En esta pasada semana hemos observado cómo el empleo estadounidense triplica lo esperado y deja a la Fed sin coartada. La economía estadounidense crea 162.000 empleos en agosto, más del triple de lo esperado y el mejor registro desde marzo. Prácticamente todos los indicadores publicados durante la semana apuntaban en la dirección contraria. El desmentido es doble porque el informe también corrige el pasado. Julio pasa de destruir 23.000 puestos a crear 21.000, mientras junio mejora de 20.000 a 31.000. Entre ambos meses aparecen así 55.000 empleos adicionales respecto a las estimaciones iniciales. La tasa de paro permanece en el 4,1 % y la de participación sube hasta el 61,6 %, su primera mejora en casi un año. La composición, sin embargo, matiza el buen dato: hostelería aporta 59.000 empleos y la educación pública local otros 42.000, mientras el sector de la información destruye 23.000. Unas revisiones de esta magnitud volverán además a alimentar las dudas sobre la fiabilidad de las primeras estimaciones. En esta pasada semana, las bolsas europeas cierran en positivo, aunque sin grandes movimientos. El IBEX 35 avanza un 0,25 %, hasta 20.050,70 puntos, y termina la semana por encima de los 20.000. El Euro Stoxx 50 gana un 0,21 % y el DAX alemán, un 0,19 %.
Yendo a lo que destaco en el blog en el día de hoy, cabe preguntarse, dado que los Next Generation llegan a su fin: ¿qué beneficio le ha sacado España al programa estrella de la pandemia? La crisis del coronavirus fue catalizador del programa de financiación que la UE dispuso para hacer frente al golpe económico de la pandemia. Los fondos Next Generation, y los planes de Recuperación de los que dependía su desembolso, se articularon como un balón de oxígeno para revitalizar la economía. Pero todo llega a su fin. Este año marcará el fin de los planes de Recuperación y la financiación que Bruselas desembolsa asociada a reformas y objetivos comprometidos por cada país. La pandemia marcaba un antes y un después en la toma de decisiones de la UE. Era un punto de inflexión que dejaba atrás las políticas de austeridad ante las crisis y conseguía un cambio de perspectiva: la unión de los Estados miembro para realizar, por primera vez, una emisión de deuda conjunta. No es un secreto que los países frugales nunca han sido muy favorables a esta idea, sin embargo, con el COVID se conseguía algo que hasta la fecha era impensable. El programa veía la luz como una fórmula para que los países de la UE pudieran dar un revulsivo a sus economías tras el parón que supuso la pandemia. El plan se compone de un total de 800.000 millones de euros, de los cuales la mitad se articulan como transferencias a fondo perdido y, la otra mitad, préstamos en condiciones favorables. Cada país, ha presentado un plan de Recuperación con compromisos concretos en el ámbito de inversiones y reformas. Unos hitos y objetivos que debe cumplir para que la Comisión Europea desembolse la financiación asociada, una vez haya verificado y evaluado los compromisos. Es decir, el dinero está condicionado al desempeño de cada país. A finales de este año, es decir, como muy tarde a cierre de diciembre 2026, la Comisión Europea podrá hacer el último desembolso de la financiación asociada al plan de Recuperación. Es por ello que el propio programa entra en la recta final de su existencia. Los plazos son claros y fijos: los Gobiernos tenían hasta el 31 de agosto, esta pasada semana, para cumplir con los objetivos comprometidos con Bruselas. Es decir, todos las reformas e inversiones que no fueran realizadas para esta fecha no se valorarán. A finales de septiembre, termina el plazo para que cada país presente la última solicitud de pago. Posteriormente, el Ejecutivo comunitario tiene hasta cierre de año para realizar la última transferencia. Nuestro país disponía de un total de 163.000 millones de euros en el plan de Recuperación. Se trata del segundo programa con mayor dotación económica de toda la UE, solo por detrás de los 193.000 millones de euros de Italia. El caso es que, finalmente, los plazos y la realidad han hecho que España haya pedido muchos menos fondos de los que tenía asignados. De esos 79.900 millones de euros en ayudas y 83.200 millones de euros en préstamos, ha recibido 78.000 millones de euros. Una cuantía distribuida en seis pagos y que se reparte en 61.000 millones en transferencias y 17.000 millones en préstamos. En el plazo de un mes, nuestro país puede acceder a unos 25.000 millones asociados al séptimo y último pago del plan de Recuperación. Son 21.000 millones en ayudas y casi 4.500 millones en préstamos que se asocian a 148 hitos y objetivos. De recibir luz verde en su evaluación final, España recibirá un total de 103.800 millones de euros. Sin embargo, está por ver si Bruselas evalúa positivamente los compromisos asociados. España es el segundo país que ha recibido más financiación por parte de Bruselas. Si bien las cifras distan de cumplir con lo que aglutinaba la dotación total en un inicio, nuestro país ha recibido 78.000 millones de euros. Esto supone colocarlo en segunda posición, solo por detrás de Italia que ya en mayo había captado 153.000 millones, el 79% de su asignación total. España se situaría muy por detrás de Italia en absorción en términos absolutos, con un 48% hasta la fecha, un 79% si el séptimo pago se desembolsa totalmente.
