En esta pasada semana, el Eurogrupo ha reclamado presupuestos “ligeramente contractivos” en 2025. Los gobiernos tienen hasta el 15 de octubre para remitir sus planes presupuestarios a la Comisión Europea y que tendrán que elaborar en base a la nueva arquitectura fiscal. Los borradores presupuestarios de los países de la Eurozona para 2025, que los gobiernos tendrán que elaborar en base a las nuevas reglas sobre deuda y déficit público acordadas en febrero pasado, tendrán que ser “ligeramente contractivos”, según del Eurogrupo. «Esto sería lo adecuado a la luz de las actuales perspectivas macroeconómicas, la necesidad de reforzar la sostenibilidad fiscal y de apoyar el proceso actual de desinflación, al tiempo que la política (económica) debe ser ágil en vista de la incertidumbre reinante”, señala la declaración acordada esta pasada semana por los ministros de economía y finanzas de la Eurozona. Como señalo, los gobiernos tienen hasta el 15 de octubre para remitir sus planes presupuestarios a la Comisión Europea y que tendrán que elaborar en base a la nueva arquitectura fiscal. Presupuestos que exigirán ajustes y contención en el gasto público. Concretamente, los Estados con una deuda superior al 60% o un déficit superior al 3% del PIB tendrán que realizar “ajustes fiscales diferenciados y basados en el riesgo” aunque igualmente importante será que “el tan necesario ajuste fiscal no provoque recortes de la inversión”, ha advertido tras la reunión el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni, que ha llamado a “no repetir los errores de hace una década” y aprovechar los fondos Next Generation EU.
A nivel doméstico, se ha analizado lo que la pandemia ha cambiado los derechos de los trabajadores. Las últimas sentencias laborales reflejan cómo la crisis ha traído nuevos derechos y conflictos para los empleados
“Teletrabajo”, “registro horario”, “desconexión digital”, “conciliación”, “ERTE”. Son conceptos que podrían sonar a chino para cualquier trabajador hace algunos años, sin embargo, en la actualidad forman parte indisoluble de la cultura laboral española. El jueves, 14 de marzo se cumplieron cuatro años de la declaración del estado de alarma, la llegada oficial de la pandemia que lo puso todo patas arriba. La efeméride, idónea para hacer balance, da pie a preguntar cómo han cambiado nuestros derechos como trabajadores desde que el virus transformó nuestras vidas. El análisis de los miles de sentencias dictadas por los jueces de lo laboral en estos cuatro años nos ayuda a dar una respuesta. La radiografía de estos documentos judiciales, fiel termómetro de la conflictividad social, puede servir para alcanzar algunas conclusiones. Por ejemplo, el término teletrabajo era un concepto extraño en los tribunales hace no muchos años. En concreto, en el año 2018 nuestros jueces dictaron, al menos, 89 sentencias laborales donde este término aparecía mencionado por lo menos una vez. Pero la crisis sanitaria hizo estallar los conflictos en este nicho. Así, en 2019 fueron registrados 147 fallos que contenían el ítem “teletrabajo”; en 2020 se dieron 305 sentencias; en 2021, 601, y en 2022, 733. La conflictividad por el teletrabajo se ha quintuplicado en solo cuatro años (un 398% más). Hay que apuntar que el análisis, que utiliza los registros de la base de datos de sentencias y documentos jurídicos La Ley digital ignora los datos de 2023 y 2024, ya que al no ser públicas aún todas las sentencias emitidas por el Poder Judicial en este periodo, los datos contaminarían la tendencia.
