La pasada semana las bolsas europeas rebotaban fuertemente registrando un balance semanal positivo del 4% con el Ibex a la cabeza (+5,5%) seguido del Dax (+4,1%). Mientras, el Nasdaq y el S&P 500 encadenaban su tercera semana consecutiva a la baja (-2,1% y -1,6% respectivamente). Los mercados mostraban grandes volatilidades en un escenario marcado por las actas de guerra y, a final de semana, se veían ligeras correcciones después de que supuestamente Vladimir Putin dijera que las conversaciones con Ucrania están avanzando. A nivel de geopolítica se realizaba la primera reunión de alto nivel con los ministros de exteriores de Rusia y Ucrania. Las negociaciones no produjeron avances aparentes hacia un alto al fuego, aunque el hecho de que se reunieran daba signos de esperanza hacia una resolución diplomática. Asimismo, Moscú indicaba que la guerra podría detenerse temporalmente si Kiev aceptaba una lista de exigencias que parecía menor que a comienzos de la guerra. Por último, Ucrania recibía la negativa de los 27 países miembros a su petición de iniciar un proceso de adhesión exprés a la UE.
En lo relativo a las sanciones Rusia, EEUU imponía prohibiciones a la importación de petróleo, GNL y carbón rusos. Reino Unido se unía a la prohibición al eliminar gradualmente las importaciones para fin de año. En represalia, Rusia emitía un decreto que permitiría prohibir el comercio de cualquier producto básico con países que hubieran aplicado sanciones hostiles contra Rusia. Se publicaba una lista de 200 productos, entre ellos, cereales y fertilizantes, mercados en los que Rusia y Ucrania juegan un papel esencial en el mundo. Por el momento no se incluía el gas en la lista, aunque no descartaban el cierre de grifo si las tensiones continuaban escalando.
Desafortunadamente, Bruselas sigue sin apostar por desvincular el precio del gas de la luz. La nueva propuesta de la Comisión Europea para atajar la crisis energética sí incluirá el compromiso de abrir un debate con productores, operadores y reguladores. La guerra de Putin contra Ucrania ha agudizado la crisis energética a la que se enfrenta Europa, que registra de nuevo precios de gas y electricidad récords y unas perspectivas poco halagüeñas que auguran facturas de energía desbocadas al menos hasta 2023. Un escenario que ha obligado a la Comisión Europea a repensar la lista de medidas con la que frenar la escalada de precios y reducir la elevada vulnerabilidad y dependencia de RUSIA que vende a la UE el 40% del gas que consume. Según un borrador, el Ejecutivo comunitario pone el acento en diversificar el suministro energético, acelerar la implantación de las energías renovables y la eficiencia energética aunque pasa de nuevo de largo de la principal reivindicación del Gobierno español: desvincular el precio del gas del de la electricidad. A lo único que se compromete de momento la Comisión Europea es a organizar un evento de expertos de alto nivel sobre el diseño del mercado de la electricidad en el que reunir a productores, operadores, reguladores y académicos. Un foro que servirá para aportar “opiniones y comentarios” al informe final que la Agencia de Cooperación de los Reguladores Europeos (ACER) presentará en abril, en respuesta a la caja de herramientas planteada por Bruselas en octubre pasado. Desde entonces, y hasta el pasado 16 de febrero según el balance, un total de 24 Estados miembros han adoptado medidas para abaratar la factura de la luz de 71 millones de consumidores europeos y varios millones de pymes por valor de 23.000 millones de euros.
Yendo al titular del blog en el día de hoy, es muy grave cómo la inflación nos está afectando. Por otro lado, hay un diferencial de precios de hasta un punto porcentual entre las personas más y menos acaudaladas. La subida de los precios lleva meses sin dar tregua. Primero fueron los problemas en las cadenas de suministro, después el encarecimiento de la energía y ahora la guerra en Ucrania. Todos estos problemas han disparado la inflación a máximos históricos. En la eurozona repuntó hasta el 5,1% en enero, la cifra más alta de la que se tiene registro. En España llegó al 7,4% en febrero, algo no visto desde 1989. La Comisión Europea ha calculado que como resultado de la invasión de Kiev, los precios aumentarán hasta un punto más a lo largo de 2022. Y aunque todas las familias se verán afectadas por el encarecimiento de los bienes y servicios, serán las más pobres las que peor lo pasen. Esa es la advertencia de CaixaBank Research, que según un informe publicado esta pasada semana, señala la existencia de un diferencial de 0,8 puntos porcentuales de inflación en bienes de primera necesidad entre las personas con rentas más bajas y las más altas. Se trata de la máxima diferencia en al menos una década. La inflación de los bienes de primera necesidad fue cercana al 7% en diciembre, descontando la gasolina. Sin embargo, según las estimaciones de la entidad, la cifra aumenta hasta el 7,3% para el sector con menos poder adquisitivo, y baja hasta el 6,5% para aquellos que están en el escalafón más alto. Las cifras son similares en todos los países europeos, aunque destaca el caso alemán por contar con el diferencial más pronunciado. Aquí las rentas más bajas presentan una proporción de gasto en bienes de primera necesidad notablemente más elevada que la media de la eurozona y que el resto de sus principales socios, incluido España. En cualquier caso, CaixaBank estima que para final de año la brecha por rentas aumentará hasta alcanzar el punto porcentual. Los hogares con menor renta concentran el 13% de su gasto en alimentos y en torno al 20% en vivienda, gas, electricidad o calefacción. En contraste, estas cifras caen al 10% y 5% respectivamente entre los hogares con mayor poder adquisitivo. El problema se agudiza porque en el último año los componentes que engloban los bienes y servicios considerados de primera necesidad, como alimentos, electricidad y calefacción, pasaron de una inflación de apenas un 0,5% en enero a casi un 7% en diciembre, tasa que asciende al 9,2% si se incluye la gasolina. El repunte se produce en un momento en el que las economías no se han recuperado del impacto negativo de la pandemia. Los países del bloque han puesto en marcha diversas iniciativas para paliar el impacto, en particular para compensar el aumento de la factura eléctrica. No obstante, CaixaBank señala que solo son medidas paliativas que pueden compensar, “momentáneamente”, el aumento.
