Esta semana ha estado marcada por un giro brusco en el comportamiento de los mercados, provocado por la caída de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial. La bolsa de Corea del Sur sufrió un desplome del 7,6% y acumula ya pérdidas del 39% desde los máximos de junio, mientras las ventas que comenzaron en los fabricantes de chips se extendieron a otros valores tecnológicos en Europa y Estados Unidos. En este contexto, los inversores buscaron refugio en la deuda, llevando la rentabilidad del bono estadounidense a diez años al 5,09%, pese a que los datos macroeconómicos publicados deberían haber presionado al alza los tipos. La inflación en Estados Unidos continúa acelerándose, con los precios de producción subiendo un 1,3% mensual y un 6,3% interanual, impulsados en más de un 80% por la energía, especialmente la gasolina, que se encareció un 20,3%. El consumo también mostró fortaleza, con ventas minoristas creciendo un 0,8%. Sin embargo, la reacción del mercado fue contraria a lo habitual: la preocupación por las caídas bursátiles pesó más que el temor a nuevas subidas de tipos, favoreciendo las compras de deuda y reduciendo su rentabilidad. En Europa, el IBEX 35 retrocedió un 0,28%, el Euro Stoxx 50 cayó un 0,39% y el DAX alemán avanzó un 0,35%, mientras los semiconductores concentraron las ventas. En Wall Street, el Dow Jones subía un 0,91%, el S&P 500 apenas avanzaba un 0,05% y el Nasdaq retrocedía un 0,38%. El oro alcanzó los 4.175 dólares por onza y el petróleo mantuvo precios elevados, con el Brent en torno a 106 dólares y el WTI cerca de 97,5.
En paralelo, se intensificó el debate sobre la estabilidad financiera en Europa ante el deterioro de la situación fiscal de Francia. JP Morgan considera que el BCE estaría dispuesto a levantar un “muro financiero” para proteger a España, Italia, Portugal o Grecia frente a un contagio procedente de Francia, pero no para rescatar directamente a la economía gala, cuya prima de riesgo ha escalado a 138 puntos básicos. El Instrumento para la Protección de la Transmisión (TPI) permitiría intervenir en defensa de países injustamente castigados por los mercados, pero Francia no cumple las condiciones necesarias debido a su déficit persistente, el aumento de los costes de financiación y la fragmentación política. UBS coincide en que el BCE actuaría antes para frenar el contagio hacia otros países que para intervenir en Francia, mientras algunos analistas advierten de que la magnitud de la deuda francesa —3,5 billones de euros— haría extremadamente delicada cualquier operación de apoyo. El BCE podría recurrir a medidas alternativas como frenar la reducción de su cartera de activos o reactivar reinversiones del programa PEPP, aunque estas opciones también implican riesgos inflacionarios y legales. En cualquier caso, la institución preferiría no activar el TPI y que Francia corrigiera sus desequilibrios por sí misma.
A nivel doméstico, y como destaco, como problema principal, la inflación en España se aceleró hasta el 4,9% en septiembre, impulsada por el encarecimiento de los carburantes, que subieron un 27,7% debido a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y al efecto base del descenso registrado hace un año. La inflación subyacente avanzó al 3,1%, su nivel más alto desde marzo de 2024, confirmando que las presiones inflacionarias ya afectan a componentes más estructurales de la cesta de la compra. El Gobierno activó la extensión del descuento de 20 céntimos por litro en gasolina y diésel y aprobó un nuevo escudo anticrisis con medidas como el tope a la tarifa regulada del gas y la limitación del precio del butano. Los alimentos también mostraron tensiones, con un aumento del 2,7% interanual, mientras los combustibles líquidos lideraron las subidas con un incremento del 64,7% en el último año. En este contexto, el Tesoro español logró captar más de 2.100 millones en letras a tres y nueve meses, pese a la tensión en los mercados de deuda, con rentabilidades marginales del 2,968% y 2,645%, máximos en dos años. La demanda superó ampliamente la oferta, reflejando la confianza en la economía española incluso en un entorno de endurecimiento financiero global.
En el ámbito europeo, desafortunadamente, España lidera la subida del precio de los alimentos entre las principales economías de la UE, con un incremento del 2,3% en agosto, solo por detrás de Chipre. Los supermercados están absorbiendo parte de los costes para contener el impacto en los consumidores, pero advierten de que no podrán mantener esta estrategia si persisten las presiones sobre la energía, el transporte y las materias primas. La industria alimentaria reclama ayudas directas para evitar que el encarecimiento energético comprometa su actividad. Al mismo tiempo, la renta fija global vive un periodo de tensiones, con los bonos soberanos de Estados Unidos, Francia e Italia sumando más de 100 puntos básicos en lo que va de año. El bono estadounidense a diez años cotiza en torno al 5,25%, arrastrando al resto de mercados, mientras el déficit fiscal de Estados Unidos roza los 2 billones de dólares y su deuda supera el 125% del PIB. En Europa, el IPC de la eurozona se sitúa en el 3,8% y el BCE podría elevar los tipos en 75 puntos básicos en los próximos meses. Francia vuelve a ser el foco de preocupación, con su deuda cotizando en niveles no vistos desde 2002 y su prima de riesgo en máximos de dos décadas.
En España, los autónomos han presentado propuestas para reformar la jubilación activa, reclamando eliminar el periodo de espera de un año y aumentar progresivamente la parte de la pensión compatible con el trabajo hasta alcanzar el 100% en el cuarto año. También piden elevar los límites de aportación a planes de pensiones, establecer cuotas cero para nuevos autónomos y reforzar las ayudas a la conciliación y la formación. En el mercado de la vivienda, los decretos aprobados por el Gobierno han provocado la retirada de 4.235 viviendas del alquiler en solo diez días, según la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. La oferta de alquiler se ha desplomado un 44% desde 2018 y las inmobiliarias alertan de que la incertidumbre regulatoria está paralizando operaciones y desviando inmuebles hacia la compraventa o el alquiler de temporada. La federación advierte de que la caída de operaciones podría alcanzar el 30% en las próximas semanas y reclama un “Plan Marshall de Emergencia” para garantizar el acceso a la vivienda.
A nivel local, los datos de Eurostat muestran que nueve de cada diez asturianos están al corriente de sus pagos de alquiler, hipoteca y suministros, aunque el 29,8% reconoce que no podría afrontar un gasto imprevisto, el porcentaje más alto de los últimos años. Asturias mantiene una situación relativamente favorable respecto a otras comunidades, pero los indicadores reflejan un deterioro progresivo desde 2022.
En el ámbito empresarial, la ingeniería asturiana TSK cayó casi un 6% en Bolsa después de que la Justicia británica ordenara el pago de 81 millones de euros en avales por la paralización del proyecto de la Central de Temane en Mozambique. La compañía aclaró que no forma parte del procedimiento judicial y que el pago no le corresponde, ya que existe un arbitraje en curso ante la Cámara de Comercio Internacional que podría resolverse en 2027 o 2028. TSK trabaja en un acuerdo amistoso con el cliente para evitar impactos adversos significativos.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.
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