Ha sido la pasada una semana de comportamientos mixtos en los selectivos europeos, especialmente marcados por la publicación de un dato de inflación del consumidor en EE.UU. que superaba las expectativas con un aumento del +0,8% m/m y +4,2%a/a (vs +0,2%E m/m 2,6% a/a ant). Así, los selectivos que corregían con fuerza tras el dato de IPC registrado, recuperaban cierto terreno perdido con las intervenciones de la FED, que disipaba el miedo a una subida de tipos prematura. En el mercado de deuda, la situación era similar, alcanzando cierta calma a cierre de semana con el T-Bond cotizando en niveles de 1,65%, tras volver ayer a niveles de 1,70%. En lo relativo al coronavirus, las autoridades sanitarias norteamericanas afirmaban que la población con la pauta completa de la vacuna puede abandonar el uso de las mascarillas en la mayoría de los entornos, incluso en sitios cerrados o entre grupos numerosos de personas. Una señal de vuelta a la normalidad cada vez más cercana y a su vez un incentivo adicional para la población más reacia a la vacunación.
Saltando a China, el país donde surgió este virus que nos ha trastocado la vida se publicaban los datos del censo 2020 que mostraban que el gigante asiático no ha conseguido los objetivos de población de 2020, al no lograr revertir la tasa de natalidad a pesar de la relajación de la política sobre el número de hijos. Así, China podría encontrarse con los mismos problemas poblacionales que economías desarrolladas como Japón o Europa, pero sin alcanzar el mismo desarrollo económico.
En EEUU., el Gobierno admitió esta semana que se enfrenta a una crisis en el suministro de combustible en ciertas zonas tras el ciberataque contra la mayor red de oleoductos del país, pero aclaró que no hay escasez de gasolina. Por eso, la administración de Joe Biden ha pedido a los consumidores que no acumulen carburantes y a los vendedores que no aprovechen este momento para especular. «No es que tengamos una escasez de gasolina, es que tenemos una escasez de suministro. Las cosas volverán a la normalidad pronto», afirmó la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Granholm intentó calmar así los temores a un desabastecimiento después de que Colonial, la empresa que proveé el 45 % del combustible que se consume en la costa este estadounidense, interrumpió sus operaciones tras haber sido objeto de un ciberataque mediante un «ransomware», un programa que bloquea el acceso a la información a cambio del pago de una recompensa para liberarlo.
Por su parte, el comisario europeo para el Mercado Interior, Thierry Breton, ha anunciado que la Unión Europea no renovará el contrato con la compañía farmacéutica AstraZeneca más allá del mes de junio. Estas declaraciones ratifican una opción que ya estaba sobre la mesa desde que la Comisión Europea presentó el mes pasado una demanda contra la compañía por haber incumplido su compromiso de entregar a los Estados miembros las dosis contratadas de su vacuna contra la COVID-19. Los problemas de AstraZeneca para cumplir con los repartos estipulados en el contrato con la UE han enfrentado desde hace meses a la compañía con la Comisión Europea. Estaba previsto que durante el primer trimestre del año entregase 120 millones de dosis a los Estados miembros y sólo repartió 30 millones. Bruselas llegó a enviar una carta a AstraZeneca para iniciar un procedimiento amistoso de resolución de disputas. Tras constatar que este paso intermedio no facilitaba una solución, el Ejecutivo comunitario tomó la decisión de elevar el asunto a la Justicia belga.
