En la semana y a nivel de política monetaria, en el BCE no se esperaba que en la reunión Lagarde anticipase las grandes decisiones de política monetaria que la autoridad monetaria prometía anunciar en diciembre. El foco es tratar de contener las expectativas de mercado de una primera subida de tipos de interés antes de las intenciones que tiene el banco central. La mayor presión inflacionista y el temor a que su persistencia sea mayor a lo previamente esperado ha llevado a que las expectativas de inflación a largo plazo de mercado (swap5x5) hayan alcanzado niveles no vistos desde abril de 2014. Se ha producido también publicación de resultados corporativos a nivel global.
No se puede negar que la situación del mercado es que está deshojando la margarita: alza de tipos en 2022 ó 2023. Los mercados viven obsesionados con los movimientos que haga la Reserva Federal estadounidense (Fed) en los próximos meses. Su presidente, Jerome Powell, dejó claro el pasado mes de junio que los tipos de interés de intervención –ahora situados en el 0,00% y 0,25%– no subirían hasta 2023. Pero en la reunión de septiembre de la Fed todo dio un vuelco: 9 de los 18 miembros del organismo preveían una subida de tipos ya en 2022, frente a los 7 que planteaban esta posibilidad en junio. El mercado da ahora un 45% de probabilidades a un alza en septiembre del próximo año. Una inflación disparada en Estados Unidos es la culpable de este cambio de tono en la Fed, ante una tasa interanual del 5,4% a cierre de septiembre y una inflación subyacente –sin energía ni alimentos– del 4,5%, nivel no conocido desde 1991. Una subida de precios que los bancos centrales siguen calificando de transitoria, pero que es muy superior al objetivo de inflación del 2%. Además, en la reunión de septiembre, cuyas actas se conocieron a mediados de este octubre, la Fed apuntaba a que en noviembre o diciembre se comenzarían a retirar las compras de bonos (tapering), que ahora alcanzan los 120.000 millones de dólares al mes.
Pasando al ámbito doméstico y bancario, la banca española dejará de ser el farolillo rojo en capitalización tras los nuevos requisitos de Basilea III. El requerimiento de capital para las entidades españolas con la futura norma es inferior a la media europea. Al final la labor de lobby que ha ejercicio la banca europea para que Bruselas suavice sus exigencias iniciales de capital que se incluirían en la norma de Basilea III, cuya propuesta se presentó esta semana, han surtido efecto, aunque no se hayan recogido todas las peticiones que han presentado los distintos países europeos, y que cuentan con reglas bancarias diferentes. Eso sí, la banca española es una de las menos perjudicadas por las nuevas normas de capital. Los más penalizados han sido los países cuyos bancos cuentan con modelos internos con exigencias de capital más laxas hasta ahora, como Francia, Alemania y los países nórdicos. Los bancos españoles, sin embargo, han conseguido así una menor penalización, tras haber estado siempre sometidos a unas mayores exigencias de capital por sus riesgos ponderados. También les beneficia la rebaja inicial de los requisitos por el riesgo operacional histórico.
Los bancos en Europa tienen mucho más capital que antes de la crisis financiera, pero todavía afrontan retos para la rentabilidad y estamos en las primeras fases de la recuperación tras la crisis del Covid-19”, dijo esta semana la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness.
RIESGO CLIMÁTICO Y MÁS PODER PARA EL BANCO DE ESPAÑA
Bruselas ha aprovechado el paquete bancario presentado esta semana para reforzar la capacidad de vigilancia del bloque, especialmente a raíz de recientes “escándalos” como el de la firma alemana de servicios de pago Wirecard. Así, la propuesta modifica la lista de poderes de supervisión de la directiva de requisitos de capital para dar a las instituciones que se encargan de la vigilancia de los bancos las competencias necesarias para evaluar operaciones como la transferencia de activos y pasivos, fusiones o divisiones o la adquisición de participaciones cualificadas. Además, obligará a tener en cuenta factores medioambientales, sociales y de gobernanza en sus análisis de riesgos para mejorar su capacidad de “absorción de pérdidas” vinculadas con ellos, algo “clave” para la solidez de la economía en plena transición ecológica. El Ejecutivo, sin embargo, ha dejado para una etapa posterior la posibilidad de ajustar los requisitos de capital para activos verdes o marrones, algo que está estudiando pero todavía no tiene “todos los datos” necesarios para tomar una decisión. Por eso, ha pedido a la Autoridad Bancaria Europea (EBA en sus siglas en inglés) un análisis de este asunto, cuyos resultados se esperan en 2023.
