La última sesión de la semana llega sin grandes referencias macro y con el mercado más pendiente del calendario que de los datos. Junio se acaba y, con él, la parte del año que más suele lastrar a la renta variable, justo cuando se abre una de las ventanas estacionales más fiables para la bolsa, en especial, la bolsa estadounidense. No hay citas macro de primer nivel ni resultados de peso que muevan los índices. Solo la nueva caída de la bolsa coreana y la presión sostenida sobre las grandes tecnológicas pesan en la sesión. Así que conviene mirar a la estadística. El comportamiento de las bolsas no es uniforme a lo largo del año. Hay tramos del calendario que se repiten con una regularidad difícil de ignorar, y uno de ellos arranca precisamente en el cruce entre el final de junio y el principio de julio. La parte floja del calendario es la que ahora queda atrás. La segunda mitad de junio arrastra de forma recurrente una liquidación estacional, con reajustes de carteras y vencimientos trimestrales que drenan al mercado. Superado ese tramo, el patrón histórico cambia de signo. La pauta es la siguiente. Tomando las tres últimas sesiones de junio y las nueve primeras de julio, el S&P 500 registra desde 1950 una rentabilidad media del 1,3 % y una mediana del 1,5 % en esa docena escasa de sesiones. Lo relevante no es tanto el tamaño del avance como su frecuencia, porque el índice cierra en positivo el 73,7 % de los años, casi tres de cada cuatro. El comportamiento reciente es todavía más llamativo. En los últimos 15 años esta ventana solo termina en negativo una vez, en 2022, en plena corrección por la subida de tipos. El resto son avances, algunos de entidad, como el 8,2 % de 2016 o el 5,8 % de 2013. Es lo que se conoce como el repunte de mitad de año, un patrón que suele atribuirse a la reordenación de carteras del cierre de semestre y al menor volumen con el que arranca el verano.
Por otro lado, el precio del petróleo baja a los 77 dólares, niveles del inicio de la guerra en Irán. Los inversores siguen de cerca los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza y evalúan las perspectivas de la política monetaria estadounidense tras las señales restrictivas de la Reserva Federal la semana pasada. Los negociadores iraníes señalan que se han hecho progresos en las conversaciones de paz con EE UU, lo que ayuda a calmar los temores de que el proceso se estuviera rompiendo y facilita la distensión del precio del petróleo. Washington y Teherán han acordado una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo de paz definitivo en un plazo de 60 días. El barril de brent baja cerca del 4% hasta los 77,4 dólares, niveles no vistos desde el inicio de los ataques, y facilita las alzas en la Bolsa europea. La moderación del precio del petróleo ejerce de catalizador para el mercado de renta variable. En Europa el Ibex despunta con una subida del 1%, logrando así cerrar en un nuevo máximo histórico: 19.542,33 puntos. Sacyr, ACS e IAG han liderado los ascensos de la jornada, con repuntes cercanos al 3%, frente a Telefónica e Indra, que se han dejado un 2,6% cada una. Entre los pesos pesados del Ibex a la tercera jornada se ha producido el sorpasso definitivo. Más moderación se ha visto en el resto de plazas europeas. Las dudas se imponen en Estados Unidos. Las conversaciones sobre el futuro del estrecho de Ormuz se vieron ensombrecidas por el anuncio de Teherán de que había cerrado nuevamente una de las principales vías de tráfico marítimo. Anteriormente, el presidente estadounidense Donald Trump había amenazado con nuevos ataques contra Irán, mientras el vicepresidente JD Vance se reunía con funcionarios iraníes para las primeras conversaciones bajo un acuerdo de paz provisional. Las declaraciones de funcionarios iraníes que informaron de avances en las conversaciones con EE UU contribuyeron a aliviar los temores de una interrupción prolongada del suministro energético mundial, y ejercieron presión a la baja sobre los precios del petróleo crudo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán señaló que se había logrado un “buen progreso” durante las conversaciones cuadrilaterales celebradas en Suiza, mientras que los mediadores de Qatar y Pakistán indicaron que los negociadores habían acordado una hoja de ruta hacia un acuerdo más amplio. Las conversaciones técnicas continuarán a lo largo de la semana. Los bonos del Tesoro continúan bajo presión tras el giro más restrictivo de la Reserva Federal la semana pasada, que llevó a los mercados a descontar una probabilidad del 75% de una subida de tipos ya en septiembre. Los futuros implican un ajuste de 38 puntos básicos para fin de año.
Cambiando de tercio, cabe destacar que el euro digital da un paso clave al recibir la luz verde de la comisión de Economía de la Eurocámara.
