Las bolsas europeas cerraban la semana con subidas en torno al +2% impulsadas por las expectativas de que se alcance un acuerdo en materia de política comercial entre Estados Unidos y China. La noticia se conocía en la jornada del viernes, donde China estaría dispuesta a eliminar la brecha comercial que mantiene con Estados Unidos. Las expectativas de que se alcance un acuerdo de política comercial entre Estados Unidos y China servían de catalizador a las bolsas europeas. El viernes conocíamos noticias donde se publicaba que Mnuchin estaría dispuesto a ofrecer un recorte de aranceles a China en la ronda de negociaciones de finales de enero y por el lado de China, en una información de Bloomberg, informaba que se comprometía a reducir la brecha comercial que mantiene con Estados Unidos. Estas noticias evidenciaban una voluntad de acuerdo por las dos partes. Por su parte, el otro gran asunto de la jornada estaba relacionado con el Brexit. El acuerdo de salida de la Unión Europea Brexit que defendía May era rechazado en el Parlamento Británico con una abultada derrota, generando un clima de enorme incertidumbre política a 10 semanas de que venza el plazo para que haga efectiva la desanexión de la UE. Pese a que May superaba la moción de confianza planteada por Corbyn y volviera a reactivar las conversaciones con todo el arco parlamentario, se ve difícil que pueda romper el bloqueo político y llegar a un acuerdo para el Brexit, no se descarta una salida sin acuerdo.
Paso ahora, amable lector, a referirme a la política moneraria para señalar que la semana nos ha dejado nuevas confirmaciones de que la Fed podría frenar en su proceso de normalización. Richard Clarida señalaba que la autoridad monetaria podría subir los tipos oficiales menos de lo proyectado en la última reunión (dos subidas), aumentando además la flexibilidad en cuanto a la reducción del balance. Por su parte, Esther George, que siempre ha sido uno de los miembros más hawkish del FOMC, llamaba a la paciencia de cara a las próximas subidas de los tipos oficiales en Estados Unidos. Por último, Charles Evans señalaba que la Fed no debe preocuparse porque la inflación repunte, y tiene que ser paciente de cara a las siguientes subidas de los tipos oficiales a pesar de la solidez económica y del mercado laboral. En cuanto al BCE, según una encuesta publicada por Reuters, la autoridad monetaria retrasará su primera subida de los tipos oficiales debido a que los riesgos de entrar en recesión aumentan. Según la encuesta, el BCE esperará hasta el cuarto trimestre de 2019 para subir el tipo marginal de depósito hasta el -0,20%. El tipo de refinanciación no se subiría hasta el 2020. Además, Draghi apuntaba que no ve indicios de recesión en la Eurozona, pero sí cierto debilitamiento que aconseja continuar con las políticas monetarias expansivas. Por lo que se refiere a la deuda, semana de TIRes a la baja en toda la deuda periférica, con caídas superiores a los 10 pbs tanto en las referencias a diez años de Italia, Portugal y España. Por su parte, la deuda core mantenía estabilidad a los dos lados del Atlántico.
Considero que, a nivel político, lo más destacado era la votación del acuerdo de Brexit, que finalmente se saldaba con una derrota histórica de May en el Parlamento. Si bien, May superaba la moción de confianza que le planteaba Corbyn.