EL CORTE TOTAL DEL SUMINISTRO DE GAS RUSO PODRÍA ANULAR EL CRECIMIENTO EUROPEO
El corte total del flujo de gas natural ruso hacia a Europa podría restar al menos cuatro puntos porcentuales al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de la eurozona este año y lo dejaría en 0, según la compañía francesa de seguros para el comercio exterior (Coface). En un análisis del impacto de la guerra en Ucrania y de las sanciones impuestas a Rusia, advierte de que ese recorte es el que se daría asumiendo que hay posibilidades para reemplazarlo por otras fuentes de energía y de racionar el aprovisionamiento de gas donde sea menos dañino para la economía. Sustituir totalmente el suministro de gas natural ruso a Europa, que equivale al 40% del consumo europeo total, es «virtualmente imposible a corto y medio plazo», advierte la compañía gala, por lo que Europa es la región del mundo más expuesta a las consecuencias de que se suspenda el suministro. No hay región del mundo que no se vea afectada por el impacto económico de este conflicto bélico lanzado a gran escala por Rusia el pasado 24 de febrero. La empresa francesa advierte que en el caso de Moscú, la economía caerá en recesión, con un descenso del 7,5% este año.
Cabe señalar que hay muchos riesgos y aún más dudas ante el posible default de Rusia. Hay en circulación 300.000 millones en deuda rusa, pública y privada; Moscú prohíbe pagar dólares a inversores occidentales. Rusia no es un país con un historial de solvencia financiera particularmente malo (como, por ejemplo, España), pero cuando deja de pagar su deuda las consecuencias resuenan por todo el mundo. Lo ha hecho dos veces, con 80 años de diferencia: en 1918 cuando los bolcheviques repudiaron la deuda zarista, y en 1998, cuando el impago ruso (solo de su deuda en divisa fuerte, en rublos siguió pagando) provocó una crisis financiera a gran escala, al menos para los estándares de la época. Saber si estamos cerca de la tercera no es sencillo.
Pasando al ámbito doméstico, la brecha en las pensiones entre asalariados y autónomos supera el 40%. La diferencia entre los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia en la jubilación sólo se ha estrechado en cuatro puntos en los últimos diez años, según la organización de autónomos UPTA. La reforma del sistema de cotización de los autónomos que está negociándose desde hace semanas se orienta a que los trabajadores por cuenta propia coticen por sus ingresos reales, entre otras cosas para que puedan tener acceso a la misma protección social que los asalariados. Con el sistema actual, por el que los autónomos eligen su base de cotización (y suelen escoger la más reducida durante buena parte de su vida laboral), el que aporta poco a la Seguridad Social durante su carrera luego tiene unas prestaciones correlativamente exiguas, singularmente la de jubilación. Un nuevo estudio de la organización de autónomos UPTA, pone cifras a esa diferencia, y sus datos muestran que la pensión de los autónomos es un 40,6% más baja que la de los trabajadores por cuenta ajena. En concreto, en un análisis hecho a partir de los datos oficiales del Ministerio de Inclusión, mientras que la pensión media de jubilación de los trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social (el que acoge a la mayoría de los asalariados) era en 2021 de 1.335,19 euros al mes, la de los inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) era de 792,94 euros mensuales. Una diferencia que ha ido evolucionando con el tiempo (hace una década, en 2011, la brecha era del 45,13% entre los 1.136,03 euros mensuales de la pensión de jubilación media de los asalariados y los 623,34 de la de los autónomos), pero sólo se ha estrechado en 4,52 puntos en los últimos diez años, y siempre ha rondado los 500 euros mensuales de diferencia. Las diferencias afectan a hombres y a mujeres, aunque en el caso de los hombres la brecha entre trabajadores por cuenta propia y empleados por cuenta ajena es más amplia porque los salarios mayores de los asalariados varones respecto a la base mínima del RETA magnifican las diferencias en protección social; en números absolutos, en cambio, se constata que las percepciones por jubilación de las mujeres son sensiblemente inferiores tanto en uno como en otro caso. Así, los hombres asalariados reciben una pensión de jubilación un 40,7% mayor que la de los hombres autónomos (1.496,05 euros al mes frente a 887,63 euros al mes), y la de las asalariadas es un 38% mayor que la de las autónomas (1.064,72 euros al mes frente a 659,72 euros mensuales). La brecha de género en las pensiones de jubilación dentro del propio RETA alcanza el 25,7%: las autónomas reciben una prestación que es casi 228 euros al mes inferior a la de los autónomos.
