Las bolsas europeas registraban avances generalizados de en torno al 2%-3% a pesar de la incertidumbre que sigue despertando el Brexit, la falta de referencias sobre un acuerdo definitivo entre EE.UU. y China y las débiles referencias macro. Durante la semana, el principal foco de atención se centraba en el Brexit, en tanto que la Cámara de los Comunes era testigo de sendas votaciones claves para el devenir del proceso. El martes, los parlamentarios británicos tumbaban por segunda vez el acuerdo que May alcanzaba con Bruselas, si bien esta vez por una menor diferencia que en la votación de enero (diferencia de 149 votos vs 230 votos en enero). A su vez, el miércoles, la Cámara descartaba la posibilidad de un Brexit duro (una salida de la UE sin acuerdo), moción que debilitaba la posición de la primera ministra, que quería mantener esa opción abierta como baza para forzar la negociación con Europa. Finalmente, el jueves los comunes aprobaban la moción que exigía al gobierno pedir a Bruselas una extensión del plazo de salida más allá del 29 de marzo. A su vez, se descartaba rotundamente (por 249 votos) la enmienda de un grupo de parlamentarios que defendía celebrar un segundo referéndum, y también se desechaba la posibilidad de celebrar una votación el próximo miércoles para comprobar qué opción de futuro contaría con mayor respaldo (esta sí, por una diferencia minúscula de solo 2 votos). En este contexto, se contemplan dos posibles escenarios; por un lado, si la Cámara aprueba un nuevo acuerdo de May con Bruselas antes del 20 marzo, Londres pedirá un extensión técnica de salida que se prolongue hasta el 30 de junio para desarrollar la legislación necesaria que permita transponer el pacto; en el caso de que los comunes tumben el acuerdo de May por tercera vez, Reino Unido pediría a Bruselas una extensión más larga de la fecha de salida (incluso superior a un año), en el que podría replantearse el proceso. En este sentido, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se mostraba dispuesto a conceder una extensión más alargada, la cual se sometería a votación por parte de los 27 miembros de la UE.
En el frente comercial, acorde a declaraciones del presidente americano, el devenir de las negociaciones con China podría conocerse en las próximas tres o cuatro semanas. En esta línea, se habrían conseguido avances sustanciales, pero las diferencias que todavía existen en temas estructurales, así como en la protección de la propiedad industrial o la manipulación de la divisa, hacen que todavía no se visualice una fecha para el acuerdo definitivo.
Sin duda, amable lector, el protagonismo de la semana se lo lleva el Parlamento británico que ha aceptado aplazar el Brexit y rechaza un segundo referéndum. Ante esta situación, cabe preguntarse lo que planteo en el título de esta entrada del blog: ¿Hasta cuándo estaremos así? La Cámara respalda pedir una extensión de tres meses a Bruselas si consigue sacar adelante el acuerdo el próximo miércoles. A tan solo dos semanas del precipicio, el Parlamento británico respaldó este pasado jueves que el Gobierno solicite a Bruselas una extensión del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que fija el plazo de salida de Reino Unido de la UE, previsto inicialmente para el próximo 29 de marzo. Los Comunes descartaron, sin embargo, celebrar un segundo referéndum. La Cámara aprobó por una mayoría de 50 votos (412 a favor y 202 en contra) la propuesta planteada por Theresa May, que supone aplazar tres meses el Brexit si el acuerdo de salida –rechazado ya en dos ocasiones– es aprobado finalmente la semana que viene. De lo contrario, el Gobierno tendrá que solicitar una extensión mucho más larga, que podría ser de hasta casi dos años, un escenario al que tienen pánico muchos euroescépticos, ya que podría acabar frustrando el Brexit. A pesar de sacar el plan adelante, el