El mercado ha cerrado la pasada semana con un sesgo claramente alcista tras la noticia comunicada por Irán sobre la apertura del estrecho de Ormuz durante el periodo de tregua. La reacción ha sido inmediata y transversal: las bolsas han pasado por encima de resultados empresariales, datos macroeconómicos y vencimientos, factores que, en condiciones normales, habrían marcado el cierre semanal. El movimiento ha sido especialmente visible en el mercado energético. El precio del crudo ha registrado caídas muy significativas, entre el –10 % y el –12 % en ambas referencias, mientras que los bonos —tanto estadounidenses como europeos— han subido. El oro también ha avanzado, al tiempo que el dólar se ha debilitado, configurando un escenario clásico de rotación tras una mejora en la percepción del riesgo. Pese a ello, el mensaje del sector marítimo introduce cautela. Los armadores han insistido en la necesidad de reevaluar la situación antes de reanudar el tránsito, descartando una vuelta inmediata a la normalidad, aunque reconocen que este es el primer paso. En España, el IBEX 35 ha subido un +2,18 %, hasta los 18.484,5 puntos, situándose a apenas 12 puntos de sus máximos históricos de cierre y a 80 puntos de los absolutos. El €Stoxx 50 ha avanzado un +2,04 %, quedándose a unos 150 puntos de sus máximos, mientras que el DAX alemán ha liderado las subidas con un +2,24 %, aunque aún mantiene una distancia de unos 900 puntos respecto a sus referencias históricas. En EE. UU., la situación es distinta. El S&P 500 y el Nasdaq continúan en máximos históricos y en condición de subida libre, al igual que el Dow Jones de Transportes. El Dow Jones Industrial, por su parte, sigue rezagado, a unos 1.000 puntos —aproximadamente un 2 %— de sus máximos. El mercado ha dejado atrás otros factores potencialmente negativos. El vencimiento de derivados y los resultados de Netflix —que no cumplió expectativas y cayó un –9,0 %— no han generado contagio significativo en el índice tecnológico.
En el marco de la política monetaria, el BCE abre la puerta a subir los tipos de inmediato si la guerra acelera la inflación. El Banco Central está preparado para actuar, según las actas de la reunión de hace un mes. El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sin cambios los tipos de interés en el 2% el pasado 19 de marzo. Pero el consejo de sabios que tomó esa decisión se quedó muy pendiente de lo que ocurre con la inflación, según revelan las actas de esa reunión publicadas por el organismo monetario que preside Christine Lagarde. La guerra de Irán ha desatado un shock energético y ha disparado la subida del IPC en la zona euro al 2,6% el mes pasado. Las actas revelan que “era importante que el Consejo de Gobierno mantuviera sus opciones abiertas para futuras reuniones y fuera ágil para reaccionar rápidamente si las perspectivas de inflación a mediano plazo exigían una acción de política monetaria”. Y remarcan que el hecho de que haya mantenido sin cambios el precio del dinero no debe verse como una disminución de la disposición del BCE de actuar si es necesario. Los responsables de la política monetaria también analizaron a qué indicadores prestarán especial atención para juzgar si el repunte de los precios de la energía mantendrá la inflación elevada durante más tiempo. Entre ellos, mencionan los precios de la producción y los índices de gerentes de compras (PMI), así como los acuerdos salariales.
