Inevitable empezar este informe económico semanal, comentando que el miedo a que el coronavirus (COVID-19) se convierta en una pandemia deja una semana con la mayor corrección bursátil desde la gran crisis de 2008 (sesión jueves, acumulado -12% bolsas europeas), pesando en el sentimiento la expansión territorial que va cogiendo el virus y las medidas «restrictivas» que van tomando los gobiernos para contener su riesgo (cierre de colegios, eventos deportivos, conferencias multinacionales…). Así, los mercados vuelven a poner sus miras en los bancos centrales, esperando que realicen actuaciones inmediatas para paliar el parón de actividad provocado por el virus. Todos los sectores terminaban en negativo siendo el más castigado viajes y ocio. De hecho, las empresas del Ibex perdieron 58.204 millones en cuatro días. Por ejemplo, Inditex vale 10.877 millones de euros menos que el viernes de la semana anterior. El petróleo se desploma hasta niveles de 50$/b (-14% semana). Las TIRs de la deuda core anticipan nuevos recortes de tipos.
La expansión del virus fuera de China y el salto a Europa, con Italia como nuevo epicentro nos llevaba a una semana, como digo, donde el sentimiento del mercado era dominado por la evolución del virus. El número de nuevos casos en China sigue cayendo, mientras saltan nuevos países donde se diagnostican nuevos infectados, representando ya los nuevos casos fuera de China el 75% del total. Las autoridades sanitarias miran con preocupación a Corea del Sur, por el salto en la cifra de afectados y a otros países como Irán e India. EE.UU. avisaba que una pandemia es posible y el presidente Xi Jiping reconoce públicamente que el coronavirus tendrá un fuerte efecto en las cifras del 1T20 y promete nuevos estímulos para sobreponerse a este duro golpe. El peor escenario para China apunta a un crecimiento del 3,5% en el 1T, casi la mitad del 4T (6%). En cualquier caso, por el momento se mantiene la expectativa de recuperación en el 2T. Hoy mismo, sábado, se ha diagnosticado el primer caso en Asturias de un hombre de 70 años.
A nivel de política monetaria la presidenta de la Fed de Cleveland Loretta Mester afirmaba a comienzos de semana que la expansión del brote del coronavirus representa una clara amenaza para la economía norteamericana, pero que aún no justifica un cambio en la política monetaria actual. Sin embargo, esta postura dista mucho de las perspectivas que tiene el mercado, que cree que la Reserva Federal se verá obligada a bajar tipos de manera agresiva para amortiguar el impacto del coronavirus. El mercado de cara al año que viene (enero 2021) se sitúa en un escenario de 3 bajadas y un 60% de probabilidades de que haya una cuarta. Esto situaría los tipos de interés por debajo del 1%, cifra no vista desde 2017.
En lo relativo al Brexit, siguen los posicionamientos entre Europa y Reino Unido de cara al arranque de las negociaciones de la semana que viene. Así, Europa deja claro que no pueden aspirar a un acuerdo similar al que tiene Canadá, porque su relación comercial y su proximidad es mucho mayor. Europa sigue dejando la puerta abierta a que tenga un acceso preferencial al mercado único, pero siempre y cuando ofrezca garantías suficientes de que va a mantener unas condiciones de competencia leal. La posición del Reino Unido es mucho más dura y, me temo que son capaces, perfectamente, de salirse con la suya.