El Parlamento votará el proyecto a principios de julio y se espera que la aprobación final del marco regulatorio se alcance antes de finales de año. El BCE prevé su emisión en 2029. “Este es un día histórico para Europa”, ha afirmado Aurore Lalucq, presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, poco después de pronunciar cinco palabras: “El euro digital queda adoptado”. Esta pasada semana la Comisión ha dado luz verde al reglamento sobre el euro digital con 43 votos a favor, 14 en contra (de los patriotas, de la extrema derecha ESN y algunos eurodiputados del grupo de conservadores y reformistas) y una abstención. El proyecto pasará ahora a la Eurocámara, donde está previsto que se vote a principios de julio. Si el proceso legislativo sigue su curso en los tiempos establecidos, antes de finales de año se aprobará el marco regulatorio del euro digital, despejando su emisión en 2029. La reacción del Banco Central Europeo (BCE) ha sido inmediata: “Acogemos con satisfacción que la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo haya acordado su posición sobre el paquete de la moneda única, que salvaguardará el efectivo en euros como medio de curso legal al tiempo que da forma al euro digital. Esperamos que el Parlamento Europeo adopte su posición final. Esto supondría un paso importante hacia adelante, al permitir el inicio de las negociaciones de los trílogos. La adopción de la posición por el Parlamento también respondería al llamamiento de los líderes de la UE para acelerar los trabajos preparatorios y concluir las negociaciones legislativas antes de finales de 2026″. La autoridad monetaria está expectante, porque por fin su proyecto estrella tiene el camino allanado. De hecho, se espera que el proceso legislativo se concluya en la segunda mitad del año, en línea con los tiempos fijados por la autoridad monetaria. A principios de junio el Parlamento Europeo votará en su sesión plenaria y se prevé que de luz verde al proyecto. Además, Irlanda, que asumirá la presidencia de la Comisión en julio, tiene prisa para sacar adelante el proyecto y que ya se ha fijado para mediados de julio el primer debate entre trílogos (es decir, la Comisión, el Consejo de la UE y el Parlamento) para aproximarse a su aprobación final antes del próximo año. El sueño de Piero Cipollone, miembro del comité ejecutivo del BCE encargado del proyecto, es anunciar la futura emisión del euro digital el 1 de enero de 2027, cuando se cumplirán los 25 años del euro. En más de dos décadas, el panorama en el mundo de los pagos ha cambiado enormemente. Aunque el efectivo sigue siendo el medio de pago más utilizado en comercios físicos —en 2024 concentró el 52% de las transacciones—, su uso retrocede cada año: en 2022 suponía el 59% y en 2016 el 79%. En cambio, los pagos con tarjeta representan el 39% de las operaciones y los pagos con dispositivos móviles casi se han duplicado desde la pandemia. En términos de valor, las tarjetas concentran el 45% del importe total de los pagos presenciales, por encima del efectivo (39%). En este contexto el BCE busca actualizar el dinero a la realidad digital y, sobre todo, a dotar Europa de autonomía en los sistemas de pago. Actualmente el Viejo Continente depende de infraestructuras privadas y extranjeras de gigantes como Visa y Mastercard, que dominan el mercado de los pagos con tarjeta, y de proveedores tecnológicos como Apple y Google en los pagos móviles. De hecho, el 70% de todas las compras con tarjeta en la zona del euro se liquidan a través de estas redes internacionales, según datos del BCE. Pero el proyecto no es nuevo. El euro digital se gestó hace años, como respuesta que las autoridades europeas dieron a Facebook cuando anunció su intención de lanzar libra, una criptomoneda que pretendía facilitar el intercambio de dinero transfronterizo y en los países en desarrollo. El anuncio encendió todas las alarmas en la cúpula de la Unión por su potencial influencia sobre el sistema financiero. Pero en aquel entonces el debate quedó estancado y se desempolvó cuando el auge de otras criptomonedas y la irrupción de las stablecoins, modenas estables ligadas al valor de una divisa tradicional, como el dólar o el euro, plantearon nuevos riesgos para la UE. Paralelamente, ante la revolución del tablero geopolítico mundial, el