Por otro lado, Sánchez promueve a Argelia como socio estratégico.
Para mantener precios asequibles, la Comisión sugiere a los Estados miembros la posibilidad de introducir “excepcionalmente” medidas fiscales con las que captar parte de los beneficios obtenidos por las eléctricas con el alza de los precios y redistribuirlos para aligerar la factura de los consumidores. “La redistribución de los ingresos evitaría en parte que los elevados precios actuales del gas aumenten los costes soportados por los clientes finales”, sostiene el borrador que incide en que una medida de este tipo tendría que diseñarse “cuidadosamente” para evitar “distorsiones innecesarias del mercado” al tiempo que incentive las inversiones en energías renovables. Esto significa limitar la medida en el tiempo -hasta el 30 de junio de 2022-, vincularla a una situación de crisis específica, no aplicarla con carácter retroactivo, no afectar a la tendencia del precio de la electricidad a largo plazo ni a la parte estructural de una subida global de precios. El plan también apunta a la importancia de conseguir un mercado de la electricidad bien conectado e integrado como escudo frente a las interrupciones del suministro y apuesta por seguir trabajando para hacer realidad el objetivo de interconexión eléctrica de al menos el 15% para 2030.
A nivel bancario, es preciso destacar que la banca se sacude 128.000 millones en créditos tóxicos ligados al ladrillo desde 2015. Las entidades conservan el 27% de los activos venenosos ligados al inmobiliario. Los bancos españoles se han sacado del balance unos 128.000 millones de euros en créditos ligados al ladrillo desde enero de 2015. Les quedan unos 47.000 millones, el 27% de lo que acumulaban hace seis años. La tasa de morosidad en este periodo se ha hundido desde el 12,5% al 4,3%, según el Banco de España. Los directivos de las entidades financieras españolas se impusieron como gran misión eliminar de sus balances los activos tóxicos. El importe se situaba en unos 175.000 millones de euros hace siete años, de manera que aún mantienen un 27%. En esta cifra no se incluyen, por tanto, los 51.000 millones, entre créditos e inmuebles, que absorbió Sareb de los bancos que recibieron ayudas entre 2012 y 2013.
Nada nuevo bajo el sol: la luz sube a lo impensable, 500 euros. La media del megavatio hora alcanza su máximo histórico | A esta subida se suma la del precio del combustible, que se multiplica por tres desde el inicio de la guerra en Ucrania. El precio medio de la luz en el mercado mayorista escaló este pasado lunes hasta un máximo sin precedentes: 442,54 euros por megavatio por hora (Mw/h), según los datos del operador del mercado, OMIE. Esta evolución era de prever tras alcanzar el domingo, un día festivo, el segundo precio medio más elevado de la historia (379,03 euros). Uno de los componentes que más contribuye a este despegue es la escalada registrada por el gas en los mercados internacionales, que marca generalmente el precio en el mercado mayorista, al ser la última fuente que cubre la demanda. Tras el conflicto en Ucrania, este combustible ha experimentado una escalada imparable. Italia se ha sumado a las peticiones de España de desacoplar la evolución del precio del gas del de la luz. Ante este encarecimiento que puede tender a empeorar, el Gobierno ha decidido prorrogar medidas que tratan de contener la repercusión de las alzas en el mercado mayorista en el recibo que pagan los usuarios. Se prorroga hasta el el 30 de junio del descuento del bono social eléctrico del 60%, para los colectivos vulnerables, y del 70% para los colectivos vulnerables severos, así como de las rebajas fiscales del recibo (IVA eléctrico del 10%, suspensión del impuesto del 7% sobre el valor de la producción e impuesto especial de la electricidad del 0,5%).
A nivel local del Principado de Asturias, quisiera destacar que la ejecución hipotecaria repunta en Asturias con 238 embargos. Asturias registró el año pasado el embargo de 238 viviendas propiedad de personas físicas por el impago de una hipoteca, lo que supone un aumento de un 22,6 por ciento respecto a las 194 del ejercicio anterior, según los últimos datos del INE. El total de las ejecuciones hipotecarias tras el impago de un crédito afectó a un total de 332 viviendas (327, usadas y 5, nuevas) en el Principado, un 17,3% más que en 2020. En el conjunto del país, las ejecuciones hipotecarias en viviendas habituales, o embargos de una propiedad para su venta, crecieron un 57,4 % en 2021 en tasa interanual hasta alcanzar 11.947, la que se convierte en la mayor subida desde 2014 y la cifra más alta desde 2016. Los datos revelan que en 2021 se embargaron 14.862 viviendas de personas físicas.
Evidentemente, no son buenas noticias aunque son una consecuencia lógica de la situación económica que estamos viviendo.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.