Respecto a lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy, Bruselas estudia implantar un día de teletrabajo «siempre que sea posible» como medida contra la crisis energética. En el paquete de medidas que ultima la Comisión Europea para amortiguar el encarecimiento de la electricidad, el gas y los carburantes provocado por la guerra impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán y por el cierre del estrecho de Ormuz, estudia establecer «siempre que sea posible» al menos un día de teletrabajo por semana. Se había especulado con que la medida iba a ser obligatoria. El documento también hace referencia a «cerrar los edificios públicos cuando sea posible». Bruselas subraya que, aunque el alza de precios es una consecuencia directa del conflicto, por ahora no aprecia una amenaza inminente para la seguridad del suministro energético, si bien reconoce que la situación sigue siendo delicada en algunos combustibles. Está previsto que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presente la próxima semana esta batería de propuestas a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete. Bruselas ya ha remitido a los Estados miembros un borrador con las medidas y abrir un periodo de consulta. El Ejecutivo pretende medidas excepcionales centradas sobre todo en la agricultura, la pesca, el transporte por carretera y el transporte marítimo, además de abrir la puerta a un mayor respaldo a la industria electrointensiva para afrontar la factura eléctrica. Sectores como la agricultura, la pesca, el transporte por carretera y el transporte marítimo de corta distancia figuran entre los más vulnerables, ya que concentran una elevada exposición al precio del combustible y cuentan con menor capacidad para trasladar rápidamente esos mayores costes al precio final sin tensionar la cadena de suministro ni encarecer alimentos y otros bienes esenciales. En todo caso, la propuesta vuelve a poner de relieve la distinta capacidad fiscal de los Estados miembros. Cada vez que Bruselas relaja las reglas sobre ayudas de Estado reaparece el riesgo de que los países con mayor margen presupuestario puedan proteger mejor a sus empresas que aquellos con unas finanzas públicas más tensionadas. La propia Comisión reconoce en su análisis económico que el entorno fiscal sigue siendo delicado, con niveles todavía elevados de deuda y déficit en varios países y con una presión añadida derivada del aumento del gasto en defensa y del encarecimiento de la financiación soberana. La propuesta permitiría a los Estados miembros asumir una parte del encarecimiento de los combustibles y de los fertilizantes respecto a los niveles previos al 28 de febrero. El texto también contempla un procedimiento simplificado para otorgar ayudas de importe limitado por empresa, de forma que las administraciones puedan basarse en estadísticas sectoriales en lugar de tener que controlar de manera individual el consumo real de cada compañía. Con este diseño, la Comisión busca combinar agilidad en la aplicación con un cierto control administrativo en un escenario de urgencia. El borrador va incluso un poco más allá y deja abierta la puerta a que la Comisión estudie de forma individual medidas temporales adicionales, incluidas posibles subvenciones al coste del gas empleado para generar electricidad, siempre que se cumplan determinadas condiciones. El trasfondo de esta iniciativa remite directamente a la crisis energética de 2022 y 2023. En la nota remitida al Eurogrupo, la propia Comisión advertía de que muchas de las medidas adoptadas entonces fueron demasiado amplias y poco precisas, con un elevado coste fiscal y resultados desiguales. Por ese motivo, Bruselas insiste ahora en que cualquier apoyo de corto plazo debe ser temporal, compatible con los objetivos de descarbonización, prudente desde el punto de vista presupuestario y centrado sobre todo en los hogares y sectores más expuestos. La Comisión no quiere repetir una nueva oleada de ayudas generalizadas que alivien el problema de forma inmediata, pero disparen el gasto público, de ahí sus advertencias sobre la rebaja de impuestos a los carburantes en España.
A nivel doméstico y empresarial, Capgemini anuncia un ERE en España por el impacto de la inteligencia artificial. La consultora tecnológica, que emplea en España a 11.000 trabajadores, asegura que el entorno operativo es «cada vez más incierto». Capgemini prepara un ERE en España debido al impacto de la inteligencia artificial. La consultora tecnológica ha informado ya a los representantes de los trabajadores de su intención de iniciar «un proceso de reestructuración» de la plantilla. La información ha sido confirmada por Capgemini, que emplea en España a 11.000 trabajadores. La consultora cuenta con oficinas en Madrid, Zaragoza, Vitoria, Barcelona, Valencia, Sevilla, Valladolid, Málaga, Oviedo, Murcia o Cádiz, entre otras. «La innovación tecnológica se está acelerando, generando nuevas oportunidades, pero también nuevos retos en un entorno operativo cada vez más incierto«, explica la consultora en un comunicado, en el que añade: «Las necesidades de los clientes también evolucionan rápidamente, y nos estamos adaptando para responder a estas nuevas demandas y a los cambios tecnológicos, garantizando que nuestros equipos cuentan con las competencias adecuadas para el futuro». Capgemini, que pondrá en marcha las negociaciones del ERE en las próximas semanas, insiste en que el «proceso de reestructuración» se gestionará «en el marco del diálogo y la negociación, y con apoyo a todas las personas afectadas«. La primera reunión de la mesa de negociación está prevista para el 23 de abril. En 2024, últimos datos disponibles, Capgemini facturó 700 millones de euros en nuestro país. El pasado enero anunció el nombramiento de Laurent Perea como nuevo consejero delegado de la firma en España, con efecto a partir del 1 de febrero de 2026.
