Una semana complicada en la que Putin sigue tensando la cuerda con Europa en relación al gas. Se firmaba un decreto por el cual transferirá la propiedad del gaseoducto Sakhalin-2 a otra compañía rusa argumentando motivos de interés nacional y de seguridad. Un movimiento que forzaría a las compañías extranjeras participantes a tener que abandonar el proyecto, siendo Shell la más afectada ya que posee un 27,5% del proyecto.
En EE.UU la inflación de los consumidores de mayo no daba respiro a la FED, aunque sugería que los precios podrían haber alcanzado máximos al permanecer la lectura general sin cambios en +6,3% y la subyacente moderar por tercer mes consecutivo a mínimos de seis meses (+4,7%). Por otro lado, el consumo privado aumentaba al menor ritmo en cinco meses en mayo, defraudando a expectativas.
Por su parte, la UE se abre a poner un tope a los precios del petróleo ruso. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha admitido que el G7, reunido en Alemania, debatirá la idea de poner un tope a los precios de ciertos servicios relacionados con las importaciones de petróleo rusas, que la UE podría decidir junto con sus socios, pero que requiere “prudencia”. Los países del Grupo de los Siete discuten un límite de los precios del petróleo ruso que funcionaría mediante la imposición de restricciones a los seguros y al transporte marítimo. El posible mecanismo sólo permitiría el transporte de crudo y productos petrolíferos rusos vendidos por debajo de un umbral acordado.
No se puede evitar el tema imposible de esta semana y de los últimos tiempos. Tenemos la inflación disparada y es lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy. De hecho, la inflación se dispara al 10,2% en junio, máximos de 37 años. Lo ha reconocido la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos quien lo ha asegurado tras conocerse que el IPC subió un 1,8% en junio en relación al mes anterior y disparó su tasa interanual 1,5 puntos, hasta el 10,2%. La vicepresidenta primera ha defendido las medidas del Ejecutivo anunciadas el pasado sábado para reducir el alza de los precios pero ha avisado sobre un escenario con la inflación «más alta» durante «más tiempo». Así se ha pronunciado la ministra económica en una entrevista en el día en el que se ha conocido que el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 1,8% en junio en relación al mes anterior y disparó su tasa interanual 1,5 puntos, hasta el 10,2%, su nivel más alto desde abril de 1985, según los datos avanzados publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Calviño ha explicado que el corte de gas y petróleo «no han sido buenas noticias», porque aumentó el precio del gas «en un 50 por ciento» y aceleró «la inflación a nivel internacional», por lo que ha defendido las medidas «oportunas» y «muy contundentes» del decreto anticrisis impulsadas por el Gobierno. «España está anticipándose a lo que veíamos venir para tratar de apoyar al conjunto de la población», ha expresado. En este punto, ha reiterado que el Ejecutivo ha tomado medidas «decididas, eficaces» y de manera «ágil», que han supuesto movilizar «más del 1% del PIB» y un «volumen de recursos muy importantes». «Las perspectivas de los precios de la energía no son positivas», ha insistido.
El problema que tenemos además es que la inflación se come 110.000 millones de euros en salarios y ahorro en 12 meses. Lejos de aflojar, la presión inflacionista sigue castigando a la economía y a los hogares españoles. El IPC se disparó 1,5 puntos en el mes de junio, cerrando en una tasa interanual del 10,2%, según el indicador adelantado del INE. Es la inflación más alta en 37 años, desde 1985, superando tanto el dato del 8,7% registrado en mayo como el anterior máximo de marzo, un 9,8%. Gasolinas y productos de alimentación fueron los responsables de la subida de los precios, indica el INE que, al tratarse de una primera estimación, no da cuenta de la composición de la subida de los precios. La inflación, en todo caso, sigue filtrándose al conjunto de la economía. Así, la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los productos más volátiles, como combustibles o alimentos, está ya en una tasa interanual del 5,5%, tras subir seis décimas este mes. Es máximo desde 1993.
Cambiando de tercio, otro dato que no es positivo es que el número de funcionarios en España crece a un ritmo récord. En 2021, más de 2,71 millones de personas trabajaban para la Administración Pública. España cuenta con 2.710.405 funcionarios y empleados públicos, de los que 1.616.211 (el 59,63%) trabajan para las comunidades autónomas y 579.680 (el 21,39%), en las administraciones locales (ayuntamientos, diputaciones y cabildos insulares).
Por otro lado, el gasto en pensiones aumenta un 6,4% en junio hasta la cifra récord de 10.832 millones. Junto con la nómina ordinaria, en junio se abona la extraordinaria, cuyo importe asciende a 10.536 millones, lo que representa un incremento del 6,6 % respecto a 2021. La nómina mensual de las prestaciones contributivas a la Seguridad Social se situó en 10.832,2 millones de euros en junio, un 6,4 % más que en el mismo mes del año pasado, según las cifras facilitadas esta semana por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Junto con la nómina ordinaria, en junio se abona la extraordinaria, cuyo importe asciende a 10.536 millones, lo que representa un incremento del 6,6 % respecto a 2021. La cuantía media de esta paga extra fue de 1.062,43 euros, un 5,8 % más que en junio de 2021.
A nivel empresarial, un dato no agradable: Silvia Iranzo dimite como vocal de Indra por las destituciones de consejeros que perjudican «a la mayoría de los accionistas». La vocal independiente ha enviado una carta al presidente Marc Murtra con su renuncia, después de que la Sepi destituyese en la junta a otros cinco independientes. Iranzo señala en su misiva que «su dimisión viene motivada por su desacuerdo con los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas de cese y no reelección de cinco consejeros independientes que, bajo su criterio, suponen rebajar el estándar de gobierno corporativo de la compañía en perjuicio de la mayoría de accionistas no representados en el Consejo».
Definitivamente, algo huele a podrido no sé en Dinamarca, pero sí en Indra.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIGE.