A nivel de Estados Unidos la inflación y el empleo siguen en el punto de mira, así que uno de los puntos de atención han sido las publicaciones de las expectativas de inflación de corto y medio plazo de la Universidad de Michigan. A nivel europeo, la Comisión Europea actualizaba sus previsiones para la economía de la zona euro, donde proyectaba un mayor crecimiento para este 2021 (5,0% vs 4,8% ant). Para 2022 el crecimiento espera que siga siendo robusto (+4,3%) junto con una mejoría en los niveles déficit y deuda pública. Con respecto a la inflación, estima que esta alcanzará el 2,4% en 2021 (1,9% ant), con su pico más alto en estos últimos cuatro meses del año, para posteriormente ir moderándose ligeramente durante 2022 hasta situarse en el 2,2%.
En el ámbito doméstico, la reforma de la plusvalía entró esta semana en vigor dejando en el limbo judicial miles de liquidaciones. El gravamen puede pagarse hasta en seis meses y no son raros los retrasos. Los jueces dirán si las operaciones pendientes de pago tributan. El cambio legal llega al BOE antes del fallo del Constitucional que anula el tributo.
La reforma del llamado impuesto de plusvalía municipal aprobada por el Consejo de Ministros extraordinario del pasado lunes para subsanar la nulidad del modelo de cálculo decretada por el Tribunal Constitucional fue publicada en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor esta semana. La medida, que pasa por acomodar el sistema de estimación objetiva a la evolución del mercado inmobiliario estableciendo unos coeficientes actualizados anualmente que modulen el valor catastral de los terrenos y por crear un cálculo alternativo basado en la ganancia real obtenida para que el contribuyente elija la que le resulte menos costosa, rige por tanto en las liquidaciones que se firmen desde esta pasada semana. La ausencia de efectos retroactivos u otras aclaraciones deja, sin embargo, en una suerte de limbo las miles de liquidaciones pendientes de cobro por parte de los ayuntamientos, algunos de los cuales llevan meses de retraso, lo que deja la tributación de las operaciones de los últimos meses en manos de la interpretación judicial. De hecho, como destacan múltiples expertos en fiscalidad, resulta inusitado que el remiendo ideado por Hacienda haya sido publicado en el BOE antes incluso que la sentencia que tumba el impuesto. Aunque el Constitucional dejó claro en su fallo que las tributaciones ya realizadas no podrán ser revisadas, sean liquidaciones (firmes al mes) o autoliquidaciones (a priori rectificables durante cuatro años), salvo que hubiera recursos ya abiertos antes de la fecha de emisión de la sentencia el 26 de octubre, no llega a explicitar si el impuesto deja de ser aplicable desde ese mismo día o desde la publicación en el BOE. El matiz es relevante porque de ello dependerá que se haya llegado a generar un vacío legal, del 26 de octubre al 9 de noviembre, en el que los contribuyentes no tendrían que tributar por las ganancias de la venta de un inmueble o su recepción como herencia o donación. Más allá del pulso judicial que promete abrirse sobre las liquidaciones correspondientes a estos 14 días, surge una duda aún mayor sobre las obligaciones tributarias que pesan sobre las operaciones cerradas hace meses pero pendientes de liquidar. Los ayuntamientos tienen seis meses para liquidar el tributo, pero los abogados revelan que no son raros los retrasos de hasta nueve, mientras que autoliquidaciones como las de las herencias pueden hacerse también pasado medio año.
A nivel doméstico, y yendo a lo que señalo en el titular en el día de hoy, podría considerarse reacción un tanto vulgar la de los camioneros que convocan 3 días de huelga justo antes de Navidad, que es cuando más daño hacen. Igual que en las novelas negras, la gente que no sabe hablar, o no sabe defenderse de otra manera, reacciona con la violencia, otras personas, cuando no tienen otra arma reaccionan con gestos vulgares, ante situaciones que son perfectamente justas o comentarios realistas y verdaderos sobre su realidad. No son admisibles pero toca lidiar con ellos. Los camioneros convocan tres días de huelga justo antes de Navidad. Los paros de 24 horas serán el 20, 21 y 22 de diciembre si no hay antes un acuerdo con el Gobierno y esperemos que lo haya si queremos juguetes para los niños y comida para las cenas de Navidad. Nueva complicación para una campaña navideña con algunos problemas de suministro en determinados productos. El Comité Nacional del Transporte (CNT) se ha reunido esta semana con el Director General de Transporte Terrestre, Jaime Moreno, y de ahí ha surgido una convocatoria de paro de transporte los días 20, 21 y 22 de diciembre. El colectivo ha optado por estos paros «por el abandono al que somete el Gobierno a un sector, que resultó ser esencial durante los meses más duros de la pandemia», según un comunicado de la organización Fenadismer. La actual situación de «descontrol político y económico, con subidas desorbitadas de precios de suministros básicos como el gasóleo o la luz solo han servido para dar la puntilla a un sector muy tocado desde antes de la pandemia», destaca el CNT, en el que están las principales organizaciones del sector, a la vez que recuerdan el esfuerzo realizado durante los meses más duros de la pandemia.
Por su parte, la patronal rechaza la subida de cotizaciones que plantea el Gobierno. El presidente de la patronal española CEOE, Antonio Garamendi, expresó esta pasada semana su rechazo a la propuesta a la subida de las cotizaciones que el Gobierno ha llevado a la mesa de negociación con sindicatos y patronal para la reforma del sistema de pensiones. “No es el momento más adecuado”, remarcó el representante de los empresarios. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones planteó la semana pasada, en la mesa de diálogo con los agentes sociales, subir las cotizaciones sociales al 0,5% durante diez años. Esta semana el Gobierno presentó un nuevo texto en el que elevó la cifra al 0,6%, distribuida en un 0,4% para las empresas y del 0,2% para el trabajador. “Nosotros no tenemos derecho de veto de nada, pero tenemos el derecho a decir que no nos convence”, enfatizó Garamendi. Los sindicatos quieren que las empresas asuman el 80% de la subida.
A nivel empresarial, Iberdrola y Acciona Energía cambiarán su contabilidad por órdenes de la CNMV. Deberán anotarse un pasivo cuando lo que ganen exceda lo pactado. La cautela en las contabilidad es un mantra para la CNMV, y ni con Iberdrola ni con Acciona Energía va a hacer una excepción. Las dos compañías, con instalaciones renovables construidas antes de 2013, con una rentabilidad garantizada del 7,398% hasta 2030, se anotaban lo que ganaban de más al vender en mercado, sin tener en cuenta que ese exceso se descuenta de los futuros pagos asegurados por el Gobierno. Son las únicas dos grandes empresas que empleaban esta fórmula. Ahora deberán anotarse una contrapartida por esos ingresos, y las cuentas de 2020 deberán presentarse de tal forma que sean comparables, según la CNMV. Las cuentas de pérdidas y ganancias, así como los balances de dos de los gigantes españoles de la energía verde cambiarán este año. En el caso de la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán, el impacto será limitado, de acuerdo a las fuentes consultadas. El volumen ingresado por sus instalaciones construidas hace más de ocho años no es significativo. En los resultados de la firma que preside José Manuel Entrecanales y que dirige Rafael Mateo como consejero delegado sí se notará la modificación. En su folleto de salida a Bolsa, celebrada el 1 de julio, reveló que, con el método que finalmente aplicará, sus ganancias acumuladas en 2020 hubieran caído un 3,2% (75,7 millones), aunque sus beneficios del ejercicio hubieran aumentado un 4,4%. En 2019, en cambio, sus ganancias acumuladas se hubiesen recortado un 2% y las del año hubieran descendido un 14,6% (31 millones). La CNMV se ha reunido con las cuatro grandes auditoras, –Deloitte, KPMG, PwC y EY– y con las propias empresas para fijar un criterio, dada la disparidad en los cómputos de esos ingresos calculados conforme al interés garantizado por el Ejecutivo. Las empresas con proyectos de rentabilidad blindada al 7,398% que no llegan a ese porcentaje computan la diferencia como ingresos, pues recibirán esa compensación del sistema eléctrico a través de la CNMC. Iberdrola indica en su informe anual de 2020 que “los importes acumulados de las desviaciones de precio (…) que resultasen en ajustes netos positivos se registran en cuentas del importe neto de la cifra de negocios”. El problema está en la situación inversa, que se está agravando debido al elevado precio de la electricidad en el mercado mayorista ante la escalada del coste del gas y de los derechos de emisión de dióxido de carbono. Si la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán o la que controla la familia Entrecanales logran un 10% por esas instalaciones verdes, se anotan ese 2,602% adicional. Sin más. Pero no podrá continuar siendo así.
El dictámen del regulador
En el comunicado publicado, el supervisor señaló que “considera que, con carácter general, deben reconocerse en el balance de situación cada una de las desviaciones del mercado, positivas y negativas”. Indicó también que no se estima que los criterios adoptados tengan en este momento un impacto significativo en la situación financiera de las empresas del sector en su conjunto”. Y es así, pero siempre con esa coletilla: “En su conjunto”.
Desde la CNMV explican que no se pedirá una reformulación del balance y los resultados de 2020, pero sí explican que “en las cuentas anuales de 2021 y, sujeto al criterio de materialidad, sí deben reexpresar las cifras comparativas del ejercicio 2020, como una corrección retroactiva de su política contable”. KPMG es el auditor de Iberdrola y también del de Acciona Energía, si bien la responsabilidad última es de la compañía, no del auditor. De hecho, KPMG también audita a Endesa y Ecoener, y estas dos sí emplean el criterio contable conservador.
Mi primer trabajo fue en una compañía auditora y algo que nos enseñaron en la licenciatura es que la contabilidad debe reflejar la imagen fiel de la situación empresarial. Todo lo demás es mentir al mercado y a los inversores. Y algunos, no nos dejamos engañar fácilmente. Una mera cuestión de conocimientos.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.