A nivel doméstico, destacar que Trabajo compensará la pérdida de poder adquisitivo del SMI en la subida de 2027. El Ministerio de Trabajo acogió la firma del acuerdo para subir el SMI a 1.221 euros al mes el pasado 16 de febrero. Una revalorización del 3,1% que superaba en cerca de un punto a la inflación interanual. Sin embargo, doce días más tarde, EEUU e Israel emitieron un primer ataque contra Irán que propició un conflicto que se extiende ya por más de seis meses y que ha llevado al IPC a anotar un 4,3% este agosto. No obstante, el Gobierno descarta activar la revisión extraordinaria de este salario y se decanta por compensar este incremento en 2027. El comportamiento de los precios comenzó a deteriorar el poder adquisitivo de los trabajadores que perciben el sueldo más bajo en el mes de marzo, ya que la guerra se reflejó de forma instantánea en los precios energéticos, un efecto que el paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo consiguió atenuar en los meses siguientes pero que en agosto provocó un repunte mensual de siete décimas, desde el 3,6%. El Estatuto de los Trabajadores, en concreto su artículo 27, se anticipa a esta clase de escenarios y recoge la posibilidad de que se haga «una revisión semestral» si no se cumplen las previsiones sobre el IPC. Los sindicatos CCOO y UGT, firmantes del último acuerdo instaron a que así lo hicieran. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, que ya cerró la puerta a a esta opción a inicios de verano, reiteraba esta pasada semana su negativa a estudiar una subida adicional antes de diciembre. La revisión del Salario Mínimo Interprofesional es competencia del Gobierno, pero está obligado a hacer una consulta a los representantes de la patronal y de los sindicatos antes de adoptar una decisión al respecto. Un proceso, en el que el Estatuto de los Trabajadores también establece que hay que valorar el IPC, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica en términos generales.
