Con Wall Street cerrado por la festividad de Juneteenth, Europa cotizó sola y casi sin movimiento en la última jornada bursátil de la pasada semana, a pesar de sus vencimientos, en una jornada de transición que no logró cumplir la pauta positiva habitual de los festivos estadounidenses. El frente de la energía sigue jugando a la baja. Irak prepara un aumento de su producción en el sur, con 250.000 barriles diarios adicionales, e Irán promete suspender los peajes que planteó para el estrecho de Ormuz. La desescalada resta prima de riesgo al crudo, una de las principales presiones de las últimas semanas. En el plano bursátil, el cierre europeo refleja esa atonía. El IBEX 35 cede un 0,29 %, hasta 19.347,40 puntos; el Euro Stoxx 50 se deja un 0,33 % y el DAX alemán cierra plano, en una sesión de rango estrecho y escaso volumen por la ausencia de la referencia estadounidense. En el resto de mercados, el euro cierra plano frente al dólar y se cambia a 1,1464 dólares. El barril de Brent se mantiene en torno a 80,39 dólares, contenido tras semanas de caída por la desescalada en Oriente Próximo y lejos de los niveles que tocó con la tensión en Ormuz.
Yendo a lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy, el ‘tijeretazo’ europeo a los derechos de los pasajeros que viajan en avión no puede calificarse de otro modo que retroceso normativo. Cuando el avión en el que viajamos sufre una cancelación, sin que la compañía aérea te haya avisado con más de 14 días de antelación o se deba a una circunstancia extraordinaria (clima extremo, huelgas de controladores…), tienes derecho en la actualidad a una compensación económica automática de entre 250 y 600 euros. La normativa actual recoge que los pasajeros de avión tienen derecho a información, asistencia y compensación ante problemas como cancelaciones, retrasos superiores a 3 horas o denegación de embarque (sobreventa) y su aplicación se realiza siempre que el vuelo parta de un aeropuerto de la Unión Europea (UE) o, en el caso de aerolíneas europeas, también desde un tercer país. Pero esta situación podría cambiar si salen adelante las últimas propuestas de la Comisión Europea para la reforma del Reglamento 261 sobre derechos de los pasajeros aéreos, según han denunciado hasta 34 organizaciones de consumidores de toda Europa, entre ellas las españolas CECU y Asufin. Estos colectivos, en una acción coordinada por la Organización Europea de Consumidores (BEUC), han enviado una carta conjunta a ministerios de los Estados miembros y a europarlamentarios de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo. Entre las propuestas de reforma, las más preocupantes son las relacionadas con las compensaciones a los pasajeros en caso de cancelaciones y retrasos. Las organizaciones advierten de que, si prospera la propuesta actual, viajar en avión en la UE implicará menos protección y más costes para los consumidores. Así, la mayoría de los retrasos dejarían de compensarse. «Actualmente, un retraso de más de 3 horas da derecho a indemnización. Con la reforma, este umbral subiría a 4 o incluso 6 horas, lo que dejaría sin compensación a más del 60% de los pasajeros que hoy sí la reciben», señalan las asociaciones de consumidores. También se cobraría mucho menos por las demoras, ya que la reforma plantea recortar las indemnizaciones. Por ejemplo, la compensación mínima bajaría de 250 a 83 euros, lo que supone un 67% menos.
En cuanto a las cancelaciones, las aerolíneas podrían cancelar vuelos con solo 48 horas de aviso frente a los 14 días actuales y se ampliarían las circunstancias extraordinarias, por lo que «podrían evitar compensaciones en más casos, incluso en situaciones que dependen de su propia organización» Por otro lado, la propuesta tampoco mejora los derechos de los pasajeros aéreos. De esta forma, habrá que seguir pagando un extra por disfrutar de servicios básicos (el equipaje de mano, reservar asientos junto a personas dependientes o menores de edad o imprimir la tarjeta de embarque) y se seguirán aplicando por parte de las aerolíneas las cláusulas no-show, que permiten cancelar automáticamente el vuelo de vuelta si no hiciste el de ida, lo que obliga a comprar nuevos billetes. En definitiva, se está planteando un recorte de derechos consolidados.
Por otro lado y, a nivel nacional, el absentismo pulveriza su récord histórico: se disparó al 7,68% en 2025. La industria es el sector económico más golpeado por el absentismo, con una tasa del 8,34%.