Este divorcio, amable lector, es de lo más conflictivo y parece que va a ir a las malas. Aún así, Theresa May tiene dos opciones para sacar adelante su plan del Brexit. El Parlamento británico volverá a votar el 29 de enero sobre el pacto de salida de la UE. Para evitar otra severa derrota, la primera ministra debe buscar apoyo de los euroescépticos o de los pro-europeos. Theresa May sigue mostrando una resistencia a prueba de granadas políticas. Pese a sufrir esta semana la mayor derrota de la historia de un Gobierno británico en una votación parlamentaria, por el fuerte rechazo de los legisladores a su plan del Brexit, la primera ministra vuelve a la carga con un segundo intento para implementar de manera ordenada la salida de la Unión Europea. Según el calendario pergeñado por Downing Street, May acudirá a la Cámara de los Comunes el próximo 21 de enero para explicar sus ideas sobre cómo es posible mejorar el pacto alcanzado con la UE para efectuar el divorcio. El acuerdo con estos retoques, que deberían ser aceptados por Bruselas, serán llevados de nuevo al Parlamento para su votación el 29 de enero. El reto de la líder conservadora es de una tremenda envergadura. Tiene que dar la vuelta a la aplastante derrota que sufrió en la primera votación del Brexit, el pasado martes, cuando 432 miembros de la Cámara de los Comunes se opusieron al acuerdo firmado con la UE, y apenas 202 se pronunciaron a favor. Es decir, May debe convencer a un mínimo de 116 parlamentarios para que cambien el sentido de su voto de aquí a doce días. Tras salir airosa de la moción de censura presentada por el líder laborista Jeremy Corbyn, la primera ministra mostró su intención de negociar con distintos líderes y grupos parlamentarios sobre la mejor manera de buscar una fórmula para implementar el Brexit que tenga un apoyo mayoritario en los Comunes. Esos contactos ya han empezado, tanto con representantes de los grupos más pro-europeos como con los euroescépticos de su propio partido conservador y los del Partido Unionista Irlandés (DUP). Corbyn, de momento, rechaza reunirse con May si no descarta por completo la posibilidad de ir hacia un Brexit caótico el próximo 29 de marzo.Dos son las alternativas que tiene la primera ministra de cara a configurar un Plan B que pueda cambiar la aritmética parlamentaria. La primera pasa por intentar atraer a los 100 conservadores pro-Brexit más recalcitrantes, como Boris Johnson o Jacob Rees-Mogg, y a los 10 del DUP. Para ello, May debe convencer a Bruselas de que ponga una fecha límite a la permanencia de Reino Unido en la unión aduanera, algo previsto en el actual pacto como fórmula para evitar la instauración de controles en la frontera irlandesa. Los euroescépticos creen que esa cláusula deja a Reino Unido sujeto a las normas de la UE, sin tener voto en su promulgación, e impedirá desarrollar al país su propia política tarifaria. Sin embargo, se da por imposible que la UE acepte eliminar esa salvaguarda, ya que abriría el riesgo de poner de nuevo aduanas entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Otra posibilidad para contentar a los euroescépticos sería apostar por un tratado comercial mucho más liviano con la UE, al estilo de Canadá. El problema es que este modelo sigue sin dar solución a Irlanda, y además los números en el Parlamento tampoco salen. La suma de euroescépticos y DUP, junto a los fieles de May, podría ser batida por la oposición y por algunos tories pro-UE. La segunda opción, que puede ser una salida más «soft», es buscar el respaldo de los parlamentarios que quieren un Brexit más blando, muchos de ellos en el Partido Laborista. Para ello, May podría ofrecer una unión aduanera permanente con la UE y un mayor acceso al mercado común. Pero Bruselas exigiría a cambio el mantenimiento de la libertad de entrada de trabajadores europeos en Reino Unido, algo que la propia primera ministra y muchos dentro de su partido quieren cortar. Es decir, ganarse a los diputados de la oposición generaría una ruptura interna del grupo conservador. Menos factible parece por el momento que May acepte convocar otro referéndum para que los británicos decidan qué hacer con esta patata caliente, con la opción de dar marcha atrás al Brexit. Por tanto, es posible que el 29 de enero May vuelva a ser derrotada y siga el bloqueo parlamentario. La única opción que parece suscitar cierta mayoría es que, para evitar una salida sin acuerdo, va a ser necesario extender la fecha del Brexit más allá del 29 de marzo. El líder laborista Jeremy Corbyn se ha negado a reunirse con la primera ministra Theresa May para buscar algún tipo de posición común de cara a la implementación del Brexit. En una carta enviada a Downing Street, el jefe de la oposición pide a May que descarte por completo la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, como condición para sentarse a negociar. Según Corbyn, de este modo quiere evitar que la táctica de May sea perder tiempo con estas conversaciones hasta poner al Parlamento entre la espada y la pared, al tener que aceptar su plan del Brexit o afrontar una salida caótica de la UE el 29 de marzo. En su respuesta, la primera ministra dice a Corbyn que descartar un Brexit sin acuerdo es «una condición imposible», ya que no está en su mano impedir este desenlace. «Según el artículo 50 del Tratado Europeo y la Ley del Brexit de 2018, dejaremos la UE sin acuerdo el 29 marzo a no ser que el Parlamento acepte un acuerdo o que Reino Unido revoque el artículo 50 y opte por seguir en la UE. Creo que sería un error dar la vuelta al resultado del referéndum», advierte Theresa May en su carta.
A nivel doméstico, el Gobierno ha aprobado un golpe fiscal de más de 2.000 millones a las empresas. El Consejo de Ministros dio luz verde a los anteproyectos de ley que crean las ‘tasas Google’ y ‘Tobin’, que entrarán con retraso en el Congreso para su tramitación. Queda pendiente la validación del anteproyecto de lucha contra el fraude. Estaba previsto que los impuestos operaran desde enero y, en último término, que hubieran entrado en el Congreso en diciembre. Estos dos impuestos, que crea España en solitario y sin esperar a los proyectos de la UE al respecto, van en paralelo a los Presupuestos, pero su impacto se incluye en el plan presupuestario que entró en el Congreso el lunes. El Consejo de Ministros ya estudió estos anteproyectos, junto con el del fraude, en octubre como paso previo a su apertura a audiencia pública, que concluyó en noviembre. El impuesto sobre determinados servicios digitales, que prevé recaudar unos 1.200 millones de euros, establece un gravamen del 3% sobre los ingresos obtenidos por publicidad, servicios de intermediación y venta de datos online. El tributo se liquidará trimestralmente y se aplicará a las tecnológicas que facturen más de tres millones de euros en España y 750 millones en el resto del mundo. Según el texto, la ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE. La normativa prevé sanciones de hasta el 0,5% del importe neto de la cifra de negocios para las empresas que traten de ocultar la ubicación del usuario de esos servicios mediante el falseamiento u ocultación de la dirección IP. Y de hasta 15.000 euros para el caso de personas o entidades que no desarrollen actividades económicas. Hacienda estima que el impuesto va a recaudar al menos 100 millones de euros de las empresas de telefonía. Así lo detalla en la Memoria de impacto normativo del anteproyecto de Ley. «Para contrastar la estimación anterior, por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se han efectuado estimaciones parciales a partir de la información contenida en la base de datos Orbis», dice. Así, en el caso de las empresas de telefonía, razona el texto, «simplemente considerando que un 10% de sus operaciones pueda quedar sujeto, la recaudación podría situarse en torno a 100 millones, sin que esta metodología se pueda extender con facilidad a otros sectores, con independencia de que todo haga presumir que el impacto para las grandes multinacionales cuya actividad básicamente se produce en el ámbito digital pueda ser muy superior». Por su parte, el impuesto sobre transacciones financieras, que prevé recaudar 850 millones de euros, consiste en un gravamen del 0,2% sobre las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros, que cada año aparecerán recogidas en un listado que publicará Hacienda. También entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE. La tasa Tobin no afectará a las salidas a Bolsa, reestructuraciones empresariales, operaciones entre sociedades del mismo grupo ni cesiones temporales, la deuda y los derivados. El encargado de liquidar será el intermediario financiero, con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación. Habrá una declaración anual y una liquidación mensual. La tasa gravará también las operaciones intradía. Esto es, se aplicará sobre la compra y posterior venta de acciones que se realice en un mismo día, si bien la base imponible se establecerá a partir del saldo neto de los valores adquiridos. La inclusión de estas operaciones intradía es el principal argumento para explicar la elevada recaudación respecto a la obtenida en otros países. Originariamente se pensaba emplear para financiar la subida de las pensiones. La ministra de Hacienda dijo el lunes que no se destinará a la Seguridad Social.