A nivel bancario señalar que los bancos españoles reclaman a los bufetes rebajas de tarifas por la IA. En el sector financiero se ve una tendencia incipiente originada en EEUU. Los despachos internacionales ya negocian los honorarios, pero los españoles ensalzan la IA para generar valor añadido. Los bancos españoles negocian con los bufetes y el resto de compañías prestadoras de servicios profesionales, como auditoras o consultoras, para que reduzcan sus tarifas o eleven la prestación de servicios en los casos en que apliquen la inteligencia artificial (IA). El sector bancario doméstico, en su afán de mantener a raya los costes en un momento en que la inversión en tecnología aumenta casi de manera ininterrumpida, analiza alternativas con las que pueda mejorar la productividad y ser más eficiente. Y una de las opciones que más enteros está ganando en los últimos meses es renegociar las tarifas por la externalización de servicios. Se trata de una tendencia incipiente, aunque creciente en mercados como el estadounidense, donde algunos de los grandes bancos de Wall Street como Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citi ya establecen nuevos acuerdos con bufetes de abogados por rebajar las tarifas, al entender que la aplicación de la IA en diversas tareas agiliza el trabajo. El modelo de trabajo tradicional en abogacía se basa en el pago por horas: cuanto más tiempo trabajen, más dinero cobran. En España comienzan a verse coletazos de esta dinámica. Algunos bancos reclaman ajustes de los costes o, en su defecto, recibir más contraprestaciones. Una de las entidades reconoce abiertamente que está trabajando en esta línea, no sólo con los despachos jurídicos, sino con el conjunto de sus proveedores de servicios profesionales. Considera que herramientas de IA ya realizan análisis previos y trabajos de benchmark-como comparaciones entre entidades- a un nivel similar al de técnicos o analistas. El siguiente paso es convertir esa productividad en nuevas exigencias al proveedor. Entre las nuevas contraprestaciones exigidas destacan la implementación de automatizaciones para monitorizar proyectos o presentar un mayor número de propuestas y planes alternativos. Si el despacho no amplía las prestaciones, la alternativa es clara: renegociar los honorarios. Fuentes internas de un banco cotizado español señalan que la IA está acelerando la tendencia de internalizar tareas que hasta ahora se encargaban a un despacho, como en los procesos de due diligence. Consideran que el asesoramiento en los litigios más complejos se seguirán externalizando, pero las tareas más repetitivas ya se realizan internamente gracias a la IA. Esta selección de los servicios prestados implica a menudo una renegociación del conjunto de la factura. Algunos clientes del sector financiero ya incluyen una cláusula en los contratos, por ejemplo de M&A, que indica que si se utilizan herramientas de IA en la gestión de la operación, los honorarios son más reducidos de lo habitual. Pero no es una idea totalmente extendida entre los bancos españoles. Otras entidades ensalzan el poder transformador que puede tener la IA por encima de la rebaja de honorarios. Consideran que el uso de la IA en determinados casos puede ofrecer resultados más precisos o elevar la especialización de análisis, búsquedas, etc., ofreciendo mejoras que sin el servicio contratado sería complicado lograr. La otra cara de la moneda, varias compañías de servicios profesionales han elevado sus tarifas porque gracias a la inversión ejecutada en tecnología sus prestaciones mejoran. Argumentan que los servicios contratados hoy se basan en análisis y búsquedas respaldadas por tecnología de vanguardia, lo que eleva la especialización del servicio y ofrece resultados más precisos.
En el mercado de divisas, el refugio del dólar se resquebraja: una oleada de coberturas amenaza con acelerar su caída. Los inversores tienen más dólares sin cubrir que en años justamente cuando están aumentando las dudas sobre la capacidad del dólar para actuar como refugio. En momentos de tensión, la fortaleza de la divisa podía compensar parcialmente las pérdidas sufridas por los inversores extranjeros en sus activos estadounidenses al convertirlos de nuevo a su moneda local. Sin embargo, esa confianza comienza a deteriorarse. Las dudas sobre las políticas económicas de la Administración de Donald Trump están alimentando el temor a una depreciación del dólar y, con ello, el riesgo de que una eventual oleada de coberturas termine acelerando su caída. Un análisis de Bloomberg sobre grandes inversores institucionales de Japón, Canadá, Taiwán, Australia, Dinamarca y Finlandia muestra que estos inversores tenían cubierto apenas el 41% de su exposición en divisas al 30 de junio, el nivel más bajo desde al menos 2015. El dato resulta especialmente relevante porque estos mercados concentran importantes carteras de activos estadounidenses: Japón, por ejemplo, es el mayor tenedor extranjero de deuda del Tesoro estadounidense. La preocupación de los inversores es fácil de entender: si el dólar se debilita pueden sufrir pérdidas al convertir a euros, yenes o su moneda local el valor de sus acciones y bonos estadounidenses, incluso aunque esos activos no hayan perdido valor en dólares. Al mismo tiempo, cubrir esa exposición resulta menos costoso. El coste anualizado de una cobertura a tres meses para los inversores denominados en euros se ha reducido hasta el 1,32%, su nivel más bajo en dos años. Para los inversores japoneses, el coste ha caído hasta el 2,75%, frente al 6% alcanzado en octubre de 2023. Esto reduce uno de los principales incentivos para mantener sin cubrir la exposición al dólar. El problema es que una oleada de nuevas coberturas implicaría ventas de dólares mediante derivados, lo que podría añadir presión bajista sobre la moneda. Al cubrir sus activos en EEUU, el inversor reduce su exposición económica al dólar, pero al mismo tiempo aumenta la presión vendedora sobre el dólar. 
