En esta pasada semana se ha conocido que el Tribunal de Cuentas Europeo advierte en su informe anual de 2025 que el presupuesto de la UE mantiene un nivel de error elevado, que ha aumentado del 3,6% al 3,8%, y que por séptimo año consecutivo emite una opinión desfavorable sobre el gasto tradicional, especialmente en cohesión y agricultura. Los cálculos, además, no son optimistas: la deuda de la UE rozará el billón de euros en 2027, impulsada por la emisión de deuda para financiar el fondo de recuperación post-pandemia. El informe alerta de que el calendario de reembolso del NextGenerationEU, que se extiende hasta 2058, absorberá 93.000 millones solo en intereses entre 2028 y 2034, reduciendo el margen para otras políticas. También señala irregularidades en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR): incumplimiento de hitos, problemas de ayudas de Estado, fallos en contratación pública y deficiencias en la supervisión de la Comisión y los Estados. Nueve de los 37 pagos de subvenciones en 2025 incumplieron las normas. La ejecución del MRR muestra grandes disparidades: solo tres países superan el 80% de absorción y España destaca con un 69% ejecutado (55.100 millones), aunque aún tiene pendiente un 31% para el tramo final. En el gasto ordinario, la tasa de error en cohesión sube al 6,6% y en agricultura y medio ambiente al 3,9%. Además, la ayuda a Ucrania (90.000 millones en 2026–2027) añade riesgos y, sin nuevas fuentes de ingresos propios, la UE afrontará déficit y deberá elegir entre aumentar aportaciones o recortar gastos.
El FMI, por su parte, alerta de una combinación peligrosa de riesgos globales derivados de la inteligencia artificial, la crisis energética y los niveles récord de deuda pública. Kristalina Georgieva advierte de que la economía mundial se enfrenta a “decisiones políticas extremadamente difíciles”. La IA actúa como motor de crecimiento para países como EE. UU., China e India, pero amenaza con ampliar desigualdades. “Se la admire, se la deteste o se la tema, la IA ya está aquí…”, afirma Georgieva, subrayando que su enorme demanda energética coincide con precios del petróleo y el diésel en máximos por los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. El FMI prevé carburantes caros hasta 2027. La inflación y los tipos altos han encarecido la financiación soberana: el bono estadounidense alcanza niveles no vistos desde 2007 y el japonés desde 1996. En la eurozona, las primas de riesgo se amplían incluso en países que habían saneado sus cuentas. La deuda pública mundial se acerca a máximos desde la Segunda Guerra Mundial y pronto superará el 100% del PIB, lo que lleva al FMI a pedir consolidación fiscal y reformas estructurales.
A nivel doméstico, en España, el debate sobre la vivienda revela que dos tercios de la riqueza de los hogares es inmobiliaria, según el BCE. De los 8,4 billones de patrimonio neto, 5,6 billones corresponden a inmuebles. El peso inmobiliario es mayor que en la eurozona y en países comparables. Si se excluye al 25% más rico, el 92% del patrimonio del resto de familias es vivienda, lo que muestra que para la mayoría la riqueza es casi exclusivamente inmobiliaria. En contraste, en EE. UU. ningún grupo supera el 50% de riqueza en vivienda. Aunque los fondos buitre han sido foco de protestas, solo poseen el 8,1% de las viviendas en alquiler; el 92% está en manos de particulares. La estadística catastral confirma que menos de la mitad de los inmuebles urbanos pertenecen a propietarios con un solo inmueble, y solo el 1,1% está en manos de grandes tenedores con más de diez viviendas.
En el ámbito bancario, y como destaco en el titular del blog en el día de hoy, el grupo francés BPCE irrumpe en el capital del Banco Sabadell con un 7% mediante un acuerdo “amistoso”, con intención de convertirse en accionista estable y entrar en el consejo. La operación, valorada en unos 1.200 millones, abre la puerta a una cooperación estratégica en banca corporativa, inversión, leasing y negocio internacional. Esto, sin duda, no deja de ser una bofetada al BBVA y su pésima estrategia en la OPA hostil, que deja bien a las claras que, en el ámbito bancario, este tipo de operaciones puede funcionar si son amistosas y de mutuo acuerdo. En otro caso, tienen grandes posibilidades de fracasar como así se ha visto.
