Ha sido la pasada una semana de ligeras subidas en Europa dejando un buen comportamiento de los sectores más cíclicos, marcada por el acuerdo del plan de infraestructuras en EE.UU., y los mensajes tanto de la Fed como del BCE, quienes todavía ven la necesidad de mantener unas condiciones de financiación favorables para no mermar la recuperación. En este contexto, se observaban ligeros repuntes de la rentabilidad del bund y el treasury a 10 años ante cierto repunte de las expectativas de inflación. Buenos datos en el apartado macro dejando de manifiesto las reaperturas de las economías apoyadas en la campaña de vacunación, con el petróleo alcanzando niveles de 76 $/b tras una subida de c.46,5% en lo que llevamos de año.
En el aspecto de política monetaria, relativo al BCE, Lagarde insistía en que el momento de economía y de inflación de Europa es radicalmente diferente al de EE. UU., aunque reconocía que las dinámicas de precios del otro lado del Atlántico pueden tener algunos arrastres. Así, repetía el mensaje de la última reunión, sobre la necesidad de mantener unas condiciones de financiación favorables, y que un endurecimiento ahora podría poner en peligro la recuperación. Por otro lado, la autoridad monetaria está todavía lejos de alcanzar un acuerdo en el nuevo objetivo de inflación a adoptar, si bien esperan cerrarlo antes de empezar a discutir el futuro del PEPP en septiembre. Parece que si hubiera consenso en que el nuevo objetivo podría dejar ver la inflación por encima del objetivo actual del 2%, pero no hay acuerdo en cómo formular este giro. Donde sí ha habido avances en la inclusión de criterios medioambientales en sus decisiones de política monetaria, así como la inclusión de los costes de vivienda en las medidas de inflación.
La economía de Estados Unidos registró un crecimiento del 1,6% en el primer trimestre del año, sin cambios respecto al cálculo hecho hace un mes, y señal de la recuperación económica en marcha tras la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, informó esta pasada semana la Oficina de Análisis Económico (BEA). Se trata de la tercera y última estimación que ha hecho el Gobierno estadounidense sobre la actividad económica en el arranque del año después de la contracción anual del producto interior bruto (PIB) del 3,5% de 2020.
La Unión Europea pisa el acelerador para tener a punto la normativa que regulará los criptoactivos en Europa con una versión actualizada del borrador inicial del pasado septiembre acordada entre Alemania y Portugal. En él se retira de la cobertura de la norma a los tokens no fungibles, se endurece la concesión de licencias a los brókeres y se incluye la gestión de carteras. El BCE, la CNMV y el Banco de España controlarán la actividad sobre estos activos. Con este acelerón, la misión es que la norma esté lista a finales de 2021 o inicios de 2022. Los emisores o las plataformas de criptoactivos deberán tener su sede en algún país de la UE y contar con una autorización del supervisor preceptivo. La propuesta de reglamento europeo para la regulación de los criptoactivos y las plataformas que operan con ellos, conocida como MICA (siglas de markets in crypto-assets), fue presentada en septiembre del año pasado, junto con un reglamento que permitirá crear una especie de sandbox europeo para utilizar la tecnología de registro distribuido (DLT, por sus siglas en inglés) en los mercados. Y el nuevo documento de trabajo pone los puntos sobre las íes en varias cuestiones sobre el tapete. Los bancos continúan teniendo preferencia a la hora de lograr la autorización para operar con criptoactivos, pero en el nuevo texto se retiran las prebendas a las empresas de servicios de inversión. Los brókeres deben empezar desde cero en la solicitud. Más controvertida es la exclusión de la norma a los tokens no fungibles. “Si bien estos criptoactivos pueden negociarse en los mercados, acumularse de forma especulativa y, en casos limitados, utilizarse como medio de intercambio, no son fácilmente intercambiables”, sentencia el texto. Al tiempo, también se incluye la regulación de la gestión de carteras de criptoactivos.
En lo relativo al titular del blog en el día de hoy, Calviño confía en recibir en julio el primer desembolso de 9.000 millones de los fondos europeos. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha señalado que el Gobierno continúa con su previsión de que se produzca el primer desembolso de prefinanciación de 9.000 millones de los fondos europeos, una vez que se produzca la aprobación final del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia en el Ecofin que se celebrará el próximo 13 de julio. Además, ha anticipado que en esos días España también solicitará el primer desembolso semestral de los 10.000 millones para la segunda parte del año, remarcando que se hará sobre la base de los hitos conseguidos en este momento. Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta para la Unión Europea para informar sobre los últimos avances relativos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Calviño ha recordado que los fondos europeos prevén para España una financiación de 140.000 millones en transferencias y créditos para los años comprendidos entre 2021 y 2026. En cuanto a los desembolsos de pagos, se prevé que se inicien con un pago de 9.000 millones a los que se sumaría otros 10.000 millones en la segunda parte del año. Tras esto, habrá otros desembolsos 18.000 millones en 2022 y de 17.000 millones en 2023. Es decir, el 80% de las transferencias se concentrarán en el periodo 2021-2023. La ministra ha explicado que la Comisión Europea ha podido empezar a emitir la deuda hace una semana, con una subasta en la que se captaron 20.000 millones de euros en bonos a 10 años, con una demanda siete veces superior y un tipo de interés por debajo del 0,1%. La intención de las autoridades comunitarias es realizar otras dos emisiones sindicadas más antes del parón estival para poder contar con los recursos suficientes para empezar a hacer los primeros los pagos a los Estados miembro antes de septiembre, según la vicepresidenta segunda. En cualquier caso, la ministra ha insistido en que todos los pagos se harán sobre la base del calendario de hitos y objetivos que haya marcado cada país, que en el caso de España ya ha comenzado a abordar algunos como son la hoja de ruta del hidrógeno renovable o la ley de cambio climático y otros que prevé conseguir en el segundo semestre del año, como las nuevas políticas públicas en el mercado de trabajo, con la reducción de tipos de contrato o el impulso de un mecanismo permanente de flexibilidad laboral, además de la hoja de ruta de energía eólica marina, la estrategia de movilidad sostenible o el sistema de pensiones. En el campo de inversiones, Calviño ha informado de que hasta ahora ha habido 16 manifestaciones de interés para proyectos que puedan tener un papel importante en línea con el plan. En este sentido, Calviño ha recordado que el Plan de Recuperación español se convirtió el pasado miércoles, junto el portugués en el primero en recibir el visto bueno por parte de la Comisión Europea y ha ensalzado que lo haya hecho con la calificación más elevada.
Mala noticia. La morosidad de la banca aumenta en abril al 4,53%. La morosidad de los créditos concedidos por los bancos, cajas y cooperativas a particulares y empresas aumentó ligeramente al 4,53% en abril, frente al 4,51% de marzo y el 4,75% de un año antes. Este aumento se produce tras el descenso registrado en marzo, si bien no alcanza el nivel registrado en febrero, cuando la ratio de morosidad se situaba en el 4,55%, según los datos provisionales del Banco de España. Los créditos dudosos aumentaron un 0,02% respecto al mes anterior, hasta 54.991 millones de euros, aunque disminuyeron un 4,5% frente al dato de abril de 2020. En el cuarto mes de 2021 se produjo un descenso del 0,30% en el crédito total del sector, hasta 1,214 billones de euros. No obstante, este volumen de crédito era un 0,16% superior al registrado un año antes. Las cifras incluyen el cambio metodológico en la clasificación de los Establecimientos Financieros de Crédito (EFC), que desde enero de 2014 han dejado de ser considerados dentro de la categoría de entidades de crédito. Sin incluir los cambios metodológicos, la ratio de morosidad se situaría en el 4,63%, puesto que el saldo de crédito fue de 1,185 billones de euros en abril de 2021, al excluirse el crédito de los EFC. Las provisiones de las entidades financieras descendieron por primera vez desde octubre de 2020 y se situaron en 41.239 millones de euros en el cuarto mes del año, 27 millones de euros menos que en marzo (-0,06%), si bien ha aumentado un 12,48% más si se compara con la cifra de abril de 2020, cuando se colocaron en 36.664 millones de euros. La ratio de cobertura, medida como el total de provisiones sobre el total de los créditos dudosos, se situó en el 74,99%, frente al 75,05% de marzo y el 64,22% de abril de 2020.
