En esta semana ha destacado el hecho de que las actas de la Reserva Federal muestran dudas sobre si la política monetaria es lo bastante restrictiva. El banco central mantiene el mensaje de que puede ser necesario mantener los tipos altos más tiempo del previsto. La Reserva Federal lleva la política monetaria como un conductor en mitad de la niebla. No está muy claro el camino a seguir. Busca cada señal de la carretera (cada dato de inflación, las cifras de empleo…) para tratar de orientarse. La publicación esta semana de las actas de la última reunión de su comité de política monetaria, del 30 de abril y el 1 de mayo, confirman que el banco central no tiene ninguna prisa por bajar los tipos de interés. Esa mirada al retrovisor de lo que ocurrió hace tres semanas muestra que los responsables del comité tienen dudas de que la política monetaria sea lo suficientemente restrictiva y de que los tipos altos estén teniendo el efecto deseado.
Según las actas, aunque la política monetaria se considera restrictiva, “muchos participantes comentaron su incertidumbre sobre el grado de restricción”. Estos participantes consideraban que esta incertidumbre provenía de la posibilidad de que los elevados tipos de interés estuvieran teniendo efectos menores que en el pasado, de que los tipos de interés de equilibrio a largo plazo fueran más elevados de lo que se pensaba o de que el nivel del producto potencial fuera inferior al estimado. “No obstante, los participantes consideraron que la política monetaria seguía estando bien posicionada para responder a la evolución de la situación económica y a los riesgos para las perspectivas”, añade el documento desvelado esta pasada semana. Tras la última reunión de política monetaria, la Fed insistió en esos mismos mensajes. Dijo que necesita tener una mayor confianza en que la inflación se dirige hacia el objetivo del 2% antes de empezar a bajar el precio del dinero.
A nivel doméstico, se ha hablado de la crisis diplomática entre España y Argentina y es que España se juega 18.000 millones en inversiones en Argentina en plena crisis diplomática. La crisis diplomática desatada con Argentina amenaza con tener efectos colaterales para los intereses económicos de España, el segundo mayor inversor en el país del Cono Sur (en términos acumulados), solo por detrás de EE UU, y el primero de Europa. En total, las empresas nacionales mantienen inversiones por unos 18.000 millones de euros en el país presidido por Javier Milei, con gigantes como Santander, BBVA, Iberia o algunas firmas del sector energético con fuertes intereses en el país. Una cifra que ha descendido de forma notable en los últimos ejercicios, sobre todo desde 2012, a raíz de la decisión del Gobierno de Kirchner de expropiar YPF a Repsol, que implicó un serio alejamiento en las relaciones entre ambos Estados durante años. En contra, las exportaciones españolas al país sí han ido creciendo en los últimos años, aunque la cifra apenas alcanza los 1.159 millones de euros, según el informe mensual de Comercio Exterior correspondiente a 2023. Con ese dato, que supone un 0,3% sobre las exportaciones totales y una caída del 4,5% respecto al año anterior, España ocupa actualmente el puesto número 11 entre los mayores proveedores de Argentina. Del mismo modo, las importaciones se situaron el pasado año en 1.532 millones de euros, un 32,8% menos que en 2022. En todo caso, los intereses españoles en el país siguen siendo importantes, con unas cerca de 120 empresas operando en la región, según los registros oficiales.
Pasando al sector bancario, la banca sube un 3,5% las comisiones a sus clientes mientras se resiste a remunerar los depósitos. Algunas entidades cobran hasta 240 euros al año a pesar de relajar el coste anual por mantener la tarjeta. Los clientes más vinculados son los que se benefician de las rebajas. Contratar una hipoteca, un fondo de inversión o un plan de pensiones puede ser la única vía que hoy por hoy encuentren los clientes bancarios para pagar menos, o incluso nada, por su operativa habitual con el banco. El sector vuelve a tensar la relación con sus clientes y, tras dos años de subidas de tipos que no se han visto reflejados en la remuneración del ahorro, las comisiones subieron un 3,5% de media en 2023. En concreto, el coste máximo de administración de las cuentas de ahorro de los bancos españoles ha pasado de 145,82 euros a 150,91 euros de media, con entidades que llegan a cobrar hasta 240 euros al año y que amplían la brecha con otras como Bankinter, que se mantiene como la única que no cobra ninguna comisión por mantener una cuenta convencional (no online).