cisma sigue presente entre la bancada tory: tan solo 112 conservadores respaldaron a May, frente a 188 que le dieron la espalda. Tras la votación, la Comisión Europea recordó que la prórroga necesitará del respaldo unánime de la UE para salir adelante. El Ejecutivo británico pedirá una extensión hasta el 30 de junio solo si el Parlamento da luz verde al acuerdo el próximo miércoles, 20 de marzo. Este último intento –el tercero, tras dos sonados rechazos– se celebrará la víspera del Consejo Europeo de los días 21 y 22, una cita en la que los Veintisiete tendrán que decidir, una vez recibida la petición formal de Londres, si aceptan o no conceder la prórroga corta, que deberá estar suficientemente justificada. May explicó que se trataría de una “extensión técnica” para tener margen de trasponer toda la legislación necesaria para la salida. En caso de no sacar adelante el acuerdo, el Gobierno se vería entonces abocado a pedir una extensión mucho mayor (de hasta 21 meses), lo que obligaría a Reino Unido a participar en las elecciones europeas de finales de mayo. Una amenaza con la que May pretende presionar al ala más dura de su partido para que apoye su acuerdo, ya que muchos temen que una prórroga tan larga suavice el Brexit o, incluso, lo anule. El Ejecutivo, añadió que si el texto es rechazado el miércoles próximo, los Comunes dispondrán de dos semanas, hasta mediados de abril, para consensuar una hoja de ruta que justifique ante Bruselas los siguientes pasos a seguir. Antes de la votación del plan de May, el Parlamento tumbó las cuatro enmiendas presentadas, incluida la celebración de un segundo referéndum. Esta iniciativa, presentada por el recién creado Grupo Independiente, fue rechazada por un importante margen de 249 votos al no contar con el respaldo del Partido Laborista. La formación se abstuvo alegando que no era el momento para decidir sobre este tema, lo que le valió duras críticas de los escoceses del SNP. Tan solo 25 laboristas votaron a favor y 18, en contra, lo que demuestra la división del partido sobre esta cuestión. No salió adelante, aunque por una estrechísima diferencia de dos votos, una enmienda que hubiera permitido al Parlamento tomar el control de las próximas iniciativas sobre el Brexit. Tampoco obtuvo el respaldo una iniciativa de los laboristas que pedía extender el plazo para tratar de lograr una mayoría parlamentaria capaz de respaldar el texto. La última moción, que instaba a May a no presentar por tercera vez su acuerdo en la Cámara fue retirada. Horas antes, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, acudió una vez más en ayuda de la primera ministra británica al respaldar la posibilidad de una prórroga larga para que el país pueda dar un enfoque distinto al Brexit. “Durante mis consultas antes de la cumbre europea (de los próximos 21 y 22 de marzo), pediré a los Veintisiete que estén abiertos a una larga extensión si el Reino Unido encuentra necesario repensar su estrategia del Brexit y construir consenso sobre ello”, sostuvo Tusk. ¿Servirá de algo una prórroga corta? Muchos en Bruselas dudan seriamente de que una extensión de dos o tres meses pueda desbloquear la parálisis del Brexit. El acuerdo de May ya ha sufrido dos fuertes batacazos, y la UE reitera que no hará más concesiones, por lo que, para muchos, es difícil imaginar cómo unas pocas semanas de más pueden hacer cambiar de opinión a más de 391 diputados que votaron en contra. ¿Extender la agonía dos años más? La paciencia de los socios comunitarios se agota y muchos quieren pasar ya página y gastar sus energías y recursos en otros temas urgentes para la unión a Veintisiete. No obstante, cada vez más socios creen que solo una extensión amplia podrá permitir cambios sustanciales que desbloqueen la situación, como la convocatoria de elecciones anticipadas o la celebración de un segundo referéndum.