Una noticia doméstica en relación al control de las bajas laborales: España vigilará a quienes acumulen dos o más al año. La Seguridad Social funciona como un colchón financiero que actúa en diversos aspectos de nuestra calidad de vida. Entre ellos, el equilibrio entre la salud y el empleo. En este contexto, en caso de enfermedades, lesiones o padecimientos, los trabajadores tienen derecho a solicitar una baja laboral cubierta en gran medida por dicho organismo; pero también por los empresarios, que están empezando a ver cómo el absentismo afecta poco a poco sus negocios. Según cifras recogidas por el INE en el país existen 1,2 millones de trabajadores de baja cada día. El Observatorio de Competitividad Empresarial de la Cámara de Comercio estableció que un 33,7% de las empresas perciben que las bajas van en aumento y más de una cuarta parte (27,6%) afrontan una incidencia alta. Dada la situación, las empresas, mutuas y la administración buscan controlar que se trate de bajas reales y no un mal uso del sistema. Uno de los mecanismos que están sobre la mesa para la Seguridad Social es el de intensificar el control sobre los trabajadores que acumulen dos o más bajas laborales en un mismo año. Y es que la frecuencia de los procesos de incapacidad temporal durante periodos cortos puede encender las alarmas tanto de las empresas como de las autoridades competentes. Cabe aclarar que no se trata de una medida sancionadora; el control de estas bajas de entre uno y cuatro días hace que estas sean más difíciles de justificar y ayuda a entender qué hay detrás. Por ejemplo, una persona que necesite bajas constantes puede tener un problema de salud sin diagnóstico, o condiciones laborales que propicien enfermedades o dolores crónicos sin saberlo. Por su parte, las mutuas colaboradoras se han comprometido a incorporar herramientas de análisis de datos para lograr la correcta identificación de comportamientos repetitivos; y las empresas también tendrán la responsabilidad de detallar con claridad las funciones de cada empleado para que los organismos puedan verificar si la razón de la baja médica repercute en sus funciones del día a día.
Y una noticia esperada: entra en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado esta pasada semana la resolución que establece la jornada de 35 horas semanales que beneficiará unos 220.000 funcionarios y empleados públicos que trabajan para la Administración Central, que tendrá que aplicarse en el plazo de un mes. Los sindicatos aprovechan la publicación de esta medida, acordada el mes pasado para la AGE, para impulsar negociaciones vía convenio la misma reducción horaria en ayuntamientos y otras entidades locales que aún no cuentan con ella. El BOE recoge la resolución dictada por el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública en la que se dictan las instrucciones pertinentes para implantar la jornada de 35 horas semanales acordada con los sindicatos para los trabajadores públicos de la Administración General del Estado (AGE). La resolución entró en vigor esta pasada semana, un día después de su publicación, y da un mes de plazo para que la AGE y sus organismos autónomos adscritos adapten los calendarios del personal y los sistemas de control horario a la nueva normativa de 1.533 horas anuales, que deja la jornada laboral ordinaria en un máximo legal de 7 horas diarias. El Gobierno calcula que la norma, cuya puesta en marcha se ha retrasado décadas y que estaba pendiente de publicarse desde 2022, beneficiará a 220.000 empleados públicos del Estado: empleados de la Administración General del Estado, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y los organismos autónomos, agencias y demás entidades vinculadas o dependientes de la AGE. También se acogerá al nuevo horario el personal de estas entidades destinado en instituciones y establecimientos penitenciarios o en instituciones y establecimientos sanitarios; en centros docentes o de apoyo a la docencia, así como para aquel en que la naturaleza singular de su trabajo lo requiera. No serán de aplicación al personal militar de las Fuerzas Armadas ni al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero abre la puerta al personal de Instituciones Penitencias, Sanidad y Educación y deberá adaptarse a las regulaciones específicas que procedan» según lo establecido en los mecanismos y ámbitos de negociación derivados del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). La implantación de las 35 horas deberá adaptarse a las regulaciones específicas que procedan y ser preceptivamente comunicadas a la Secretaría de Estado de Función Pública y para implantarla «se garantizará en todo momento la adecuada prestación de los servicios públicos, la atención a la ciudadanía y la continuidad de las funciones públicas», según indicó el pasado 26 de marzo el ministro a cargo de Función Pública, Óscar López. Para ello «se llevarán a cabo todas las actuaciones organizativas necesarias de planificación, organización y dimensionamiento de las plantillas que permitan compatibilizar la implantación de las 35 horas con el mantenimiento y mejora de la calidad de los servicios públicos». Asimismo, «la duración de la jornada del personal que desempeñe puestos de trabajo considerados de especial dedicación será de 37,5 horas semanales, frente a las 40 horas actuales, «sin perjuicio del aumento de horario que excepcionalmente sea preciso por necesidades del servicio», adelantó López. Así, las jornadas y horarios especiales en determinados ámbitos o centros de trabajo se adaptarán -previa negociación en los ámbitos correspondientes- a fin de garantizar su compatibilidad con la jornada de 35 horas. Cada departamento ministerial y organismo o ente público determinará, en función de la naturaleza y características del servicio, aquellos puestos de trabajo que deban prestarse en régimen de especial dedicación (jornadas de 40 horas que se verán reducidas ahora a 37,5 horas.
