto en Irán -y el incremento de sus precios- ha sido menos severa de lo previsto, sí afectará al rendimiento de las explotaciones agrícolas. Así, el aumento de otros costes de producción —energía, transformación y envasado— elevará la inflación alimentaria entre 0,5 y 0,7 puntos porcentuales en 2027, según cálculos de Oxford Economics. En un informe publicado esta semana, la consultora global advierte, sin embargo, que las olas de calor registradas este verano «ejercerán un impacto alcista más intenso» sobre los precios de los alimentos que la propia guerra de cara al próximo año. Ese efecto podría intensificarse debido al episodio de ‘El Niño’ y añadir hasta un punto porcentual a la inflación alimentaria en 2027. De ahí que hayan elevado sus estimaciones previas y contemplen una subida de la cesta de la compra en el entorno del 3%. La guerra en Oriente Próximo reavivó el temor a una nueva crisis de inflación con epicentro en los alimentos, dado que estos llegaron a disparar hasta tres puntos la tasa general de IPC a comienzos de 2023, tras la invasión rusa de Ucrania. A los economistas les preocupó especialmente el hecho de que, como entonces, el cuello de botella en la producción y el transporte de fertilizantes volviese a disparar su coste. De momento, varios factores han permitido que la inflación de los alimentos se redujera más de un punto porcentual hasta situarse en su nivel más bajo de los últimos cinco años (1,2% en junio). Por un lado, la oferta abundante de cereales tras la buena cosecha de 2025 que está ejerciendo de parapeto ante un posible encarecimiento. Por otro, el exceso de oferta de leche cruda, la estabilización de los precios del chocolate, el cacao y el café tras el rally registrado en 2025; así como la corrección de los precios del aceite de oliva y el enfriamiento progresivo de los costes energéticos. Frente a estos elementos, existen otros riesgos que sí pueden alterar el escenario central de la firma. El primero tiene que ver con las expectativas de precios de venta más altos que vienen registrándose desde el inicio del conflicto en sectores como el de la producción de alimentos o los de distribución minorista y los servicios de restauración. El segundo riesgo proviene, precisamente, del mercado de los fertilizantes. Durante el bloqueo del estrecho de Ormuz, los precios de estos productos registraron un fuerte incremento y, «aunque algunos tipos de fertilizantes han vuelto posteriormente a niveles previos al conflicto, otros continúan cotizando en niveles elevados y, en términos generales, los precios siguen siendo superiores a los observados en 2025», explican desde Oxford Economics. Así, si hasta la fecha este aumento ha afectado sobre todo a los productores agrícolas del hemisferio sur, los expertos de la firma creen que terminará trasladándose a los costes de producción de los agricultores europeos. A esto se suma el encarecimiento del petróleo y del gas natural, dos insumos fundamentales para la producción y transformación de alimentos. «En este contexto, una eventual reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán constituye un riesgo adicional al alza para los precios de los alimentos», sostienen. Los analistas de Rabobank prevén que la inflación de los precios de los alimentos en toda Europa alcance con toda probabilidad su punto máximo en 2027. Sus cálculos son menos optimistas y se sustentan en que el bloqueo prolongado de Ormuz está transformando los mercados energéticos. Tanto, como para que los precios del petróleo y el gas se mantengan elevados hasta bien entrado 2028, incluso si se produjera una solución a corto plazo. En el banco neerlandés recuerdan que el aumento de los costes energéticos y de envasado ya se está reflejando en toda la cadena de valor alimentaria y, en algunos casos, está mermando los márgenes de los fabricantes de alimentos. «Si bien la cobertura de riesgos puede retrasar el impacto, estos mayores costes de los insumos provocarán, en última instancia, un nuevo ciclo de inflación de los precios de los alimentos de entre el 5% y el 9% en toda Europa en 2027», apuntan sus analistas María Castroviejo y Sebastiaan Schreijen en un informe reciente.
