Ha sido la pasada una semana sin grandes movimientos en las bolsas europeas, donde los buenos resultados presentados hasta la fecha hacían frente a las múltiples amenazas que siguen copando las preocupaciones del mercado. Así, las presiones inflacionistas, la crisis energética y las tensiones en las cadenas de suministro siguen recibiendo la atención en las presentaciones de resultados. Por sectores, los valores cíclicos eran los más penalizadas, con materiales básicos encabezando las caídas. En relación con el petróleo, los altos precios del carbón y gas natural permiten al Brent mantenerse en el entorno de los 85 $/b.
Al otro lado del charco, EEUU pacta con España y otros cuatro países la paz por la ‘tasa Google’. EEUU ha firmado la paz comercial con España, Francia, Italia, Austria y Reino Unido, países que habían adoptado una tasa digital que, según la administración norteamericana, cargaba sobre las multinacionales de su país. Según el acuerdo anunciado esta semana, la administración de Biden decide no aplicar la subida de aranceles contra productos de estos países a cambio de dos condiciones. La primera condición es que estos países se comprometen a derogar sus respectivas ‘tasas Google‘ en el momento en que se ponga en marcha la nueva fiscalidad internacional para multinacionales para la que ya existe un acuerdo entre 136 países promovido por la OCDE. La segunda condición es que cuando se ponga en marcha la nueva fiscalidad para multinacionales, a cada una de ellas se le devuelva lo que hayan podido pagar de más desde el 1 de enero de 2022 por la diferencia entre la nueva fiscalidad (aún por diseñar) y las actuales tasas digitales. Está previsto que la nueva fiscalidad internacional se ponga en marcha para el 31 de diciembre de 2023 como muy tarde. El acuerdo establece que se devolverá a las multinacionales lo pagado de más en el periodo transitorio entre el 1 de enero de 2022 y cuando entre en vigor el nuevo impuesto. Para ello, a partir de 2024 se evaluará la diferencia.
Como señalo en el titular del blog del día de hoy, el sector bancario se revuelve. Weidmann dimite como presidente del Bundesbank y deja el BCE advirtiendo del riesgo de inflación. Su marcha coincide con la retirada de Merkel y cuando se analiza cómo abordar el final del plan antipandemia lanzado con la crisis. Esta marcha, que Weidmann ha pedido al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, llega en un momento decisivo para el BCE, que debe decidir en los próximos meses cómo poner fin al plan extraordinario antipandemia de compras de deuda y que afronta una escalada de precios que amenaza con ser menos transitoria y más estructural de lo que defiende la institución. En su despedida, Weidmann advierte precisamente que «no hay que perder de vista los riesgos de la inflación». Con él se marcha una de las voces más duras en el seno del BCE y el más destacado de los halcones durante el mandato de Mario Draghi. Votó en contra en 2012 contra su plan de hacer «todo lo necesario» por salvar el euro. En los últimos tiempos suavizó el tono accediendo de hecho al revolucionario programa de compras de activos con el que Christine Lagarde respondió a la crisis por la pandemia, aunque insistiendo de forma reiterada en su carácter excepcional. Los defensores de la más pura ortodoxia monetaria quedan ahora debilitados en el BCE, que insiste en que el actual ascenso de precios en la zona euro es transitorio. El actual presidente del Bundesbank se marcha ahora también en otro momento de cambio en el BCE, aunque una vez que ha quedado aprobada la revisión de su estrategia, y en Alemania, donde se prepara la formación de un nuevo ejecutivo liderado por los socialdemócratas con el apoyo de liberales y verdes. Este gobierno deberá elegir al nuevo presidente del Bundesbank, cuyas riendas podría tomar la actual vicepresidenta Claudia Buch de forma provisional.
La explicación de Weidmann
«El entorno en el que operamos ha cambiado mucho y las tareas del Bundesbank han crecido. La crisis financiera, la crisis de endeudamiento soberano y, por último, la pandemia han llevado a decisiones políticas y de política monetaria que tendrán efecto prolongado», ha explicado en un comunicado Weidmann, que no ha perdido la ocasión para lanzar una advertencia sobre el peligro de la inflación, la gran bestia negra del Bundesbank y que sin embargo no se ha materializado durante la última década en la zona euro hasta la actualidad. En su despedida, Weidmann advierte que de cara al futuro, será decisivo para el BCE «no sólo mirar a los riesgos de deflación de forma unilateral, sino no perder de vista los peligros de inflación». Porque, «una política monetaria orientada a la estabilidad sólo será posible a largo plazo si el marco normativo de la unión monetaria asegura la unidad de acción y responsabilidad, si la política monetaria respeta su estrecho mandato y no es atrapada por la política presupuestaria o los mercados financieros».