BPCE, segundo grupo bancario de Francia y cuarto de la eurozona, no prevé superar el 9,9% para evitar autorización gubernamental. El movimiento refuerza el núcleo duro del Sabadell, junto a Zúrich (5%), BlackRock (8,4%) y otros accionistas. Se enmarca en el debate europeo sobre fusiones transfronterizas, que el BCE y la Comisión quieren impulsar pese a las dificultades de sinergias.
También a nivel doméstico, las letras del Tesoro a 12 meses vuelven a pagar el 3% por primera vez desde 2024, en un contexto de sacudida de la deuda global. El Tesoro coloca 6.471 millones con fuerte demanda (9.016 millones), especialmente de pequeños inversores. La prolongación del conflicto en Oriente Próximo y el encarecimiento de la energía han reavivado temores inflacionistas, llevando a los bancos centrales a endurecer su tono. Las rentabilidades de las letras a seis y doce meses alcanzan máximos de dos años. Aunque estos rendimientos atraen a ahorradores, siguen por debajo de la inflación (4,9% en septiembre), lo que limita su capacidad de preservar poder adquisitivo.
Por otro lado, algunos analistas creen que el adelanto electoral podría facilitar nuevos Presupuestos y aportar visibilidad fiscal. España mantiene la confianza de los inversores, a diferencia de Francia, cuya prima de riesgo ronda los 127 puntos básicos frente a los 59 españoles.
En lo relativo al gasto en pensiones continúa creciendo mucho más rápido que el número de beneficiarios. En septiembre de 2026, las prestaciones aumentaron un 1,6%, pero la nómina mensual subió un 6,3% hasta 14.498 millones. La revalorización con el IPC, establecida en la reforma de 2021, vuelve a presionar el sistema ante un repunte de precios del 4,9%. En 2023 las pensiones subieron un 8,5%, y desde entonces el gasto crece entre el 6% y el 7% anual, mientras las prestaciones apenas avanzan entre el 1,4% y el 1,6%. Las pensiones de jubilación absorben el 73,7% del gasto contributivo. La llegada del baby boom incrementará aún más el número de beneficiarios. La AIReF prevé un aumento del gasto del 5,6% en 2026, casi la mitad derivado de la revalorización por inflación. Las nuevas altas suelen tener pensiones más elevadas que las bajas, lo que también presiona el sistema.
A nivel local, en Asturias, destacar que las empresas tienen crecientes dificultades para cubrir puestos tecnológicos, que se convierten en el principal cuello de botella del mercado laboral, por delante de ingenieros y técnicos industriales. El 78% de la demanda empresarial se concentra en perfiles con dos a cinco años de experiencia, lo que deja “casi cerrada” la puerta de entrada a recién titulados y empuja a muchos jóvenes a marcharse para adquirir experiencia. Las barreras más citadas son la escasez de talento especializado, el desajuste de expectativas, las características del sector y salarios poco competitivos. Aunque Asturias ofrece calidad de vida, esto no basta para retener talento ante la falta de oportunidades profesionales. El 92,8% de los jóvenes quiere volver, pero solo el 61,38% desea quedarse.
El presupuesto de las familias asturianas está fuertemente condicionado por vivienda y alimentación, que absorben el 50% del gasto total. La vivienda representa el 32% y la alimentación el 18%. La evolución del gasto muestra estabilidad antes de la pandemia, caída en 2020 y fuerte repunte por la inflación entre 2021 y 2024. En 2026 el gasto medio por hogar se estabiliza en 31.381 euros y el gasto por persona en 14.240 euros. Asturias queda por debajo de la media nacional en gasto por hogar, pero por encima en gasto por persona debido a su estructura demográfica. A nivel estatal, el gasto medio por hogar crece un 3% en 2025 y el gasto por persona un 3,2%, con vivienda y alimentación como partidas más inflacionadas. Las familias vulnerables destinan el 61,5% de su presupuesto solo a vivienda y alimentación, frente al 41,2% del quintil más alto.
Finalmente, el taller de Barros en Langreo inicia una nueva etapa industrial con la llegada de Indra, que ocupará las instalaciones durante 25 años en régimen de alquiler para levantar una fábrica de componentes de defensa. El Gobierno de Asturias adquirirá el complejo a Duro Felguera por 10,7 millones y lo cederá a Indra, que invertirá al menos siete millones en el primer año. El proyecto, considerado estratégico, generará entre 400 y 450 empleos y un impacto económico de 500–600 millones en valor añadido bruto. La planta se integrará en el polo de industria de defensa asturiano, junto a Santa Bárbara, Rheinmetall y Escribano, reforzando el tejido productivo regional.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.
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