Despidos a gogó

Ha sido la pasada una semana con balance negativo en renta variable y muy ligeras ampliaciones en renta fija. La aceleración de las campañas de vacunación en Europa con la llegada de más dosis quedaba en un segundo plano por la preocupación de los elevados niveles de contagios en economías en desarrollo como India, Brasil o Turquía. Tampoco gustaba a los mercados la aparición de detalles de la propuesta de aumento de impuestos por parte de la Administración Biden para financiar ayudas para el cuidado de hijos. En el lado contrario, Europa avanzaba en su plan Next Generation después de que el Tribunal Constitucional alemán retirara el bloqueo a la ratificación del fondo de recuperación.

A nivel de política monetaria, en el BCE sin sorpresas en la reunión de abril. Continuaba imperando el sesgo «dovish» en el seno de la institución y Lagarde repite el discurso de marzo sobre la importancia de mantener las condiciones de financiación favorables. En el corto plazo, predominan los riesgos a la baja derivados de la prolongación de las restricciones en el tiempo y los últimos registros macro sugieren que la economía del bloque podría nuevamente contraerse en el 1T21. El timing para el comienzo del tapering no se discutía por considerarse demasiado prematuro. Por el contrario, el avance de los ritmos de vacunación junto con la mejoría de los indicadores económicos en este inicio de semestre vislumbran un horizonte más positivo de cara a la segunda mitad de año.

Lo que es evidente es que los estímulos fiscales de la UE palidecen ante los de EE UU y Reino Unido. Aún con las ayudas comunitarias, España destinará el 6,2% del PIB frente al 25% norteamericano. La Unión Europa ha reaccionado a la crisis del Covid-19 dando un giro copernicano a las políticas de austeridad con las que afrontó la Gran Recesión y aprobando un paquete de estímulos fiscales sin precedentes. La importancia de estos apoyos directos a la economía palidece, sin embargo, frente a las movilizadas por uniones más consolidadas en lo político, además de en lo fiscal y lo monetario, como es el caso de Reino Unido o, sobre todo, Estados Unidos.

Triste y sabida noticia: España perdió 106.000 habitantes en 2020

La población empadronada en España cayó por primera vez en 2020, hasta 47.344.649 habitantes, a causa de la pandemia de coronavirus. La pandemia del coronavirus arrebató 106.146 personas empadronadas en España durante el año pasado, con lo que la población del país bajó a 47.344.649 habitantes el pasado 1 de enero, lo que supone el primer descenso demográfico tras cuatro años consecutivos de aumento, según se extrae del avance provisional de la Estadística del Padrón Continuo publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2021. Pese al zarpazo poblacional por el coronavirus, la serie histórica del padrón continuo del INE, recogida por Servimedia y que comienza en 1998, indica que esos 47.344.649 habitantes empadronados el pasado 1 de enero suponen la segunda cifra más alta en los últimos 24 años, sólo por detrás de los 47.450.795 habitantes del 1 de enero de 2020. Del total de personas empadronadas el pasado 1 de enero, 41.936.827 tienen nacionalidad española (el 88,6%) y 5.407.822, extranjera (el 11,4%). Así, la cifra de españoles vuelve a bajar de 42 millones, algo sólo alcanzado el 1 de enero de 2020, y la de extranjeros crece por tercer año seguido. Durante el año pasado, el número neto de españoles se redujo en 79.815 personas (un -0,2%) y el de extranjeros disminuyó en 26.331 (un -0,5%). Entre estos últimos, los pertenecientes a la UE bajan en 37.870 (un -2,3%), mientras que los no comunitarios crecen en 11.539 personas (un 0,3%).

