Esta pasada semana ha estado marcada claramente por el aniversario del inicio de la guerra, y tenemos una de cal y otra de arena por la parte de la posición de China. Por una parte está la abstención de China en una llamada a un plan de paz de Naciones Unidas, que después se ha suavizado con la presentación de un plan propio para el fin de la guerra con 12 propuestas concretas. Este plan propio de China, que deja guiños claros a Rusia, no convence como punto de partida en Occidente, pero por lo menos sirve para clarificar la posición de esta potencia ante el conflicto.
Pasando a nivel nacional y por una cuestión que considero preocupante, destaco en el titular del blog en el día de hoy que España se expone a la suspensión de parte de los fondos anticrisis si no cumple con la reforma de pensiones. Bruselas reconoce que se aplicaría la máxima sanción prevista en el procedimiento de suspensión. En efecto, España se expone a la suspensión de parte de los fondos del siguiente tramo del plan de recuperación si no cumple con los plazos acordados con Bruselas para sacar adelante la reforma de las pensiones, ya que se aplicaría la máxima sanción prevista en el procedimiento de suspensión de pagos para los retrasos en la entrada en vigor. Tras recibir una evaluación favorable de la Comisión para el tercer desembolso de los fondos, dotado con 6.000 millones de euros, España debe encarar ahora las medidas para la solicitud del cuarto tramo, como la reforma del sistema de pensiones, que el Gobierno continúa negociando con sus socios y que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, confía en pactar antes de que acabe el mes de febrero, aunque debería haberse aprobado a finales de 2022. Tras superar el 31 de diciembre, el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguró que el acuerdo cerraría antes de concluir febrero y este pasado lunes, en Bruselas, apuntó a Semana Santa como fecha probable. El detalle del procedimiento de suspensión de pagos publicado esta semana por el Ejecutivo comunitario prevé sanciones aplicables al montante que corresponde a cada hito y objetivo relacionado con la entrada en vigor de una reforma o un “paso final”, aunque en ningún caso la sanción afectará a la totalidad del tramo. En concreto, la penalización por incumplimiento de plazos abre un periodo de seis meses de congelación de parte del pago en el que el Estado miembro tiene la oportunidad de completar el hito u objetivo correspondiente en caso de demora, lo que, según el documento de la Comisión, “favorece la aplicación continuada del plan y da tiempo a los países para levantar la suspensión si cumplen la medida”.
Cambiando de tercio y a nivel de inversión, considero destacable el hecho de que los patrimonios familiares están cogiendo el testigo a los fondos de inversión y sacarán a bolsa más inmobiliarias en 2023. En 2022, salieron a cotizar 10 socimis, con un valor de mercado de 1.523 millones de euros. España es uno de los países con mayor número de socimis, cerrando 2022 con 110. Los grandes fondos de inversión inmobiliaria internacionales han sido tradicionalmente los reyes del régimen de Socimi, una fórmula societaria creada durante el gobierno de Zapatero e impulsada durante el de Rajoy para atraer a la inversión después de la crisis desatada a nivel internacional en 2007. Este régimen fiscal es una adaptación de los Reit (Real Estate Investment Trust) internacionales, que han proliferado en Estados Unidos, Canadá y Europa como una fórmula de acercar el Real Estate al pequeño inversor. Sin ir más lejos, estos fondos supusieron el 91% del valor de los activos, que salieron a cotizar en los diferentes mercados bursátiles durante 2022. Una de las obligaciones del régimen de socimi es cotizar en un mercado regulado en el plazo de dos años a cambio de beneficiarse de un impuesto de sociedades del 0%, siempre que repartan el 80% de su beneficio vía dividendo. El pasado año se cerró con diez salidas a bolsa de Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria, cinco en BME Growth (antiguo Mercado Alternativo Bursátil) y cinco en Euronext Access. Sin embargo, a pesar de que salieron las mismas a los dos mercados, Euronext Access acaparó el 76% en valor de activos. En paralelo a la existencia de estos dos mercados han surgido dos nuevos, Portfolio Stock Exchange y Securitize. En este sentido, España se configura como el segundo país del mundo con más socimis, un total de 110 a 31 de diciembre de 2022. En esta cifra no se tienen en cuenta a las dos que cotizan en el Ibex-35, ni aquellas que lo hacen en el Mercado Continuo. En los últimos diez años, 100 inmobiliarias han salido a BME Growth y 32 a Euronext Access; aunque 20 han sido deslistadas del primero y dos del segundo mercado. Los años donde más proliferaron fue entre 2015 y 2019, cuando salían a bolsa empresas con activos desde los 3.650 hasta los 5.050 millones de euros. En total, desde la constitución del régimen de Socimi han salido a bolsa inmuebles por valor de 25.444 millones.