Yendo al titular del blog en el día de hoy, el lío para los autónomos no es tal. El ministro Escrivá, muy preparado para su cargo, propone algo de lo más razonable y justo: que cada uno contribuya en función de lo que gana. ¿Cuánto creen los autónomos que contribuimos los que trabajamos por cuenta de terceros? Que lo miren, revisen números y llegarán a una conclusión respecto a la diferencia entre lo que aportamos asalariados y autónomos. El problema de los autónomos, por otro lado, no es más que la incertidumbre de sus ingresos, por eso la norma les dará la oportunidad de cambiarlo varias veces – hasta 6 – al año, según varíe. Por lo demás, creo que es justo y sensato. Entiendo que el cabreo de los autónomos se reduce a que a nadie le gusta pasar a peor, a pagar más, o sea a que se parezca a lo que pagamos lo demás, que también nos duele en el bolsillo. De hecho, así son los nuevos tramos de cotización para los autónomos que plantea el Gobierno: de 90 a 1.220 euros en función de los ingresos. Se establecerían un total de cinco tramos por debajo de los 22.000 euros de ingresos anuales que pagarían una cuota menor a la actual; el resto de autónomos estaría por encima. Un nuevo aviso de acuerdo inminente sobre la reforma de las pensiones del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha derivado en riesgo para, precisamente, ese acuerdo. Escrivá compareció ante los medios de comunicación para explicar la reforma de las pensiones que ha enviado a Bruselas indicando que apenas quedaban cuestiones que separaran al Gobierno de empresarios y sindicatos de un acuerdo para reformar las pensiones en materia de fórmulas de revalorización, jubilaciones anticipadas y jubilaciones forzosas. Escrivá hacía esta valoración apenas dos horas después de enviar a sindicatos y empresarios una oferta de última hora en la que incluyó nuevas tablas de cotización de los trabajadores autónomos en una propuesta que, según fuentes empresariales, no se había incluido antes. La oferta de Escrivá llegaba con una reunión para finales de la próxima semana en la que, supuestamente, se refrendaría un acuerdo que no superara la fecha límite del 21 de mayo impuesta por el propio Escrivá. Ahora, la presión del responsable de Seguridad Social sumada a la inclusión en el acuerdo de nuevos puntos que no estaban negociados y las diferencias aun pendientes de resolver, hacen peligrar un pacto sobre estas reformas. El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene un nuevo borrador del sistema de cotización por tramos para los autónomos con el que continuará la negociación de la reforma del sistema de pensiones entre todos los agentes. En este documento se incluyen por primera vez estas cifras que permitirían a estos trabajadores cotizar en función de sus ingresos reales. Si bien hace tiempo que se sabía que se pondría en marcha el sistema -que se calcula que supondría la subida de la cuota para unos 700.000 autónomos con rendimientos superiores a los 25.000 euros-, se desconocían unas cifras que ahora se han revelado.
LOS NUEVOS TRAMOS EN LAS CUOTAS DE AUTÓNOMOS
Así, según el documento el sistema partiría de un tramo mínimo, que corresponde a quienes ganan 3.000 euros anuales o una cantidad inferior. En su caso, la cuota cada año sería de 90 euros. Además de estos trabajadores, aquellos englobados en los cuatro siguientes tramos (que llegan hasta quienes ingresan hasta 22.000 euros) pagarían cuotas de entre 200 y 275 euros; es decir, menos que con la cuota mínima actual. De implantarse la medida tal y como está planteada en este borrador, la cuota máxima en 2023, año en el que se prevé su aplicación, serían 400 euros, que corresponderían a los autónomos con ingresos superiores a los 48.841 euros. No obstante, la propuesta también contempla un periodo de transición, por lo que el sistema no terminaría de desplegarse por completo hasta el año 2032. A partir de entonces, habrá más tramos y las cotizaciones llegarán hasta los 1.220 euros anuales en el superior. En cualquier caso, el borrador filtrado todavía no es oficial ni ha sido reconocido por el Ministerio. Fuentes del mismo aducen que «la cotización por ingresos reales es una recomendación del Pacto de Toledo y estamos aún abordándola». Asimismo, reconocen que «hemos propuesto un sistema con múltiples tramos para que se adapte lo más posible a todos los tipos de ingresos de autónomos» y recuerdan que estos podrán «cambiar de tramo varias veces al año». El ministro remite a los agentes sociales una nueva propuesta en pensiones que enfada a la CEOE, que anticipa su «no rotundo» al acuerdo.
El acuerdo para la reforma de las pensiones se resiste pese a que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, avanzara un día antes que era «inminente». Casi a la misma hora que el ministro desgranaba en rueda de prensa las medidas que llevará a cabo su departamento dentro del plan de recuperación, desde su departamento remitieron a los agentes sociales un «borrador de acuerdo» que provocó el enfado de la patronal, que anticipó su «no rotundo» a esta nueva propuesta que -criticaron- vuelve a hacerse sin consensuar en la mesa del diálogo social. «Escrivá, con sus filtraciones, vuelve a reventar el acuerdo de pensiones», explicaron fuentes de la CEOE. Los sindicatos, por el momento, no quieren pronunciarse, aunque desde UGT advirtieron que no darán su apoyo si se penaliza a los jubilados anticipados que provienen del paro o de un ERE. La gran novedad de este texto es que por fin aparece detallado el nuevo diseño de cotización de los autónomos en base a sus rendimientos netos pese a que no ha sido negociado con las principales organizaciones.