Siguiendo con el culebrón bancario entre BBVA y Sabadell, este último asegura que la opa del BBVA le puede hacer perder personal cualificado y oportunidades de negocio. El banco también ha advertido del coste que puede suponer la ruptura de sus acuerdos con otras empresas si triunfa la oferta. El Sabadell vuelve a defenderse, dentro de los estrechos márgenes que le permite la ley. El banco ha advertido que la opa hostil que le ha lanzado el BBVA le expone a «múltiples incertidumbres». En concreto, el banco catalán ha asegurado que le puede hacer perder «personal cualificado» que busque «otras oportunidades profesionales ante el riesgo de pérdida de su empleo en el caso de prosperar» la oferta (toda fusión conlleva reducción de plantilla, sobre todo en la dirección de la entidad absorbida). También ha afirmado que le podría ocasionar «pérdidas de oportunidades de negocio como consecuencia de las limitaciones a la actuación de los órganos de administración y dirección de Banco de Sabadell durante la pendencia de la opa». La ley de opas, así, obliga a los administradores y directivos de las entidades objeto de una oferta, en beneficio de sus accionistas, a guardar un «deber de pasividad». Es decir, a no realizar movimientos que puedan hacer descarrilar la operación, salvo unos casos muy tasados. Sin embargo, la normativa le permite un pequeño espacio de maniobra. Su consejero delegado, César González Bueno, lo aprovechó la semana pasada, al asegurar que el consejo del Sabadell rechazó la primera oferta amistosa de fusión del BBVA porque consideró que lograr los 850 millones de euros de sinergias estimadas por el banco de origen vasco obligaría a un desembolso de unos 2.550 millones, un 75,8% más que los 1.450 millones calculados por su competidor.
Coste de las alianzas
La entidad, en la misma línea, ha aprovechado un documento que está obligado por normativa europea a publicar periódicamente como entidad cotizada en bolsa (el Documento de Registro Universal) para insistir en la idea de que la opa del BBVA le perjudica (y por tanto, también a sus accionistas, a los que va dirigida la oferta de su competidor). El Sabadell, así, ha advertido también de la incertidumbre que la opa supone sobre los «acuerdos estratégicos» que tiene suscritos con otras empresas para negocios como los de seguros de vida y generales, gestión de activos y depositaría institucional, y sobre los costes «que pudieran derivarse» para el banco de la «extinción de dichos acuerdos». González Bueno, precisamente, apuntó la semana pasada que el consejo de su entidad también rechazó la operación porque entendió que el BBVA no había incluido en sus estimaciones del gasto para obtener las sinergias el coste de romper las alianzas del Sabadell con otras firmas, principalmente con Amundi en gestión de activos y Allianz en seguros. Tampoco, continuó, el impacto negativo de ajustar la valoración de los créditos y la cartera de deuda del banco catalán, práctica habitual en cualquier fusión. Todo esto, remató, llevó a los administradores a la conclusión de que el impacto en el capital de la entidad fusionada sería «significativamente superior» a los 0,3 puntos anunciados por el BBVA.
Efectos adversos
En el documento de esta semana, el Sabadell también apunta que «en este momento no es posible prever la duración del proceso de revisión regulatoria y autorización por la CNMV de la opa -si bien BBVA ha estimado la duración de la opa en un período de entre seis y ocho meses- ni el resultado que eventualmente, de ser aprobada, pueda tener la opa». Asimismo, se refiere en general a la incertidumbre que le supone la oferta por «otros potenciales efectos adversos en la evolución de los negocios del Grupo Banco de Sabadell derivados de la opa». El banco también recuerda que el pasado 14 de mayo suspendió temporalmente su programa de recompra y amortización de acciones (una forma de remunerar al accionista, al elevar el valor de los títulos no amortizados) a petición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Yendo a lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy, es que el Banco de España alerta sobre el impacto del cambio climático en el turismo español. El supervisor bancario constata ya un cambio de patrón con un alza de las llegadas de extranjeros entre el 10% y el 25% en los meses de otoño e invierno frente al 1% en lo de verano. En julio de 2023, la Comisión Europea publicó un estudio que sitúa algunas zonas de España entre las regiones europeas donde el turismo es más vulnerable al cambio climático. Desde el sector se descartó que se fueran a producir fugas masivas por la subida de las temperaturas. Pero ahora es el Banco de España quien pide «no minusvalorar» esta cuestión y alerta del impacto negativo que puede producir el cambio climático en España. «Es importante resaltar que nuestro país está particularmente expuesto a los riesgos físicos asociados al cambio climático, por lo que el impacto del calentamiento global sobre la actividad turística podría incidir de manera más adversa de lo observado en los últimos años», afirma el estudio ‘La reciente diversificación de los flujos turísticos internacionales hacia España’, publicado esta semana por el supervisor bancario. Y de hecho el análisis constata ya un cambio de patrón en la última parte de 2023 y los primeros meses de 2024 que, precisamente, atribuye al cambio climático y a la inestabilidad en Oriente Próximo. Por ahora las consecuencias son positivas, al derivar en un modelo más desestacionalizado (visitantes más allá de la temporada alta), diversificado (no solo dirigido a ‘sol y playa’) y rentable (más gasto en vez de más turistas).
