Ha sido una semana de caídas generalizadas en los mercados bursátiles, encabezados por los selectivos españoles y franceses en Europa, con descensos cercanos al 3%, donde el mal dato de inflación en Europa actuaba como uno de los principales lastres. Por sectores, Utilities, Banca y Seguros, registraban los peores comportamientos, si bien Materias Primas y Oil & Gas se anotaban avances significativos. La mayor preocupación la encontrábamos en los mercados de deuda, donde la volatilidad llevaba al Banco de Inglaterra a actuar con urgencia.
A nivel político y económico, cabe destacar los retos del nuevo Gobierno italiano: deuda, energía e inflación.
La líder de Hermanos de Italia y presidenta de Conservadores y Reformistas en el Parlamento Europeo, Giorgia Meloni, ha de afrontar las desigualdades entre las regiones del norte y del sur y la inestabilidad política que son otros desafíos estructurales de la tercera economía de la UE y octava del mundo. Italia aspira a poner fin a unos meses muy marcados por el alto voltaje en el debate político, que en julio se llevaron por delante el gobierno de coalición del exgobernador del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi.
En el particular «juego de tronos fiscal» al que asistimos en nuestro país en los últimos días, únicamente con fines electorales, Calviño afirma que se adoptarán rebajas fiscales selectivas si son necesarias. En su reunión con Ayuso, la vicepresidenta se ha mostrado en contra de la competencia fiscal a la baja entre regiones. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, advirtió tras reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que «la carrera a la baja en el ámbito impositivo no hace sino empobrecernos a todos». Así se expresó Calviño en rueda de prensa en la Real Casa de Correos, donde Ayuso no compareció junto a ella, a diferencia de lo que sí hicieron el resto de presidentes autonómicos, con los que la vicepresidenta se ha reunido en los últimos meses para abordar el despliegue de los fondos europeos y el plan de recuperación. Calviño remarcó que lleva más de cuatro años siendo ministra del Gobierno y que «desde el primer momento» ha tratado de reforzar la lucha contra «los paraísos fiscales» en el ámbito internacional. Además, recordó que la Unión Europea está trabajando para tratar de homogeneizar un tipo mínimo en el impuesto de sociedades, por lo que pidió que «esa actitud que tenemos cuando hablamos de otros países» se tenga también dentro de España entre territorios. Por ello, mostró su «rechazo a un modelo de España que consiste en una carrera entre comunidades que pone a unos territorios en contra de otros, a unos ciudadanos en contra de otros» y que «al final termina empobreciéndonos a todos». Además, la vicepresidenta señaló que el Ejecutivo no tiene una visión «ideológica» sobre los impuestos porque los ha reducido cuando ha considerado que «beneficiaba» a los ciudadanos, poniendo como ejemplo la reducción del IVA de la energía o diferentes bonificaciones.
Sin embargo, por otro lado, el Gobierno estudia una bajada de impuestos a las rentas bajas junto a la subida fiscal a los ricos. La medida se uniría a alzas en el ahorro y el capital a las rentas altas y a un nuevo impuesto sobre el patrimonio.
El Gobierno de coalición, que prepara el paquete de medidas fiscales para gravar más a las rentas altas y a los grandes patrimonios, estudia en paralelo la posibilidad de incluir una rebaja de impuestos que beneficiaría a los contribuyentes de menores ingresos. Se barajan dos opciones, o bajadas quirúrgicas y selectivas muy focalizadas en determinadas figuras, o una modificación eventual del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). De producirse, esta última podría consistir en una pequeña bajada del tipo marginal a las rentas de menos de 35.200 euros, que hoy tributan al 30% a partir de los 20.200 euros, o en una rebaja de la tasa aplicable hasta los 60.000 euros anuales, que tienen una carga fiscal del 37%.
En todo caso, son posiciones contradictorias, lo cual no es nada nuevo bajo el sol con este gobierno.
En otro orden de cosas, señalar que los funcionarios salen a la calle en Madrid para reclamar una subida salarial «justa». La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, y Jusapol que aglutina a policías y guardias civiles, ha conseguido reunir en Madrid a decenas de miles de funcionarios: 80.000, según los convocantes. El presidente del sindicato, Miguel Borra, destacó que se trataba de la «primera gran manifestación sindical contra este Gobierno» y auguró que de seguir así, sin atender sus reclamaciones., «lo pagará en las urnas». Solo había que oír los cánticos con los que se amenizó la marcha para saber a quién se responsabiliza de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Borra se felicitó porque la mera convocatoria había dado fruto y el Ministerio de Hacienda y Función Pública había convocado la apertura de la negociación de las retribuciones en las administraciones públicas, en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado, una predisposición al diálogo que no evitó la marcha, para la que el sindicato fletó autobuses gratuitos que vinieron de toda España.
A nivel bancario, destacar que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha avanzado que la entidad revisará a la baja el crecimiento económico para 2023 y elevará su previsión de inflación media anual hasta 2024 en la próxima actualización de sus proyecciones macroeconómicas que publicará a principios de octubre. Durante su intervención en la Cátedra de la Fundación La Caixa ‘Economía y Sociedad’, el gobernador ha explicado que los indicadores más recientes tienden a confirmar la pérdida de impulso de la actividad en el tercer trimestre, entre ellos la moderación del dinamismo del empleo. Las últimas proyecciones del Banco de España publicadas en junio anticipaban un crecimiento del PIB del 4,1% en 2022, del 2,8% en 2023 y del 2,6% en 2024, así como una inflación del 7,2% en 2022, del 2,6% en 2023 y del 1,8% en 2024. La combinación de la elevada inflación, el endurecimiento de las condiciones de financiación asociado a la subida de los tipos de interés en muchos países y la persistencia de los cuellos de botella, entre otros aspectos, están afectando negativamente a la economía global y han generado una revisión generalizada a la baja de las proyecciones macroeconómicas, según ha explicado el gobernador. Todo ello en un contexto en el que no se descarta una nueva recesión, ya que la probabilidad que los mercados financieros otorgan a una recesión global ha aumentado de manera significativa.
Evidentemente, no son buenas noticias para nuestro país, pero es preciso ser realista para poder tomar las decisiones adecuadas.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.