Comento, de seguida, una buena noticia para todos los opositores, circunstancia por la que muchos hemos pasado: OPOSITAR. La Federación de Justicia convocará 500 plazas para jueces y fiscales en 2019. El Ministerio de Justicia, que dirige Dolores Delgado, ha anunciado que convocará 500 plazas para jueces y fiscales en el año 2019 en caso de que se apruebe el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 presentado el pasado viernes por el Gobierno de Pedro Sánchez. La cifra, explica, supera en 200 plazas la prevista en las cuentas anuales del año pasado y es la más alta de los últimos 25 años. Según apuntan desde el ministerio, la convocatoria de estas 500 plazas de jueces y fiscales contribuirá a rebajar la pendencia de asuntos y los tiempos de respuesta en los tribunales, dando a su labor diaria una mayor celeridad y permitiendo reforzar los órganos que más lo necesiten. La medida, en definitiva, redundará en la mejora del servicio público que presta la administración de Justicia a los ciudadanos, una de las prioridades de la ministra Dolores Delgado. La cifra supera en mucho a la de los ejercicios precedentes. En 2013, la oferta fue de 50 plazas para ambas carreras, mientras que, en los ejercicios de 2014, 2015, 2016 y 2017, ascendió a 100. En el Presupuesto de 2018, el número de puestos fue de 300, 200 menos de las que se convocarán en 2019 siempre que el Parlamento apruebe el proyecto de Presupuestos.
No me ha sorprendido que la federación de Autónomos ATA haya solicitado integrarse en la CEOE. Fuentes de ATA han confirmado que la propuesta, que se ha sometido a votación el pasado martes, ha contado con 32 votos a favor y uno en contra. La federación trabajará para buscar un acuerdo de integración en la patronal. ATA se fundó en el año 1995 y está compuesta por agrupaciones y asociaciones nacionales, autonómicas, provinciales, locales, sectoriales e intersectoriales, que gozan de personalidad jurídica propia y cuyo ámbito profesional comprende a todos los empresarios y trabajadores autónomos personas físicas, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. En la actualidad, la federación cuenta con casi 90 sedes, en 45 provincias españolas.
No quiero dejar pasar el comentario sobre lo tristes que me han resultado las escenas violentas, que hemos visto en los informativos, de nuevo, por el conflicto del taxi.. No me parece de recibo ver eso en una sociedad, supuestamente civilizada. Los taxistas de Barcelona han decidio mantener la huelga a la espera de una nueva reunión con la Generalitat.
Varios centenares de taxistas han bloqueado con sus vehículos la Gran Vía de Barcelona en protesta por la nueva normativa que impulsa el Govern para regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que establece que estos servicios deban contratarse con una antelación mínima de 15 minutos.
En efecto, los taxistas de Barcelona han decidido mantener la huelga indefinida iniciada contra el decreto del Govern para regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC). En declaraciones a los periodistas tras una asamblea de taxistas celebrada a en la confluencia del paseo de Gràcia con la Gran Via, Álberto Álvarez, el portavoz de la asociación más representativa del sector, Élite Taxi, ha exigido al Govern que aumente el período de precontratación de los VTC, que el ejecutivo catalán insiste en mantener en un mínimo de 15 minutos. Entre tanto, unos 450 taxis, según estimaciones de la Guardia Urbana de Barcelona, continúan ocuparon el tramo central de la Gran Vía de Barcelona entre las calles Entença y Girona. Al inicio de la asamblea, Álvarez ha hecho un llamamiento al colectivo de taxistas a no repetir episodios violentos como los vividos porque «los taxis no somos violentos y la violencia no nos ayuda en nuestra lucha», ha dicho, aunque al mismo tiempo ha garantizado asistencia jurídica a los taxistas detenidos. Álvarez ha asegurado que el sector del taxi acudirá a la reunióncon el único objetivo de lograr que la Generalitat aumente el tiempo mínimo que debe pasar entre que un usuario contrata el servicio de un Uber o un Cabify y se presta este trayecto. El sector del taxi reclama oficialmente un período de precontratación de 24 horas, pero es consciente al mismo tiempo de que la administración no cederá a esa demanda, y Álvarez tampoco ha aclarado con qué propuesta concreta acude a la reunión . Se ha limitado a comentar que exige al ejecutivo