En otro orden de cosas, la cotización de los sueldos altos crece 10 puntos más que la pensión máxima. El destope de las bases máximas de cotización fue una de las estrategias puestas en marcha por el Gobierno y los sindicatos en la última parte de la reforma de pensiones como vía para incrementar los ingresos. Este es el límite que fija el salario máximo que aporta cotizaciones a la Seguridad Social y en la última década, impulsado por esta ley, ha crecido 10 puntos más que la pensión máxima a la que accederán cuando se jubilen. A pesar de ello, las pensiones más altas están en el centro del debate al hilo de la propuesta de Francia de congelarlas. En España, la pensión de los que ya están jubilados y perciben la prestación más alta crece cada año con el IPC promedio del año anterior, es decir, lo mismo que la mayoría del resto de pensiones. En cambio, la pensión de acceso de los que se retiran en ese momento con un salario que supera el umbral se incrementa en el IPC más 0,115 puntos, si bien, este no es un debate que el Gobierno español esté dispuesto a abrir, dado que este aumento adicional busca compensar una parte del incremento de la base máxima. La última reforma de pensiones estableció que la referencia del salario más alto que cotiza crecería el IPC más 1,2 puntos al año hasta 2050. Es decir, cada año existe una diferencia de más de un punto entre lo que crece la pensión más alta y la base máxima de cotización, un resultado perseguido a la hora de redactar la ley para incrementar en mayor medida los ingresos que los gastos del sistema de pensiones, pero que deteriora el componente contributivo del sistema público. La evolución experimentada por las dos variables a lo largo de los últimos diez años da cuenta de esta evolución dispar, que viene dándose desde antes de que el exminsitro José Luis Escrivá firmase su reforma con los agentes sociales. En ese periodo, la base máxima de cotización ha aumentado un 40%, mientras que la pensión de los jubilados que más aportaron a lo largo de su carrera profesional lo ha hecho un 30%, una distancia que se agudizó con el cambio de Gobierno de 2018. Tras la moción de censura por la que Pedro Sánchez desbancó al Ejecutivo de Mariano Rajoy, se decidió elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 22% hasta los 900 euros al mes, una decisión que impulsó en la misma medida la base mínima de cotización, que se encuentra vinculada a este por ley. El recién estrenado Gobierno socialista decidió no incrementar la base máxima en la misma medida, si bien, se amplió un 7% en 2019 – más del doble que lo que se revalorizó la pensión máxima ese año, un 3%-. Ese fue el primer año que la base máxima de cotización alcanzó a los salarios que superaban los 4.000 euros, este 2026, ya ha llegado a los sueldos situados por encima de los 5.000 euros mensuales. Además, desde el año 2023 tienen que hacer frente al pago del MEI -como todos los trabajadores- y a la cuota de solidaridad, pensada específicamente para gravar los sueldos más altos. En el mismo periodo, la pensión más alta del sistema contributivo ha pasado de 3.102 euros a rozar los 4.000 en 12 pagas (3.919 euros mensuales). La cuota de solidaridad, esta aportación extraordinaria que hacen los trabajadores que tienen sueldos que superan la base máxima y que no sirve para incrementar la pensión a la que tendrá derecho una vez se jubilen se aplicó por primera vez en 2025. Esta cuenta con tres tramos de renta, en función de cuanto salario queda por encima del límite de cotización (menos de un 10%, entre un 10% y un 50% o más de un 50%) a los que se aplican tres tipos diferentes que en 2026 están fijados en el 1,15%, el 1,25% y el 1,46% para 2026. En su primer año en curso, esta cotización extraordinaria aportó algo más de 400 millones de euros a la Seguridad Social. Una cifra que superaba las expectativas manejadas por el departamento de Elma Saiz, pero que resulta menor respecto a la magnitud del gasto mensual en pensiones públicas, que en agosto (incluyendo las de jubilación y las de otro tipo) superó los 14.400 millones de euros. En cambio, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) está dirigido a hacer aportaciones a la hucha de las pensiones para hacer uso de esos ingresos a partir de 2033, cuando se espera que la presión al sistema de pensiones comience su pico de tensionamiento al avanzar la jubilación de los babyboomers. Inicialmente, se diseñó esta contribución para que retuviera el 0,6% del salario, no obstante, en la segunda parte de la reforma pactada a los dos años, se introdujo un incremento progresivo por el que alcanzará el 1,2% en el año 2029. Los datos sobre los ingresos que dejó el MEI en las arcas públicas no aparecen desagregados por niveles salariales, por lo que no es posible extraer qué parte de ellos vienen de salarios que ya hacen frente a la cuota de solidaridad por superar la base de cotización. En conjunto, esta tasa aportó más de 4.900 millones a la Seguridad Social a lo largo de 2025, un 75% más de lo que se esperaba oficialmente, como consecuencia de que las previsiones van ligadas a los presupuestos elaborados para 2023 y que se han prorrogado hasta para los ejercicios sucesivos.
