Pérdida de empleo bancario

Durante la pasada semana, la vuelta de la incertidumbre global por las amenazas de descarrilamiento de las negociaciones comerciales entre China y EE.UU. provocaban caídas generalizadas en renta variable, más intensas entre los sectores cíclicos (materiales básicos, autos y banca). Así, los inversores rotaban a renta fija, en donde veíamos caídas de TIRes más abultadas en los considerados activos refugio. En lo relativo, a la guerra comercial cabe señalar que las negociaciones comerciales entre China y EE.UU. se han mantenido como el factor de sentimiento negativo de los inversores durante la semana, con amenazas de nuevas tarifas de EE.UU. sobre China (eleva al 25% los aranceles sobre 200.000 M.$ de bienes) y ésta respondiendo que dará respuesta a estos aranceles. En cualquier caso, la última sesión de la semana se tornaba más positiva porque algunos ven que en las ‘nuevas medidas arancelarias’ hay un periodo de gracia ‘implícito’ (por el escaso tiempo entre el anuncio y la efectividad, y que coincide más o menos con el tiempo que las exportaciones ya firmadas están en tránsito) que deja como unas dos semanas para negociar. Este periodo de gracia y el ‘optimismo’ de Trump tras la ‘preciosa’ carta del presidente chino, sirven para sostener el potencial acuerdo, clave para mantener el positivo tono macro actual.

Paso a referirme, amable lector, al inevitable tema del Brexit, para señalar que Theresa May vuelve a sortear un envite de su partido para quitarle el liderazgo, mientras ella mantiene su objetivo de permanecer en su puesto hasta conseguir firmar un acuerdo de Brexit. En este frente, se retomaban las negociaciones con el Laborismo y las dos partes han realizado declaraciones positivas. En cualquier caso, parece que May estaría barajando la convocatoria de un segundo referéndum para el caso de que fracasen las negociaciones con el Laborismo, que también eleva las posibilidades de una convocatoria de elecciones generales. Por otro lado, y, pese a los intentos de las autoridades, Reino Unido votará en las elecciones europeas del próximo 23 de mayo.

Se ha producido además un castigo electoral a conservadores y laboristas por el Brexit. Los comicios locales en parte de Inglaterra impulsan a los liberal-demócratas. Es evidente que los dos principales partidos políticos de Reino Unido han sufrido una reducción de su apoyo en los comicios municipales celebrados en 248 ayuntamientos de Inglaterra, castigo que los expertos atribuyen al descontento de la población con el proceso del Brexit (salida británica de la Unión Europea). El Partido Conservador de la primera ministra Theresa May se mantiene como la fuerza más votada en conjunto pero ha perdido 1.262 concejales (sobre un total de 4.906) y la mayoría en 41 ayuntamientos (antes controlaba 134 de los que ayer se renovaban). Los laboristas no se han beneficiado de la mala jornada de los tories, ya que el partido liderado por Jeremy Corbyn se deja 83 concejales y pierde el control de seis ayuntamientos. Al margen de cuestiones locales, el voto parece haber estado muy influido por el proceso del Brexit. Las luchas internas de los conservadores sobre la mejor forma de implementar la salida de la UE y la ambigüedad de los laboristas sobre si seguir adelante o no con el divorcio ha provocado la deserción de simpatizantes, tanto en el lado de los euroescépticos como en el de los pro-europeos.

En lo relativo a política monetaria y bancos centrales, parece que la decisión sobre el próximo presidente del BCE podría verse pospuesta hasta pocas semanas antes del fin del mandato de Draghi. Esto principalmente vendría provocado porque aún están pendientes de nombramiento una amplia lista de altos cargos de la Comisión Europea, y hasta que no se solventen esto retrasará la decisión sobre el máximo responsable del BCE.

A nivel doméstico lo más destacable me ha parecido la importante regulación de empleo en banca, especialmente en dos importantes instituciones bancarias de nuestro país.