En otro orden de cosas, España sacude su mapa del petróleo y ya concentra más de la mitad de sus compras en América. El giro comercial hacia el otro lado del Atlántico se ahonda en pleno terremoto comercial provocado por la guerra. Brasil arranca 2024 colocándose ahora como principal proveedor de crudo, por delante de México y EEUU. España está encontrando al otro lado del Atlántico a sus nuevos proveedores de referencia de petróleo. Las importaciones de crudo procedentes de Norteamérica y de América Latina concentran ya más de la mitad de todas las compras del país. En plena sacudida comercial en el sector petrolero global por la convulsión geopolítica generada por la guerra en Ucrania, con todos los actores internacionales adaptándose al nuevo escenario en los últimos años, el continente americano ha ido ganando peso hasta convertirse en suministrador mayoritario. América concentra por primera vez más del 50% del crudo que llega a la economía española, y ya ha sucedido en diciembre del año pasado (55,4%) y en enero del nuevo ejercicio (52,6%), según los registros de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). La importancia del continente americano como proveedor de crudo ha ido creciendo en los últimos años, con un peso del 28% de todas las importaciones en 2021, del 37% en 2022 y de más del 46% en el conjunto del año pasado. En el arranque de 2024 las compras a los países de América del Norte han seguido creciendo, y se apuntaron incrementos del 51% en relación al mismo mes del pasado ejercicio, mientras que las importaciones desde América Central y del Sur se dispararon más de un 80% en enero.
En relación a una de las industrias destacadas del país, los hoteleros prevén un arranque de temporada alta histórico en ocupación, precios y duración. El sector ya cuenta con reservas que garantizan la ocupación del 44% de las plazas y constata nuevas subidas de tarifas entre el 4% y el 6%, tras un incremento medio del 9% en invierno. Los destinos turísticos en España cerraron 2023 con un récord de 85,1 millones de turistas, inauguraron 2024 con el mejor enero de la historia (rozando los cinco millones de viajeros) y se preparan para nuevos máximos históricos para los meses de la próxima primavera.
Así se desprende del informe de perspectivas SMART OBSERVATORY, cuya principal conclusión es que la temporada invernal récord tendrá continuidad a partir de la primavera que arranca el próximo 21 de marzo. “Los datos atestiguan que los clientes quieren seguir viajando. Las búsquedas por internet han subido un 25%, en especial de los viajes que se buscan desde Francia e Italia, segundo y cuarto mercado emisor en 2023. La ocupación garantizada con las reservas hasta ahora muestra unos niveles del 44%, con un crecimiento del 13% respecto al mismo período de 2023, una mejora del precio medio (entre el 4% y el 6%) y una reducción de las cancelaciones”, ha señalado Jorge Marichal, presidente de Cehat.
Y en cuanto a lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy, los hogares pagaron 10.000 millones más en intereses a los bancos en 2023 por el alza de tipos. El escaso incremento de la remuneración de los depósitos elevó en solo 1.900 millones lo cobrado por las familias. La desigual traslación del alza de los tipos de interés a los productos bancarios provocó una factura multimillonaria a los bolsillos de las familias españolas durante 2023. Los créditos se encarecieron de forma vertiginosa al reflejar el incremento de los tipos oficiales con que el Banco Central Europeo (BCE) trató de reducir la inflación. Paralelamente, las entidades retrasaron el mayor pago por los depósitos para que sus cuentas se beneficiaran lo máximo posible de los mayores ingresos por los préstamos. Así, las familias pagaron 28.102 millones de euros en intereses durante el año pasado, 10.041 millones más que en 2022, y ello a pesar de que el volumen de créditos vivos bajó un 2,4%. En cambio, cobraron 2.147 millones en intereses por sus depósitos y cuentas remuneradas, solo 1.917 millones más que en el ejercicio precedente. En consecuencia, la diferencia entre los intereses pagados y cobrados por los particulares se incrementó el año pasado hasta los 25.955 millones de euros, un 45% y 8.124 millones más que los 17.831 millones de 2022, según la información pública del Banco de España. Por ponerlo en perspectiva, en 2021 -el año previo a que el BCE comenzase a endurecer la política monetaria para embridar la brutal escalada de los precios- los hogares pagaron 16.234 millones en intereses y recibieron apenas 169 millones, con una diferencia de 16.065 millones de euros. La dispar evolución del tipo aplicado al crédito y los depósitos ayuda a explicar que el beneficio de los bancos por su negocio en España se incrementase hasta los 18.193 millones de euros entre enero y septiembre del año pasado, 3.507 millones y un 24% más que en el mismo periodo de ejercicio precedente y prácticamente lo mismo que obtuvieron en todo 2022 (19.430 millones, el mayor en 15 años). También fue clave en que las seis mayores entidades del país (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) ganasen 25.931,5 millones en todo 2023, un 24% más, por su negocio español e internacional. Entre enero y septiembre, la rentabilidad sobre el capital del sector mejoró del 10% al 12,29%, un nivel calificado como «razonable» por las entidades y «en línea» con el que le exigen los inversores.
