La semana estuvo marcada por un fuerte deterioro del contexto económico internacional debido al repunte del petróleo. El barril Brent alcanzó los 116 dólares, máximos de los últimos cinco meses, después de nuevos incidentes en Oriente Medio, concretamente en el estrecho de Ormuz y en instalaciones petroleras saudíes. Este encarecimiento de la energía vuelve a situar a la inflación en el centro de las preocupaciones de los mercados y de los bancos centrales. Al mismo tiempo, los indicadores adelantados de actividad reflejan una divergencia cada vez más evidente entre Europa y Estados Unidos. Mientras la eurozona pierde impulso económico y muestra síntomas de desaceleración, especialmente en Francia, la economía estadounidense continúa creciendo con gran vigor. Los datos sugieren que Estados Unidos mantiene un ritmo de crecimiento próximo al 5% anual, mientras que Europa se aproxima peligrosamente a una situación de estancamiento. Este escenario complica enormemente la situación tanto para el Banco Central Europeo como para la Reserva Federal. El BCE se enfrenta a una economía cada vez más débil sin haber logrado aún controlar plenamente la inflación, mientras que la Reserva Federal observa una economía demasiado fuerte para justificar una reducción de tipos de interés. El riesgo común para ambas instituciones es que el encarecimiento de la energía vuelva a alimentar la inflación cuando todavía no se había conseguido derrotarla completamente. En los mercados financieros europeos, el IBEX 35 logró cerrar la semana en positivo gracias al impulso de Repsol, beneficiada directamente de la subida del petróleo. Sin embargo, las bolsas europeas mostraron debilidad generalizada. La preocupación se centra especialmente en Francia, cuya deuda pública continúa bajo presión. La rentabilidad del bono francés a diez años supera el 5%, mientras la prima de riesgo alcanza niveles que no se veían desde la crisis de deuda soberana de 2011-2012. Precisamente Francia se ha convertido en el principal foco de preocupación para Europa. El país combina varios problemas simultáneos: un déficit público cercano al 5,4% del PIB, una deuda cercana al 120%, protestas sociales, inestabilidad política y dificultades para aprobar medidas de ajuste. Esta situación ha provocado que los inversores cuestionen la fortaleza financiera de la segunda economía de la eurozona y ha reavivado los temores a una posible fragmentación financiera europea. No obstante, la mayoría de expertos considera que la situación actual es diferente a la crisis de deuda de hace quince años. Aunque algunos indicadores fiscales son incluso peores, Europa dispone hoy de mecanismos de protección mucho más robustos. El BCE cuenta con nuevas herramientas de intervención, existe una supervisión bancaria única y el sistema financiero se encuentra mucho mejor capitalizado que durante la crisis anterior. Respecto al petróleo, los expertos señalan que, pese a la espectacular subida experimentada durante los últimos meses, la situación todavía no es comparable a las grandes crisis energéticas del pasado. Ajustando los precios por inflación, el barril debería alcanzar aproximadamente los 200 dólares para situarse en niveles equivalentes a los registrados durante las crisis de 1979, 2008 o 2011. Además, la posición de Estados Unidos ha cambiado radicalmente. De ser el mayor importador mundial de energía ha pasado a convertirse en uno de los mayores productores y exportadores, lo que ha contribuido a amortiguar el impacto económico global de la crisis energética.
A nivel doméstico, la principal noticia afecta a los más de tres millones de empleados públicos españoles. El Gobierno se ha comprometido con los sindicatos a garantizar una subida salarial del 4,5% para 2027, que podría elevarse hasta el 5% si finalmente se activa la cláusula de revisión vinculada a la inflación. La intención es que la medida quede aprobada antes de finalizar el año para que pueda entrar en vigor desde el 1 de enero, independientemente del resultado electoral y de la composición del próximo Gobierno. Los sindicatos valoran positivamente este compromiso, aunque exigen que se formalice jurídicamente cuanto antes para evitar incertidumbres. Además, reclaman que se desbloqueen otros asuntos pendientes, como los procesos de estabilización de empleo público, la mejora de determinados complementos salariales y reformas para reducir el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas.
Otra cuestión de enorme relevancia para los hogares españoles es el coste de los combustibles. Aunque el petróleo todavía se mantiene lejos de sus máximos históricos reales, la gasolina y especialmente el diésel están alcanzando niveles de precios mucho más preocupantes. El problema radica en la escasez de capacidad de refino, que ha provocado que los combustibles refinados suban mucho más que la propia materia prima. La situación resulta especialmente preocupante en el caso del diésel, fundamental para el transporte, la agricultura y buena parte de la actividad industrial. Diversos organismos internacionales advierten de que la oferta seguirá siendo insuficiente durante buena parte de 2027, lo que podría mantener elevados los precios de la energía y trasladar nuevas presiones inflacionistas al conjunto de la economía.
A nivel bancario y como noticia destacada en el titular del blog en el día de hoy, y más relevante para el sector financiero es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que cambia radicalmente la responsabilidad de los bancos frente a las estafas financieras. A partir de ahora, las entidades estarán obligadas a devolver de forma inmediata el dinero sustraído en operaciones fraudulentas, incluso cuando existan indicios de que el cliente pudo actuar con negligencia. Si el banco considera que el usuario tuvo responsabilidad en el fraude, deberá reclamar posteriormente el importe por vía judicial. Esta decisión supone una auténtica revolución para el sector. Hasta ahora, muchas entidades denegaban los reembolsos argumentando que el cliente había facilitado claves, códigos de seguridad o información sensible. Con la nueva doctrina jurídica, el principio general será devolver primero el dinero al afectado y discutir después la posible responsabilidad del cliente. El impacto económico puede ser muy significativo. El fraude financiero genera pérdidas superiores a 4.200 millones de euros anuales en Europa y más de 300 millones en España. El sector calcula que las reclamaciones pendientes podrían llegar a costarle a la banca española cerca de 1.000 millones de euros durante los próximos años, una cifra relevante aunque inferior al coste que supusieron en su momento las devoluciones derivadas de las cláusulas suelo. La sentencia llega además en un momento en que las estafas son cada vez más sofisticadas y el importe medio de las operaciones fraudulentas sigue aumentando. El Banco de España ya considera el fraude digital como uno de los principales riesgos para los usuarios financieros.
Paralelamente, el sector bancario sigue observando con preocupación la situación francesa. Los seis bancos españoles cotizados acumulan más de 20.000 millones de euros invertidos en deuda soberana francesa. Santander, CaixaBank y BBVA concentran la mayor parte de esta exposición. Aunque los analistas consideran que el riesgo sigue siendo limitado y controlable, una prolongación de las tensiones financieras en Francia podría generar pérdidas potenciales o problemas de liquidez si los inversores perdieran la confianza en la deuda gala o incluso en el propio euro.
También destaca el crecimiento de la financiación alternativa inmobiliaria. Los préstamos concedidos por entidades no bancarias con garantía inmobiliaria seguirán creciendo con fuerza y podrían alcanzar casi 3.900 millones de euros en 2026. Este tipo de financiación se ha convertido en una vía complementaria para promover proyectos inmobiliarios que todavía no reúnen las condiciones necesarias para acceder al crédito bancario tradicional.
Por último, el mercado inmobiliario español sigue mostrando una fortaleza extraordinaria. La inversión alcanza casi 15.000 millones de euros hasta septiembre, un 35% más que el año anterior, impulsada principalmente por grandes operaciones corporativas en oficinas, centros comerciales y vivienda en alquiler. España continúa consolidándose como uno de los destinos preferidos para la inversión inmobiliaria internacional.
A nivel local, Asturias continúa registrando cifras históricas en materia turística. Las pernoctaciones gestionadas a través de plataformas digitales como Airbnb o Booking han pasado de poco más de un millón en 2018 a superar los tres millones en 2025. El crecimiento ha sido especialmente intenso tras la entrada en funcionamiento de la Variante de Pajares y la llegada de la alta velocidad ferroviaria, que ha mejorado notablemente la conectividad entre Asturias y el resto de España.
Sin embargo, la región mantiene un importante problema estructural: la fuerte dependencia de la temporada de verano. La mayor parte de la actividad turística sigue concentrándose en julio y agosto, mientras que durante el resto del año los niveles de ocupación son considerablemente más bajos. Tanto el sector turístico como el Gobierno regional consideran prioritario reducir esa estacionalidad y distribuir mejor los flujos de visitantes. El auge del turismo también se refleja en el crecimiento de las viviendas de uso turístico. Asturias lidera el aumento relativo de este tipo de alojamientos en España, con un crecimiento superior al 200% desde 2018. La concentración es especialmente elevada en ciudades como Gijón y Oviedo, así como en municipios turísticos del oriente asturiano. Este fenómeno coincide con un importante incremento del precio de la vivienda, que ya supera el 15% anual.
La otra gran noticia para Asturias es la apuesta industrial de Indra por el norte de España. La compañía está desarrollando una red de fábricas especializadas en vehículos blindados militares con centros en Gijón, As Pontes y previsiblemente Barros. La inversión total superará los 200 millones de euros y permitirá la creación de miles de empleos directos e indirectos. La planta gijonesa de El Tallerón se convertirá en una pieza clave de la estrategia de defensa nacional, participando en la fabricación de vehículos blindados 8×8 Dragón y de los nuevos obuses K9. Además, Indra aspira a captar contratos militares valorados en más de 5.000 millones de euros y a convertir el norte de España en uno de los principales polos europeos de fabricación de vehículos militares durante la próxima década.
En conjunto, la actualidad de la semana ha venido marcada por tres grandes riesgos económicos: la subida del petróleo, la delicada situación fiscal de Francia y las presiones inflacionistas que dificultan la bajada de los tipos de interés. Frente a ello, Asturias presenta dos focos muy positivos de crecimiento: el récord turístico y la llegada de nuevas inversiones industriales vinculadas al sector de defensa. Hasta la próxima semana, amable lector.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.
Página web: https://www.unioviedo.es/saotero/
Blog personal: https://catedraticasusanaalvarezotero.blogspot.com/