Caixa Bank ha alcanzado un principio de acuerdo con los sindicatos SECB, UGT, SIB, FEC y CIC (CC OO no se sumó) para recortar 2.023 empleos (134 menos de los previstos) y con renuncia a los despidos forzosos que se habían planteado en la propuesta inicial. El pacto será sometido a votación por los trabajadores. Por su parte, el Santander abrió la negociación de un ERE con los sindicatos que podría implicar la supresión de 3.000 empleados, según estimaciones sindicales no confirmadas por la entidad. Este ajuste afectará a la red de oficinas tras la absorción del Popular. El año pasado ya se pactó otro para los servicios centrales de ambas entidades. El recorte de Caixa Bank entrañará el cierre de unas 800 oficinas (el 14,8% de la red) y el recorte del 7% de la plantilla. No se precisó el impacto por comunidades autónomas. En un principio estaba previsto cerrar en Asturias 11 de sus 61 sucursales (el 18% de la red) y recortar 58 empleos (22% de los 263 que tiene en la región). El plan ahora aprobado estipula que las salidas sean voluntarias, para lo que se han pactado diversas fórmulas de indemnización y ayudas económicas según las edades de quienes se adhieran entre fines de mayo y mediados de junio. El coste para el banco será de 890 millones pero generará un ahorro anual de unos 190 millones. Para compensar los desequilibrios de plantilla que se produzcan, se amplía la movilidad a 75 kilómetros. El 60% de las bajas se producirá en el segundo semestre de este año y el resto, en la segunda mitad de 2020. La reducción de la red (que no afectará a zonas rurales) obedece a la concentración de agencias urbanas para transitar hacia un modelo de oficinas grandes y con mayor valor añadido. Este modelo (denominado “oficina tienda”), con horario especial, y el de oficinas de negocios se expansionarán con 700 aperturas (ampliables a 750) hasta 2021 en todo el país. El resto de oficinas ampliará su horario al público. El empleo del servicio de banca digital se ampliará hasta 2.000 gestores.

Por su parte, Santander inicia con los sindicatos la negociación de su ERE con la plantilla muy tensionada. En menos de tres años habrían salido unos 6.400 trabajadores si se suman los previsibles casi 3.600 abandonos que se anuniarán ahora. Rami Aboukhair, consejero delegado de Banco Santander España, y Rodrigo Echenique, presidente de la entidad en España hasta el pasado 1 de mayo, Pablo Monge. Casi dos años después de que Banco Santander adquiriese Banco Popular, el primer banco resuelto de Europa, ha decidido iniciar las negociaciones con los sindicatos para llevar a cabo el expediente de regulación de empleo (ERE) más significativo de la entidad en España
Estaba previsto que la dirección del banco y los sindicatos se sentaran este pasado lunes, pero finalmente el encuentro ser ha retrasado al miércoles. Fuentes sindicales mantienen que no han cambiado mucho las cosas desde que Santander adquirió Popular el 7 de junio de 2017, y según les han dejado entrever en varias ocasiones parece que los números que han barajado hasta ahora “no tienen que haber variado demasiado”. Si es así, la propuesta de salidas superará los 3.000 empleados y se podría situar en los 3.600 trabajadores, es decir, alrededor del 10% de la plantilla en España. Además, se cerrarían unas 1.200 sucursales como tope. Esta cifra se sumará a las 1.700 prejubilaciones que ha realizado el grupo en España en 2018, y al ERE que afectó a 1.100 empleados en 2017 correspondientes a la plantilla de los servicios centrales de la Ciudad Financiera de Boadilla, sede operativa del grupo en Madrid. De esta forma, las salidas desde la compra de Popular podrían alcanzar la cifra de 6.400 empleados en algo menos de tres años. El consejero delegado del grupo, José Antonio Álvarez, explicó el pasado martes en la rueda de prensa de resultados correspondientes al primer trimestre del año, que el objetivo es completar a lo largo de este ejercicio la mayor parte del proceso de reestructuración de la red. El ajuste comenzará a realizarse una vez que concluya la integración tecnológica de las oficinas, lo que se espera para julio. Álvarez espera que las negociaciones “vayan bien”. Los sindicatos también confían en que los contactos no planteen excesivos problemas, una vez que en noviembre del pasado año firmaron un protocolo de empleo para evitar que ante una futura reestructuración de la plantilla, se ejecuten medidas “traumáticas” para los trabajadores. El pacto alcanzado en 2017 fue el mismo que sellaron empresa y plantilla en 2016. En ambos se produjeron las salidas de forma voluntaria, y con indemnizaciones que permitía prejubilaciones a partir de los 55 años con el 80% del sueldo, siempre que se cuente con una antigüedad superior a los 15 años, y la salida de los mayores de 50 años con una indemnización del 80% del sueldo, hasta un máximo de 380.000 euros. Pero pese al pacto de no emplear medidas traumáticas, lo cierto es que las negociaciones del presente ERE se producen justo cuando se acaba de iniciar los contactos para firmar los nuevos convenio colectivos de banca y de las antiguas cajas de ahorros, y que parece encaminado a llevar a cabo un cambio radical en las remuneraciones fijas y variables, como la ampliación de la movilidad geográfica, hoy situada en 25 kilómetros. A ello se suma que la situación entre la plantilla y el banco no pasa en la actualidad por su mejor momento, según se desprende de los comunicados internos de los sindicatos y afirman. Según CC OO, sindicato mayoritario de Santander, la nueva estructura del staff del banco en España “poco o nada tiene que ver con la mejora de la aportación del margen y a la consecución de objetivos, antes, al contrario, se han convertido en una locura que está desquiciando a toda la red”, reza la última nota de este sindicato. Afirma que donde antes había uno o dos directivos de zona ahora hay cuatro o cinco (negocio y empresa, digitales, select, recursos…), o que en vez de ayudar a la red “se han convertido en una carga más”. Aseguran que estas nuevas figuras “se dedican a atizar, exigir, convocar y hostigar a la red comercial sin importarles que una misma persona reciba ese acoso laboral por parte de varias personas”. Banco Santander invertirá 20.000 millones de euros en nuevas tecnologías en los próximos cuatro años, con el objetivo de lograr unos ahorros de 1.200 millones anuales, de los que más del 80% (1.000 millones de euros) serán en Europa, según explicó la entidad el pasado 3 de abril en su Investor Day. De estos 1.000 millones, la mayor parte, además, se llevarán a cabo en España. El grupo se marca como objetivo mejorar su ratio de eficiencia y situarlo por debajo del 45% . La entidad espera ahora alcanzar un ahorro adicional de 250 millones de euros, un 50% más de lo previsto, por el proceso de integración de Banco Popular. La ifra se sumaría a los 500 millones estimados en un principio. La prioridad de Santander España es mantener su liderazgo en pymes y empresas. Dentro del negocio español, quiere crecer en consumo, pagos, seguros y gestión de patrimonio. El banco prevé para España un RoTE del 14% al 16% en 2022, frente al 11% de 2018.