12 años para las penalizaciones
Por otra parte, Escrivá mantiene las penalizaciones a la jubilación anticipada que ya había avanzado y que los agentes sociales quieren suavizar. Los sindicatos exigen que no haya coeficientes reductores para aquellos que procedan del paro o de un despido colectivo, algo a lo que aún no han dado respuesta desde el Ministerio, que tiene pendiente publicar un estudio sobre su impacto en largas carreras de cotización. Sin embargo, el ministro establece un periodo de 12 años para irlo implantando de forma progresiva. Otra de las novedades es que establece ya el incentivo que dará para las empresas con el objetivo de alargar la vida laboral de sus trabajadores. Así, propone reducirles el 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años.
Otra polémica: el acuerdo se cerró hace semanas pero ha costado llegar hasta aquí. La conocida como ‘Ley Rider’ finalmente se ha aprobado mediante Real Decreto-Ley. El Gobierno recoge así la postura del Tribunal Supremo, que concluyó que en casos como el de Glovo se mantenían repartidores bajo la figura de «falso autónomo» cuando debían ser asalariados. El Ministerio de Trabajo ha aprobado el decreto para la ‘Protección de los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto a través de plataformas digitales’, siendo este su nombre oficial. Una serie de medidas donde se determina la «presunción de laboralidad» y la obligatoriedad de «informar a las personas trabajadoras sobre los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que incidan en las condiciones de trabajo».
¿Qué cambios introduce la Ley Rider?
Durante años, empresas de reparto como Glovo, Deliveroo o Uber Eats han mantenido a gran parte de sus mensajeros bajo la figura del autónomo, aludiendo una mayor flexibilidad para el trabajador. Sin embargo, esta misma relación ha llevado a que Inspección de Trabajo abra actas con miles de trabajadores y exija a estas compañías millones de euros por cotizaciones impagadas.
«No hay ningún país del mundo, después de California y la anulación de su norma, que se haya atrevido a legislar en esta materia», ha explicado Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. La nueva ley establece un periodo transitorio de 3 meses para adaptarse. Salvo Just Eat, que sí mantiene una relación de laboralidad con la mayoría de sus repartidores, el resto de estas plataformas deberán contratar a sus repartidores si desean cumplir la ley en un plazo de tres meses desde su publicación en el BOE. Este periodo ha sido criticado por sindicatos como UGT porque permitirá a las plataformas digitales «desconectar al máximo número de trabajadores» y «reducir el número de empleados por cuenta ajena al final del proceso». El acuerdo, que unió a sindicatos y las organizaciones CEOE y CEPYME provocó la salida de Glovo de la CEOE por pactar la ley y dar la espalda a la empresa. Desde la Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), que engloba a estas plataformas de reparto, lamentan «la aprobación, por la vía de urgencia y sin debate parlamentario, de un decreto que pone en riesgo el desarrollo de un sector que aporta más de 700 millones de euros al PIB español y que ha sido elaborado sin tener en cuenta a sus principales actores: restaurantes, plataformas y, lo más sorprendente, a los propios repartidores». A través de algunas organizaciones de riders, como «Repartidores Unidos» se ha criticado la nueva ley asegurando que puede provocar la «destrucción y precarización de nuestro trabajo». Por otro lado, organizaciones como RidersxDerechos explican que es una «ley insuficiente» al ser específica de los riders y dejar la puerta abierta a seguir aplicando esta relación laboral en otros colectivos. En el caso de Just Eat celebran esta nueva regulación, ya que «genera la seguridad jurídica necesaria para operar con dos principios fundamentales: garantizar los derechos de los repartidores dándoles un contrato de trabajo y asegurar que todos los operadores del sector desarrollen su actividad bajo las mismas reglas«. Según la ministra de Trabajo: «la afectación es absoluta en todas y cada una de las empresas de España». En referencia a que no aplicará solo al reparto de comida a domicilio, sino a «las plataformas digitales que empleen algoritmos o inteligencia artificial«. Sin embargo, esta afectación se refiere a la obligatoriedad de informar sobre los algoritmos y no respecto a la presunción de laboralidad. El nuevo decreto ley modifica el Estatuto de los Trabajadores. En el artículo 64 se añade un derecho a la información por el cual los trabajadores tendrán derecho a conocer los algoritmos que inciden en sus condiciones de trabajo.