Cuatro sectores industriales registran subidas de precios de más de un 10%. La tensión geopolítica en Oriente Próximo vuelve a trasladarse a los mercados energéticos y empieza a dejar huella en los precios industriales. En España, según los últimos datos del Índice de Precios Industriales (IPRI) del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de las actividades relacionadas con este sector registraron en julio una subida interanual del 9,2% impulsada especialmente por el encarecimiento de la energía. Tanto es así que los precios de cuatro sectores industriales crecieron más de un 10% en comparación con julio de 2025. En este contexto, el refino de petróleo apuntó la mayor subida con un 37,2%, frente a hace un año. Le siguen la metalurgia, con un 16,6%; el suministro energético, con un 16,1%; y la industria química, con un 13%. Hay una explicación detrás de este alza: la elevada exposición de estas actividades a los costes energéticos y a las materias primas. La energía tiene un peso especialmente relevante en industrias como la metalurgia y la química, mientras que el refino está directamente ligado a la evolución de los precios del petróleo y sus derivados. En el caso del sector químico, su elevada dependencia energética supone una presión añadida sobre sus costes de producción. De hecho, según la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), a cierre de 2025 el precio medio del gas se situó un 145% por encima de los niveles previos a la crisis de 2019, mientras que los derechos de emisión acumularon un incremento del 170% y los precios eléctricos, incluidos los servicios de ajuste, fueron un 65% superiores. Con respecto al resto de sectores, destacan algunos como la industria del tabaco y las extractivas, que experimentaron un crecimiento superior al 5%. En concreto, un 5,2% y un 6,1%, respectivamente. La subida del primero se produjo después del aumento de la fiscalidad sobre el tabaco. En este sentido, el Gobierno elevó el tipo específico del Impuesto sobre las Labores del Tabaco un 2,5% para los cigarrillos y un 6,8% para el tabaco de picadura de liar entre 2025 y 2026. Por otro lado, entre las actividades más estables resalta la industria de la alimentación, que no creció en el último año; la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, que experimentó un alza del 0,6%; la industria del papel, un 1%; y fabricación de productos farmacéuticos, un 1,2%. Por su parte, industria textil, la del cuero y del calzado, la de fabricación de bebida y la de captación, depuración y distribución de agua aumentaron un 1,6%. Sin embargo, el repunte de los precios también se refleja en el bolsillo de los consumidores y no solo en el ámbito industrial. El indicador adelantado del IPC situó la inflación anual en el 4,3% en agosto, siete décimas por encima de la registrada en julio, mientras que la inflación subyacente se moderó una décima, hasta el 2,9%, según el INE. Así, el IPC general, que encadena dos meses consecutivos de ascensos, no superaba el 4% desde abril del 2023. Las perspectivas apuntan a que la presión sobre los precios no desaparecerá de forma inmediata. El Banco Central Europeo (BCE) prevé que la inflación de la zona euro alcance una media del 3% en 2026, frente al 2,1% registrado en 2025, impulsada principalmente por el encarecimiento de la energía. El organismo espera que la inflación alcance un máximo del 3,4% durante el tercer y cuarto trimestre de este año y se mantenga por encima del 3% hasta principios de 2027. No obstante, el BCE contempla una moderación posterior de las presiones inflacionistas. Según su escenario de referencia, la inflación descendería hasta el 2,3% en 2027 y volvería al objetivo del 2% en 2028, a medida que se disipen los efectos de la perturbación energética. El escenario sigue condicionado por la evolución del conflicto en Oriente Próximo y los precios de la energía. El BCE advierte de que una perturbación energética más intensa y persistente podría mantener la inflación más elevada durante más tiempo. En su escenario severo, la inflación alcanzaría el 4% en 2026 y el 5,3% en 2027, frente al 3% y 2,3%, respectivamente, previstos en el escenario de referencia.