Dejando el tema bancario, le informo de que Cataluña concentró 1 de cada 4 procesos concursales registrados en los últimos 22 años. El comercio coge el relevo de la construcción como sector con más concursos registrados desde el inicio de la crisis. En efecto, Cataluña es la comunidad autónoma que más procesos concursales de empresas ha registrado en los últimos 22 años, con un total de 16.612 concursos, el 23% del total del país, que en este período acumula de 72.139 concursos. Así se desprende del estudio sobre Evolución de los procesos concursales en España, publicado por Informa D&B, filial de la Agencia de Crédito a la Exportación española Cesce, que analiza la situación de las empresas que entraron en concurso entre los años 1997 y 2018. El estudio revela que la mitad de estos procesos se concentró en el periodo de crisis, entre 2008 y 2013, cerrando este año con la cifra más alta alcanzada, 9.310. Cataluña siempre ha liderado los datos de concursos nacionales, con 16.612 en este periodo, el 23% del total del país, si bien esta proporción llegó a alcanzar el 35% en 1997. Madrid y Valencia se han repartido la segunda plaza, pues la primera fue la segunda con más concursos desde 1997 a 2005, y luego desde 2013, exceptuando el año 2015. El año 2013 fue el que marca el mayor número de concursos en todas las autonomías, quedando únicamente dos por debajo de los cien procesos, Cantabria y La Rioja. Por sectores, la construcción, el comercio y la industria suman casi el 72% de procesos concursales iniciados desde 1997, con un total de 51.588 concursos en estos años. Industria lideró los datos hasta 2007 (salvo en el 2000), y con la crisis, construcción y actividades inmobiliarias pasó a ser el sector más castigado, concentrando el 41% de los procesos de este año. En 2018 se ha visto superado por comercio. Respecto a la forma jurídica de las empresas en concurso, si en 1997 el número de concursos correspondientes a sociedades anónimas superaba el 57%, en 2018 no llegaba al 8%. Este último año son las sociedades limitadas las que más concursos inician, el 74% del total. También los autónomos han incrementado su representatividad en este periodo, del 2% al 16%. Respecto al tamaño de las compañías, las microempresas siempre han sido mayoría en los procesos registrados, pasando de ser un 51% a un 84% en estos 22 años analizados. Los porcentajes de las pequeñas, medianas y grandes han ido disminuyendo, hasta el 14%, el 1,6%, y el 0,13% en 2018, respectivamente. En todo caso, al tener en cuenta la proporción de concursos respecto al total de empresas activas, las microempresas tienen una menor tasa en 2018 que las pequeñas y medianas empresas, un 0,19% frente al 0,56% y 0,38%, respectivamente, aunque superan ligeramente el 0,14% de las grandes. Según la directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, el número de procesos declarados “es muy escaso” en comparación con otros países europeos y, además, a su juicio “no sirven para solventar las situaciones de dificultad en la empresa, ya que en su mayoría terminan con el cierre de la misma”. En este sentido, la filial de Cesce recalca que la tasa media española, del 0,22% en 2017, es inferior al de nuestros vecinos europeos. En Italia es del 0,41%, en Portugal del 0,68%, en Alemania llega al 1,84% y en Francia al 2,12%.

