Las bolsas cerraban la semana con subidas generalizadas superiores al +1%, destacando que el mes de febrero volvía a ser un mes positivo para las bolsas europeas. A nivel político, lo más destacado era los avances producidos en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, donde se confirmaban el retraso de la aplicación de los aranceles por parte de Estados Unidos. Sin embargo, al final de la semana el tono de las declaraciones por parte del bando americano rebaja las expectativas de acuerdo en el corto plazo. Esta semana también se producía la cumbre nuclear en Vietnam entre Estados Unidos y Corea del Norte, que se cerraba sin un acuerdo en el programa de desarme y bloqueo económico. No obstante, las partes dejaban abierta la puerta a seguir negociando. En relación con el Brexit, Theresa May posponía hasta el 12 de marzo la votación sobre el acuerdo del Brexit, manteniendo su estrategia de agotar los plazos y optar por una extensión de las negociaciones con la UE si su acuerdo para el Brexit no alcanza el apoyo suficiente. Por su parte, el partido laborista, tras ver rechazada su enmienda de Brexit, se lanza a defender la celebración de un segundo referéndum, aunque de forma vaga. Se puede decir que Theresa May abre la puerta, por primera vez, a un retraso del Brexit
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La primera ministra anuncia que los diputados podrán votar si quieren extender el artículo 50. May anunció en la Cámara de los Comunes que el Brexit podría ser retrasado, más allá de la fecha oficial del 29 de marzo, si el acuerdo firmado con Bruselas es rechazado de nuevo por el Parlamento británico y Reino Unido se enfrenta a un Brexit sin acuerdo. Se trata de un cambio radical de estrategia por parte de la primera ministra, que hasta ahora había negado tajantemente la posibilidad de extender el artículo 50 del Tratado de Roma, la cláusula que permite a un país dejar la Unión Europea y que, en el caso de Reino Unido, se había fijado en el último viernes de marzo. Teresa May ha asegurado que no es partidaria de pedir esta prórroga. «Dejadme ser clara, no quiero ver el artículo 50 retrasado. Nuestro foco debe ser conseguir un acuerdo y marcharnos el 29 de marzo», ha dicho. Pero no lo quedaba mucha más alternativa, ante la amenaza de al menos una docena de miembros de su Gobierno que habían asegurado que dimitirían si no daba este paso. La libra esterlina, que llevaba varios días al alza esperando esta noticia, ha recibido el anuncio con alzas superiores al 0,5%, lo que sitúa la moneda en máximos desde mediados de 2017 frente al euro. May ha explicado que el Parlamento vivirá tres días de infarto a mediados de marzo que marcarán el futuro del Brexit. Jeremy Corbyn, líder de los laboristas, que anunció esta semana que estaría dispuesto a respaldar un segundo referéndum, también ha sido muy crítico con la primera ministra. «Promete una extensión del Brexit corta, pero ¿para qué?, se preguntaba.
En otro orden de cosas, el petróleo cerraba por debajo de los 66$/b (Brent). La encuesta de expectativas de precios del Brent de Reuters apunta a estos niveles para 2019. En Bancos Centrales, lo más destacado era la comparecencia de Powell ante el Congreso, donde mantenía su visión sobre la economía americana y defendía el posicionamiento de esperar y observar de la FED. En los mercados de deuda, se producían subidas generalizadas de las TIRes con la excepción de Italia.
Si hay algo que es destacable, amable lector, y siempre noticia es el volumen de deuda global que una se pregunta, si se llegará a devolver y amortizar alguna vez.
La deuda global alcanzará los 44,1 billones de euros en 2019. La agencia de calificación crediticia S&P Global ha estimado que la deuda comercial de todos los países del mundo sobre los que emite ratings se situará al cierre de 2019 en los 50 billones de dólares (44,12 billones de euros) en 2019, según se desprende de un informe publicado esta pasada semana. De esta forma, la deuda comercial global se incrementará en un 3,2% durante este año, lo que equivale a un total de 7,78 billones de dólares (6,86 billones de euros). El 70% de esta cifra, 5,5 billones de dólares (4,8 billones de euros) se usará para refinanciar deuda a largo plazo que venza este año. De esta forma, las necesidades de financiación netas a nivel global se situarán este año en los 2,6 billones de dólares (2,3 billones de euros), equivalentes al 2,6% del producto interior bruto (PIB) de los países calificados por la firma. S&P ha indicado que la «amplia mayoría» de la deuda emitida este año se corresponderá con países que tienen una nota crediticia situada dentro del ‘grado de inversión’. De esta forma, a 31 de diciembre de 2019, el 6% del total de la deuda soberana pertenecerá a países calificados ‘AAA’, mientras que el 45% se corresponderá con países con una nota situada en alguno de los tramos ‘AA’.