Malas noticias: Las suspensiones de pagos se disparan un 86,5% en el primer trimestre. Se anticipan una avalancha de concursos en los próximos trimestres debido a la moratoria del Gobierno de prohibir los concursos de acreedores para todas aquellas empresas que están sujetas a algún tipo de subvención de ayuda o de prestación. El número de deudores concursados, tanto empresas como personas físicas, creció un 86,5% entre enero y marzo respecto del mismo periodo de 2020, pese a la moratoria aprobada por el Gobierno para este tipo de procedimientos, que expira el 31 de diciembre. Aunque los datos son provisionales, la estadística publicada esta pasada semana por el Colegio de Registradores de la Propiedad revela que en los tres primeros meses del año se produjeron 2.799 procedimientos, con un destacado incremento de los concursos de personas físicas -con o sin actividad empresarial-, que crecieron un 137% y superaron los 1.000 procedimientos (1.009). La estadística la calculaba desde 2005 el Instituto Nacional de Estadística (INE), sustituyendo a la de suspensiones de pago y declaraciones de quiebra, que dejó de realizarse en 2004; desde este año, es el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España el encargado de su elaboración. La principal novedad radica en que por primera vez se contabilizan los concursos exprés (apertura y cierre simultáneos del procedimiento por insuficiencia de masa activa), que han sido 853.
Previsión de avalancha de concursos
Se anticipa una avalancha de concursos en los próximos trimestres debido a la moratoria del Gobierno de prohibir los concursos de acreedores para todas aquellas empresas que están sujetas a algún tipo de subvención de ayuda o de prestación. Cabe prever que en el segundo trimestre del año haya un aumento significativo del número de concursos, lo que repercutirá en la actividad de los juzgados de lo mercantil. La moratoria, prorrogada hasta el 31 de diciembre, desvirtúa la situación real de las empresas, a las que permite no ir a concurso hasta final de año. El número de empresas concursadas creció un 47,9% en el primer trimestre y del total de deudores, por tipo de concurso, fueron voluntarios 1.522, un 6,4% más que en el primer trimestre de 2020, y necesarios 19, un 73,2% menos. De los 2.799 deudores concursados en el primer trimestre, 1.260 eran empresas personas jurídicas (un 45 % del total); 530 personas físicas con actividad empresarial (un 18,9% del total), y 1.009 personas físicas sin actividad, un 36,1% del total. Según la forma jurídica, el 90,9% de las empresas concursadas eran sociedades de responsabilidad limitada; un 32,0% de las empresas concursadas se encuentra en el tramo más bajo de volumen de negocio, hasta 250.000 euros y son, principalmente, sociedades de responsabilidad limitada. Atendiendo al sector, el 18,2% de las empresas concursadas tienen como actividad económica principal el comercio y el 17,9% la Hostelería; y en función del número de asalariados, el 41,0% tiene menos de seis y, de ellas, un 31,4% no tiene ninguno.
Esa es la situación: los concursos de acreedores se multiplicaron por diez en abril, hasta los 470. Los concursos de acreedores en abril mostraron un fuerte repunte del 968,2%, hasta los 470, respecto al mismo mes de 2020, mientras que si se comparan con 2019, los datos muestran un incremento del 62,6%, según se desprende de la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores. En cuanto a su distinción entre voluntarios y necesarios, los primeros sumaron en abril 341 inscripciones, con un aumento del 2,4% sobre el mes anterior, y los concursos necesarios inscritos fueron 129, con una disminución del 24,1% sobre el mismo mes. Las comunidades en las que más concursos de acreedores se presentaron fueron Cataluña, con 112, la Comunidad Valenciana (101) y Madrid (81), mientras que La Rioja, Navarra, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no registraron ninguno.
Para concluir respecto al titular y reforzar lo dicho: que cada uno aporte y contribuya al Sistema de Seguridad Social, si la quiere, en función de lo que ingresa. Es lo justo, es lo progresista y es LO DECENTE. No tengo claro que el ministro Escrivá lo pueda sacar adelante pero razón económica no le falta en absoluto.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.