A nivel empresarial y farmacéutico, vinculado al problema del Covid, las farmacéuticas vuelcan ahora sus esfuerzos en las terapias para el Covid-19. La EMA incluye en revisión a una opción de MSD. Nueve tratamientos están a la espera de la aprobación y 82 están en I+D. El siguiente hito para la industria farmacéutica en la lucha contra la pandemia de Covid-19 es encontrar una terapia eficaz contra el virus. Tras el éxito de las primeras vacunas que han copado el mercado, los esfuerzos de las compañías se vuelcan ahora en los tratamientos. Gilead ya recibió una autorización para su medicamento Veklury y, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés) sumó a una alternativa de MSD al grupo de terapias que tiene en revisión. La EMA ha comenzado lo que denomina evaluación continua del antiviral oral molnupiravir, desarrollado por MSD (Merck Sharp & Dohme) en colaboración con Ridgeback Biotherapeutics. Esta revisión facilita la aceleración de la aprobación de la terapia, ya que analiza los datos de forma paralela al avance de los ensayos clínicos como respuesta a la emergencia sanitaria. Actualmente, la EMA evalúa nueve terapias. Junto al antiviral de MSD, suma alternativas de Lilly (dos medicamentos), la sueca Sobi, Roche, la coreana Celltrion, Regeneron, GSK y AstraZeneca.
En el sector turístico, tan importante en nuestro país, los hoteles españoles elevan sus precios hasta niveles anteriores a la pandemia. El sector aumenta en septiembre sus tarifas un 28% en relación al negro 2020 y ya consigue empatar con los precios de 2019, pero el empleo, la ocupación y la rentabilidad siguen muy por debajo de los de antes de la crisis. La recuperación del turismo en España continúa a medio gas. En la pasada temporada de verano, la actividad turística ha crecido con fuerza, en relación a los datos del pésimo 2020, pero todavía se mantiene muy lejos de los niveles previos a la pandemia, cuando el sector iba de récord en récord en todos los registros. Y esa recuperación, además, es desigual: la demanda de los clientes españoles tira con fuerza, pero la de los turistas extranjeros aún está muy limitada por las restricciones, pruebas diagnósticas y cuarentenas aún vigentes en muchas zonas.
El sector hotelero aún no ha recuperado uno de cada cuatro empleos desde las cotas de 2019.
En este escenario de reactivación incompleta, lo que sí han conseguido los hoteles es recuperar los precios de sus habitaciones y elevarlos hasta los niveles previos a la crisis. En septiembre, la tarifa media diaria (ADR, por sus siglas en inglés) que fijaron los establecimientos se situó en los 94,10 euros por noche, un 28% más que el año pasado (73,31 euros por noche) e igualando casi al céntimo el precio que registraron en septiembre de 2019 (94,17 euros). La subida de los precios es generalizada, con hasta catorce comunidades autónomas consiguiendo recuperar el nivel de tarifas previos a la profunda crisis del sector turístico provocado por el Covid. Las regiones, en cambio, que siguen en septiembre con los precios de hotel por debajo de los niveles de 2019 son Madrid (golpeada por el parón de los viajes de negocios), Cataluña (que se resiente por la falta de demanda de turismo internacional), y también País Vasco y la Región de Murcia.
Yendo al tema que destaco en el titular del blog en el día de hoy, llama la atención que las solicitudes de ERTE caen por las inspecciones contra las ‘empresas zombi’. Las Comunidades Autónomas reportan cifras que se sitúan en la mitad del número de ERTE que estaban en vigor hasta ahora.