En otro orden de cosas, la factura de la luz se dispara un 19 % en su agosto más caro desde 2022. La factura eléctrica se ha encarecido más de un 19 % en agosto con respecto al mismo mes del año pasado, impulsada por unos precios de la luz disparados por el repunte de la demanda durante las olas de calor y un gas natural al alza, convirtiéndose así en el recibo más caro para este mes del ejercicio desde 2022, cuando entonces se estaba en plena crisis energética por la invasión de Ucrania por Rusia. En concreto, el recibo de la luz de un usuario medio con la tarifa regulada -el denominado PVPC- se ha disparado este mes un 19,04 % con respecto a agosto de 2025, ascendiendo así a 88,81 euros, frente a los 74,04 euros que supuso en el mismo período del ejercicio pasado. Así, en este mes de agosto el recibo eléctrico representará para el usuario un encarecimiento de más de 14 euros frente al mismo mes del año pasado. Con respecto al pasado mes de julio, en el que la factura ya registró un importante repunte, el incremento en este mes de agosto será de un 3,65 %, unos 3,13 euros más. Esta evolución de precios corresponde a un consumidor medio con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), distribuida en los diferentes períodos (punta, llano y valle). Para realizar la simulación del precio, se ha calculado un consumo del 30 % en hora punta, del 20 % en hora llana y del 50 % restante en hora valle. De este importe total a lo que ascendería el recibo de agosto, 11,41 euros están relacionados con el término fijo y 56,92 euros con el variable. Mientras, 3,53 euros corresponden al impuesto eléctrico y el IVA y equivalente suponen 15,41 euros, según datos del comparador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Hasta el pasado mes de junio hubo un cierto alivio en el recibo de la luz debido a las medidas del real decreto que se aprobó en marzo para combatir el impacto de la guerra en Oriente Medio. No obstante, desde el 1 de junio de ese mes decayó la rebaja del IVA al 10 % en la factura eléctrica, volviendo al habitual 21 %, como consecuencia de la moderación que había registrado su evolución en el Índice de Precios de Consumo (IPC). No obstante, en el segundo real decreto aprobado a finales de junio en respuesta a la crisis por Oriente Medio se introdujo la reducción progresiva hasta su eliminación completa del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), pasando del 7 % al 5 % en 2026, al 3,5 % en 2027 y al 0 % en 2028. Asimismo, ante una eventual evolución desfavorable de los precios de la electricidad y el gas, quedó establecido un mecanismo de salvaguarda que permite reactivar medidas si la coyuntura así lo exigiera. Esas medidas afectan tanto al Impuesto Especial sobre la Electricidad como al IVA de productos energéticos.
A nivel local, hay algunas noticias que destacar, cuales son que los madrileños son los grandes compradores foráneos de vivienda en Asturias. Los madrileños son, con mucha diferencia, los compradores de fuera de Asturias que más viviendas adquieren en el Principado. Los residentes en la Comunidad de Madrid protagonizaron 481 operaciones de compra de vivienda en Asturias durante el primer trimestre de 2026, más de cuatro veces las realizadas por los baleares, que ocupan el segundo puesto con 109. Los datos proceden de la estadística de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Vivienda y muestran cómo el mercado residencial asturiano atrae a compradores de prácticamente todo el país. En total, durante los tres primeros meses del año se registraron 3.824 transacciones de vivienda en Asturias protagonizadas por residentes en España. La mayoría correspondieron a los propios asturianos con 2.870 operaciones, el 75% del total. Las 954 restantes fueron realizadas por compradores residentes en otras comunidades autónomas, lo que significa que uno de cada cuatro compradores con residencia en España que adquirió una vivienda en Asturias vivía fuera del Principado. Y dentro de ese grupo destaca con claridad Madrid. Los 481 compradores madrileños representan algo más de la mitad de todas las adquisiciones realizadas por residentes de otras comunidades, concretamente, el 50,4%.