A nivel territorial algo muy destacable, por la discriminación respecto a otros territorios. Euskadi pagará 300 euros al mes a los jóvenes para su emancipación. El Gobierno vasco prevé poner en marcha en 2024 un plan de apoyo a la emancipación de los jóvenes con edades de 25 a 29 años y con unos ingresos inferiores a los 28.000 euros por ejercicio, según ha anunciado esta semana el lehendakari Iñigo Urkullu. El Ejecutivo de Vitoria, que en 2024 afronta el último ejercicio de la actual legislatura, dará una ayuda mensual de 300 euros a ese colectivo y durante dos años. Urkullu ha señalado que el impulso a la emancipación de los jóvenes es una “prioridad” para su gabinete, ya que el retraso en la salida del hogar familiar “trastoca el desarrollo de los proyectos vitales y contribuye al desequilibrio demográfico”. La citada estrategia busca reducir la edad de emancipación a los 28 años y conseguir que la mitad de los jóvenes en la franja de edad citada puedan abordar una nueva etapa en su vida (ese porcentaje es ahora del 36%).
Entre las condiciones, los beneficiarios de esta medida tendrán que contar con un contrato de alquiler o compra de una vivienda libre, que deberá ser su domicilio. Será compatible con las ayudas al alquiler y computará como ingreso anual. Otro requerimiento es el del empadronamiento en Euskadi durante un mínimo de tres años en la última década. Desde el Ejecutivo de Vitoria calculan que en el País Vasco hay 28.000 jóvenes en la actualidad en esa edad de emancipación. De paso, la medida quiere impulsar la creación de nuevos núcleos familiares que den un empujón a la natalidad en la comunidad autónoma, que registra uno de los índices de envejecimiento más altos de Europa. Los jóvenes vascos abandonan el hogar familiar a una edad media de 30,2 años, un lustro por encima de lo que es habitual en Europa, donde el alquiler tiene unos precios más asequibles. En Euskadi es habitual que los jóvenes compartan piso ante la imposibilidad de vivir en solitario. La diferencia entre el alquiler que pueden pagar y los precios del mercado es de 320 euros, según una reciente encuesta. Entre los 25 y 29 años de edad, la mayoría tiene unos ingresos mensuales de poco más de 1.000 euros. Y el paro juvenil en Euskadi alcanza el 20%. De los que tienen empleo, el 65% está sujeto a contratos temporales. El Gobierno vasco apoyará en Vitoria a dos grupos inmobiliarios para la puesta en el mercado de 225 viviendas de alquiler asequible. También impulsará una iniciativa similar en Bilbao, en este caso con un centenar de pisos.
Bruselas da luz verde al tercer pago de fondos europeos en plena polémica por su gestión. La Comisión avala el sistema de control y auditoría español y desbloquea el pago de 6.000 millones. La Comisión Europea ha anunciado esta semana el desbloqueo oficial del tercer desembolso de fondos europeos para España, de unos 6.000 millones de euros. Estos se sumarán a los cerca de 31.000 millones que ya han llegado al país en otros dos pagos previos desde que el dinero comenzase a fluir en octubre de 2021 con la primera entrega anticipada. Con la luz verde de Bruselas, España se convertirá en el primer Estado miembro en recibir la tercera transferencia, un hito que obedece, según fuentes del Ejecutivo comunitario, a la buena marcha del plan español y a un sistema de control que cumple con los estándares comunitarios. Pese a ello, varios eurodiputados del Grupo Popular han puesto en duda las auditorías en vísperas de una misión de control que les llevará a Madrid para supervisar el plan, empañando la celebración del Ejecutivo y abriendo una nueva polémica. España presentó oficialmente la solicitud de pago el pasado mes de noviembre, tras concluir que ya se habían cumplido los 29 hitos y objetivos asociados al pago. La evaluación satisfactoria de Bruselas supone que el país ha realizado ya, a ojos de la Comisión, 121 de los 416 hitos y objetivos recogidos en el plan.
Polémica
La polémica, no obstante, está servida. Esta pasada semana, la propia Hohlmeier instó por carta a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a facilitar la misión de control y auditoría que visitará Madrid del 20 al 22 de febrero, al tiempo que le reprochó haber filtrado otra carta que la ministra económica le envió el pasado día 13. La reprimenda de la eurodiputada responde a una primera misiva remitida por Calviño en la que subrayaba que “el despliegue del Plan de Recuperación está sujeto a los más altos estándares de auditoría y control” al tiempo que repasaba algunas de las principales inversiones y ofrecía “pleno apoyo y cooperación” de las autoridades españolas con la misión parlamentaria. “Estoy segura de que no pretendía anticipar las conclusiones de la misión antes de que haya comenzado”, dijo Hohlmeier en su respuesta, en la que también solicitó el apoyo de la ministra para “facilitar” una reunión, que “lamentablemente” aún no se ha materializado, con la antigua directora general encargada de la aplicación del plan de recuperación español en 2021, Rocío Frutos, que fue destituida el pasado octubre y a quien relevó en el cargo Jorge Fabra. Los eurodiputados tienen previsto reunirse con Calviño y Montero, pero también con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, así como con consejeros autonómicos de Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Andalucía y Aragón. También se entrevistarán con representantes de la patronal y los sindicatos, de la industria digital y de la consultoría, entre otros.