euro digital también empezó a convertirse en una urgencia para Europa, en su afán de limitar su dependencia de EE UU y dotarse de su propia infraestructura de pagos ante cualquier evento disruptivo. Sin embargo, las negociaciones para llegar a un consenso han sido arduas. El proyecto ha asumido cada vez más tintes políticos y desde el inicio del debate el euro digital ha sido precisamente el ponente del proyecto, el eurodiputado español Fernando Navarrete, quien se mostró crítico con la iniciativa del BCE y defendió abiertamente una solución privada paneuropea frente al euro digital. Aunque ha ido moderando su postura, Navarrete veía este proyecto como un plan B, que debería activarse solo si el sistema privado fallara. Y justificaba su oposición señalando los riesgos que supondría para la estabilidad financiera: teme que, en caso de crisis, los ahorradores se apresuren a retirar sus depósitos de los bancos para convertirlos en euros digitales. Sus argumentos respaldan la postura de las entidades financieras que, pese a ser una pieza clave en el desarrollo del euro digital y distribución, han mostrado sus recelos. A la banca le preocupa que el euro digital reduzca sus márgenes y haga menos rentable su negocio, además de temer una fuga de depósitos. Así, tras años de intentos fallidos, el impulso al euro digital ha hecho que el sector privado se pusiera en serio con el desarrollo de sus alternativas. La gran banca ha acordado crear un Bizum continental, una plataforma de transferencias gratuitas en Europa que conecta las diferentes soluciones nacionales, de propiedad de los bancos, para hacer frente al dominio en los sistemas de pagos estadounidenses. Aunque las negociaciones no han acabado, los grupos parlamentarios favorables al proyecto celebran este paso clave. “La aprobación del reglamento sobre el euro digital representa una gran victoria para los ciudadanos y los pequeños comerciantes. El texto refuerza la soberanía monetaria europea”, afirmó Pasquale Tridico, de The Left. “Visa y Mastercard tienen una gran cuota de mercado y controlan transacciones que equivalen a casi una cuarta parte del PIB de Europa. Esto supone un riesgo estratégico, por eso el euro digital es tan crucial para hacer nuestro sistema financiero independiente de potencias extranjeras”, ha incidido Damian Boeselager, de Volt.
En lo relativo al titular del blog en el día de hoy, Bruselas sitúa la ‘hucha de las pensiones’ española como la menos rentable de la UE.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social (más conocido como la hucha de las pensiones) ve incrementarse año tras año su capital, gracias a la subida de cotizaciones que supuso la creación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Pero sigue lastrada por el problema que supone la deficiente planificación inversora de esos activos, un problema que salta a la vista de la Comisión Europea, cuyos expertos sitúan su rendimiento como el peor de toda la Unión Europea, por debajo incluso de la hucha de la Seguridad Social polaca, tradicionalmente el peor alumno de la clase desde este punto de vista. El mes pasado, el Ejecutivo comunitario publicó la última edición del European Financial and Stability Integration Review, el informe económico anual que, en su edición 2026, contiene un apartado especialmente extenso dedicado a la situación de los sistemas de pensiones en el conjunto de la Unión, con especial incidencia en los mecanismos equivalentes al Fondo de Reserva activo en España. El documento destaca el notable potencial que este tipo de instrumentos atesora a la hora de obtener «altas rentabilidades reales»; ahora bien, esas potencialiades solo se materializan cuando se permite «una «amplia exposición» a los mercados. Y ése ha sido precisamente el Talón de Aquiles de la hucha de nuestro país, focalizada en la renta fija española. En concreto, los expertos de la Comisión llaman la atención sobre el hecho de que la exposición de nuestro Fondo de Reserva a la renta variable sea nula, y ni siquiera alcance los niveles que ya consideran «reducidos» como el 30% propio de Francia o el 12% que Polonia arroja. A una distancia mucho más lejana se sitúa Suecia, con tres vehículos de este tipo activos –identificados por los códigos AP1, AP3 y AP4–en los que la inversión en equity supera el 75%.