La última prórroga de los ERTE, acordada a finales de septiembre por sindicatos, patronales y Gobierno, tiene dos objetivos: el primero, el habitual, es seguir protegiendo a las empresas que todavía necesitan de este mecanismo de suspensión de empleo ante las dificultades económicas causadas por la pandemia. El segundo, que es novedoso, es hacer aflorar todos los negocios que siguen en ERTE por inercia, pero que ya no tienen posibilidades reales de retomar la actividad: las llamadas «empresas zombi». A finales de septiembre había 80.571 ERTE activos, así que estos datos adelantados anticipan una reducción de varias decenas de miles, que se confirmarán en las próximas semanas. Cruzando los datos de finales de septiembre de Seguridad Social con las renovaciones solicitadas en ocho servicios de empleo autonómicos hasta el 15 de octubre (fecha del final del plazo) se aprecia ese notable desplome: en Andalucía, donde había 11.933 ERTE a 30 de septiembre, la petición de renovaciones ha sumado 5.104, un 42,8%; en Cataluña, frente a los 14.916 ERTE de septiembre se han producido 8.225 solicitudes en octubre (55,1%), y en Madrid se pasan de 11.925 en el mes pasado a 5.345 peticiones (44,8%). Porcentajes parecidos se obtienen en Baleares (55,7%), Castilla-La Mancha (46,2%), Galicia (57,9%), Asturias (48,8%) y algo más altos pero también con una caída importante en Aragón (63,6%). Son territorios representativos (entre todos, concentran a 2 de cada 3 trabajadores en ERTE) y con una estructura productiva muy diversa, factores que indican que el retroceso en las peticiones de ERTE es generalizada. Sumando los datos, mientras que había 53.295 ERTE en vigor en esas autonomías a 30 de septiembre, en octubre sólo se habían pedido 26.664 renovaciones: un 50%. La caída no se debe sólo a las «empresas zombi», puntualizan desde los servicios de empleo autonómicos: la mejora de la situación económica y el levantamiento de las restricciones también juegan un papel significativo en la reducción del número de ERTE. Pero estas dos tendencias positivas también se han dado en los últimos meses, y hasta ahora no se había producido un retroceso en el número de ERTE de la magnitud que ahora se anticipa. Desde junio, cuando había 106.679 ERTE en marcha, y hasta septiembre, la reducción en el número de ERTE ha sido inferior a los 10.000 al mes; las cifras adelantadas apuntan a una caída de 40.000 en octubre. La razón del fuerte retroceso está en un cambio en la regulación vigente hasta ahora. Los ERTE se pusieron en marcha a finales de marzo de 2020 para tratar de evitar despidos masivos con el primer confinamiento, y se han ido prorrogando, con modificaciones para acomodarse a la situación de la pandemia y de la economía, hasta en cinco ocasiones anteriores. Lo que hace especial a esta sexta prórroga, aprobada a finales de septiembre y que extiende el mecanismo de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022, es el aumento de requisitos y controles: exige a las empresas presentar una nueva solicitud para renovar un ERTE en marcha (frente a la prolongación automática de prórrogas anteriores), requiere además la presentación de nueva documentación acreditativa de la marcha del Expediente y la relación de los trabajadores afectados, y -muy importante- remite los ERTE prorrogados a la Inspección de Trabajo para su examen. Todo, precisamente, para desanimar la presentación de solicitudes por parte de las «empresas zombi» -y también de las que pudieran estar en situación de fraude- que no podrían cumplir con estas nuevas exigencias y se expondrían a una sanción. Las cifras definitivas y completas las reunirá y publicará la Seguridad Social a finales de octubre o principios de noviembre; hay que tener en cuenta que aunque el plazo de solicitudes esté cerrado desde el día 15, las autoridades laborales autonómicas tienen 10 días más para dictar resolución, y es entonces cuando los expedientes serán remitidos a la Inspección de Trabajo para su análisis. Con la reducción del número de ERTE también se producirá un notable descenso de los trabajadores protegidos por esta fórmula de salvaguarda del empleo: A finales de septiembre eran 239.230 los empleados con el empleo total o parcialmente suspendido por estar en uno de estos expedientes. Con el primer impacto de la pandemia, los ERTE llegaron a alcanzar a más de 3,5 millones de personas, y a medio millón de empresas de casi todas las actividades económicas; ahora, los principales afectados son compañías y empleados de ciertos sectores: hoteles, restaurantes, agencias de viajes, transporte aéreo y juegos de azar.
Inflación descontrolada . La inflación se descontrola y sube hasta el 5,5%, la tasa más alta desde 1992.