El año pasado, entre 1,6 y 1,7 millones de personas faltaron cada día a su puesto de trabajo. Los empresarios avisan de que este fenómeno se ha convertido ya en un grave problema estructural. El Covid desbordó los diques de contención del absentismo laboral y, aunque ya han transcurrido seis años desde lo peor de la pandemia, el problema no solo no se ha reconducido, sino que incluso se ha agravado, convirtiéndose, según CEOE, en un verdadero «problema de país» y en un «lastre definitivo» para la productividad del tejido empresarial español, tal como afirmó esta pasada semana Antonio Garamendi, presidente de la patronal. No es una advertencia gratuita ni exagerada: el mercado laboral español despidió 2025 con una tasa de absentismo del 7,68% en el conjunto del año, 0,42 puntos porcentuales más que el año anterior y un nuevo máximo histórico, de acuerdo con el indicador adelantado que recoge el Informe Adecco sobre empresa saludable y gestión del absentismo, publicado esta pasada semana, que pone de relieve la magnitud del desafío al que se enfrentan las empresas españolas. Y es que esas tasas desbocadas de absentismo laboral (entendido como la proporción de horas no trabajadas respecto al total de horas pactadas) se traducen en que entre 1,6 y 1,7 millones de asalariados faltan cada día a su puesto de trabajo, cifras de las que alrededor de 1,27 millones de empleados se encuentran de baja médica por incapacidad temporal. El dato del 7,68% confirma que el absentismo se ha consolidado como uno de los principales retos estructurales del mercado laboral español. Ya no hablamos de un fenómeno coyuntural, sino de una realidad con impacto directo sobre la productividad, la competitividad y la organización de las empresas. De hecho, el fenómeno, lejos de mejorar, empeora, y prueba de ello es que la tasa de absentismo del cuarto trimestre de 2025 fue incluso superior a la del promedio del año: se disparó hasta el 7,88%, a un tiro de piedra de alcanzar el 8%, un porcentaje que, de materializarse, prácticamente duplicaría la tasa que se registró en 2013 (4,1%) y superaría en tres puntos porcentuales los niveles pre-Covid: en 2018, el absentismo rondaba el 5%. El impacto económico de lo que desde hace años se ha convertido en una verdadera lacra (desde la pandemia, el absentismo se ha enrocado en tasas superiores al 7%) alcanza ya cotas astronómicas: costó 33.280 millones de euros en 2025, un 14,3% más que en 2024 y nada menos que un salto cuantitativo del 228% en la última década, según el último informe sobre absentismo laboral de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). De la cifra total, 17.164 millones correspondieron al coste de las prestaciones para la Seguridad Social y los 16.115 millones restantes al que asumieron directamente las empresas. Un enorme agujero en las cuentas del tejido productivo que la pasada semana llevó a CEOE a reclamar que sea la Seguridad Social la que asuma el pago de prestaciones y cotizaciones de los trabajadores durante los primeros 15 días de baja por incapacidad temporal, desembolso que ahora afrontan las compañías.
En este contexto, la CEOE pide que el Estado pague los 15 primeros días de las bajas. El líder de los empresarios de Castilla-La Mancha llama «memos» a los jóvenes y los culpabiliza del alza de las incapacidades temporales. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) reclamó ayer que la Seguridad Social asuma el pago íntegro de los primeros 15 días de las bajas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes para amortiguar los costes asociados al «deficiente funcionamiento» de los servicios públicos. Antonio Garamendi enmarcó esta reclamación ante el aumento del absentismo laboral que, según los datos analizados durante una jornada organizada por la patronal, afecta diariamente a 1,4 millones de trabajadores, de los que cerca de un millón están en situación de incapacidad temporal. Garamendi defendió la necesidad de adoptar medidas para corregir el incremento de las bajas laborales y advirtió de que se trata de un «problema sanitario con derivadas sociales y económicas» que afecta al conjunto de la sociedad. «Mientras no se adopten otras reformas», dijo, la Seguridad Social debería asumir el pago de la cotización y la prestación por incapacidad temporal que actualmente abonan las empresas entre los días 4 y 15 de baja. Según ha indicado, cerca del 69% de los procesos de incapacidad temporal duran menos de 15 días. El presidente de la CEOE cifró en unos 33.000 millones de euros el coste asociado al absentismo, de los que alrededor de 17.000 millones recaen sobre las empresas. En este sentido, señaló que este «esfuerzo económico gigantesco» no se ha traducido en una mejora de la salud de los trabajadores ni en una mayor eficiencia del sistema. El presidente de la CEOE también defendió potenciar las competencias de las mutuas y adelantar los controles médicos de los trabajadores en situación de baja. Junto a ello, pidió exonerar a las empresas de la cotización por contingencias comunes en los procesos de incapacidad temporal que superen los 365 días y establecer una exoneración del 100% de las cotizaciones empresariales en los contratos de sustitución formalizados para cubrir a trabajadores de baja. Garamendi también defendió que estas medidas se extiendan a los trabajadores autónomos. Durante la jornada, el presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla La-Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, catalogó de «memos» a los jóvenes que solicitan baja por problemas de salud mental derivados de «que les ha dejado la novia» o porque su jefe les pide que trabajen. Nicolás opinó que en España hay un alto número de bajas que pueden considerarse «fraude» y criticó que se concedan incapacidades temporales por problemas de salud mental sin que al trabajador le atienda un especialista.