A nivel doméstico debemos tener en cuenta que el jamón, la ropa y los coches españoles, objeto de aranceles si hubiera «Brexit» duro van a sufrir. Esta posibilidad parece descartada, de momento. Las pymes asturianas podrán evaluar sus riesgos con una herramienta de Asturex. La nueva política arancelaria temporal propuesta por el Gobierno británico para un escenario de «Brexit» sin acuerdo podría afectar a sectores claves de la economía española, como el motor, la cerámica, el textil o el agroalimentario. En el caso de que Londres hubiese optado por un «Brexit» duro, la nueva política arancelaria eximiría de aranceles a un 87 % del valor de las importaciones (frente al 80 % actual), sobre todo de fuera del bloque comunitario. De acuerdo con las tablas del Ministerio británico de Comercio, las importaciones de coches y camiones desde la UE al Reino Unido llevarían tarifas del 10,6 %, la misma que se impondría a las multinacionales que operen en un país comunitario. Esto afectaría, por ejemplo, a la marca automovilística española Seat (integrada en el grupo alemán Volkswagen). Otro sector español que se vería afectado por las medidas sería la industria azulejera y de la cerámica, a cuyas exportaciones se impondría una tarifa del 5 %. El textil, con gigantes como Inditex a la cabeza, afrontaría un arancel del 12 %. Entre el 13 % de las importaciones que también estarían sujetas a aranceles figuran la carne de vacuno, de cordero, de ave y algunos productos lácteos, ya que su objetivo es proteger a los agricultores y productores del Reino Unido de importaciones baratas. En este sentido, algunas importaciones del sector agroalimentario español deberían asumir un suplemento de 10,2 euros por cada cien kilogramos de producto, como es el caso del jamón, un procesado de la carne porcina. En Asturias, la Sociedad de Promoción Exterior (Asturex) ha puesto en marcha en su página web una herramienta que permitirá a las empresas con intereses en el Reino Unido conocer su grado de exposición al «Brexit» y prepararse para afrontar el impacto en sus negocios. La herramienta facilitará a las pymes un análisis de sus riesgos, contribuirá a que los empresarios puedan elaborar planes de contingencia y aportará recomendaciones «imprescindibles para mitigar los riesgos derivados de este fenómeno».
A nivel del mercado de automóviles, también tendría efectos. Un Brexit sin acuerdo – que, de momento, parece descartado, aunque todo da muchas vueltas con el Brexit- afectaría las ganancias de los fabricantes de vehículos europeos, según Moody’s. La agencia de calificación ha cambiado su perspectiva de la industria automovilística de ‘estable’ a ‘negativa’. Un Brexit sin acuerdo tendrá consecuencias «negativas» para la industria automovilística global y Japón, Reino Unido y algunos fabricantes alemanes verán afectadas sus ganancias debido a los aranceles de aduanas (10%) y a las interrupciones del comercio, según un informe realizado por la agencia de calificación Moody’s. Por ello, apunta el informe, tanto Reino Unido como el resto de Europa deberán reevaluar sus estrategias de producción, ya que un Brexit sin acuerdo interrumpirá las operaciones de Japón, Reino Unido y algunos fabricantes de vehículos alemanes que cuentan con una «notable» capacidad de producción en el país. «La producción en el Reino Unido de estos fabricantes de vehículos está altamente interconectada con la Unión Europea, por lo que un Brexit sin acuerdo creará un impacto negativo significativo a través de varios canales, en particular, por el cese del comercio sin aranceles con los países de la Unión Europea», señaló el vicepresidente de Moody’s, Motoki Yanase Moody’s también ha cambiado la perspectiva de la industria automovilística mundial de ‘estable’ a ‘negativa’ debido a la expectativa de que es «poco probable» que las ventas globales de vehículos se recuperen «significativamente» en 2019 y 2020. La agencia espera que las ventas de vehículos en Estados Unidos disminuyan y que las matriculaciones de Europa Occidental experimenten un «ligero» crecimiento, pero considera probable que las entregas en China desaceleren hasta un crecimiento del 2% en 2019 y del 1,8% en 2020.