Estrategia bancaria
Los datos son un reflejo de la estrategia de la banca de los últimos dos años. Por un lado, el endurecimiento de la política monetaria del BCE ha provocado que las cuotas de los créditos a interés variable ya concedidos suban según está recogido en los contratos, así como que el precio de los nuevos préstamos también se incremente como reflejo del alza de los tipos de referencia. En cambio, el sector ha ralentizado el incremento de la remuneración de los depósitos, aprovechando su amplia posición de liquidez y la menor demanda de crédito. De hecho, el Banco de España lleva varios trimestres constatando que la remuneración del ahorro ha subido notablemente menos que en otras épocas de alza de los tipos oficiales del BCE y también menos que en la zona euro. Según un informe reciente de la institución, el interés medio los nuevos depósitos a plazo en España se elevó en 2,5 puntos porcentuales entre diciembre de 2021 y el pasado noviembre, frente a los 3,8 puntos en que habrían subido si se hubiera repetido lo que sucedió entre enero de 2003 y agosto de 2007. En la zona euro, el incremento fue de 3,1 puntos, frente a los 4,1 puntos del episodio precedente, con lo que aumentaron más y se quedaron más cerca. En cambio, el aumento del tipo de las nuevas hipotecas en España fue solo ligeramente inferior al de la unión monetaria (2,4 puntos frente a 2,7), si bien se quedó más lejos del que se hubiera desprendido de repetir la experiencia anterior (4,1 y 2,8 puntos, respectivamente). La consecuencia de todo ello es que la factura mensual en intereses pagados por los hogares se ha disparado en 1.252 millones de euros, desde los 1.343 millones que las familias abonaron por sus créditos en diciembre de 2021 a los 2.595 millones del pasado enero, último mes con datos disponibles. Por contra, los intereses mensuales que cobran por los depósitos y cuentas apenas han aumentado en 315 millones, de 14 a 329 millones. Ello implica que el margen mensual para las entidades ha mejorado en 936 millones y un 70%, hasta los 2.265 millones. Eso sí, tras marcar un máximo de 2.344 millones en noviembre, lleva dos meses disminuyendo suavemente, anticipándose al recorte de los tipos de interés del BCE que el mercado prevé para mediados de año. Los tipos, así, están en pleno proceso de cambio de tendencia. En ausencia de sorpresas negativas, el banco central ha dado señales de que comenzará a abaratar el precio del dinero gradualmente a partir de junio. En consecuencia, el euríbor a un año bajó del 4,16% de octubre al 3,609% en enero. En febrero volvió a subir al 3,671%, pero se debió a que el mercado corrigió su expectativa de que el BCE empezase a recortar tipos en primavera. Todo ello ha provocado que las cuotas de las hipotecas a tipo variable con revisión semestral hayan empezado a bajar y que las de revisión anual lo vayan a empezar a hacer en los próximos meses. En consecuencia, la banca aplicó al tipo de los nuevos depósitos de enero el mayor recorte desde junio de 2013 (del 2,578% al 2,377%). Lo previsible a medio plazo, así, es que los créditos se vayan abaratando, pero también los depósitos reduzcan su remuneración, lo que moderará el impacto de la bajada de tipos en los resultados de los bancos
A nivel local, destaco dos noticias. La primera que Alsa «aspira» a operar en el futuro un tren entre Madrid y Asturias. «En principio, entrar en el sector ferroviario no implica renunciar a rutas de bus», afirma el CEO. La empresa de transporte de viajeros Alsa, principalmente centrada en autobuses, asegura que «aspira» a que «un día» pueda operar una línea ferroviaria entre Madrid y Asturias, dentro del proceso de liberalización de las rutas de tren que se está acometiendo en España. «Por ahora, la liberalización ferroviaria que se ha hecho en España, y no lo digo yo, que lo ha dicho algún ministro, se traduce en que están operando tres empresas públicas, las tres perdiendo dinero y pagándoles sus respectivos estados: el francés, el italiano y el