Una mala noticia empresarial que pone de manifiesto la crisis en el sector tecnológico: casi 80.000 despidos en 2026 y la mitad por culpa de la IA. Tan solo llevamos cuatro meses de 2026, pero los datos en el sector tecnológico son devastadores. Según Nikkei Asia, desde el 1 de enero hasta abril se han producido 78.557 despidos de trabajadores de empresas de este sector, mayormente en puestos ubicados en Estados Unidos (76%). Esta ola de despidos no es nueva, y es que en los últimos años las empresas punteras del sector, como Google, Amazon, Meta, Apple o Microsoft han llevado a cabo recortes masivos en personal, para sustituirlo por máquinas impulsadas por Inteligencia Artificial. Y este primer cuatrimestre del 2026 no ha sido distinto, ya que de los casi 80.000 despidos que se han producido en el sector, unos 37.638 de estos, es decir, el 47,9 %, se han atribuido a la menor necesidad de mano de obra humana debido a la IA y a la automatización de los flujos de trabajo. Así lo auguró hace unos meses el CEO de Amazon, Andy Jassy, asegurando que la IA probablemente supondrá menos puestos de trabajo. No obstante, otra parte del sector están rebatiendo esta versión, señalando que los despidos achacados a la IA no eran más que una excusa para justificar los malos resultados de la empresa. Babak Hodjat, director de IA de Cognizant, afirma que aún pasará más de un año antes de que podamos apreciar plenamente el impacto de las tecnologías modernas de IA en la fuerza laboral. «No sé si están directamente relacionadas con aumentos reales de la productividad»», declaró Hodjat a Nikkei en referencia a los recortes de plantilla. «A veces, la IA se convierte en el chivo expiatorio desde una perspectiva financiera, como cuando una empresa ha contratado a demasiada gente o quiere redimensionarse, y se culpa a la IA». Otro que apoya esta teoría es Sam Altman, CEO de OpenAI «no sé cuál es el porcentaje exacto, pero existe cierto «AI washing», es decir, se culpa a la IA de despidos que, de otro modo, se habrían producido, y luego hay una sustitución real de distintos tipos de puestos de trabajo por parte de la IA». Sea como sea, los datos están ahí, y empresas como Oracle ha suprimido discretamente más de 10.000 puestos de trabajo recientemente, y muchas otras empresas como la mencionada antes Amazon o Antrhopic reconocen que la IA va a erradicar muchos puestos de trabajo de iniciación en programación y atención al cliente.