Por su parte, la agencia de calificación crediticia Fitch ha decidido esta pasada semana mantener la nota como emisor a largo plazo de la Unión Europea (UE) en ‘AAA’, el peldaño de máxima calidad, al mismo tiempo que ha reafirmado la perspectiva ‘estable’ del bloque comunitario, según ha informado. Fitch ha justificado su decisión en que la deuda acumulada de la UE está garantizada por los ingresos procedentes de los presupuestos de los Estados miembros, así como en su «habilidad» y «propensión» a cumplir dichos acuerdos presupuestarios. La firma ha argumentado que, si se produjese un escenario en el que un país europeo fuera a incumplir el pago de un acuerdo, la legislación europea obligaría a priorizar el pago de las deudas frente a otro tipo de gastos. Por otro lado, la calificadora de riesgos ha afirmado que la salida de Reino Unido del club comunitario, el conocido como Brexit, no tendrá «implicaciones inmediatas» para la nota de solvencia de la UE. A pesar de esto, Fitch ha asegurado que tras su salida, el resto de Estados miembros «necesitarán contribuir más al presupuesto comunitario». Entre los factores que podrían afectar de forma negativa al rating de la UE, Fitch ha citado que se produzca un incremento en el sentimiento antieuropeo que provoque una «cohesión más débil» entre los países comunitarios.
Me preocupa, y mucho el tirón de orejas de Bruselas a España por la elevada deuda pública. La Comisión Europea advirtió esta pasada semana a España de que sigue siendo vulnerable a la alta deuda pública y privada en un contexto de elevado desempleo. También le reprochó la fuerte tasa de temporalidad en los contratos laborales, sobre todo, entre la población joven. En concreto, en un informe sobre la economía y las reformas en España, Bruselas advierte que «pese a que el crecimiento económico sigue siendo robusto, los grandes niveles de deuda externa e interna, tanto pública como privada, siguen constituyendo vulnerabilidad en un contexto de desempleo que todavía es alto». El organismo constata una «ligera» disminución del endeudamiento público pero asegura que se necesitarán «más esfuerzos para llevar a las finanzas públicas a una senda más sostenible».
Preocupante es también, el agujero financiero que deja Sánchez al nuevo gobierno: 16.000 millones de euros. Ni más, ni menos. La no aprobación de las subidas de impuestos junto con el constante anuncio de nuevas medidas de gasto social elevarán el desfase presupuestario en 16.000 millones de euros por encima de lo previsto. Durante las próximas semanas se van a repetir constantemente promesas de rebajar impuestos, ampliar el Estado del Bienestar o mejorar las infraestructuras. Sin embargo, será muy complicado que estos planes se lleven a cabo, porque el Ejecutivo que salga de las urnas el próximo 28 de abril se encontrará con una herencia envenenada: un desvío presupuestario de hasta 16.000 millones de euros (el desfase más elevado respecto a los objetivos desde 2011) que tendrá que ajustar en un tiempo récord, ya que la constitución de las Cortes no se producirá hasta finales de mayo y las negociaciones podrían demorarse todavía más.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advertía hace unos días de que el rechazo a los Presupuestos dispararía el déficit al 2,4% del PIB, 1,1 puntos más (o 13.800 millones más) que lo pactado con la Comisión Europea. Esto se debe a que las Cuentas incluían un plan de medidas fiscales por valor de 5.600 millones de euros, que ya no se introducirían, mientras que algunas partidas de gasto (como la subida de las pensiones o de los salarios públicos) habían entrado ya en vigor. Y a esto habría que sumar algunas trampas contables que la propia ministra Montero reconocía de forma implícita, sumado posiblemente a los menores ingresos derivados de un crecimiento inferior a lo previsto. Sin embargo, desde entonces el Ejecutivo no ha dejado de anunciar nuevas medidas de gasto para los llamados «viernes sociales» (o electorales), que se prolongarán hasta los comicios del 28 de abril y supondrán un sobre-coste adicional de otros 2.300 millones. Es el caso por ejemplo de la progresiva igualación de los permisos de maternidad y paternidad, la cotización por parte del Estado de las cuidadoras no profesionales de personas en situación de dependencia, la recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años o la mejora de las prestaciones familiares. Además Moncloa no sólo está ultimando la contratación de 30.000 funcionarios más, sino que Hacienda repartirá otros 6.000 millones de euros más a las comunidades. No obstante, esta última cifra no computa como déficit del conjunto de las Administraciones, ya que minorara el agujero de las comunidades. Todo ello provocará que el futuro Gobierno tenga que acometer un ajuste de hasta 16.000 millones de euros para cumplir con los compromisos europeos, aunque es posible que Bruselas relaje sus exigencias ante la dificultad de hacerlo tan rápido y permita que buena parte de la carga se traslade al próximo ejercicio, con el fin de evitar un fuerte impacto sobre la economía. De hecho, lo que tememos los economistas es que la necesidad de ajustar los ingresos y gastos rápidamente lleve a actuaciones allí donde se puede obtener dinero más fácilmente, aun a costa de lastrar el crecimiento (como es el caso de la paralización de obra pública, las ayudas a sectores clave o a la subida de impuestos a las empresas) en lugar de las áreas menos lesivas para la economía, pero que exigen más detenimiento (la grasa de la Administración o distintos incentivos perversos).
¡¡ONCE MILLONES DE EUROS!! No, no es mi sueldo de funcionaria del Estado, amable lector, sino lo que ha ganado Ana Patricia Botín el pasado año. Pero el dinero no da la felicidad así que no me produce ninguna envidia su salario. Sorpresa sí, y por ello destaco la noticia. Envidia ninguna.