Y un nombramiento que ha terminado con la polémica. El Consejo de Ministros nombró al economista y profesor asturiano Fernando Fernández Méndez de Andés, como nuevo consejero del Banco de España, a propuesta del Partido Popular. El nombramiento de Fernández, de quien el Gobierno destacó su «perfil técnico y reconocido prestigio», se produce una semana después de la renuncia Antonio Cabrales como consejero del organismo solo unas horas más tarde de su nombramiento. Fernández nació en Madrid en 1956, pero se declara y se siente de Valdepares, en El Franco. El nuevo consejero ha sido economista principal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y economista jefe y director del servicio de Estudios del Grupo Santander, así como consejero independiente de Bankia y consejero no ejecutivo de Red Eléctrica.
Cambios en inversión
Los hogares elevaron su inversión en letras y bonos del Tesoro en 2.226 millones en 2022. Las familias incrementan su cartera de deuda pública por primera vez desde 2015 por el alza de tipos y la nimia remuneración de los depósitos.
La euforia de los ahorradores por la deuda pública se mide en millones. Los hogares españoles, así, cerraron el año pasado con 3.233 millones de euros invertidos en valores del Estado: 1.826 millones en letras a corto plazo y 1.407 millones en bonos y obligaciones de más largo vencimiento. La cifra, la más alta desde 2015, es 2.226 millones y un 68,8% superior a la del cierre de 2021, gracias sobre todo al espectacular incremento de la cartera de letras en manos de los particulares (en 1.809 millones, desde los 17 millones de un año antes; mientras que la de bonos y obligaciones subió en 417 millones y un 42%), según los datos publicados esta semana por el Banco de España. Se trata de la primera subida anual de la cartera de deuda del Estado en manos de las familias desde 2015, si bien en aquel ejercicio la cifra era más elevada (4.535 millones). La razón de este creciente interés de los ahorradores por la deuda, disparado desde el pasado octubre, estriba en que la subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) para combatir la espiral inflacionista —tres puntos desde julio, hasta el 3%— se ha trasladado de forma notable al interés de los valores del Tesoro, todo lo contrario a lo que ha pasado con la remuneración de los depósitos bancarios, el producto de ahorro por antonomasia para los hogares españoles.
Hacienda recaudó 1.454 millones por el pago anticipado del impuesto a banca y energéticas. Montero avanza que el Gobierno logrará ingresar el objetivo de 3.000 millones de euros al año. Las grandes empresas del sector energético han abonado 817,4 millones de euros en el primer pago del impuesto temporal que gravará los beneficios extraordinarios en los años 2022 y 2023. Por su parte, las entidades bancarias han desembolsado por el mismo concepto otros 637,1 millones. En total, 1.454 millones de euros correspondientes al pago anticipado, un desembolso a cuenta que las compañías afectadas tenían que hacer antes del 20 febrero. Así lo ha avanzado esta pasada semana la titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros. “Ayer, concluido el plazo para el primer pago anticipado, las empresas tenían que avanzar el 50% de la cuota prevista para todo el año y los resultados han sido muy positivos”, ha resumido. Estas cifras, ha añadido Montero, permitirán al Gobierno cumplir con los objetivos de recaudación de la prestación de carácter no tributario.
Por su parte, la Generalitat sopesa emitir bonos pese al alza de los intereses. El president, Pere Aragonès, quiere regresar a los mercados este año o en 2024 para reducir la dependencia financiera de la administración catalana con el Estado. La Generalitat quiere regresar a los mercados, y poner fin así a su dependencia de los mecanismos de liquidez que puso en marcha el Estado en el momento más agudo de la crisis financiera, en 2012.
Al otro lado, y desde Madrid, Ayuso se orienta a los inversores en Londres: Madrid recuperó el PIB prepandemia en 2022 tras crecer un 5,7%. La región creció dos décimas por encima del conjunto de la economía española. La presidenta madrileña ha iniciado esta pasada semana un viaje a Londres en busca de acuerdos de inversión para la comunidad. La economía española es un todo, pero también la suma de sus partes: casi dos decenas de locomotoras regionales que, sin embargo, avanzan a diferentes velocidades y cuya contribución al PIB nacional es también desigual. Y, en este sentido, Madrid marca claramente la diferencia. 
A nivel local, destaco que Barbón confía en que Duro tenga nuevo socio industrial «en los próximos meses». El Presidente dice que Maroto sabía, como Canga, que la ayuda a Arcelor se iba a aprobar
Adrián Barbón, aseguró esta semana que espera «que haya noticias positivas en los próximos meses» sobre la llegada de una inversión a Duro Felguera que mejore sus perspectivas financieras. «La empresa está buscando un socio industrial con la ayuda del Gobierno. Están mejorando los pedidos de la compañía, pero la referencia clave es que haya un socio industrial», señaló. Y de hecho, se ha producido ya. Es buena noticia, sin duda. Para la empresa y, por ende, para Asturias.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.