Lo más relevante a nivel doméstico es el rapapolvo que nos ha llegado desde el Norte, desde Bruselas, con España y su política económica en el punto de mira. Parece que Calviño y Montero mantienen el control de la política económica y que Iglesias queda fuera de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, donde sí participarán Garzón y Díaz. El asunto problemático es que Bruselas pide al Gobierno que mantenga los aspectos positivos de la reforma laboral y alerta de la sostenibilidad de las pensiones y la deuda. La Comisión Europea ha instado al Gobierno a evaluar de forma «cuidadosa» el impacto potencial que tendría cualquier modificación de la reforma laboral llevada a cabo en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y a «preservar» los aspectos más positivos de la misma, que «apoyó una sólida creación de empleo» durante la fase de recuperación. Así consta en el informe sobre la economía española que el Ejecutivo comunitario ha publicado esta pasada semana. «Será importante que sólo se adopten nuevas medidas tras una cuidada evaluación de su potencial impacto y manteniendo los logros de pasadas reformas», dice el texto. Bruselas ha indicado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha expresado su «intención» de «revisar» aspectos de la última reforma laboral, sobre la que «se reconoce que apoyado una fuerte creación de empleo durante la recuperación». «Las reformas laborales adoptadas en 2012 y 2013 en respuesta a la crisis han demostrado haber jugado un papel importante en la promoción de una recuperación rica en empleo que comenzó en 2014», apunta el documento, citando un informe de este año del Fondo Monetario Internacional (FMI). En concreto, ha señalado que el nuevo Gobierno pretende restablecer el poder de negociación y «superar» la segmentación laboral. Estos cambios suponen, por ejemplo, abolir el límite de un año para la extensión automática de los convenios (ultraactividad) y recuperar la prevalencia de los convenios colectivos sectoriales frente a los acuerdos a nivel de empresa. Con respecto a los últimos incrementos del salario mínimo inteprofesional (SMI), el informe ha destacado que han aumentado los costes laborales y todavía no ha sido cuantificado su efecto sobre la pobreza laboral. Bruselas ha advertido de que vincular de manera permanente las pensiones a la evolución del IPC compromete la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, al tiempo que ha subrayado que estas medidas favorecerían, sin medidas compensatorias, a los pensionistas actuales en detrimento de las nuevas generaciones. Bruselas, en concreto, avisa en su informe sobre la economía española de las consecuencias que podrían tener los planes del Gobierno de Pedro Sánchez de vincular de manera permanente la evolución de las pensiones al IPC y «disociar» sus niveles a cambios en la esperanza de vida de la población española. «Eliminar ambos elementos de la reforma de 2013 corre el riesgo de beneficiar a los pensionistas de hoy a expensas de las futuras generaciones, salvo que se adopten medidas de compensación», remarca el documento. «Si los cambios con respecto a la reforma de las pensiones de 2013 se hicieran de forma permanente y sin medidas de compensación adecuadas, el gasto en pensiones crecería significativamente y empeoraría la equidad intergeneracional en el medio y largo plazo», añade. El texto, de hecho, señala que incluso aplicando «totalmente» la reforma de 2013, los pensionistas españoles seguirían contando en el largo plazo con una tasa de sustitución superior a la de la media comunitaria. En particular, los servicios del Ejecutivo comunitario calculan que vincular de nuevo las pensiones a la inflación «podría conducir a un incremento en el gasto en pensiones para 20050 de aproximadamente el 4% del PIB. Además abolir el factor de sostenibilidad sumaría «al menos» un 0,7% del PIB al gasto en pensiones en el largo plazo. Por otra parte, la Comisión ha alertado de que el alto nivel de deuda pública en España plantea un riesgo para la sostenibilidad de sus finanzas públicas y ha señalado que esta no se ha reducido pese a la buena coyuntura económica y los bajos costes de financiación de los últimos años. Bruselas ha apuntado en el informe que Italia, Bélgica y Francia están en la misma situación que España en lo que la deuda pública se refiere. La Comisión ha señalado que «los Estados miembros con altos niveles de deuda pública deberían hacer progresos rápidos para reducir la deuda», así como repensar sus prioridades de gasto para «dejar espacio a inversiones adicionales».
Esto, ha añadido, debería crear el margen suficiente para adoptar una política pro-cíclica en caso de que llegue una crisis, es decir, para no tener que cortar la inversión ni subir los impuestos si llegan las vacas flacas. A juicio del Ejecutivo comunitario, el alto nivel de deuda pública en España, que al cierre de 2019 equivalía al 96 %, supone una «vulnerabilidad» para la economía del país. La Comisión Europea lleva años repitiendo esta advertencia a España en sus informes por país, ya que pese a una recuperación que le ha llevado a crecer por encima de la media de la eurozona, el nivel de deuda pública solo desciende lentamente. Por otra parte, en cuanto a los avances en las reformas que recomendó acometer en mayo pasado, la Comisión cree que España no ha progresado en la preservación de la sostenibilidad del sistema de pensiones ni en reforzar su marco fiscal. Ha considerado, no obstante, que sí ha hecho progresos en materia de eficiencia energética y en reforzar la capacidad de sus servicios de empleo y sociales.
Yo recibo informes de evaluadores de mis artículos, y procuro hacerles caso, por la cuenta que me tiene de cara a la publicación. Si yo recibiera un informe así, haría lo que corresponde. ¿Lo que puede hacer este Gobierno? Cualquier cosa. En temas económicos, cualquier cosa. Y en función de ello, nos irá a todos los españolitos de a pie.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE