Graves problemas de inseguridad jurídica en España

En esta semana destacamos el hecho de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dejó intactas las expectativas de tres bajadas de tipos este año y las bolsas lo agradecieron. En su discurso, Powell rompió su pauta habitual que suele ser marcar correcciones en el mercado tras el inicio de su intervención. Esta vez se han producido alzas que provocaron que el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500 marcaran máximos históricos de cierre de forma simultánea, algo que no ocurría desde noviembre de 2021. Los bonos reaccionaron al alza desde sus niveles de soporte y el dólar procedía a depreciarse.

Al otro lado del charco, la confianza de los inversores alemanes aumenta ante la expectativa de un recorte de tipos, según el indicador del Centro de Investigaciones Económicas Europeas de Leibniz (ZEW, por sus siglas en alemán), que se ha situado en 31,7 puntos desde los 19,9 del mes anterior, su mejor lectura desde enero de 2022, antes de la invasión de Ucrania, ante la perspectiva de recortes de los tipos de interés por el Banco Central Europeo (BCE). En el caso de la presente coyuntura, sin embargo, la evaluación de los inversores germanos demostraba menos euforia y mejoraba modestamente, hasta los -80,5 puntos desde los -81,7 del mes de febrero. En cuanto a la eurozona, la encuesta ZEW de marzo refleja también una sustancial mejoría de las expectativas, con una lectura de 33,5 puntos, frente a los 25 del mes pasado, aunque la evaluación actual ha empeorado, con un resultado de –54,8 puntos desde los -53,4 de febrero.

En relación a lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy y que resulta bastante negativo para la economía española es que la mitad de los directivos cree que la inseguridad jurídica es la principal amenaza para la economía española. Tres cuartas partes de los empresarios españoles prevén incrementos de sus ventas en los próximos 12 meses y la mitad prevé aumentar sus inversiones. En plena desaceleración económica, los empresarios españoles esperan seguir creciendo en facturación, inversiones y en empleo. Pero también tienen inquietudes. La mitad de los directivos (48%) señala la inseguridad jurídica como una de las principales amenazas para la economía del país, por delante de la incertidumbre política (44%) y de los cambios regulatorios (30%). Son conclusiones extraídas de la vigésima edición de la encuesta ‘Perspectivas España 2024’ elaborada por KPMG en colaboración con CEOE en la que participan más de 1.350 empresarios y directivos. «Las empresas necesitamos un clima de confianza, de moderación y entendimiento, con menor incertidumbre y con una mayor calidad normativa e independencia de las instituciones», destacó el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. El optimismo en relación a las cifras es notable. Un 71% de los encuestados confía en que sus ventas se incrementen en los próximos 12 meses, mientras que el 53% aumentará sus inversiones. Al mismo tiempo, un 40% prevé crecimientos de su plantilla, dos puntos porcentuales más que en 2023. Sin embargo, por encima se encuentran las más de 215 leyes que se aprobaron en la pasada legislatura en un entorno marcado por la pandemia, el estallido de la guerra en Ucrania y la escalada de los precios energéticos y de consumo. «Muchas de estas leyes afectaron a aspectos laborales y fiscales y, por tanto, tuvieron una incidencia directa en la operativa, procesos y cuentas de resultados de las empresas», apunta el informe. Los autores del documento señalan que, tras las últimas elecciones generales de junio, «todo apunta a que este ritmo decrecerá en la presente legislatura» debido a la fragmentación parlamentaria y a la dificultad de cerrar acuerdos.

En relación con la situación económica actual, los empresarios prefieren mostrarse cautelosos. La mitad de ellos (54%) califica la coyuntura económica como regular, tres puntos porcentuales menos que el año anterior, y un 45% anticipa que la evolución de la economía española será peor o mucho peor. Un 41% prevé que no se experimenten cambios. Además, la preocupación por el alza de precios se mantiene. Dos de cada tres directivos (63%) cree que el impacto del alza de los precios en sus márgenes de beneficio ha sido alto en 2023. Para los empresarios españoles, las tres principales amenazas para el negocio en el próximo año asociados a la inflación es el riesgo de demanda (34%), la volatilidad de los precios de las materias primas (33%) y los tipos de interés (27%).

A nivel local, destaco la mala noticia de estos días que es el cambio en el diseño del vial de Jove, a lo que se añade que el Banco Europeo de Inversiones rechazó financiar el vial de Jove por sus altos riesgos. La entidad que preside la socialista Nadia Calviño aduce que «carece de una justificación económica sólida»

La Dirección General de Carreteras trató de conseguir financiación europea para acometer la obra del vial de Jove, que estaba presupuestada en 290,6 millones de euros. Se trataba de concurrir a la convocatoria del Mecanismo Conectar Europa, para lo que se pidió la evaluación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que lo hizo con el Joint Asistance to Support Projects in European Regions (Jaspers). La conclusión fue que los elevados riesgos del proyecto no hacían factible la cofinanciación, incluso acudiendo a una convocatoria que la Dirección General consideraba que tenía mayor posibilidades de éxito y que hacía referencia a la movilidad militar. Así se desprende del ‘Informe justificativo de la decisión de no adjudicar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación’, dado a conocer esta semana por el ministerio en la plataforma de contratación del Estado. Hay que tener en cuenta que el BEI –presidido desde el 1 de enero por la exministra socialista Nadia Calviño– hizo el análisis en base a la documentación aportada por el Ministerio de Transporte (tres informes sobre la viabilidad económica, la documentación ambiental y el proyecto de construcción). Tras su estudio, concluye que existen altos riesgos tanto geotécnicos como económicos. Parte de que «el proyecto carece de una justificación económica sólida y robusta, y plantea riesgos significativos para el uso óptimo de los fondos públicos». Es más, añade que «no es posible concluir que el proyecto esté justificado desde el punto de vista económico».

En definitiva, una muy mala noticia para la ciudad y para Asturias. Con todo y con eso, le deseo un feliz descanso.

SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.