El resultado se revela así inevitable: la rentabilidad obtenida por España con este mecanismo es la peor de toda la Unión Europea de 27 países con un registro, según datos recopilados al cierre de 2025, inferiores a cero (un 2,1% negativo en los vencimientos con plazo a una década vista). De nuevo la comparativa se establece con los más rezagados (franceses y polacos) y también estos últimos puntúan mejor: 1,3% de rentabilidad en el caso de la economía ultrapirenaica y un 1,7% negativo en lo concierne a Polonia. Los expertos de la Comisión Europea insisten en que para mejorar los registros anteriormente expuestos, basta con una exposición a la renta variable relativamente «moderada», del 45% del total del patrimonio del fondo estudiado. En esos niveles se mueven pequeñas economías europeas como Luxemburgo y Finlandia, con un 45% en ambos casos, que les granjea un retorno del 3,7% y del 2,6% respectivamente. En cuanto al promedio de la Unión Europea, ronda el 3%, de acuerdo con la más reciente estimación del Ejecutivo comunitario. Fuera de Europa, pero sin abandonar el área OCDE, también Japón Nueva Zelanda o Canadá apuestan por la diversificación de las inversiones de sus respectivas huchas con rentabilidades notablemente más altas que las propias de nuestro país. La situación ha llegado a un extremo que, finalmente, motivó una reacción por parte del Gobierno. El Ejecutivo aprobó en febrero de 2025 un Real Decreto en el que desarrollaba la regulación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Concretamente, la normativa señala que se podría invertir en títulos emitidos por personas jurídicas públicas nacionales y extranjeras, «de calidad crediticia elevada con un significativo grado de liquidez». Además, el Fondo podrá realizar inversiones también en otros valores de «calidad crediticia elevada» emitidas por entidades públicas. La inversión asimismo tendrá que se aprobada por el Consejo de Ministros y propuesta por las carteras de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones -que hoy en día lidera Elma Saiz-, Economía, Comercio y Empresa -cuyo líder es Carlos Cuerpo-, o Hacienda -cuyo ministro es Arcadi España-. Las estadísticas aún no reflejan los efectos de la reforma lanzada en 2025.
Los ingresos del Fondo de Reserva superarán los 5.200 millones. Lejos quedan ya los años en los que la dotación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social quedó prácticamente a cero. De acuerdo con el recuento cerrado en marzo de este ejercicio, su dotación ascendió a 15.200 millones de euros, lo que supone su máximo en la última década. Y las expectativas para 2026 son también muy positivas. De acuerdo con los cálculos hechos públicos por la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, en el Congreso, los pronósticos de ingresos se sitúan en 5.230 millones en el presente ejercicio. Ahora bien, conviene moderar el optimismo considerando el déficit real que esa Administración atraviesa y que obliga a hacer transferencias del Estado superiores a 40.000 millones. El impulso se debe al buen rendimiento que muestra la cotización que se creó ad hoc para alimentar este instrumento financiero, vinculada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). La recaudación en el primer trimestre del año se situó en 1.417 millones de euros lo que supone un 50,72% del total previsto para todo el año. Y es que, en los tres primeros meses del ejercicio, el rendimiento se ha incrementado casi un 30% –un 29,53% respecto al año anterior–. Debe considerarse no obstante que esta proyección sobre la recaudación está congelada desde el año 2023 por la falta de Presupuestos Generales del Estado, por lo que esta previsión sobre los ingresos corresponde al último año en el que se aprobaron las Cuentas de la Administración Central.La última estimación sobre la recaudación para el año 2026 que tiene el ministerio que lidera la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, viene recogida en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo de 2026. En dicho documento, desde Seguridad Social señalan que hasta el mes de diciembre se espera recaudar unos 5.298 millones de euros a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. La progresión al alza de los ingresos es indudable en los últimos ejercicios, comenzando en los 2.746 millones de euros propios de 2023, que en el ejercicio posterior se convirtieron en 3.712 millones para luego ascender a 4.934 millones en 2025. El déficit contributivo del sistema de pensiones ascendió a 56.946 millones en 2025, el 3,4% del PIB. El déficit contributivo agregado de la Seguridad Social y el Régimen de Clases Pasivas alcanzó en 2025 los 56.946 millones de euros, el equivalente al 3,4% del PIB, según el estudio. El informe revela que el déficit contributivo ha crecido un 58,18% entre 2018 y 2025, pasando de 33.134 millones de euros a 56.946 registrados en 2025. Pese al fuerte crecimiento de empleo que experimentó España durante el periodo analizado, el déficit contributivo siguió incrementándose. Según el estudio, la economía sumó 2,8 millones más de afiliados, un incremento del 15,2%, pero el sistema necesitó casi duplicar los recursos procedentes de impuestos y deuda para cubrir sus gastos. El gasto público en pensiones ascendió a 218.321 millones de euros en 2025, lo que representa el 12,9% del PIB. Desde el año 2000, el peso de esta partida sobre la economía ha aumentado en 3,9 puntos porcentuales, impulsado por el crecimiento del número de pensionistas y de la cuantía media de las prestaciones. Asimismo, entre 2018 y 2025, las transferencias destinadas a cubrir el déficit pasaron de 20.123 millones a 48.259 millones de euros. De cara al futuro, el envejecimiento de la población y los retiros incrementarán la presión. De hecho, el análisis estima que mantener la tasa de reposición y la revalorización con el IPC elevaría el gasto hasta una media del 15,8% del PIB entre 2022 y 2050.
Respecto al gasto de los españoles, muy importante señalar que vivienda, alimentación y transporte devoran el 60% del presupuesto de los hogares.
