La temporada de resultados se ha estrenado, como es habitual, con los grandes bancos en EEUU. y está regalando sorpresas positivas, que permiten mantener el impulso en los índices al otro lado del Atlántico. Quizá no debería ser tanta la sorpresa en este sector por la situación en la que están los tipos de interés en EEUU y cómo se han aprovechado de la crisis de la banca regional, que ha transferido muchos activos de calidad a las grandes entidades.
A nivel doméstico, malas noticias. Nuevo record de deuda publica. La deuda pública marca un nuevo récord con 1,54 billones en mayo, aunque baja del 113% del PIB.
La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó en mayo los 1,542 billones de euros, lo que supone el registro más elevado de la serie histórica, según datos del Banco de España publicados esta pasada semana. En concreto, el endeudamiento de las cuentas públicas creció el último año un 5,8%. La ratio de deuda en relación al PIB nominal, sin embargo, desciende por el crecimiento de la economía. La deuda del Estado sigue siendo la más elevada entre las administraciones. Alcanzó en mayo los 1,371 billones, lo que supuso un incremento durante el último año del 7,4%. El endeudamiento de las comunidades autónomas también creció, hasta los 325.000 millones, un 3,7% más en los últimos doce meses, mientras que la deuda de las corporaciones locales aumentó un 2,6% en términos interaunales, hasta los 24.000 millones. Por su parte, el endeudamiento de la Seguridad Social se situó en 106.000 millones, un 7% más que un año antes. El Gobierno, sin embargo, prefiere fijarse en el ratio de deuda en relación al PIB. Fuentes de la Vicepresidencia primera afirman que el mayor crecimiento de la economía española está permitiendo una reducción del endeudamiento en relación al PIB. En concreto, fuentes del Gobierno apuntan que la deuda pública se habría situado en el 112,4% del PIB a cierre del segundo trimestre, 0,8 puntos porcentuales por debajo del 113,2% con el que se cerró el 2022.
La mayoría del nuevo empleo creado en España se cubre con inmigrantes
El 95% de los puestos de trabajo creados en España en el último año fue ocupado por personas no nacidas en el país. No significa que sean inmigrantes recién llegados sino empleados no nacidos en España, según datos recopilados por el Observatorio Demográfico de la Universidad CEU-San Pablo “La inmigración en el mercado laboral en España” con microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
Un tercio de los ocupados en Baleares
En el caso concreto de Baleares, un tercio de los empleados son no nacidos en España. Con el 31,6%, es la comunidad donde el peso de los inmigrantes en el mercado laboral es más alto. Tras esta se sitúa Canarias con el 28,2%. Son los dos territorios más turísticos y donde el peso del sector servicios es abrumador. A continuación están las autonomías más desarrolladas (Madrid y Barcelona), con un 26,5% y un 24,6% respectivamente. La media española es del 19,9%. Lo que también muestran las estadísticas es que los inmigrantes trabajadores tienen sueldos significativamente más bajos que los españoles y una tasa de paro superior. Dentro de los inmigrantes hay diferencias enormes: los africanos tiene una tasa de paro (29%) que casi triplica la de los asiáticos (11%). Por sectores, los datos muestran su enorme presencia en la agricultura y la construcción, donde ocupan alrededor de uno de cada cuatro puestos. El sector servicios es el 16,7%, y en la industria, el 11,6%. El informe destaca que es casi inexistente su presencia en el sector público. Menos de un inmigrante de cada 25 recibe un sueldo del Estado.
Yendo a lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy, señalar que Anticorrupción pide juzgar a Duro Felguera por sobornos a ex cargos públicos de Venezuela. La Fiscalía también solicita dejar al borde del banquillo al expresidente de la compañía Juan Carlos Torres y otras 11 personas por corrupción y blanqueo. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que acerque al banquillo de los acusados a la compañía Duro Felguera, a su expresidente Juan Carlos Torre Inclán, y a otras 11 personas, entre ellas ex altos cargos del expresidente de Venezuela Hugo Chávez por el presunto pago de mordidas y sobornos para la adjudicación de un proyecto energético en 2009. En un escrito presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, el ministerio público ha solicitado al magistrado que lleva investigando este caso desde 2017 que dé el paso para proponer juzgar a la empresa asturiana; al que fuera su máximo responsable en la época de los hechos al exconsejero delegado Ángel Antonio del Valle; al expresidente de Técnicas Reunidas (TERCA) Luis Barrios Melean; así como a los exviceministros de Venezuela Javier Ochoa Alvarado y Nervis Villalobos, entre otros, por los presuntos delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Anticorrupción señala que en 2009, a causa de una “gran crisis energética” en Venezuela, el gobierno de Chávez aprobó la construcción de la central termoeléctrica El Sitio. Para lograr esta adjudicación, Duro Felguera se habría comprometido a realizar “varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos”, siendo los entonces presidentes y CEO de la compañía de ingeniería los que “decidieron dichos pagos”, indica el escrito.
Más de 105 millones de dólares
En total, las cantidades habrían sido entregadas al exviceministro de Energía Eléctrica Nervis Villalobos a través de sociedades interpuestas, que habrían simulado la prestación de servicios, y ascenderían a 105.627.600 millones de dólares, destaca la Fiscalía. Este monto se habría pagado en tres veces: 53.950.000 dólares, a través de TERCA, y 25.000.000 dólares y 26.677.600, mediante la venezolana Ingespre, vinculada al ex alto cargo de la administración de Chávez.
En su relato, Anticorrupción explica que para llevar el proyecto energético, Duro Felguera, actuó bajo una Unión Temporal de Empresas (UTE), junto con Montajes de Maquinaria de Precisión, pero el socio único era la firma asturiana. La UTE Termocentro tenía como objetivo ocultar el pago de comisiones o sobornos a los funcionarios públicos, bajo la firma de contratos.
Esta trama se destapó en 2015 a raíz de una alerta del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), que detectó irregularidades en pagos en una cuenta del desaparecido Banco Madrid, del que eran clientes los políticos presuntamente sobornados. Anticorrupción recuerda que los presuntos sobornos empezaron a aflorar en el momento que los investigados compraron numerosas viviendas de lujo en España.
Una triste noticia de una gran empresa de origen asturiano. A pesar de ello, le deseo feliz descanso estival.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.