El sorprendente ascenso de la Bolsa de Tokio

En esta semana los índices de renta variable europeos y americanos acababan con subidas (+1,9% EuroStoxx50 y +1,8% S&P500) acompañados por el optimismo entorno a la solución del techo de la deuda en EE. UU. En este sentido, a final de la semana se empezaba a especular con que la votación tanto en el Congreso como en el Senado se podría dar tan pronto como la semana que viene. Por sectores, Tecnología (+5,0%), Turismo (+3,2%) y Autos (+2,8%) lideraban las subidas, mientras que los principales descensos se apreciaban en Utilities (-2,2%) y Telecoms (-0,8%).

Lo que destaco en el titular en el día de hoy es relativo a la Bolsa de Tokio que supera los 30.000 puntos y marca su máximo desde 1990. El parqué japonés llevó el indicador hasta su punto más alto en 33 años tras crecer un 1,04% en los primeros 10 minutos tras la apertura. El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió este pasado viernes un 1,04% a la apertura, por encima de la barrera psicológica de los 30.000 puntos y alcanzando su nivel más alto desde 1990 El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subía en los primeros 10 minutos de negociación en Tokio un 1,04% ó 322 puntos, hasta los 30.895,93 enteros. El Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzaba un 0,53% ó 11,44 puntos, hasta las 2.169,29 unidades. Tokio abrió al alza animada por los buenos resultados de Wall Street en la víspera y ante la esperanza de una pronta resolución del problema de techo de deuda de EE.UU., además de la debilidad del yen, que anima a las exportadoras.

Pasando al ámbito europeo, la inflación de la zona euro sube al 7% en abril y en la UE se modera al 8,1%. La tasa de inflación interanual de la zona euro se acelera una décima en abril hasta el 7%, frente al 6,9% del mes de marzo, mientras que en la UE los precios aliviaron su escalada al 8,1% desde el 8,3% de marzo, acumulando cinco meses de moderación, Entre los países de la UE, las tasas de inflación interanual más bajas se registraron en Luxemburgo (2,7%), Bélgica (3,3%) y España (3,8%), mientras que las tasas anuales más altas se registraron en Hungría (24,5%), Letonia (15%) y Chequia (14,3%), según los datos publicados por Eurostat. En la zona euro, en abril la energía registró un alza interanual del 2,4%, después de la bajada del 0,9% del mes anterior, mientras que el precio de los alimentos alivió su escalada al 10% desde el 14,7%. En el caso de los servicios, los precios subieron en abril un 5,2% interanual, una décima más que en marzo, pero los bienes industriales no energéticos se encarecieron un 6,2%, cuatro décimas menos que en marzo. Sin el impacto de la energía en los precios, la tasa interanual de inflación en abril se situó en el 7,4%, frente al 7,9% del mes anterior, mientras que al dejar fuera también el impacto del precio de los alimentos, el alcohol y el tabaco, la tasa subyacente de inflación se moderó al 5,6% desde el 5,7% del mes anterior.

De este modo, la tasa de inflación subyacente de la zona euro experimentó en abril su primer signo de moderación en términos interanuales desde junio de 2022, después de encadenar nueve meses consecutivos de subidas cada vez mayores.

También en marco europeo, destacar que la vivienda se convierte en el mayor barómetro de la calidad de vida en la UE. Más del 8% de la población destina más del 40% de la renta familiar a su vivienda y el 17% de los ciudadanos vivió en un hogar hacinado en 2021. Las condiciones de la vivienda como puede ser su régimen de propiedad, la capacidad económica para mantenerla adecuada a la temperatura ideal o el hacinamiento de sus componentes en virtud del espacio, es una variable que puede marcar el nivel de vida de las personas. Este es el trabajo que ha llevado a cabo Eurostat. Con la información distribuida por países, en la UE, casi 7 de cada 10 personas son propietarios de la vivienda en la que viven, mientras que el 30% restante reside en alquiler. Sin embargo, esta característica de propietario no refleja un grado de desarrollo pleno, ya que según la oficina estadística europea, el 6,9% de los ciudadanos de la UE no pudo mantener su hogar adecuadamente a una temperatura elevada en invierno, si bien la oficina europea explica que esta buena climatización depende de factores como el estado general del edificio, la temperatura exterior y el coste de la energía. Entre los estados miembros de la UE, este porcentaje osciló en 2021 entre el 1,3% de Finlandia que consiguió la mejor climatización de su vivienda, y el 23,7% de Bulgaria que pasó frío en invierno. En el caso concreto de España este porcentaje prácticamente duplica la media europea al alcanzar el 14,2%, lo que contrasta con el 6% de los vecinos franceses, el 8,1% de Italia o el 16,4% de Portugal. Otro indicador que para Eurostat es un claro indicador de una calidad de vida francamente mejorable es el del número de personas que conviven en una vivienda en función de su tamaño, lo que arrojaría el grado de hacinamiento de la misma. Para Eurostat, el 17% de los ciudadanos de la UE vivían en un hogar hacinado durante 2021. Aquí las diferencias también son destacadas, siendo Letonia el país con el 41,3% de sus ciudadanos viviendo en una gasa superpoblada