Por cambiar de tercio, quiero mencionar que Internet cumple 30 años: su creador reflexiona sobre su estado. El inventor de la World Wide Web, el británico Tim Berners-Lee, lanzó la pasada semana en Ginebra un llamamiento para que los usuarios puedan controlar sus datos, coincidiendo con los 30 años de la creación de esta red informática mundial. Treinta años después de la propuesta para la creación de la Web, su autor Tim Berners-Lee -reconocido como el «padre» del protocolo que permitió el uso y expansión de internet- ha pedido aprovechar este aniversario para rectificar errores y evitar su mala utilización. «Mientras la Web ha creado oportunidades, dando voz a grupos marginados y haciendo más fácil nuestras vidas, también ha creado oportunidades para los estafadores, ha dado voz a los que proclaman el odio y hecho más fácil cometer todo tipo de crímenes», reflexiona el científico británico en una carta abierta. Publicado en la víspera de una serie de eventos con los que se marcará este 30 aniversario -en Ginebra, Londres y Lagos- el mensaje del inventor de la Web es una llamada de atención a todos aquellos que tienen una parte de responsabilidad en que internet funcione mejor y en beneficio de todos. Berners-Lee se aparta del derrotismo y considera perfectamente posible que los próximos treinta años de la Web sirvan para «cambiar hacia mejor», ya que, «si no nos esforzamos en construir una mejor Web hoy, entonces no digamos que la Web nos ha fallado, porque seremos nosotros los que le habremos fallado a la Web». El físico de formación y especialista en ciencias de la informática siguió trabajando en el CERN por algunos años después de su invento en 1989 para luego seguir su carrera en Estados Unidos. Hace nueve años fundó la WebFoundation, desde la que promueve el acceso a la Web y a sus beneficios como un derecho. Con todo el conocimiento acumulado, Berners-Lee considera que la piratería y los ataques promovidos por los Estados, así como el acoso y los comportamientos criminales en línea como algunas de las mayores causas del disfuncionamiento de internet. Otra tendencia que le preocupa es la que «crea incentivos perversos» con fines comerciales, como aquellos que generan ingresos a través de la propagación de información falsa o las estrategias para captar la atención de los usuarios e inducirlos a los clic («ciberanzuelos»). En una breve reunión con un grupo de periodistas en Ginebra, el inventor de la Web reconoció que son legítimas las preocupaciones de los detractores del internet en cuestiones como el respeto de la privacidad y el impacto de las redes sociales en las democracias. Lanzó en este sentido una crítica directa a la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la que responsabilizó de «haber puesto en duda la neutralidad de internet», en referencia a la utilización masiva de las redes sociales por parte de Rusia para influir en su favor en las elecciones presidenciales de 2016. En materia de privacidad, el científico afirmó que los datos de los usuarios «no deben ser tratados como una mercancía, ni debe permitirse que se vendan, porque constituyen un derecho de las personas». Más aún, consideró que el uso de esos datos con fines políticos debería simplemente estar prohibido. Sobre las regulaciones y su alcance, Breners-Lee dijo que cada área debe ser analizada por separado, para aplicar regulaciones fuertes donde se requiera y más suaves donde esto sea suficiente.
También a nivel doméstico, me parece muy destacable que Bruselas reprende a España por su mercado «fragmentado» que «obstaculiza» la economía. La Comisión Europea critica el carácter «restrictivo» de las regulaciones regionales y que la legislación estatal ha dado frutos «escasos». Duro tirón de orejas desde Bruselas a España por sus más que limitados avances en uno de los objetivos que, por otro lado, resulta una de las asignaturas también pendientes de completar en la propia Unión Europea si bien es en la que mayor énfasis lleva poniendo hace años. Hablamos de la unidad de mercado, una realidad que en el país choca con las múltiples legislaciones territoriales, sobre todo a nivel autonómico y municipal. La Comisión (CE) centra sus críticas en la «fragmentación» normativa de las comunidades autónomas, que a su juicio «obstaculiza la actividad económica». En su último informe semestral sobre «la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos» en España, las autoridades comunitarias reconocen que a nivel estatal se han estudiado medidas «destinadas a eliminar las regulaciones innecesarias en función del tamaño de las empresas», que a la vez impiden en última instancia su «crecimiento», pero lamenta que no se hayan realizado actuaciones «concretas». Sí se aprobó hace cinco años la Ley de Garantías de Unidad de Mercado (LGUM), por cuyo cumplimiento vela la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según los datos ofrecidos por este organismo, en ese período ha llevado a cabo 381 actuaciones de control, de las que más de un tercio fueron para eliminar «obstáculos o barreras detectados por los operadores económicos, los consumidores o los usuarios». Además, en catorce casos terminó en los tribunales -como recurrente o recurrida por sus decisiones-, de los que ganó una decena, total o parcialmente. Pero en Bruselas no lo ven suficiente y critican que dicha ley «apenas ha dado resultados perceptibles», pese a admitir que «sigue siendo» un instrumento «importante para garantizar» la libre circulación de bienes y de servicios, así como el establecimiento de operadores económicos por todo el país. «Es necesario -apostilla- realizar mayores esfuerzos para su aplicación». En este sentido reclaman una cooperación «más fuerte y sostenida» entre el Ejecutivo central y los autonómicos que, «de momento», ha arrojado unos frutos «tangibles escasos». Por sectores, esa situación -denuncia la Comisión Europea- resulta «especialmente dramática» para los servicios minoristas, donde las restricciones continúan siendo «elevadas». España está entre los diez Estados de la UE con mayores obstáculos al establecimiento de locales comerciales -por ejemplo, la doble autorización administrativa aún en vigor-, y también sobresale de forma negativa en trabas operativas, como en horarios de apertura y períodos de rebajas. Además, el impuesto específico a ese sector -avisa- «afecta a su competitividad» frente al comercio electrónico, «que está ganando terreno en España». Las «barreras innecesarias en la regulación», destaca la CE, no se limitan al comercio. También ven dificultades en la integración del país en el mercado de la energía de la Unión, que ven aún «limitada», así como en el acceso a los colegios profesionales, donde las restricciones superan la media europea en sectores como la arquitectura, la ingeniería, los servicios jurídicos y los informáticos. Todo ello, advierten los responsables europeos, «impide a las empresas aprovechar las economías de escala», además de que «reducen el dinamismo y limitan la competitividad». El gobierno creo que debería tomar buena nota de esto, al tratarse de recomendaciones y advertencias directas que vienen de Bruselas.