A nivel empresarial, destaca que Codere se dispara un 30% en Bolsa tras fusionar su filial de juego online con una Spac (empresa con propósito especial de compra), DD3 Acquisition Corp. II, y dar el salto a cotizar en el mercado de valores estadounidense Nasdaq. Codere ha alcanzado un acuerdo de fusión de su filial Codere Online -formada por la sociedad matriz Codere Online Luxembourg, S.A., Servicios de Juego Online S.A.U. y sus filiales consolidadas- con la Spac DD3 Acquisition Corp. II.
Para finalizar, comentar que Economía facilita las operaciones corporativas en BME Growth con la última reforma de la ley de sociedades. Las empresas podrán ejecutar ampliaciones de capital ultrarrápidas, así como emitir acciones preferentes, rescatables y con doble voto, entre otras cuestiones. Esto facilita que los fondos de capital riesgo se fijen en un mercado con un total de 44 firmas, sin incluir socimis, que suman una capitalización de casi 3.700 millones a cierre de mayo. Las empresas de la plataforma de compañías en expansión no se consideraban cotizadas en la antigua ley de sociedades, de forma que carecían de sus privilegios. Pero los cambios legislativos que entraron en vigor el 3 de mayo han solucionado el agravio comparativo. Las clases sociales entre el BME Growth y el mercado regulado –la Bolsa clásica– han sido eliminadas desde el punto de vista normativo. La clave de bóveda de estos cambios está en que varios de los capítulos de la ley de sociedades también se aplican ahora a las firmas con acciones admitidas en sistemas multilaterales de negociación. La de BME, denominada MAB hasta el pasado mes de septiembre, nació en 2006 sin estas prebendas, y aun así ha permitido que las empresas que se negocian allí hayan captado recursos por unos 4.700 millones desde su creación. La nueva vuelta de tuerca será un motor para las fusiones y adquisiciones (M&A), así como para otras operaciones en este mercado. Entre el nuevo abanico de posibilidades que pueden emplear están las acciones rescatables, privilegiadas –por ejemplo, las que tienen preferencia en el cobro de dividendo– o sin voto y, además, las compañías tienen la capacidad de acelerar las ampliaciones de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente. Este último punto es capital. Ahora las empresas de BME Growth pueden delegar en el consejo de administración la posibilidad de ampliar capital siempre que no se supere el 20%. Lo mismo ocurre con las obligaciones convertibles. Otra mejora es que se acorta la duración de las ampliaciones de capital en la que se respeta la preferencia de los socios. La reforma supone un avance muy importante para el mercado, pues permite acelerar procesos de financiación, como las ampliaciones de capital con derechos, cuya negociación se puede acortar a dos semanas cuando antes era un mes como mínimo. Las acciones con doble voto o de lealtad también están disponibles para los accionistas con más de dos años en el capital si se aprueban en los estatutos. También disfrutan de facilidades adicionales. Entre ellas, que las ampliaciones sin derechos por menos del 20% del capital no requieran ya de un informe de un experto independiente, que el acuerdo de aumento de capital puede inscribirse en el Registro Mercantil antes de su ejecución y que las compañías tienen derecho a identificar a los accionistas y a los beneficiarios últimos de la inversión. Se fomenta además que las compañías de BME suban al mercado regulado. Aquellas que lo hagan, durante un periodo transitorio máximo de dos años, no están obligadas a cumplir con la obligación de publicación y difusión del segundo informe financiero semestral.
En definitiva, una buena noticia para este mercado que puede dar mucho juego a esta parte del tejido empresarial español.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.