De destacar son los límites de la deuda europea: ¿Nuevo paradigma o nueva austeridad? La región ha decidido restablecer la disciplina fiscal para controlar la inflación y el aumento de la deuda entre los países miembros, pero el contexto pospandémico y la guerra despiertan miedos sobre su posible impacto. Si bien la gran mayoría de los expertos coinciden en que es improbable que el congreso, con mayoría de la oposición republicana, se niegue elevar el techo de la deuda nacional; las posibles consecuencias tienen a los funcionarios, inversores y especialistas con los nervios de punta. En este contexto, sus contrapartes europeas reflexionan sobre la situación de sus propias cuentas. Bruselas decidió en marzo ir restableciendo la disciplina fiscal de forma progresiva. En 2024, los presupuestos de los países europeos tendrán que reajustar sus cuentas para que su déficit público se sitúe en el objetivo máximo del 3% del PIB y se vayan corrigiendo los excesivos niveles de deuda, según la petición hecha hace unos meses por el Ejecutivo comunitario. De esta forma, la Unión Europea (UE) desactiva la cláusula que le permitió dar rienda suelta a la chequera pública para paliar los estragos de la guerra en Ucrania.

¿Transición ecológica en riesgo?

Una consecuencia negativa de la reimposición de la disciplina fiscal podría ser dejar a la mayoría de los estados miembros sin suficiente margen para financiar la transición climática. Solo Suecia, Irlanda, Dinamarca y Letonia tendrían suficiente espacio fiscal para cumplir con los compromisos climáticos necesarios para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados, según un estudio realizado por el centro de investigación británico New Economics Foundation. El informe asegura que, si bien algunos países podrían cumplir objetivos climáticos menos ambiciosos, 13 naciones, incluidas Francia, Italia, España, Polonia y los Países Bajos, no podrían invertir lo suficiente para lograr las metas ecológicas de la UE. Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo con esta predicción, dada la cantidad de fondos que la Comisión está canalizando a los Estados miembros para el desarrollo industrial ecológico a través de la flexibilización de las normas sobre ayudas estatales, la Financiación para la Recuperación y la Resiliencia, el Fondo de Transición Justa, la Ley de Industria Neta Cero y la Ley de Materias Primas Críticas.

Pasando a nivel domestico, comentar que los carburantes son ya más baratos que antes de la guerra de Ucrania. El precio medio del diésel ha descendido esta semana un 1,53% con respecto a hace siete días, para ahondar en un nuevo mínimo en este año y caer a su nivel más bajo desde finales de enero de 2022. Los carburantes son ya más baratos que antes de la guerra de Ucrania. La crisis energética desatada en febrero del año pasado con el inicio de la invasión rusa de Ucrania está ya dando un respiro. Los datos del último Boletín Petrolero de la Unión Europea confirman que el precio medio de la gasolina y diésel en España está ya por debajo de los niveles de entonces. Los precios medios son de 1,58 y 1,41 euros, respectivamente. La semana del 21 de febrero de 2022, en la que se inició la guerra de Ucrania, la gasolina costaba 1,59 euros por litro y el gasóleo, 1,48. Pese a que las medias nunca se ajustan específicamente a la experiencia cotidiana de cada consumidor, ilustran bien el cambio. El precio medio del diésel ha descendido esta semana un 1,53% con respecto a hace siete días, para ahondar en un nuevo mínimo en este año y caer a su nivel más bajo desde finales de enero de 2022. El precio medio del litro de gasóleo se sitúa, tras nueve semanas de caídas, en los 1,411 euros, consolidándose además en un nivel más bajo de lo que costaba en la última semana de 2022, cuando aún se aplicaba la subvención del Gobierno de 20 céntimos por litro. Por su parte, el precio medio del litro de gasolina ha encadenado esta semana su cuarta caída consecutiva y, con un descenso del 1,25%, se sitúa en los 1,579 euros, su nivel más bajo desde mediados de febrero del año pasado. El gran peso de los carburantes en la evolución de la inflación abre esperanzas a que el IPC vaya moderándose.

Y continúo con anuncios positivo de desconvocatorias de huelgas. En primer lugar, de jueces y fiscales que desconvocarán la huelga tras aceptar la subida salarial de 450 euros al mes. Las asociaciones judiciales, salvo la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, y las de fiscales han dado el ‘sí’ a la oferta del Gobierno. Tres de las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han aceptado la oferta de hasta 450 euros al mes que ha hecho el Gobierno para evitar que el día 22 de mayo vayan a una huelga. Así lo han confirmado fuentes de la negociación, que han señalado que, finalmente, esta semana se ha dado el ‘sí’ a la oferta que los representantes del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Hacienda pusieron encima de la mesa, si bien la respuesta no ha sido por unanimidad, debido a que la asociación mayoritaria de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha calificado la propuesta de “insuficiente”. El pacto se ha cerrado esta pasada semana, en la quinta reunión de la Mesa de Retribuciones, si bien el acuerdo se firmará definitivamente el martes que viene, a las 13.00 horas. La oferta que plantearon los equipos de los ministerios de Pilar Llop y María Jesús Montero la semana previa, y que se reiteró el pasado martes, junto al retoque de algunos puntos de la negociación relativos a cargas de trabajo, situación laboral, guardias, etc., supone una aportación de 46,7 millones de euros para mejorar las retribuciones de jueces y fiscales. Para analizar la propuesta con más detenimiento, las asociaciones de jueces y fiscales desconvocaron la huelga indefinida prevista para el pasado 16 de mayo y la aplazaron hasta el 22 de mayo, si bien ésta parece que no tendrá lugar tras llegar a un acuerdo. Con dicho presupuesto, el aumento que percibirán los jueces y fiscales será de 440 euros brutos al mes para los destinados en órganos colegiados y de 450 euros mensuales brutos para los que presten servicios en órganos unipersonales. El concepto será como complemento de destino por representación. Ello implica una subida salarial de hasta un 7%, que se abonará en tres tramos: un 40% con efecto desde el 1 de enero de 2023 y que no se cobrará como muy tarde en la nómina del próximo octubre; otro 40% se devengará desde el 1 de enero de 2024; y el 20% restante tendrá efectos desde el 1 de julio del año que viene.

Desconvocada también la huelga en la Seguridad Social tras la promesa de 3.500 refuerzos. El Ministerio frena la huelga convocada tras comprometerse a mejorar la plantilla y los servicios de atención e implantar un día de teletrabajo a la semana. El Ministerio de Seguridad Social  y los sindicatos  han firmado esta semana un acuerdo para incorporar en los próximos meses un total de 3.525 refuerzos a las oficinas públicas. El pacto rubricado por Csif, CCOO UGT también habilitará un día a la semana de teletrabajo para el personal de las oficinas de la Seguridad Social a partir del 1 de julio, que se elevarán a dos a partir del 1 de enero del 2024. La última propuesta del departamento dirigido por José Luis Escrivá ha logrado desencallar el conflicto en la Seguridad Social. El Gobierno ha puesto encima de la mesa más efectivos y las centrales han acabado entrando al acuerdo. La plantilla de la Seguridad Social se verá reforzada con un total de 2.500 empleados públicos a lo largo de los próximos meses, una vez se ejecute la oferta pública de empleo del 2023. Y a ello cabe añadir el compromiso del Ejecutivo de estabilizar los 1.025 interinos que entraron en las oficinas para reforzarlas para la gestión del nuevo ingreso mínimo vital.

A nivel doméstico y bancario, destacar que el Banco de España critica que las medidas anticrisis no se hayan dirigido solo a los más vulnerables. El organismo supervisor considera que pierden eficacia y elevan el coste presupuestario. Cifra entre 34.320 y 39.900 millones de euros las medidas de apoyo a hogares y empresas

El Banco de España presentó la semana pasada su Informe Anual de 2022 en el que en algo más de 240 páginas lanzó su receta sobre las medidas que necesita la economía española, en un momento en que se pondrá fin a la laxitud fiscal actual, para dar paso a la puesta en marcha de un conjunto de medidas coherentes para alcanzar los objetivos concretos de reglas fiscales que volverán a estar activas en 2024. Tras un año complicado, marcado por una crisis económica derivada de la invasión rusa de Ucrania, todos los países europeos, y entre ellos España desplegaron un amplio abanico de medidas para contrarrestrar los efectos en materia de inflación y energética. Sin embargo, para el organismo supervisor este conjunto de medidas no están siendo “suficientemente orientadas hacia los agentes económicos más afectados”. En su opinión, los beneficiarios del grueso de las actuaciones aprobadas desde finales de 2021 para hacer frente a las consecuencias de la inflación elevada, han sido el conjunto de hogares y empresas españolas. Según los cálculos realizados por la autoridad monetaria, solo entre un 15% y un 20% del coste presupuestario de estas medidas, van en la línea correcta, es decir que se encuentran bien enfocadas hacia aquellos agentes económicos más vulnerables ante la crisis energética y el aumento de los precios. Considera que las tarifas sociales de gas y electricidad, así como la mayor parte de las transferencias, si han sido orientadas en la línea correcta. Por el contrario, entre el 80% y el 85% del coste fiscal previsto, está vinculado con iniciativas de alcance relativamente generalizado.

Haría bien el gobierno, este y el que salga de las próximas elecciones generales de este año, en tener en cuenta estas recomendaciones del supervisor bancario.

SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.