Se acerca el arranque del periodo de publicación de resultados con más inquietud entre los inversores en este frente, al empezar a ver revisiones a la baja en las estimaciones para el trimestre y mayor preocupación por cómo las empresas pueden absorber las presiones en costes. Con este fondo, resultaba muy tranquilizador en EE.UU., conocer las positivas actualizaciones de compañías como Salesforce o Accenture. La parte B venía de una compañía como Nike, que rebajaba sus previsiones para el ejercicio fiscal 2022, acusando los cierres de las plantas de fabricación en Vietnam, los atascos en las cadenas de transporte y el alza de los costes de transporte
A nivel de política monetaria, de Bancos centrales, conviene comentar que varios miembros del BCE esperan que la inflación pudiera sobrepasar las previsiones recientemente revisadas al alza en la reunión de septiembre al perdurar más de lo esperado las disrupciones en suministros. Respecto a la incertidumbre en el programa sucesor al PEPP, varios miembros abogan por un incremento temporal de los programas convencionales de compra de activos (PSPP Y CSPP) para evitar un efecto acantilado al finalizar en marzo del 2022 y, también importante, están en disposición de permitir a la autoridad monetaria ajustar el capital key. Por otro lado, el BC de Noruega toma la iniciativa entre los países desarrollados en el camino hacia la normalización de la política monetaria al aumentar el tipo de interés en 25 pbs a 0,25% en línea con las expectativas y podría anunciar otra subida en diciembre sí no hay ninguna sorpresa negativa en el frente COVID-19. Por último, dos miembros del BC de Inglaterra (Ramsden y Saunders) hacían un llamamiento para reducir inmediatamente el ritmo de compras y a pesar de que los nueve miembros decidían unánimemente mantener los tipos de interés al 0,1%, aumentan las expectativas de mercado de una primera subida de tipos para febrero del próximo año (90% probabilidad) debido a la presión inflacionista.
En lo relativo a la crisis energética, siguen aumentando las consecuencias de la escalada de los precios del gas en la industria, que llevaban esta semana a un gobierno como el de UK a intervenir en la industria de fertilizantes para hacer frente a los impactos de la escasez de CO2 en la industria de alimentación. Rusia se compromete a elevar el aprovisionamiento de gas, si bien estos nuevos envíos no llegarán hasta el mes de noviembre, haciendo prever que la presión no va a cesar en el corto plazo.
Cambiando de tercio, Bruselas propone imponer un único cargador universal para móviles, lo cual representa un golpe a Apple. Así, la Comisión Europea ha presentado esta pasada semana una propuesta de legislación con el fin de establecer el conector USB-C como cargador universal para teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos como tabletas, cámaras digitales, auriculares o videoconsolas. El objetivo: reducir los residuos electrónicos, al animar a los consumidores a reutilizar los cargadores que tengan al comprar un nuevo dispositivo. Bruselas lleva desde 2009 impulsando esta medida y un acuerdo voluntario con los principales fabricantes de dispositivos móviles permitió ese año reducir de 30 a 3 los cargadores existentes en el mercado, el USB 2.0 Micro B, el USB-C y el Lightning, exclusivo de Apple. Ese pacto, sin embargo, expiró en 2014 y desde entonces no se ha logrado el objetivo de tener un único cargador universal. La Comisión ha propuesto la venta por separado de los cargadores y los dispositivos electrónicos, pues en su opinión, «aumentará la comodidad de los consumidores y reducirá la huella ambiental que supone producir y eliminar cargadores». En definitiva, Bruselas quiere que los consumidores puedan decidir si quieren adquirir o no un nuevo cargador cada vez que se compren un nuevo dispositivo, para evitar acumular 11.000 toneladas al año de residuos electrónicos.
Yendo al titular del blog en el día de hoy, el Gobierno suprimirá a partir de octubre la prestación extraordinaria para autónomos. 141.000 trabajadores por cuenta propia se beneficiaron de la ayuda en agosto y ahora el Gobierno ha propuesto a los agentes sociales suprimir la prestación por bajos ingresos para autónomos a partir del 1 de octubre. El Ejecutivo sí mantendrá, no obstante, la prestación para “quienes tienen suspendida su actividad, para los autónomos de temporada con bajos ingresos y para quienes pueden acceder a la prestación de cese ordinario compatible con la actividad por reunir los requisitos de carencia de cotización”, matizaron en Seguridad Social. “Hemos trasladado al Gobierno que no aceptamos su propuesta de suprimir la prestación extraordinaria desde octubre. Dejaría sin prestación al 80% de los 226.000 autónomos que hoy la cobran”, se quejó el presidente de ATA (la Asociación de Trabajadores Autónomos), Lorenzo Amor, en su cuenta personal de Twitter. El Gobierno indicó que la economía está ahora “en un contexto distinto, de fuerte crecimiento y de levantamiento de restricciones” y que la prioridad del Ejecutivo es la formación de las personas que actualmente se encuentran en ERTE (Expedientes de regulación temporal de empleo), para incrementar sus conocimientos y habilidades y así facilitar su reinserción en el mercado de trabajo. Actualmente, según cifras facilitadas por Seguridad Social, hay 220.000 autónomos protegidos, cantidad apenas inferior al del número de personas en ERTE, que a mitad de septiembre rondaba las 250.000. “Lo que proponemos es que el grueso de ellos [de los autónomos] pase a recibir ayudas en forma de exoneraciones para apoyar el mantenimiento de la actividad”, explicaron desde Seguridad Social. En la reunión del martes, el Gobierno propuso unificar las exoneraciones para los ERTE por impedimento en el 100%, pero reducirlas para los ERTE por limitación. En este caso, las exoneraciones pasan del 75% (como estaban en septiembre con el anterior Real Decreto pactado en mayo) al 50% para las compañías con más de 50 empleados; y del 65% al 40% para empresas más grandes.