Pasando al sector bancario, me parece positivo que los inspectores del Banco de España aplaudan que el Congreso asuma su tesis sobre la crisis financiera. El dictamen incorpora siete de sus propuestas para reformar la supervisión. La comisión de investigación apunta a una «grave irregularidad» del supervisor. La pasada semana, el Congreso de los Diputados aprobó en Pleno el dictamen final de la comisión de investigación sobre la crisis financiera. El informe, aprobado gracias a los votos favorables de PP, PSOE y Unidos Podemos, incluye críticas sobre la actuación de reguladores y supervisores tanto a la hora de prevenir la crisis como en las medidas tomadas para gestionarla, así como un catálogo de propuestas legislativas para reformar la normativa bancaria. Buena parte del diagnóstico sobre la crisis financiera que desde hace años defiende el colectivo de inspectores de entidades de crédito en España, muy crítico con la labor de la cúpula directiva y ejecutiva del supervisor, ha sido incorporado al dictamen de la comisión de investigación. Así lo señala la Asociación de Inspectores y Auditores Informáticos del Banco de España (AIBE), que en un reciente comunicado interno tilda de «momento histórico» la aprobación de este informe parlamentario, toda vez que se atienden en el mismo diversas reclamaciones y propuestas lanzadas desde hace años por los equipos de inspección. La principal reivindicación del colectivo inspector atendida por el Congreso es la aprobación de un estatuto del inspector de entidades de crédito. El Parlamento insta en su informe al próximo Gobierno a aprobar esta medida, que igualaría (al menos en parte) este colectivo con otros cuerpos inspectores de la Administración, asegurando de esta manera su independencia en el ejercicio de sus funciones. Hay, además, otras seis medidas que el Congreso ha incorporado en su dictamen final y que tendrían su origen en propuestas del colectivo inspector de entidades de crédito españolas. La asociación ha criticado desde hace años los procedimientos de toma de decisiones, la falta de independencia y la tendencia a suavizar las conclusiones de las inspecciones de los responsables de Supervisión. En esta línea, el informe de la comisión parlamentaria incluye la necesidad de reformar la normativa «para garantizar la trazabilidad en los informes de inspección, así como en cualquier otro tipo de informe, orden, circular o documento oficial emitido en el seno de los organismos encargados de la regulación y supervisión». La Cámara Baja concluye también que será conveniente modificar la legislación para poder mejorar «la fiscalización de los sistemas de nombramientos, promoción interna y designación de responsabilidades y funciones» dentro de estos organismos de supervisión financiera. Además, se deberá implementar un régimen de incompatibilidades «apropiado» que limite el riesgo de captura del regulador, así como las potenciales puertas giratorias. El impulso desde España para crear un modelo de unión bancaria «equilibrado y garantista», la reforma de la normativa supervisora para que el Banco Central Europeo (BCE) avance hacia un modelo de «supervisión intrusiva» (aquella que entra a fondo a revisar todos los aspectos de una entidad, en contraste con el actual modelo de «autorregulación», más liviano en la inspección) y el fomento de una supervisión bancaria en el idioma propio de la sede de cada entidad (frente al actual modelo, que promueve el uso del inglés) son otras propuestas de los inspectores asumidas por el Congreso en su informe final. Las críticas explícitas reflejadas en el informe de la comisión parlamentaria no han recibido respuesta por parte del Banco de España, pese a que entre las conclusiones de la comisión se aludía incluso a una «grave irregularidad de consecuencias nefastas» cuando en 2010 se permitió a las siete cajas que formaban BFA-Bankia contabilizar los deterioros latentes contra reservas y no contra la cuenta de resultados, lo que en opinión de los diputados sirvió para ocultar la verdadera situación de dificultad a la que se enfrentaba la entidad resultante. Pese a la ausencia de respuestas oficiales, fuentes