Le dejo una noticia llamativa en el mercado inmobiliario: las tasadoras alertan de una caída de la demanda del alquiler por los altos precios. La AEV advierte de que los inquilinos han llegado al límite de su capacidad de pago en las grandes ciudades. La Asociación Española de Análisis de Valor (AEV) –que agrupa a las principales tasadoras del país– alerta de una “incipiente caída” de la demanda de alquiler por las fuertes subidas de precios en las grandes ciudades. Una tendencia que ahonda todavía más en el problema de accesibilidad a la vivienda ya que una gran parte de aquellos que viven de alquiler lo hacen por no poder permitirse una vivienda en propiedad. Así lo revela el Décimo Observatorio de la Valoración correspondiente al segundo semestre de 2018, elaborado por la AEV junto con la Universidad de Alicante y un panel de más de 20 expertos. “Tras incrementos en las grandes ciudades que han estado en el entorno del 20% en los últimos tres años, los inquilinos han llegado al límite de su capacidad de pago”, ha avisado la responsable del departamento de Economía aplicada de la Universidad de Valencia y autora del informe, Paloma Taltavull, razón por la que ha dicho, se empieza a ver “la incapacidad de la demanda de crecer al mismo ritmo que los precios”. No obstante, ha apuntado la imposibilidad de medir exactamente ese descenso por la ausencia de datos oficiales del mercado del alquiler en España. Precisamente por no disponer de la suficiente información del sector, el real decreto de vivienda que entró en vigor el pasado marzo recoge la elaboración de un índice de precios del alquiler de ámbito nacional en el plazo de ocho meses, por lo que en principio debería estar listo en noviembre. El fuerte repunte de precios del alquiler en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca, se explica, ha proseguido, por ser las urbes que “atraen mayor población ya que concentran la mayor creación de empleo”. Pero también, porque ha habido en los últimos años “un acceso masivo al alquiler” debido a “la importante incapacidad de la demanda de acceder a la propiedad”. De hecho, el 90% del panel de expertos consultados en el informe considera que el principal problema del mercado inmobiliario es el desajuste entre salarios y precios de la vivienda. “Los límites para comprar una vivienda no son las cuotas hipotecarias, que ya son más bajas que los propios alquileres en muchos casos, sino la incapacidad de los jóvenes de ahorrar para lograr pagar la entrada piso, del 20% o 30% el valor de la casa”, ha señalado el presidente de la AEV, Germán Pérez Barrio. El responsable de la AEV ha señalado que, en su opinión, ese factor tiene un peso mucho mayor que los posibles cambios culturales que alejan a los jóvenes de la compraventa. “Si hubiera capacidad de compra, los jóvenes estarían comprando”, asegura. Al problema de los bajos salarios se suma también el insuficiente flujo de crédito para construir vivienda nueva, sostiene el informe, lo que explica igualmente la tensión de precios ante la falta de oferta de viviendas. “La sequía de vivienda tras una década sin edificación se ha paliado en parte por las viviendas que no se habían sacado antes al mercado. Hemos vivido del colchón del stock pero ahora ese ciclo ya se está agotando”, prosigue Pérez Barrios. La mayoría de expertos consultados por la AEV coincide en que el precio de la vivienda registrará este año un incremento del 4% de media -aunque con ciudades y mercados muy polarizados-. No obstante, no existe consenso en cuanto a la evolución que registrarán a partir de 2020. Mientras que una parte de los profesionales del sector opina que los precios no crecerán tanto por “la reducción de oportunidades en localizaciones ‘prime'” y la desaceleración de le economía, otros como la propia Taltavull sostienen, en cambio, que se puede esperar un fuerte repunte: “Tenemos una demanda sostenida, los salarios se están asentando y van a crecer, y eso va a mejorar la capacidad de pago y la concesión de hipotecas. Esos tres elementos generarían una presión mayor sobre los precios”, ha concluido.