español», afirma el consejero delegado de la compañía, Francisco Iglesias, en una entrevista. Según Iglesias, en el negocio ferroviario español «visto a corto plazo sí han bajado los precios, pero también ha bajado mucho la calidad del servicio. Muchísimo». «Queremos ofrecer otra cosa, llámese intermodalidad, precio o frecuencia. Trasladar el modelo Alsa a todas partes», señaló el directivo sevillano. El CEO de la empresa (perteneciente al grupo Mobico, antigua National Express, cuyo principal accionista es la familia asturiana Cosmen) indica que, dentro de su estrategia de refuerzo en el sector ferroviario, deberá realizar «algo de proceso de selección» en el resto de líneas de negocio, ya que «como en un restaurante, siempre hay que elegir: carne o pescado». «Pero no veo que una entrada en el tren implique renunciar a rutas de autobús. Primaremos la sensatez financiera, eso sí, pero nuestra empresa vive del crecimiento, de las licitaciones, de tener una determinada ratio de éxito en los concursos», aclaró. Iglesias afirmó que el «mayor desafío» de la compañía es la diversificación, y que uno de sus «retos personales» es que «cada tres años, un 5% del negocio debe generarse a partir de algo que antes no tuviéramos». La empresa, remarcó, «busca nuevos productos que vayan aumentando el valor de la compañía», algo que, a su juicio, «estamos consiguiendo». Respecto a la transición industrial que está realizando Alsa para dotarse de una flota cada vez más electrificada, Iglesias detalló algunos retos: «La electrificación está muy extendida en ciudades. En urbes como Madrid o Barcelona no tienes grandes inconvenientes, pero en otros lugares no es algo tan simple porque faltan infraestructuras y hay problemas de potencia o de cargadores».
También se señalan, a nivel local, las razones por las que no se construirá en el Occidente uno de los mayores parques eólicos de Asturias (con torres de 200 metros). El Ministerio para la Transición Ecológica ha desautorizado uno de los mayores parques eólicos previstos para Asturias, el denominado Carola, que incluye la instalación de 16 aerogeneradores con 80 megavatios (MW) de potencia en los concejos de Tineo y Cangas del Narcea. Al ser una instalación de generación eléctrica de más de 50 MW, le correspondió al Ministerio para la Transición Ecológica, y no al Principado, la tramitación del parque Carola, promovido por Green Capital Development XII, empresa del grupo Capital Energy. La sociedad ya presentó en octubre de 2020 autorización administrativa previa y declaración ambiental para este parque que incluye 16 torres eólicas de casi 200 metros de altura e infraestructuras de evacuación de energía en Tineo y Cangas del Narcea. La Dirección General de Política Energética y Minas decidió tramitar conjuntamente el parque Carola con los de Gobia y Chagüetos, planteados por el mismo promotor y que afectaban al parque natural de Somiedo. Posteriormente, el grupo Capital Energy anunció que renunciaba a los parques que afectaban a Somiedo y siguió adelante con la tramitación de Carola pese a la oposición de organizaciones como la Fundación Oso Pardo. En octubre de 2021, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental declaró la inadmisión a trámite de la solicitud de evaluación ambiental del parque Carola debido a su «inviabilidad ambiental» –decisión que fue recurrida por la empresa– y en junio de 2023 Red Eléctrica de España declaró la caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red otorgados al promotor del parque Carola para conectarse a la subestación de Salas. Al carecer de declaración de impacto ambiental y de acceso y conexión a la red de transporte, el Ministerio para la Transición Ecológica ha resuelto desestimar la solicitud de Green Capital Development XII de autorización administrativa previa y declaración de utilidad pública para el parque eólico Carola, acordando el archivo del expediente. Contra esta decisión puede presentarse recurso.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.