En el ámbito bancario, Competencia investiga a la gran banca española por anticipar públicamente su política comercial de hipotecas a tipo fijo. La CNMC ha abierto expediente esta pasada semana a los seis grandes bancos españoles -Santander, BBVA, Bankinter, CaixaBank, Sabadell y Unicaja- a quienes acusa de posibles prácticas anticompetitivas por anticipar su política comercial hipotecaria. En particular sobre los préstamos a tipo fijo, que han ganado mucha popularidad en los últimos años. En concreto, el regulador investiga las declaraciones que hicieron algunos de los directivos de estas entidades en las que estos comentaron la política comercial que iban a seguir sus bancos y, en particular, con las hipotecas a tipo fijo. Tales declaraciones habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores refleja la CNMC en una nota difundida la pasada semana. La investigación se produce en un contexto de gran competencia entre los bancos por captar clientes con hipoteca y con un mercado de la vivienda muy caliente. El año pasado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) contabilizó 501.073 préstamos formalizados para comprar vivienda, la cifra más alta desde el año 2010. Además, los préstamos que se piden son cada vez más elevados por los altos precios de la vivienda. El año pasado, la hipoteca media se acercó a los 164.000 euros. Asimismo, cada vez son más los hogares que buscan huir de las fluctuaciones del euríbor y apuestan por préstamos a tipo fijo. En los últimos años, estas hipotecas han experimentado un auge sin precedentes en un país que tradicionalmente ha apostado por el préstamo variable. Hace una década suponían solo el 7,4%, pero el año suponían ya el 65% de los préstamos constituidos ese año para compra de vivienda. El regulador de Competencia no aclara cuándo ni quiénes hicieron esas declaraciones, pero lo cierto es que en los últimos meses han sido varios los directivos que se han pronunciado sobre la situación del mercado hipotecario.
En otro orden de cosas, España envió al desempleo el doble de trabajadores que la Unión Europea al inicio de 2026. La reforma laboral de 2022 amplió el uso de los contratos indefinidos y acabó con el abuso del antiguo obra y servicio con el que muchas empresas cubrían puestos de larga duración, conduciendo a los trabajadores a una elevada rotación. Sin embargo, esta ley no ha despejado los problemas de estabilidad en los puestos de trabajo, como se refleja en los cambios entre trimestres. Un 2,7% de las personas que tenían un trabajo al cierre de 2025 quedaron en desempleo al arranque de 2026, un porcentaje reducido pero que duplica la tasa de la UE (1,2%). Dada la dimensión del mercado laboral español, que en los últimos años ha crecido hasta superar los 22 millones de ocupados, esta proporción implica que más de 623.000 personas perdieron su puesto de trabajo entre el cuarto trimestre de 2025 y el primero del año actual. Una transición del empleo al paro que destaca en el conjunto de los 27 como una de las más pronunciadas, en tanto que prácticamente una de cada cuatro personas que pasaron a estar desempleadas en la Unión Europea lo hicieron en España. Así lo reflejan datos de Eurostat de la Estadística sobre los Flujos del Mercado Laboral de la UE que se actualizaron la semana pasada. Un total de 2,5 millones de personas hicieron esta transición del empleo al desempleo en el conjunto de la Unión Europea, frente a los 3 millones que estaban en desempleo y encontraron un puesto de trabajo entre los meses de enero y marzo. En España, en cambio, que abarca un 24,92% de estas salidas, el balance es negativo. Solo 566.800 personas hicieron el camino inverso, lo que dejó una diferencia de 56.800 personas, según recogen los flujos de la encuesta española, la EPA. Las diferencias entre el comportamiento del mercado de trabajo de la Unión Europea y