Esta semana ha estado caracterizada por tensiones de tipo político y económico en el Reino Unido y en España, mientras que la mayoría de bolsas han completado una semana en positivo gracias a una leve relajación de las tensiones geopolíticas entre Corea del Norte y EE.UU. (si bien Corea lanzaba el viernes un nuevo misil), a la menor severidad del huracán Irma y a la expectativa de un próximo anuncio del plan fiscal de Trump.
En el mercado británico se ha registrado una caída del 2,2%, derivado del pronunciamiento del Banco de Inglaterra, que no modificaba sus actuales políticas monetarias, pero mostraba un cambio de sesgo, reconociendo que la reducción de estímulos será pronto necesaria. A pesar de que el Brexit sigue siendo una amenaza, plantea que será preciso controlar la creciente inflación (2,7% en agosto). La libra reaccionaba con una notable apreciación. Siguiendo en Reino Unido, país en el que me encuentro ahora, pero en el aspecto político, el parlamento británico aprobaba la conocida como ‘Repeal Bill’, la ley de Salida de la UE, que traspone a la legislación británica miles de normas comunitarias. El gobierno había advertido de que su no aprobación podría provocar una salida caótica de la UE y finalmente lo ha logrado.
En España, como bien sabe, se elevaba la tensión entre los partidos políticos independentistas catalanes y el Gobierno central ha tomado el control de las cuentas de Cataluña como única opción ante el antidemocrático desafío soberanista. De Guindos, en un ejercicio de sensatez muy propio de este ministro, ha advertido de la repercusión «muy negativa» para los catalanes de la posible independencia. El ministro de Economía, Industria y Competitividad ha avisado esta semana de que si Cataluña llegase a independizarse tendría una pésima repercusión para la economía catalana, cuyas exportaciones se resentirían y cuya caída del PIB se situaría entre el 25% y un 30%. Abundaba en que «la independencia de Cataluña no va a tener lugar» por una doble cuestión de legalidad y racionalidad económica, advirtiendo del negativo efecto que tendría para el territorio catalán, cuyas exportaciones caerían y su economía se retraería en los porcentajes anteriormente indicados.
A mi juicio, amable lector, las advertencias que también Moody’s ha hecho acerca de los riesgos para España de la tensión con Cataluña son de lo más acertado. Al margen de la alarma empresarial que este proceso está provocando, esta agencia de calificación cree que las tensiones seguirán creciendo y alerta del daño económico para España que supondría una eventual independencia de la región. El desafío independentista de Cataluña, siempre según Moody´s, no arreciará con las prohibiciones del Tribunal Constitucional y supondrá más roces a largo plazo con el Gobierno Central, según el análisis publicado esta semana por dicha agencia. Señala además que la eventual independencia de Cataluña generaría limitaciones de acceso al crédito para España, dada su envergadura territorial y el peso que tiene en la economía nacional. La región supone un 19% del PIB español y aglutina el 16% de la población del país, con un PIB per cápita por encima de la media nacional. Si los planes de independencia se llevaran a cabo harían debilitarse toda la economía del territorio nacional, implicando también una bajada del rating para el país. No obstante, lo que observo es que Moody´s coincide con los informes previos de otras agencias de calificación en que el escenario más probable es que Cataluña siga formando parte de España el día 2 de octubre, dado que hay muchos obstáculos para que pueda llevarse a cabo.
Mi opinión, viendo todo esto desde la lejanía de un país que ve razonable plantear un referéndum legal, tal vez porque no terminan de entender que el caso de Escocia no es el mismo que el de Cataluña y desconocen nuestra historia, aunque el referéndum del 1 de octubre finalmente se lleve a cabo y diera como resultado un apoyo a la independencia, yo creo que la inexistencia de una base legal y la ausencia de un umbral mínimo de participación probablemente minarían su legitimidad, incluso para quienes piensan que, a priori, lo más razonable sería permitirles votar.
A mi entender, desde Cataluña, las cosas no se han podido hacer peor y eso ha dañado mucho su imagen internacional. El día 2 de octubre toca abordar nuevamente este problema que no parece de fácil solución. Este fallido proceso de separatismo no ha traído nada bueno, ni para Cataluña, ni para el resto de España y sólo queda reconducir esta situación en la búsqueda de un futuro mejor, no sólo político sino también económico.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA ASOCIADA A LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.