Por su parte, la CNMV pide ventajas fiscales para fomentar que los hogares inviertan sus ahorros. Buenaventura advierte de que Europa necesita incentivar la inversión porque su posición como potencia económica está «en juego». La inversión de los hogares en España necesita un «tratamiento de choque». Así lo ha defendido este martes el presidente de la Comisión Nacional del mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, quien ha lamentado que la mayoría del ahorro financiero de las familias se destine a depósitos bancarios, cuando su «destino natural deberían ser los fondos de inversión, de pensiones, los bonos y las acciones». Por ello, ha reclamado «incentivos fiscales estables a la inversión personal en instrumentos financieros» y un «marco favorable» para la inversión en fondos y planes de pensiones que inviertan a largo plazo, así como fomentar la educación financiera. En esta línea, ha recordado que varios países europeos están planteándose la creación de «cuentas de ahorro financiero personal incentivadas fiscalmente, que tan buen resultado han dado en países como Suecia». Pero ha advertido que dichos estímulos fiscales deben ser estables y no pueden «cambiarse cada cuatro años». Aunque no lo ha dicho directamente, el mensaje ha sonado a una referencia a cambios como la reducción del incentivo fiscal a las aportaciones a los planes de pensiones privados de los últimos años. «Es imperativo trazar un plan para estimular que los europeos y los españoles inviertan una mayor parte de sus ahorros en instrumentos financieros», ha defendido en un foro de Bestinver y el IESE. Buenaventura, así, ha sostenido que la forma en la que se invierte el ahorro financiero en España y en Europa es «manifiestamente mejorable», debido a la «sorprendentemente baja» parte que se destina a la bolsa. Ello provoca, ha argumentado, que la financiación que reciben las empresas sea insuficiente. «Los líderes europeos, los pensadores y los ‘think tanks’ coinciden de modo apabullante en que o potenciamos los mercados de capitales y la inversión de los europeos en esos mercados o la economía europea lo lamentará durante décadas. Nos jugamos, literalmente, nuestra posición como potencia económica», ha advertido. El presidente del supervisor de los mercados de capitales, eso sí, ha querido aclarar que su mensaje no implica que defienda incentivar que el ahorro de los Europeos se quede en Europa, como se ha planteado en países como Francia. «Soy consciente de que romper una lanza en favor de la apertura de los mercados de capitales puede suponer ir a contracorriente e incluso parecer un síntoma de ingenuidad geopolítica. Sin embargo, estoy convencido de que mantener mercados de capitales abiertos internacionalmente es absolutamente esencial para su desarrollo y para el éxito de la economía europea», ha justificado. Los incentivos fiscales son solo una de las medidas que ha planteado dentro de la «estrategia nacional para el desarrollo de los mercados de valores y fomento del ahorro y la inversión» que ha reclamado. Así, también ha apostado por avanzar en regulación única en Europa y mejorar en supervisión coordinada; dotar al regulador europeo ESMA de nuevos poderes para avanzar en la convergencia e introducir disciplina; aplicar la supervisión centralizada solo a las grandes entidades; no impedir la consolidación de mercados, cámaras y depositarios; y simplificar los plazos y procedimientos para las salidas a bolsa y operaciones corporativas.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.