En la línea de lo que planteo en el titular del blog en el día de hoy, CaixaBank plantea 8.291 despidos y 1.534 cierres en el mayor ere de un banco español. La dirección del banco traslada a los sindicatos su plan de recortar el 18% de la plantilla y el 27% de las sucursales tras absorber Bankia. Lo habitual es que las cifras vayan bajando en las próximas semanas de negociación hasta llegar al ajuste final, que seguirá siendo récord. La dirección de CaixaBank ha trasladado  a los representantes de sus trabajadores su intención de realizar un ere que suponga el recorte de 8.291 puestos de trabajo como consecuencia de la fusión con Bankia, y que irá unido al cierre de 1.534 oficinas en España (el 27% del total: de 5.639 a 4.105). El ajuste supone un recorte del 53% de la plantilla que tenía la entidad nacionalizada (15.522), está por encima de las entre 7.000 y 8.000 salidas que se esperaban, y reduciría la plantilla del grupo en el país en un 18,7% (de los 44.401 empleados actuales a 36.109). Se trata de una primera propuesta y lo habitual es que el banco la reduzca en el curso de las negociaciones con los sindicatos durante las próximas semanas, pero con casi total seguridad se confirmará como el mayor ajuste realizado nunca por un banco español. Las salidas de empleados se producirían en los servicios centrales (1.148 de sus 4.278 empleados: 26,8% del total), trabajadores que dependen de los servicios centrales pero están ubicados en las direcciones territoriales (463 de 1.764: 26,2%), las propias direcciones territoriales (250 de 751: 33,3%), la red de oficinas (5.742 de 35.577: 16,1%), las filiales (630 de 630) y en personas que están en excedencia remunerada (58 de 58). Teniendo en cuenta solo las territoriales y sucursales, el mayor ajuste en números absolutos con diferencia se concentrará en la provincia de Madrid (1.511 de sus 7.171 empleados, el 21% del total), por delante de las de Barcelona (595 de 6.280: 9%) y Valencia (528 de 2.769: 19%) y, a más distancia, Murcia (410 de 1.351: 30%) y Baleares 358 de 1.661: 21%). Las cifras de la capital española y catalana, en todo caso, subirán aún más debido al ajuste de los servicios centrales, ubicados principalmente en ambas ciudades, si bien el banco no ha asignado un reparto territorial entre ambas. La entidad ha propuesto cuatro grupos de salidas para el ere en función de la edad a 31 de diciembre de este año. Para los mayores de 63 años, propone 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades. Para los de entre 58 a 63 años con más de 15 años de antigüedad, una indemnización en pago fraccionado equivalente al 50% del salario pensionable descontando la prestación por desempleo y con pago del convenio con la Seguridad Social. Para los de entre 55 a 58 años con 15 años de antigüedad, el 50% del salario regulador con un máximo de dos anualidades. Y para el resto, 25 días por año trabajado con un tope de 18 mensualidades.

Con el BBVA otro tanto, en cuanto al empleo. 

BBVA plantea el despido de 3.798 empleados y el cierre de 530 oficinas. Justifica el ajuste del 13% de su plantilla y de una de cada cinco sucursales por el mayor uso de Internet y la necesidad de reducir costes tras la crisis. El ajuste previsto de empleo que había anunciado BBVA a principios de año ha elevado de forma considerable el impacto laboral que tendrá el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) hasta los 3.798 despidos de trabajadores y el cierre de 530 oficinas. Ninguno de los cálculos que manejaban los sindicatos apuntaban hasta esas cifras, que convertirán el proceso en el mayor recorte de plantilla colectivo de la historia del banco. La propuesta de la entidad fue comunicada esta semana a los sindicatos, apenas dos días después de que BBVA celebrase el martes su junta general de accionistas.

Por otro lado, la crisis disparará la presión fiscal en España a su máximo histórico en 2021. La resistencia de los ingresos frente a la caída del PIB provoca el efecto. El peso de los ingresos sobre el PIB se elevará este año al 41,7% y el diferencial de siete a ocho puntos con la UE caerá a solo 4,75 puntos. Hace ahora una semana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, constituyó un comité de expertos  a los que encargó diseñar una reforma tributaria integral que permita “que a lo largo de la legislatura se vaya consiguiendo reducir el diferencial de recaudación que existe entre España y la media de la UE, de entre siete ocho puntos”. Paradójicamente, para cuando los académicos entreguen su informe, el próximo febrero, esa brecha histórica se habrá visto reducida casi a la mitad. Se trata, eso sí, de una secuela meramente coyuntural de la crisis, que estadísticamente ha disparado la presión fiscal española. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que esa magnitud batirá récords este año tras marcar máximos en 2020.

El reparto de fondos de políticas activas de empleo se ligará a resultados. Yolanda Díaz dice que habrá un sistema de bonus para las autonomías. La ministra y vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, declaró esta semana que “habrá bonus positivos y bonus negativos”, puesto que se abre “una nueva política basada en la rendición de cuentas”. Obligación que también afectará al propio Ministerio y que, con toda probabilidad, controlará la Airef, según Díaz. Los condicionantes concretos se conocerán en la Conferencia Sectorial del próximo día 28, aunque la ministra avanzó que un 45% de 1.300 millones (de los 2.110 que se llevarán las autonomías) se vinculará al cumplimiento de objetivos y que se realizará un mapa de indicadores. Trabajo adelantó, asimismo, las ofertas económicas que va a realizar a las comunidades autónomas para crear puestos de trabajo. Recibirán 2.110 millones de euros para políticas activas de empleo (PAE), a los que se añadirán 260 millones para el Profea o plan de fomento del empleo agrario. Otros 1.100 millones procedentes de los Fondos europeos de Recuperación y Resiliencia, en su componente 23, servirán para cumplir los objetivos laborales marcados por la Unión Europea. De dicha cantidad, 668 millones irán directamente a las arcas autonómicas. En total, las nuevas políticas activas de empleo supondrán más de 3.500 millones de euros. La ministra indicó que las PAE van a suponer “uno de los cambios estructurales más importantes que se van a abordar con las comunidades y en el diálogo social”. La trazabilidad de los fondos es una de sus características pero también la trazabilidad de los trabajadores y de las empresas. Se personalizarán los casos y mediante perfilados estadísticos e inteligencia artificial se recorrerá toda la vida laboral.

Pues que sea para bien.

SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.