el español no son tan acentuadas respecto a los tránsitos del empleo a la población inactiva, esto es, personas que en el trimestre anterior estaban ocupadas y que tres meses más tarde ya no están interesadas en tener un empleo, lo que puede deberse a que acceden a la jubilación, se centran en realizar unos estudios o se hacen cargo del cuidado de familiares. Un 2,1% de las personas que tenían un trabajo al cierre de 2025 en algún país de la Unión Europea pasaron a la inactividad en el primer trimestre (4,4 millones). Mientras que en España un 2,61% de los que estaban trabajando a finales del año pasado se encontraban inactivos en el primer trimestre de 2026 (587.400 personas). Es decir, las personas que trabajaban en España apenas representan un 13,35% del grupo de personas que experimentaron este cambio en el conjunto de los países que conforman la UE.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) llevó a cabo a finales de 2025 un análisis en el que estudiaba el efecto de la reforma laboral sobre las transiciones del empleo al desempleo. Este organismo tomaba como base los datos de Seguridad Social y apreció que «a partir de 2022 aumenta la tasa de salida del empleo en los contratos indefinidos y de los fijos discontinuos», sobre todo, durante los primeros meses de contrato. En mi opinión, este patrón sugiere una mayor rotación de los contratos indefinidos y de los fijos discontinuos en los primeros meses de empleo.
Pasando al mercado de valores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido esta pasada semana a los inversores de los riesgos derivados de la finalización, el próximo 30 de junio, del periodo transitorio del reglamento MICA que regula los criptoactivos. El sector de los criptoactivos en España encara la cuenta atrás para una fecha marcada en rojo en el calendario. El 30 de junio expira el periodo transitorio del reglamento europeo que regular el sector, MiCA (Markets in Crypto-Assets). A las puertas de esta fecha, la CNMV ha emitido la pasada semana un comunicado en el que destaca que a partir del próximo 1 de julio solo podrán operar en España los proveedores que hayan obtenido la necesaria autorización. Por este motivo, el regulador español ha alertado a los inversores de que no deberán operar con entidades que no hayan completado el proceso de autorización, puesto que no contarán con los mecanismos de protección y supervisión que contempla la citada normativa. La CNMV, a su vez, ha recordado a los proveedores de servicios sobre criptoactivos que no vayan a obtener la autorización correspondiente para el ejercicio de su actividad en España antes del 30 de junio que deben disponer de un plan de migración efectivo de sus clientes. Este plan deberá contemplar la posibilidad de que sus clientes puedan mover los criptoactivos custodiados a otras direcciones y los fondos, a cuentas de efectivo; y este proceso debe contar con las medidas necesarias de seguridad y de cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Además, estas entidades podrán llegar a un acuerdo con otro proveedor, que sí cuente con la correspondiente autorización, con la adecuada protección y condiciones favorables para los clientes. De este modo, cada cliente podrá aceptar el traspaso de sus criptoactivos a este otro proveedor a través del cual podría continuar con su operativa, una vez finalizado el proceso de identificación. La CNMV considera necesario que los proveedores comuniquen a sus clientes el plan de migración que se llevará a cabo, informándoles de los plazos y las actuaciones que se realizarán. El plan de migración, según ha destacado el supervisor, establecerá un plazo razonable de retirada por parte de los inversores y, una vez finalizado, los criptoactivos y los fondos que no hayan sido retirados podrán ser transferidos a entidades autorizadas, comunicándolo a los clientes afectados.
A nivel empresarial, se puede hablar de vía muerta para la fusión de Indra y Escribano: la SEPI solo la aceptará si los hermanos renuncian al poder ejecutivo. Con las negociaciones aparcadas, y a pesar de que el presidente de la empresa tecnológica, Ángel Simón, mantiene su visto bueno para llevar a cabo la operación, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) solo negociará si los hermanos Escribano renuncian a mandar en la compañía y son minoritarios. Ese enfoque choca frontalmente con las demandas de los Escribano, que pensaban reclamar poder ejecutivo en Indra si la operación se materializaba. Los hermanos perdieron los dos asientos que ocupaban en el consejo de la tecnológica hasta hace poco tras la dimisión de Ángel Escribano como presidente el pasado 1 de abril y la venta de su paquete accionarial del 14,3%. Dos movimientos con los que trataron de allanar la integración con EM&E. En ese contexto de bloqueo, fuentes cercanas apuntan que se habría hablado de una nueva opción para desencallar la fusión, que pasaría porque Indra adquiriera el 49% de EM&E y los hermanos conservaran el 51% de su empresa. En enero de este año, cuando se presentaron hasta seis alternativas distintas para poder ejecutar la operación, se llegó a plantear una vía parecida, pero con los porcentajes cambiados, en la que Indra tomara una posición mayoritaria del 51% en EM&E. Sin embargo, se descarta que los Escribano estuvieran dispuestos a ceder el control de su empresa, y más después de su salida de Indra. La semana pasada, en una comparecencia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional Congreso-Senado, la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, vino a decir que la decisión sobre la fusión está en manos del nuevo consejero delegado de la compañía, Josep María Recasens. A nivel oficial, Indra ha reiterado una y otra vez que la fusión no está encima de la mesa desde que el pasado 19 de marzo las negociaciones se interrumpieran. En el orden del día de la compañía para la junta de accionistas del 30 de junio tampoco aparece ninguna referencia a la fusión.
A nivel local y también empresarial, Duro Felguera activa su transformación financiera, jurídica y operativa. La empresa ha destacado esta pasada semana que la decisión del juzgado de homologar su plan de reestructuración supone la validación de su «hoja de ruta de futuro» y la activación de «una trasformación financiera, jurídica y operativa».
En un comunicado, el grupo de ingeniería y bienes de equipo ha incidido en que la ordenación financiera devuelve «solidez al balance» al cancelarse mediante una quita «la deuda insostenible» y extinguirse los principales pasivos contingentes derivados de litigios y proyectos históricos, a lo que se suma una solución jurídica que permite cerrar esas contingencias. A esta reordenación se suma también la novación de la deuda vinculada al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas -que en 2021 le concedió un préstamo de 120 millones de euros- a tipos de mercado con calendario de amortización hasta 2035, lo que supone liberar «presión financiera sobre la operativa» y acomodar el pago al plan de negocio. Duro Felguera recuerda que el plan incorpora asimismo una recapitalización de la compañía mediante una reducción de capital para absorber pérdidas acumuladas y una ampliación de capital de 10 millones de euros suscrita por Grupo Prodi, que «consolida así su papel como accionista de referencia y socio industrial», una operación a la que se suma la entrada de liquidez procedente de la venta de la sede central de Gijón por otros 13 millones. La compañía ha resaltado que el apoyo de Prodi se traduce también en «la generación de oportunidades en los ámbitos industrial y energético que podrán desarrollarse dentro del nuevo marco de estabilidad de la compañía», entre ellas cartas de intención por valor de 300 millones de dólares para dos proyectos en México: el Proyecto Escolín, una planta de fertilizantes, y el Proyecto Tula, una central de ciclo combinado desarrollada junto a Mota-Engil México. Desde el punto de vista operativo, ha añadido Duro Felguera, «la nueva organización permitirá concentrar recursos, simplificar la estructura, reforzar el control del riesgo y orientar la actividad hacia proyectos rentables y generación de valor sostenible», en un momento en el que «el objetivo no es crecer por volumen, sino recuperar actividad de forma ordenada y rentable». El presidente de Duro Felguera, Eduardo Espinosa, ha afirmado que el plan de viabilidad «resuelve de forma clara y definitiva el desequilibrio histórico de la compañía» y permite abrir «una nueva etapa para volver a ser lo que Duro Felguera siempre ha sido, una empresa asturiana líder en el mundo»
Esperemos que lo siga siendo, por el bien de la empresa y de todas las familias que dependen de ella y por la industria del Principado de Asturias.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.
Página web: https://www.unioviedo.es/saotero/
Blog personal: https://catedraticasusanaalvarezotero.blogspot.com/