En territorio bancario nacional, De Cos obliga a los bancos a apuntarse en el nuevo registro si quieren ofrecer criptomonedas. Todas las entidades supervisadas por el Banco de España tendrán que estar dadas de alta en el nuevo listado. El Banco de España, después de anunciarlo en junio, ya tiene listos los trámites para las entidades que ofrezcan servicios de criptodivisas. La gran duda estaba en si las entidades ya bajo la tutela por el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos tenían que apuntarse en ese registro, ideado con el objetivo de vigilar el eventual blanqueo de capitales. La respuesta es sí, incluidos los bancos, como habían planteado al supervisor. El supervisor señala en su oficina virtual que «la obligación de inscripción en este registro aplica a todas las personas físicas o jurídicas que se encuentren en alguno de los supuestos anteriores y presten servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos, con independencia de que estén también inscritas en otros registros administrativos en el Banco de España o en otras autoridades competentes». Tendrán que apuntarse todas las personas y las sociedades sea cual sea su nacionalidad que ofrezcan o provean estos servicios en España. También las personas físicas que presten estos servicios cuando la base, la dirección o la gestión de estas actividades radique en España, con independencia de la ubicación de los destinatarios del servicio. Y las personas jurídicas establecidas en España que presten estos servicios, con independencia de la ubicación de los destinatarios.
En la eterna problemática de la edad de jubilación, la OCDE quiere retrasar la jubilación en función de la esperanza de vida. El organismo también defiende acabar con las prejubilaciones, fomentar la jubilación activa o alargar el periodo para cobrar una pensión completa para contener el gasto. La OCDE se mostró esta pasada semana a favor del factor de sostenibilidad que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en la reforma de 2013 y que Pedro Sánchez acaba de derogar. El gasto en pensiones sigue disparándose año a año -y más lo hará en 2022 al volverse a vincular la revalorización a la inflación- al mismo tiempo que la esperanza de vida aumenta. Con mayor ímpetu en España, que es el segundo país con mayor esperanza de vida: 83 años, solo superada por unos pocos meses por Japón. Esto, unido a que en unos pocos años comenzará a jubilarse la generación del ‘baby boom’, provocará que el presupuesto para pensiones en las próximas décadas siga creciendo. Para esta organización que representa a los países más avanzados del mundo, la mejor forma de lograr un equilibrio que no afecte a la sostenibilidad del sistema es ir aumentando la edad de retiro para acompasarla a la esperanza de vida. Más concretamente, aboga por imitar el modelo que ha instaurado Portugal: aumentar la edad de jubilación dos tercios de los futuros incrementos de la esperanza de vida; es decir, retrasar dos años el retiro por cada tres años que mejore la esperanza de vida. Así lo señala en un informe de proyecciones para el horizonte 2060 publicado este martes. Si España tomara ejemplo de Portugal y aplicara esta misma norma, podría elevar el PIB per cápita una media de 5,47 puntos. La mejora de España es casi el doble que la media de los países de la OCDE (tres puntos del PIB) puesto que es uno de los países, junto con Francia y Bélgica, donde existe mayor brecha entre edad real de jubilación y edad legal. Así, aunque en la actualidad la edad legal para el retiro está fijada en los 66 años (y será 67 en 2027), la edad efectiva se sitúa aún en los 64,7 años.
Pasando al tema de la vivienda y de la juventud, más allá del bono joven: Europa prioriza la vivienda social y la rehabilitación. Académicos y asociaciones coinciden en que las ayudas directas no resolverán el problema de la escasa emancipación juvenil en España. El problema de la emancipación juvenil aqueja a toda la Unión Europea, pero no se combate igual ni es de igual gravedad en todos los países. Mientras Alemania, Dinamarca, Italia o Austria apuestan por la rehabilitación de hogares y la vivienda social, España se decanta por las ayudas directas, lo que ha suscitado las críticas del mundo académico y empresarial. El problema al que se enfrenta el Gobierno no es menor; España es de los países en los que más jóvenes viven con sus padres. En 2019, por ejemplo, mientras el 48,2% de las personas de entre 18 a 34 años en la UE no tenía un hogar propio, en el país la cifra aumentaba hasta el 64,5%. Un año después subió al 65,5%, muy lejos de Dinamarca, que solo registró el 15,6%. Ante el escaso número de jóvenes emancipados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso el 5 de octubre una dotación de 3.000 euros anuales destinados al alquiler. Sin embargo, los expertos no consideran que sea la estrategia adecuada. Sergio Nasarre, director de su Cátedra Unesco de Vivienda, cree que el bono joven solo contribuirá a que los arrendadores suban el precio y detalla que “desde hace 10 años hay un consenso en Europa respecto a que los propietarios capturan ese dinero y aumenta el mercado negro”.
Cierro con una buena noticia a nivel local. La creación de empresas aumenta un 33% hasta septiembre en Asturias. El Principado registró entre enero y septiembre la creación de 982 empresas, lo que supone un aumento del 33,6% respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos del Registro Mercantil publicados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei).
El capital suscrito para la constitución de nuevas empresas subió un 21,3%, hasta 31 millones de euros. Además, en lo que va de año 257 empresas han ampliado capital, un 8,9% más en tasa interanual que en los nueve primeros meses de pasado año.. El aumento de la creación de empresas durante este ejercicio contrasta con la caída del 11,7% registrada durante el pasado año, hasta 1.035 nuevas sociedades, que estuvo motivada por la paralización parcial de la economía por la crisis sanitaria de la pandemia de coronavirus. No obstante, 2020 fue el cuarto año consecutivo en el que descendió la creación de empresas en el Principado, tras las bajadas del 9,1% registradas durante 2017; del 10,8% en 2018, y del 1,2% en 2019 según los datos que maneja Sadei.
Es evidentemente una gran noticia para una región como la nuestra, tan necesitada de despegue empresarial.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.