El gasto en alimentación crece un 4,2%, hasta los 5.626 euros anuales por hogar. La vivienda y sus costes asociados se comen ya un tercio del gasto de las familias. Sumando esta partida a las de alimentación y transporte, destinan más de seis de cada diez euros de su presupuesto a cubrir necesidades básicas. El encarecimiento de la vida obliga a los hogares a recortar en ocio. La guerra arancelaria desatada el año pasado por Donald Trump y el inestable marco geopolítico y económico global no frenó la economía española, que cerró con un crecimiento del 2,8%, por encima de la tasa de inflación, del 2,7%. Otro factor clave en el buen desempeño macroeconómico del país es la evolución del consumo de los hogares, que creció un 3,1% en 2025, hasta los 35.100,71 euros de media en el ejercicio. Sin embargo, lo que a priori podría considerarse un indicador positivo sobre el dinamismo de la economía, no lo es tanto si se va al detalle. La Encuesta de Presupuestos Familiares de 2025 publicada esta pasada semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra un cambio de tendencia en el gasto de las familias, que cada vez destinan una mayor parte del presupuesto a cubrir sus necesidades básicas, como la vivienda, los alimentos, las facturas o el transporte, mientras recortan en partidas como el ocio, los viajes o la ropa y el calzado. Los hogares destinaron el año pasado una media de 11.644,65 euros a pagar la vivienda y las facturas de agua, electricidad, gas y otros combustibles. Se trata de un crecimiento del 5,4% respecto a 2024 -la partida que más sube- y ya supone un 33,2% sobre el total de sus gastos. El ejercicio anterior, las familias dedicaban un 32,4% del presupuesto a este grupo de gastos, lo que da buena muestra del progresivo incremento de los precios de la vivienda y los gastos fijos relacionados con esta categoría. La segunda partida que más crece es la de alimentación, con un alza interanual del 4,2%, hasta los 5.626,32 euros de media por hogar. Sumando este grupo a la vivienda, las familias estarían destinando prácticamente la mitad de sus presupuestos, el 49,3% del total, a los gastos más básicos. A esta cifra habría que añadir, asimismo, el desembolso en otras categorías básicas, como el transporte, que en 2025 creció un 3,6%, hasta los 4.019 euros de media y representa el 11,5% del total. En conjunto, los hogares españoles ya destinan el 60,7% de su gasto sólo a vivienda, alimentación y transporte, más de un punto por encima de lo registrado el año anterior. En el lado opuesto, descienden los gastos en ocio y moda. El desembolso medio de los hogares en restaurantes y alojamientos turísticos se redujo un 2,8% el año pasado, hasta los 3.281,68 euros; mientras que en el grupo de vestido y calzado se aprecia una caída del 1,1%, hasta los 1.416 euros. Lo que indica que las familias se estarían apretando el cinturón en partidas menos necesarias debido al aumento de los precios de los alquileres, los suministros, la cesta de la compra o los carburantes. Cruzando estos datos con los de renta media por hogar que el INE publicó en febrero, la diferencia entre el gasto de las familias y sus ingresos arroja un saldo positivo de 3.893 euros. Es decir, descontando todos sus gastos anuales, la tasa de ahorro neto media se desploma al 10% de los ingresos familiares, muy por debajo del 20% recomendado por las entidades bancarias y los especialistas en finanzas personales.La evolución del gasto de los hogares confirma las advertencias que los analistas llevan tiempo haciendo sobre la situación de la llamada «economía real» -la que tiene efectos directos sobre el bolsillo de los ciudadanos- y su desajuste con el crecimiento macroeconómico. En este sentido, el presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Miguel Ángel Vázquez Taín, ya avisó en enero de que, aunque España es uno de los países que más crece en Europa, sus ciudadanos no están recibiendo estos beneficios. Algo que, en su opinión, «pone de relieve que estas coyunturas exigen decisiones económicas que tengan en cuenta la realidad del contexto europeo y del país». Todo ello, sin contar con el aumento de la inflación derivado del conflicto en Oriente Próximo y de que los precios de la vivienda han continuado creciendo en la primera parte del año. Sobre este asunto, las últimas previsiones del Banco de España revisan al alza en tres décimas el IPC subyacente proyectado para este año, hasta el 3,2%, por la subida de los precios de la energía.
En definitiva, una situación que revela la diferencia entre la situación macro y la situación micro en nuestro país, y las dificultades que, desafortunadamente, atraviesan muchas economías españolas.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.
Página web: https://www.unioviedo.es/saotero/
Blog personal: https://catedraticasusanaalvarezotero.blogspot.com/