Por contra, a los funcionarios, el Gobierno nos perfila una subida de sueldo del 2%.
Así se desprende del alza salarial del 2% que contienen los Presupuestos de las Cortes, que incluyen la cuantía que Hacienda les traslada que prevé aplicar al resto de la Función Pública. El Gobierno proyecta que el salario de los funcionarios suba un 2% en 2022, por encima del 0,9% de 2021 y al nivel de lo acordado para 2020 antes de que se iniciara la pandemia. Así se desprende del alza salarial que contienen los Presupuestos.
Por otro lado, también a nivel doméstico, el turismo se alía para pedir cambios en la nueva prórroga de los ERTE. Las agencias de viajes reclaman que se levante el veto a los despidos. Hoteles y aerolíneas exigen las mismas bonificaciones para salir y entrar del mercado laboral. Agosto cerró con el número más bajo de trabajadores en ERTE en lo que va de año. En concreto, descendió a 272.190 empleados, apenas un tercio de los registrados en enero. Un dato, que unido a un retroceso histórico del paro, le sirvió al Gobierno para dar por superado lo peor de la crisis. “Es una gran noticia que confirma que superamos lo peor de la crisis. Ahora hemos de seguir profundizando la agenda social y garantizar que la recuperación sea justa y equilibrada”, recalcó nada más darse a conocer los datos Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social. Un análisis más pormenorizado muestra que la industria y la construcción están recuperándose con mayor rapidez que los servicios, en especial los ligados al sector turístico. De los 272.190 trabajadores en ERTE a cierre de agosto, 144.700 (un 53,2%) proceden de hoteles, restaurantes, bares, ocio, aerolíneas, transporte terrestre o marítimo.
También se ha sabido que el 38% de los CEO españoles asume que habrá dos días de teletrabajo por semana. Un tercio de los consejeros prevé contratar personal para trabajo en remoto. Ocho de cada 10 esperan elevar sus plantillas.
El 38% de los CEO españoles y el 37% de los ejecutivos a nivel global cree que la mayoría de sus empleados teletrabajará al menos dos días a la semana en los próximos tres años, así lo señala el último informe de KPGM titulado CEO Outlook 2021. El estudio, cuya muestra fue de 1.325 consejeros, toma el pulso al sector empresarial tras un año y medio de pandemia, destacando ese viraje a la construcción de un entorno laboral más flexible y la confianza en una pronta recuperación económica.
Los datos muestran que España se encuentra un poco por detrás de la media global en los temas que se refieren a la flexibilización del trabajo. De los 50 CEO españoles entrevistados, solo un 34% tiene planeada la contratación de profesionales para trabajo principalmente en remoto, frente al 42% que lo tiene previsto a nivel mundial. En cambio, los ejecutivos españoles están más abiertos a mantener las reuniones de sus equipos directivos de forma virtual (64% frente al 54%). A su vez, el 18% de españoles prevé reducir o ya ha reducido el espacio de sus oficinas, frente al 21% de la media global. También va tres puntos por detrás en la inversión para espacios compartidos, con un 48% frente a un 51%. Los objetivos de transformación digital de los ejecutivos españoles también muestran una tendencia diferente a la global. El 56% de los CEO españoles priorizará la inversión en el desarrollo de las capacidades y habilidades, y no la inversión en nuevas tecnologías. En cambio, en el resto del mundo es al revés: el 60% destinará más fondos a tecnología que a formación (40%). A pesar de las cifras, la brecha es menor en comparación a 2020, cuando los porcentajes fueron del 67% y el 33%, respectivamente. Más allá del teletrabajo, el informe muestra un repunte en la confianza del sector empresarial, que a pesar de la variante delta del SARS-CoV-2 ve con optimismo los próximos tres años. Un 80% de los CEO españoles anticipa que la economía nacional mejorará en este periodo y un 62% confía en que lo hará la economía mundial. Este último dato es dos puntos porcentuales superior al global (60%) y duplica las cifras de hace un año.
A nivel local, cabe mencionar que Enagás, Naturgy y Exolum diseñan una red de hidrogeneras que incluye Asturias.
Enagás, a través de su filial Scale Gas, Naturgy y Exolum, han firmado un acuerdo para desarrollar conjuntamente infraestructuras de producción, distribución y suministro de hidrógeno verde en el sector de la movilidad en todo el territorio nacional. El acuerdo comprende el desarrollo de una red de 50 hidrogeneras, con presencia en Asturias, que ofrezca una penetración homogénea del vector energético en todo el país. El objetivo es establecer una red de puntos de abastecimiento de hidrógeno renovable que disten entre ellos del orden de 300 kilómetros, permitiendo el establecimiento de rutas logísticas nacionales con garantía de suministro y su conexión con rutas internacionales. Los promotores de la red destacaron entre los posibles beneficiarios del uso del hidrógeno verde el transporte de viajeros, la logística, los taxis e incluso los vehículos de particulares.
Como economista y como asturiana, me parece esta última una gran noticia.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.