catalán un tiempo mayor a los 15 minutos que propone el Govern, y ha insistido en que ese es el «único punto» clave de cara a desactivar la huelga. «La precontratación de quince minutos es inaceptable, porque eso supone legalizar los VTC y solo falta pintarlos de amarillo y negro, (los colores de los taxis en Barcelona)», ha dicho Álvarez. Según el portavoz de los taxistas, a la reunión acudirán representantes del departamento de Territorio, de Economía, de la AMB y del sector del taxi. Durante la asamblea, se han debatido opciones posteriores de protesta, como bloquear los accesos del Puerto de Barcelona o concentrarse ante la sede del departamento de Economía de la Generalitat. «Seguramente el lunes estemos ante la conselleria de Economía de la Generalitat protestando porque sabemos que el deseo de Territori era poner algo más de tiempo (en la precontratación) y Economía y la Autoridad de la Competencia de Cataluña dicen que ‘no'», ha sentenciado Álvarez, aunque luego ha dejado claro que no se ha tomado ninguna decisión oficial. Por otra parte, los taxistas han votado a favor de destinar una parte de los taxis que están en huelga a atender emergencias sanitarias y sociales, y han acordado con los organizadores de la carrera de Sant Antoni, dejar libre el carril bus de la Gran Vía para que puedan pasar los corredores. Durante la asamblea, un taxista ha planteado a sus compañeros volver a trabajar, aunque haciéndolo a marcha lenta, pero esa idea ha sido desestimada por la mayoría de los asistentes. Por su parte, los taxistas madrileños mantienen la convocatoria de huelga indefinida a partir de mañana lunes, 21 de enero, pese a la oferta del presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, de hacer una reforma legal exprés «en defensa de los derechos» de este sector, ya que advierten de que hay otras administraciones que «tienen que responder» a sus demandas. El presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, ha informado de que el lunes los representantes de las asociaciones convocantes (Asociación Madrileña del Taxi, Federación Profesional del Taxi de Madrid y Asociación Gremial de Auto Taxi de Madrid), de la Asociación Elite Taxi Madrid y de la Plataforma Caracol mantendrán una reunión con Garrido, que les ha citado a las 9.30 horas en la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol.
A nivel local, de nuestra Asturias patria querida, señalo que Alcoa y sindicatos alcanzan preacuerdo ‘in extremis’ en negociaciones del ERE.
La comisión negociadora del expediente de regulación de empleo (ERE) para las plantas de Alcoa de A Coruña y Avilés ha alcanzado un preacuerdo que, entre otras cuestiones, pasa obligatoriamente por que el Gobierno adquiera el compromiso de mantener el empleo en caso de que no exista un inversor para las plantas a 30 de junio de este año. Según informan los comités de A Coruña y Avilés, «tras una larga y dura negociación por las partes», ha logrado alcanzarse este preacuerdo, «que obligatoriamente debe estar ratificado por dos pilares fundamentales», explican. Uno de ellos es que el Gobierno «debe adquirir un compromiso en cuanto al mantenimiento del 100% del empleo a fecha 1 de julio de 2019 en el caso de que no exista ningún inversor para las dos plantas que garanticen su funcionamiento más lejos del 30 de junio», señalan sobre el plazo fijado para encontrar este comprador. Por otra parte, indican que «para este mantenimiento del empleo, Alcoa se ha comprometido a dotar una cantidad de 20 millones de euros para cada planta para la mejora de instalaciones de las series de electrólisis y posible rearranque de las mismas», señalan tras la propuesta de la empresa de proceder al cese de la actividad de las mismas de una manera ordenada. De esta forma, según avanzó en su momento la multinacional tras realizar esta propuesta en las reuniones de la comisión negociadora –tras el anuncio de cierre de ambas plantas–, sería posible el «rearranque» de las cubas. Eso sí, si finalmente, antes del 30 de junio, fecha fijada por la multinacional para el cierre de las fábricas, se encuentra un comprador. Hasta esa fecha, se mantendría la actividad de la parte de la fundición en ambas fábricas y de la torre de pasta, en A Coruña. Los trabajadores de ambas plantas -369 en la de A Coruña y 317 en la de Avilés- deben ratificar también en asamblea el citado preacuerdo. Los comités celebraron una reunión con responsables del Ministerio de Industria y de Trabajo para hacerles entrega del preacuerdo «y para que se ratifiquen en el compromiso del mantenimiento del empleo» más allá del 30 de junio, un aspecto que para los sindicatos sería de obligado cumplimiento para poder dar por cerrado un acuerdo. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha asegurado este miércoles que la mediación del Gobierno ha facilitado el preacuerdo que da salida a la crisis de Alcoa. La obsesión de los trabajadores y las administraciones desde que Alcoa anunció su decisión de cerrar las plantas de Avilés y La Coruña. Primero se logró ir prorrogando las negociaciones del expediente de regulación de empleo de extinción y, ahora, cuando han tocado a su fin, todos reclamaban un margen mayor para encontrar un inversor que quiera hacerse con las factorías. Y eso es lo que terminó ofreciendo la multinacional aluminera, medio año escaso de plazo para que fructifiquen las negociaciones que mantiene el Gobierno con posibles interesados, además de mejoras en el plan social y el mantenimiento del empleo. Ante la negativa rotunda por parte de la compañía de revertir el proceso, en la última jornada de negociación, los representantes de los trabajadores buscaron, sobre todo, avances en materia económica para que otro titular se pueda hacer con las instalaciones y garantizar los puestos de trabajo. Los miembros de los comités consiguieron que la empresa se comprometa a mantener la plantilla hasta el 30 de junio, incluso parando las líneas de electrolisis, y no aplicar el expediente de regulación de empleo temporal como paso previo a los despidos. Eso sí, para ello exige que, si finalmente no hay cambio de titularidad, las salidas queden ya pactadas y aceptadas. Alcoa insistió en su intención de parar de forma ordenada las series de electrolisis, aunque ofreció doce millones de euros para cada planta para volver a ponerlas en marcha si finalmente se encuentra un grupo interesado en retomar la actividad. La discusión sobre esta inversión, que los representantes sindicales consideraron escasa, fue uno de los puntos que más fricciones generó y que retrasó el acuerdo, que tendría que ser refrendado en asamblea por las dos plantillas. La multinacional, finalmente, cedió y puso sobre la mesa 20 millones por factoría, los mismos que pactó al cerrar su planta de Portovesme, en Italia, de la que se hizo cargo la comercializadora de metales suiza Siders Alloy y que la pasada semana cerró un acuerdo con Chinalco, el mayor productor de aluminio de China, para modernizar las cubas de electrólisis, invertir 135 millones y contratar a unos 500 trabajadores. La propuesta de Alcoa mejora con creces la oferta realizada en anteriores reuniones, que pasaba por mantener únicamente 200 trabajadores de los 686 de las dos plantas y enviar al resto a un expediente de regulación de empleo temporal hasta su despido definitivo en junio, si no había un traspaso de la titularidad. Se vivieron momentos de tensión, tanto dentro como fuera de las negociaciones y entre los distintos miembros de la parte social, con desencuentros entre el comité gallego y el asturiano, ya que el primero insistió durante casi toda la jornada en que solo daría el sí a una propuesta que pasara por la nacionalización de las factorías, una posibilidad que el Gobierno rechazó en varias ocasiones. «No estamos en un régimen comunista», llegó a contestar la la ministra de Empleo, Magdalena Valerio, (¡y gracias a Dios que lo dijo!) cuando se le planteó esta posibilidad. Mientras, a las puertas del edificio madrileño del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en el que tuvo lugar la reunión, también hubo momentos de tensión, ya que fuera esperaban trabajadores asturianos y gallegos que se desplazaron a la capital para dar apoyo a sus compañeros. Algunos empleados de la factoría de La Coruña intentaron cortar la calle y llegaron a enfrentarse con la Policía, que retuvo a algunos de ellos.
Como asturiana me resulta muy triste esta situación. Tanto la de Alcoa como la de otras empresas de nuestra región. Como economista liberal y persona situada políticamente en torno al centro, no veo otra salida que un cambio de signo en el gobierno regional que reoriente medidas y decisiones que se están tomando mal, desde hace mucho tiempo, además de, a veces, inacción de gobierno en el Principado de Asturias.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.