financieras defienden las decisiones tomadas y aseguran que todas las medidas adoptadas en su momento cumplían estrictamente la ley. Otras fuentes insisten en esta idea y aluden a que la autorización para hacer estos ajustes contra reservas no fue ni para BFA ni para Bankia (que entonces ni siquiera existía como tal), sino para las siete cajas fundadoras. Estas mismas fuentes explican que la legislación obligaba a corregir a valor razonable los activos y pasivos de BFA y de Bankia, de forma que según la norma únicamente se podía hacer cargando los posibles ajustes contra reservas. Desde diversas fuentes financieras también critican que se cargue contra el Banco de España por el cobro de bonus en 2011 por parte de los responsables de Bankia. Según explican, la retribución bonificada de ese año «no se autorizó». Lo que no se pudo evitar fue el cobro en 2011 de las bonificaciones generadas en 2010, ya que la potestad del supervisor de autorizar ese pago estaba amparada por una norma de 2011 y, por lo tanto, no podía tener efectos retroactivos.
Un comentario que me parece muy interesante como cierre, por sus implicaciones en el ámbito laboral: las empresas deberán registrar la jornada laboral de sus empleados desde el 12 de mayo. Las compañías tendrán la obligación de conservar durante cuatro años dichos datos. Las empresas tendrán que registrar diariamente la jornada de sus trabajadores a partir del 12 de mayo, fecha en la que entrará en vigor la modificación del Estatuto de los Trabajadores referida al registro de jornada que aprobó el Gobierno la semana pasada. En concreto, el Real Decreto-ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo al que el Consejo de Ministros dio su visto bueno la pasada semana y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga a las empresas a realizar un registro diario del horario de sus trabajadores, que deberá incluir el inicio y finalización de la jornada, sin perjuicio de la flexibilidad horaria. Este registro se organizará y documentará mediante la negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, por decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores. La empresa estará obligada a conservar los registros de jornada de sus trabajadores durante cuatro años y deberán permanecer a disposición de los trabajadores, sindicatos y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. De manera complementaria, la norma modifica el texto de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) para tipificar como infracciones en el Orden Social las derivadas de incumplimientos relativos al registro de jornada. CC.OO. y UGT consideran «insuficiente» el control de horarios en las empresas establecido en el decreto, ya que, en la práctica, «no obliga a las compañías a llevarlo a cabo» y deja esta regulación en manos de las empresas. En su opinión, el Gobierno no respetó el acuerdo alcanzado con los sindicatos en esta materia y «descafeinó» el texto acordado, de forma que no se garantiza la obligación de las empresas de tener un registro real de la jornada de trabajo. Para el Gobierno, sin embargo, la norma crea un marco de seguridad jurídica para trabajadores y empresas y posibilita el control de la jornada por parte de la Inspección de Trabajo. Del total de denuncias que recibió la Inspección en 2018, el 35% tenían relación con el tiempo de trabajo. «La introducción del registro de jornada debe contribuir a corregir la situación de precariedad, bajos salarios y pobreza que afecta a muchos de los trabajadores que sufren abusos en su jornada laboral. Un buen porcentaje de las personas que se beneficiarán de dicho registro son trabajadores poco cualificados con salarios muy bajos», argumenta el Gobierno en la exposición de motivos del decreto.
Personalmente, no tengo clara la utilidad de esta nueva regulación al margen de que hay ámbitos laborales que resulta imposible de aplicar. Lo que sí tengo claro es la mayor burocracia que genera. Habrá que dar tiempo al tiempo para valorar los posibles efectos de esta normativa, a base de decretos, como todo lo que ha hecho este gobierno.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.