Ana Botín ganó 11 millones de euros en 2018, un 4% más. Recibió 3,17 millones en concepto de salario fijo y 1,2 millones en aportaciones a su plan de pensiones. La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, percibió una remuneración total de 11,01 millones de euros, durante el pasado año, lo que supone un 4% más que los 10,58 millones de euros que recibió en 2017, según consta en el informe anual de la entidad. Recibió en metálico 6,245 millones, un 10% más, en tanto que el dinero destinado a la hucha para su jubilación se redujo un 54,3%, hasta 1,234 millones. Se da la circunstancia de que fue este año el ejercicio completo en el que Santander gestionó también Banco Popular. La presidenta ejecutiva cuenta con un fondo acumulado para su jubilación de 46,09 millones de euros. El expresidente de BBVA, Francisco González, ganó más de 5,1 millones de euros en su último año al frente de la entidad. Una cantidad un 11% menor que en 2017. Pero acumula una pensión de casi 80 millones de euros. El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, ganó 9 millones de euros, un 1% más que los 8,89 millones que recibió en el ejercicio precedente. El banco ha construido en su favor una red de 16,63 millones para su jubilación gracias también a la parte consignada en dicha retribución, frente a los 16,15 millones que tenía acumulados el año anterior. Mientras, Rodrigo Echenique, vicepresidente del consejo, y presidente de España que está a punto de jubilarse, percibió una remuneración de 5,09 millones, un 19% superior a los 4,28 millones obtenidos en 2017. Además, Echenique cuenta con un plan de pensiones de 13,6 millones de euros, aunque su cuantía cae desde los 13,95 millones previos al haber superado la edad de jubilación, lo que permite ir rescatando los fondos. Su nómina aumentó tras ampliar sus responsabilidades al ser nombrado presidente de Banco Popular para liderar la integración y recuperar su músculo comercial.Los incrementos en la retribución de Botín, Álvarez y Echenique se producen en un año en el que el beneficio del banco aumentó un 18% y el dividendo por acción un 4,5%. Durante el ejercicio de 2018 Santander aplicó un cambio en la remuneración por la cual se han reducido las dotaciones a los planes de pensiones de los consejeros ejecutivos, a la vez que aumenta la remuneración fija y otros conceptos, de manera que esta variación en los componentes de la remuneración es neutra en el total. De esta forma, en el presente ejercicio Ana Botín y el consejero delegado mantendrán el mismo salario anual base, de 3,17 y 2,54 millones, respectivamente. En 2020 y 2021 podrán aumentar esta retribución fija en un máximo del 5% con respecto al año anterior. Los 17 miembros del consejo de administración (incluidos los consejeros ejecutivos) de Santander, percibieron en total 28,91 millones de euros, lo que supone un 9,4% menos que en 2017. La alta dirección, por su parte, recibió 60,26 millones de euros en 2018, un 8,1% menos que los 65,58 millones de un año antes. Este descenso se produce con un directivo menos (19 en 2017 frente a 18 en 2018).
No termino de entender este nombramiento. Entiendo que las entidades están obligadas a cumplir cuotas femeninas en sus consejos directivos pero para una entidad financiera de esta embergadura lo normal, lo mínimo que cabría esperar sería una profesional de las finanzas. Y máxime en un consejero independiente. Y ella, desde luego, no es una profesional de la economía financiera.
CaixaBank nombrará como consejera a Cristina Garmendia, ex ministra de ciencia. Su nombramiento ha sido propuesto para su votación en la junta de accionistas de la entidad financiera, convocada para el 5 de abril a las 11 horas en el Palacio de Congresos de Valencia. Garmendia tendrá el carácter de consejera independiente. Durante la junta también se votará el nombramiento de Marcelino Armenter Vidal, ya consejero de CriteriaCaixa y de Natrugy, como consejero dominical a propuesta de la Fundación Bancaria La Caixa y de Criteria Caixa. El orden del día propone fijar en 16 el número de miembros del consejo de administración y votar la reelección de varios consejeros, como Gonzalo Gortázar, Amparo Moraleda, John S. Reed y María Teresa Bassons. La junta, que se celebra en Valencia desde que la entidad trasladara allí su sede social, aprobará también un plan de incentivos anuales condicionados al plan estratégico 2019-2021 para los consejeros ejecutivos, los miembros del comité de dirección y resto del equipo directivo y empleados clave. El plan consistirá en la asignación, a título gratuito, en los años 2019, 2020 y 2021, de un número de unidades a cada beneficiario, que servirán como base para fijar el número de acciones de CaixaBank a entregar, en su caso, a cada beneficiario. El primer ciclo comprende el periodo 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021; el segundo ciclo comprende el periodo 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022; y el tercer ciclo comprende el periodo 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2023. El número máximo estimado de beneficiarios del plan autorizados en virtud del acuerdo para participar en el mismo a partir del primer ciclo del plan asciende a 90.
Lo dicho, lo comprendo, por razón de cuota femenina, pero no lo comparto. Es bióloga.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.