El IPC resta poder de compra a los salarios y al ahorro | La referencia para la actualización de las pensiones se sitúa en torno al 2,5%. Como ya ocurrió el mes pasado, el precio de la electricidad ha disparado la inflación en octubre. Los precios continuaron su escalada este mes, impulsados por el encarecimiento de la electricidad y los carburantes, hasta llegar a una tasa interanual del 5,5% con respecto al mismo mes de 2020. Se trata de un repunte un punto y medio superior al de septiembre (4%), que ya significó un alza de grandes proporciones y la tasa más alta desde 1992, hace 29 años. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer el avance del índice de precios de consumo (IPC) de octubre, un dato que de confirmarse el próximo 12 de noviembre consolidaría la aceleración de la inflación en los últimos meses, cada vez más intensa. A pesar de este despegue del nivel general de los precios, tanto el Banco Central Europeo (BCE) como la Reserva Federal de EEUU, donde también se ha disparado la inflación, consideran que es un fenómeno coyuntural atribuible al aumento de los de la energía y de las materias primas en general. Detrás de este repunte de la inflación, que experimenta su octavo mes consecutivo de subidas, está el encarecimiento de la electricidad y, en menor medida, de carburantes y lubricantes para vehículos personales, que en octubre del pasado año se abarataron. El índice de precios de consumo (IPC) se disparó en octubre el 2% con respecto a septiembre. El empuje de la energía se está trasladando a la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que ha aumentado en cuatro décimas hasta el 1,4%, con lo que se sitúa más de cuatro puntos por debajo de la del IPC general. Uno de los riesgos de este impulso de la inflación son los efectos denominados de segunda ronda, mediante los que estas subidas los acaban trasladando las empresas a los productos y servicios para evitar perder márgenes. A su vez significa la posibilidad de que se registren presiones para subir los salarios, ya que pierden poder adquisitivo. La subida media en convenio ronda ahora el 1,4%. Y muchos convenios no prevén la actualización con respecto a la inflación actual. A su vez, la inflación resta poder de compra al ahorro, en especial el que está en cuentas y depósitos bancarios.
LÍMITE DE AHORRO DE LAS FAMILIAS
Siete de cada 10 familias españolas han llegado a su límite de ahorro. La pandemia provoca que el 38% de los hogares reduzca su tasa de ingresos guardados, según el Observatorio del Ahorro Familiar. El futuro que barajan entre el 60% y 70% las familias españolas no contempla guardar más dinero tras la pandemia, ni reducir el consumo o mejorar su planificación de las finanzas. A pesar de la grave crisis económica que se ha desprendido de la sanitaria, siete de cada 10 ciudadanos niega considerar ampliar sus ahorros, aunque en la mayoría de los casos (70%) estos se sitúan entre el 0% y el 14% de su renta disponible. Son cifras preocupantes si se considera que el estado de bienestar depende en gran medida del ahorro de la población, según se desprende del último estudio del Observatorio del Ahorro Familiar (OAF), presentado esta semana en colaboración con la Fundación IE y Mutualidad Abogacía. Si antes de la crisis sanitaria dos tercios de los hogares españoles declaraba destinar al ahorro parte de sus ingresos, la pandemia provocó que el 38% del total de las familias encuestadas redujera la tasa de dinero guardada. En contraste, solo el 16% incrementó sus tasas de ahorros. Las familias más vulnerables son las que más han sufrido estos cambios: un 52,6% de los españoles con la renta más baja se ha visto obligada a guardar menos dinero, frente a un 29% de la clase más favorecida. Además, solo un tercio (33%) de los españoles que han visto mermados sus ingresos han podido mantener sus tasas de ahorros, según el informe cuya muestra fue de 1501 individuos de entre 20 y 74 años, con acceso a internet. El 33% de los hogares que perdieron o redujeron su jornada laboral pudieron mantener sus tasas de ahorros, pero esto se debe, según el estudio, a la imposibilidad de gastar debido a los confinamientos y el miedo que generó la pandemia en la población, que “fomentó una actitud precavida ante la incertidumbre de la duración de la pandemia y sus efectos económicos”. Ambos motivos han disparado la tasa de ahorro de la economía española hasta máximos históricos.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.