Y precisamente, como indicaba en el título, a nivel local, Hacienda se olvida de la mejora prometida a Asturias en financiación. El Ministerio de Hacienda, liderado por Arcadi España, obvia en el borrador de su propuesta para aprobar un nuevo sistema de financiación la oferta planteada para intentar conseguir el sí de Asturias. El fondo complementario prometido a la región aparece mencionado en el documento trasladado al Principado, pero sin cuantificación alguna. «Queremos aclaraciones», aseguró Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, que destacó que Asturias votará «no» al modelo pactado con ERC y pidió «modificaciones sustanciales», después de que el Gobierno de Pedro Sánchez hiciese un llamamiento a la negociación para intentar convencer a alguna comunidad y no quedarse solo con el apoyo de Cataluña. Hacienda mueve ficha en el plano dialéctico, pero de momento no mejora su oferta. En el borrador trasladado a la región recoge que el nuevo modelo aportaría 248 millones de euros más al año, la misma cifra prometida hace meses, cuando María Jesús Montero estaba al frente del Ministerio. Hacienda apunta que, con esta propuesta, «Asturias será una de las más beneficiadas por los nuevos criterios de población ajustada», junto con Castilla y León. El Principado, gobernado por el mismo color político que el Ejecutivo central (PSOE), no lo ve así. «La propuesta que nos han remitido responde precisamente a lo que se presentó en enero. No ha habido cambios sustanciales», recalcó esta pasada semana Peláez. «Lo importante para nosotros es que el sistema tienda al coste efectivo de los servicios. Queremos poder discutir la población ajustada, entre otras cuestiones. Lo que tenemos ahora no es suficiente; no incorpora los cambios estructurales y sustanciales que reivindicamos», indicó. Añadió, de forma tajante, que «quedar por debajo de la media de financiación sería inaceptable y es una cuestión que hay que aclarar». Pese a mantener el rechazo, el Gobierno asturiano no da por cerrada la negociación. El Ministerio de Hacienda lleva días intentando acercar posiciones con las comunidades críticas con su propuesta y Peláez confirmó que Asturias acude a la reunión técnica con voluntad de seguir dialogando. «Hasta el día 29 todavía quedan días y estamos abiertos al diálogo, pero pedimos modificaciones sustanciales», señaló el portavoz, que calificó la reunión de esta pasada semana como «muy importante». Si el texto no incorpora cambios relevantes, Asturias votará en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, escenificando así un nuevo choque con el Ejecutivo central pese a que ambos gobiernos están liderados por el PSOE. «Al Principado le corresponde defender los intereses de Asturias. Cuando afrontamos estas reuniones no pensamos en si se van a enfriar o no las relaciones, que son de lealtad y respeto institucional. No nos guiamos por esa posible ruptura. Hay fricciones porque somos gobiernos distintos, como ocurre con el Huerna o con la financiación autonómica», concluyó Peláez.
Y destacar otra mala noticia a nivel de Asturias. Tener empleo ya no basta: Cáritas alerta del aumento de los trabajadores pobres en Asturias. La Memoria 2025 de Cáritas Diocesana de Oviedo advierte de que la precariedad laboral, el coste de la vivienda y la fragilidad de las redes de apoyo empujan a muchas familias a situaciones de exclusión pese a contar con ingresos. Hace unos años, tener un empleo era sinónimo de estabilidad; tener una nómina significaba poder acceder a una vivienda, poder afrontar los gastos cotidianos y, por tanto, poder construir un proyecto de vida. Sin embargo, esa relación entre trabajo y bienestar se ha ido debilitando y, hoy por hoy, tener un trabajo ha dejado de ser una garantía para vivir con dignidad. Así se desprende de la Memoria 2025 de Cáritas Diocesana de Oviedo, que pone cifras y argumentos a una realidad que las entidades sociales vienen observando desde hace años: cada vez hay más personas que, pese a trabajar, continúan atrapadas en situaciones de vulnerabilidad y pobreza porque siguen teniendo dificultades para cubrir necesidades básicas. Es más, la entidad alerta de que la recuperación del empleo registrada en los últimos años no ha ido acompañada de una mejora en las condiciones de vida de una parte de la población. El informe describe, por tanto, un escenario marcado por la desigualdad, en el que el crecimiento económico y la recuperación del empleo conviven con dificultades crecientes para una parte de la población.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.
Página web: https://www.unioviedo.es/saotero/
Blog personal: https://catedraticasusanaalvarezotero.blogspot.com/