A nivel local, la asociación de viviendas turísticas lleva a los tribunales la nueva normativa asturiana. La Asociación de Alojamientos de Corta Estancia Casocia ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el decreto que el Gobierno asturiano aprobó el pasado febrero para regular el funcionamiento de las viviendas de uso turístico y ha solicitado que se adopten medidas cautelares por el «grave perjuicio» que podría ocasionar a miles de propietarios. Según esta organización, la nueva regulación puede provocar pérdidas anuales de 115 millones de euros y dejar fuera del sector a 3.942 viviendas, el 67% de todos los pisos de uso turístico que hay en Asturias y la pérdida de 19.748 plazas, el 73%. Entre otros requisitos, la norma establece que este tipo de viviendas cuenten con un servicio de recepción presencial o a distancia de la clientela, por lo que no será posible la entrega de llaves a través de cajetines o similares ubicados en la vía pública. La normativa establece estándares de calidad y seguridad que deben cumplir estas viviendas, como contar con un baño por cada cuatro plazas, disponer de sistema de monitorización de ruido, de un plano de evacuación y señalización de salidas al exterior, de conexión a internet o teléfono, salvo en zonas sin cobertura, de extintor de 6 kilogramos de polvo ABC por planta, de un botiquín y de límites de ocupación por superficie, con un máximo de ocho plazas. La norma estipula que los alojamientos ofertarán servicios de reparación y mantenimiento, limpieza diaria (excepto cocina y menaje) y cambio de lencería cada cuatro días y deberán ofrecer información turística sobre el entorno en el que se ubican. Para Casocia, la nueva regulación «castiga a quienes ya venían ejerciendo su actividad de forma legal» ya que introduce una «retroactividad encubierta, posibles invasiones competenciales y un elevado grado de incertidumbre para los casi 6.000 propietarios afectados». En su opinión, se carga sobre viviendas ya existentes un «cambio normativo desproporcionado, carente de justificación técnica suficiente y con consecuencias devastadoras para familias, pequeños propietarios y negocios vinculados al turismo de corta estancia». Los informes periciales encargados por CASOCIA alertan también que decenas de millones de euros en ingresos directos se verán comprometidos, que habrá pérdida de pernoctaciones, destrucción de empleo y daño a la economía de proximidad, especialmente en municipios rurales y del interior.
A nivel empresarial, destacar que Indra ofrece a Santa Bárbara ser socio preferente en los obuses de 7.000 millones para poner fin a la guerra judicial- Indra abre la puerta a Santa Bárbara (SBS) para sellar la paz. El nuevo tándem al frente de la tecnológica, conformado por Ángel Simón como presidente y José Vicente de los Mozos, como consejero delegado, ha ofrecido a la filial de General Dynamics convertirse en un socio de referencia como proveedor Tier 1 en contratos del Ministerio de Defensa para desarrollar obuses autopropulsados por importe de 7.200 millones de euros. El acercamiento se produce después de que Santa Bárbara haya abierto una batalla legal contra esos programas, que fueron adjudicados a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), y en vísperas de que el Ministerio se pronuncie al respecto. SBS considera que fue excluida sin justificación de los contratos, otorgados a dedo a esas empresas. Ante esa situación, presentó dos recursos, que aún no se han resuelto pero que han generado gran incertidumbre en el sector de defensa español, puesto que podrían acabar afectando a gran parte del plan de rearme de Moncloa si salieran adelante. Indra ha sido la empresa más beneficiada por la lluvia de contratos de defensa del Gobierno, y aunque desde el principio ha reivindicado su papel como compañía capaz de traccionar a todo el sector, quiere seguir aumentando los acuerdos. Bajo el mando de Ángel Escribano como presidente, la tecnológica tejió una red internacional de más de 140 alianzas en poco más de un año para crecer en los sectores de defensa y espacio, firmando incluso con gigantes como Leonardo o Rheinmetall. Un hipotético pacto con Santa Bárbara no solo serviría para sumar a un socio de primer nivel, sino también para calmar las aguas de su batalla particular. Por otro lado, el Ministerio de Defensa ha desestimado el recurso de alzada interpuesto por Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la filial europea de General Dynamics, contra la adjudicación de los programas de artillería a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Los expedientes de contratación afectados son los correspondientes a los programas de Artillería de Tubo Autopropulsada (ATP) «Ruedas» y «Cadenas» de los Programas Especiales de Modernización (PEM) por valor total de más de 7.000 millones de euros, y en la resolución se acuerda la desestimación íntegra de todas las pretensiones planteadas. Según el departamento dirigido por Margarita Robles se concluye que el procedimiento de contratación se ha desarrollado con pleno respeto a la legalidad vigente.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.
Página web: https://www.unioviedo.es/saotero/
Blog personal: https://catedraticasusanaalvarezotero.blogspot.com/