Por otro lado, el turismo rural gana fuerza en Asturias durante el verano: casi 60.000 viajeros en julio. Asturias está viviendo un verano especialmente intenso en sus alojamientos extrahoteleros, con el turismo rural como principal motor del crecimiento. 58.468 viajeros se alojaron en establecimientos rurales del Principado durante julio, un 18,3% más que un año antes, según los datos provisionales de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos Extrahoteleros del Instituto Nacional de Estadística (INE). El incremento fue especialmente intenso entre los visitantes extranjeros, que rozaron los 12.500 y aumentaron casi un 65%, mientras las pernoctaciones avanzaron un 7,9%, hasta las 213.715. El comportamiento del turismo rural asturiano destaca además frente al conjunto del país. En España, las pernoctaciones en este tipo de alojamientos crecieron un 3,9% durante julio, hasta cerca de 1,9 millones, mientras que el número de viajeros aumentó un 2,9%. En Asturias, por tanto, la llegada de turistas creció a un ritmo más de seis veces superior al nacional. El fuerte aumento de visitantes no se trasladó en la misma proporción a las noches contratadas. La estancia media en los alojamientos rurales asturianos se situó en 3,66 días, frente a los 3,14 días de media nacional. Asturias recibió 45.996 viajeros residentes en España y 12.472 procedentes del extranjero, que realizaron 179.575 y 34.140 pernoctaciones, respectivamente. El turismo internacional, por tanto, representa algo más de una quinta parte de los viajeros y cerca del 16% de las noches. La oferta rural del Principado también presenta una dimensión considerable. En julio estuvieron abiertos 1.436 establecimientos, con 15.427 plazas estimadas y 2.222 trabajadores. El grado de ocupación alcanzó el 44,47% de las plazas, porcentaje que subió al 48,34% durante los fines de semana y al 54,52% si se mide sobre las habitaciones. Asturias se situó así por encima de la media española, del 33% en cuanto a las plazas y del 42,44% entre las habitaciones. Dentro del turismo rural asturiano sobresale además la modalidad de casa rural.
Finalmente, anunciar que el Gobierno asturiano comprará a Duro Felguera el taller de Barros para que Indra fabrique blindados. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado esta pasada semana que el Gobierno autonómico comprará a Duro Felguera el taller de Barros para que Indra pueda desarrollar «cuanto antes» su planta de fabricación de blindados en Langreo, en la cuenca del Nalón. En su intervención en la inauguración de la Escuela internacional de verano Manuel Fernández López «Lito», organizada por UGT Asturias, el presidente no ha querido extenderse en los detalles pero ha asegurado que «pese a los rumores y las acusaciones sin fundamento alguno» el Gobierno «no ha dejado de trabajar un solo día para conseguir que este relevante proyecto industrial se lleve a cabo». La compañía ha defendido que mantiene un «compromiso histórico» con Asturias y con Langreo, territorio al que está vinculada desde sus orígenes y al que ha regresado recientemente con el traslado de su sede a La Felguera. Según Indra, la ubicación de Barros presenta características «especialmente adecuadas» para las necesidades industriales de la compañía y ofrece «importantes sinergias» con la planta de Indra Land Vehicles en Gijón. De esta forma, Indra Group seguiría avanzando en su estrategia de consolidar en el norte de España uno de los principales polos europeos especializados en plataformas terrestres y vehículos militares, reforzando al mismo tiempo las capacidades industriales y tecnológicas de Asturias.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.
Página web: https://www.unioviedo.es/saotero/
Blog personal: https://catedraticasusanaalvarezotero.blogspot.com/