En la Unión Europea la crisis energética se ha colado como punto principal en la agenda del próximo Consejo de la UE de la próxima semana, donde se espera que los líderes europeos autoricen la adopción de medidas de emergencia para mitigar las subidas de precios en los consumidores más vulnerables y en las empresas. En las reuniones previas se ha dejado ver la capacidad limitada que hay en el Conjunto del Bloque para tomar medidas coordinadas, dejando que el peso de estas actuaciones se tome a nivel de cada país, siendo quizá el estímulo inversor del Banco Europeo de Inversiones en energía verde la medida común a adoptar, si bien, sin impacto inmediato en la crisis.
Al otro lado del charco, la Cámara Baja de EEUU aprueba suspender el techo de deuda hasta diciembre. Aunque la solución es un parche, da tiempo a los demócratas a buscar acuerdos con los republicanos.
La Cámara Baja de EE.UU de mayoría demócrata, aprobó esta pasada semana suspender el techo de endeudamiento hasta diciembre para evitar así que el país incurra en una suspensión de pagos de su deuda nacional a partir del 18 de octubre. La iniciativa fue aprobada con 219 votos a favor y 206 en contra, y será enviada a la Casa Blanca para que el presidente estadounidense, Joe Biden, la firme y se convierta en ley. Los desacuerdos entre demócratas y republicanos habían puesto a EEUU al borde de la suspensión de pagos nacional, pero el proyecto de ley aprobado sirve para reforzar la solvencia del país y mantener la estabilidad de los mercados financieros. En concreto, la iniciativa, que ya fue aprobada por el Senado la semana pasada, eleva el techo de endeudamiento por valor de 480.000 millones de dólares, una cantidad que permitirá a EEUU pagar hasta el 3 de diciembre las deudas que tiene pendientes. Se trata, en cualquier caso, de un parche que no satisface por completo las peticiones de los demócratas y del propio Biden que querían una solución a largo plazo.
En lo relativo al Brexit, que sigue dando guerra, el representante europeo en las negociaciones del Brexit avisaba a los países miembros de que se preparen para una respuesta «contundente» si Reino Unido ignora sus compromisos sobre Irlanda del Norte después de que la UE hubiese tendido la mano con un paquete de concesiones para suavizar las barreras comerciales actuales.
David Frost, secretario de Estado británico para el Brexit, insistió en Lisboa en que, para mejorar las relaciones del Reino Unido y la UE, antes habría que renegociar las condiciones que se pactaron en el Brexit relativas al Protocolo de Irlanda del Norte. Ese marco establece que Irlanda del Norte sigue vinculada al mercado único comunitario, por lo que las mercancías que cruzan entre ese territorio y el resto del Reino Unido deben pasar controles aduaneros en los puertos de la región, de manera que se asegure que la frontera entre las dos Irlandas sigue siendo invisible, clave para el proceso de paz y las economías de la isla. Frost hizo un apasionado llamado a la Unión Europea para permitir un «cambio significativo» en las reglas posteriores al Brexit que rigen el comercio con Irlanda del Norte, diciendo que solo eso podría sacar el veneno de sus relaciones.
Yendo al tema que destaco en el titular del blog en el día de hoy, Cataluña recibirá el 17,2% de los PGE con 2.230 millones. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha anunciado esta semana, en la rueda de presentación de los PGE que Cataluña recibirá 2.230,74 millones de euros, el 17,2%, de las inversiones a las comunidades autónomas previstas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, por debajo del peso en el PIB español que se sitúa alrededor del 19%. Cataluña recibe una lluvia de millones y Madrid sale perjudicada. Recibirá dicha cantidad, frente a los 1.151,46 millones de la región capitalina gobernada por Isabel Díaz Ayuso, una cifra incluso un 8,4% inferior a la de 2021. Andalucía y la Comunidad Valencia también superan a Madrid. Es más, la inversión en la Comunidad de Madrid se ha visto mermada en este proyecto respecto al presentado en el año anterior. En concreto, las cuentas públicas para el año 2021 preveían una inversión en la región capitalina de 1.250,28 millones, mientras que para el año 2022 se estima una inversión de 1.151,46 millones, un 8,4% menos que en 2021. Echando cuentas, a pesar de que la región madrileña suma un 14% de la población española y genera más de un 19% del PIB, apenas recibe el 8,9% del total de las inversiones territorializadas, cifra inferior al 10,3% de 2021. Por contra, las inversiones en Cataluña crecen un 6,14% y suponen el 17,4% del total. otro ejemplo es la socialista Comunidad Valenciana, en la que las inversiones crecen un 3,7% y suponen el 9,3% del total.
En el ámbito empresarial, los imputados del caso Alcoa tendrán que devolver 13 millones a las fábricas. La magistrada reclama a los investigados que le comuniquen «dónde se encuentran los fondos» para que el administrador judicial pueda pagar a los trabajadores. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. María Tardón, ha ordenado a los directivos del Grupo Industrial Riesgo que están imputados en el caso, que restituyan «las cantidades detraídas por importe total de 13.000.000 euros con origen en las pólizas de crédito suscritas por las sociedades titulares de las plantas de producción», según consta en un auto de 28 de septiembre.
El plan piloto de la semana laboral de cuatro días recibirá 10 millones en 2022. El Gobierno prevé ayudas para empresas que resten un día de trabajo sin recorte salarial. Más País ha impulsado la iniciativa de la jornada laboral de 4 días y 32 horas. Los presupuestos incluyen 10 millones de euros para el programa piloto estatal pactado con dicho partido que promoverá la semana laboral de 4 días sin recorte salarial, después de que la Comunidad Valenciana haya sido pionera en este asunto y algunas empresas ya la apliquen total o parcialmente.
Una ayuda de 2.000 y 3.000 euros por trabajador adherido
Entre los requisitos estaría el mantenimiento del salario sin modificación de la modalidad horaria ni contractual, a cambio de lo que las empresas recibirían una «ayuda general a la innovación» de entre 2.000 y 3.000 euros por trabajador adherido al plan, que se podrían gastar en renovar equipos o en hacer nuevos contratos, entre otras cosas. Otros requisitos a cumplir por las empresas que participen en el programa está contar con un acuerdo social con los trabajadores para implementarlo, un plan de modernización para mejorar la productividad y un compromiso de mantenimiento del empleo y del salario, sin necesidad de que la reducción de horas se tenga que aplicar al cien por cien de la plantilla.
Y a usted, ¿ qué le parece trabajar solo 4 días a la semana? Personalmente creo que es prematuro adoptar una medida así además de muy costoso. No obstante, nos dejará más tiempo de ocio, que no está mal.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.