A nivel coporativo es destacable que Telefónica vende activos por más de 2.100 millones este año y acelera el recorte de deuda. Ha vendido los centros de datos, las filiales de Centroamérica y Antares. Esta es una nueva operación de Telefónica en su estrategia de venta de activos no estratégicos para acelerar la reducción deuda. La compañía ha suscrito un acuerdo para la venta de 11 centros de datos en siete países, a Asterion Industrial Partners, gestora con sede en Madrid y que está impulsada por Jesús Olmos, ex responsable de KKR. El importe asciende a 550 millones de euros, con unas plusvalías, antes de impuestos y de minoritarios, de 260 millones. De esta forma, la operadora ha vendido activos por más de 2.100 millones de euros desde principios de año. Además de los centros de datos. Telefónica vendió sus filiales en Centroamérica a América Móvil y Millicom por un importe agregado de 2.025 millones de euros, y con una reducción de deuda cercana a 1.400 millones (con excepción de Costa Rica, la teleco era propietaria del 60% del capital). También cerró la venta de su aseguradora Antares a Catalana Occidente por 161 millones, con unas plusvalías de 90 millones y un recorte de deuda de 30 millones. La compañía dijo que estas operaciones complementan el objetivo de reducción de deuda y fortalecimiento de balance por la vía orgánica. Además, la empresa contabilizará en la deuda los 702 millones de euros procedentes de la devolución por parte de la Hacienda española, derivada de impuestos satisfechos en exceso en los ejercicios 2008 a 2011, tras el acuerdo de ejecución de una resolución del TEAC con la que se resolvía un largo litigio. Las apuestas del mercado se centran en saber qué deuda comunicará la teleco en los resultados del primer trimestre, que serán presentados mañana, así como la estimación que haga una vez contabilizadas las operaciones que se han hecho con posterioridad al fin del trimestre. La deuda se situará por debajo de 40.000 millones de euros, algo que no sucede desde 2005, antes de la compra de O2. En los últimos tres años, la deuda habría bajado en torno a 13.000 millones. En junio de 2012, llegó a estar por encima de 58.000 millones. Al cierre de 2018, la deuda era 41.800 millones de euros, con un ratio de apalancamiento de 2,65 veces el Oibda. En marzo pasado, en una presentación con inversores en Londres, la directora financiera, Laura Abasolo, indicó que con las ventas de las filiales de Centroamérica y de Antares, el endeudamiento pasaría a 40.400 millones, con un ratio de apalancamiento de 2,61 veces el Oibda. Eso sí, la métrica de la deuda va a cambiar al aplicarse la nueva normativa contable IFRS 16, que obliga a las empresas a incluir los arrendamientos. Telefónica estimó que el balance de apertura de la fecha de transición reflejará un incremento en la cifra de activos y pasivos por un importe entre 7.400 y 8.100 millones de euros. No obstante, dijo que el ratio de apalancamiento solo subirá en 0,2 veces el Oibda.  Telefónica va a vender 11 centros de datos repartidos entre Argentina (2), Brasil (2), Chile (1), EE UU (1), España (2), México (1) y Perú (2). En Brasil, la filial precisó que va a vender los data centers situados en las ciudades de Santana de Parnaíba y Curitiba, por 441 millones de reales (unos 100 millones de euros). La compañía precisó que la venta de estos activos se acompaña de un contrato de prestación de servicios de housing al grupo, el cual garantiza que la operadora seguirá prestando en dichos data centers los servicios a sus clientes con la misma calidad. BBVA ha asesorado la operación, la mayor en el segmento de los centros de datos en el mercado español, por parte de Telefónica.

SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.