Ha sido la pasada una semana de dudas de los inversores sobre el crecimiento ante la vuelta de las medidas restrictivas en Europa por el incremento de los casos de coronavirus. Así, se producían correcciones en los sectores más apalancados a la recuperación del ciclo (financieros, energía, turismo y materiales básicos), así como en el precio del crudo. Por el contrario, al otro lado del Atlántico, Biden conseguía la aprobación de su paquete social y climático en el Congreso, si bien queda pendiente su paso al Senado, que será clave. En el frente macro, con la confirmación de la inflación escalando los datos de crecimiento siguen siendo relativamente sólidos. A nivel del covid en Europa, el avance de la pandemia sigue mandando señales de alerta al momentum de la economía de la Eurozona, con el eco de las restricciones que están adoptando países como Austria (confinamiento total de la población) o Alemania (restricciones de socialización a los no vacunados).
Por su parte en EE.UU., en lo relativo a los estímulos el Congreso ha aprobado el paquete social y climático (Build Back Better, 1,75 billones $), con el handicap de que el plan aumentará el déficit en 367.000 M.$ en 10 años, si bien, admite que no ha tenido en cuenta los ingresos extras que se pueden mejorar por la optimización del servicio de cobro de impuestos. Después del paso por el Congreso, tendrá que debatirse en el Senado, donde se espera que los dos senadores más moderados perfilen el «Bill», teniendo que en tal caso volver al Congreso y no siendo posible aprobarlo antes de finales de año.
A nivel de política monetaria en Europa, el BCE ve algunas señales de burbuja inmobiliaria similares a las de 2007. Cree que el auge del crédito hipotecario puede ser un riesgo para la estabilidad financiera y advierte de posibles correcciones de precios. El alza del precio de la vivienda y el tirón de las hipotecas son ya abiertamente motivo de preocupación para el BCE, más aún en un entorno de subida de la inflación que está contribuyendo más todavía a tensionar el mercado residencial en aquellos países en los que ya había señales previas de recalentamiento.
En su informe de estabilidad financiera ha advertido de los crecientes riesgos que observa en el mercado inmobiliario de la zona euro, en algunos aspectos comparables a lo sucedido en los momentos previos a la anterior crisis financiera de 2007. “La pujanza del crédito concedido al sector inmobiliario puede ser un riesgo grave para la estabilidad financiera”, asegura el documento. Según explica el BCE, “ha aumentado el riesgo de correcciones de precios en algunos mercados inmobiliarios y financieros». Los problemas en algunos mercados inmobiliarios residenciales han aumentado, especialmente en países donde las valoraciones ya eran elevadas antes de la pandemia. En este sentido, el BCE recomienda políticas macroeconómicas que prevengan y mitiguen los riesgos en los mercados inmobiliarios de esos países. La institución no cita ningún país en particular, si bien el mercado inmobiliario se está tensionando especialmente en Alemania, Francia y Holanda. En su informe, el BCE lanza serias advertencias. Señala que “las dinámicas en los precios de la vivienda y la sobrevaloración están ya en niveles similares a los observados en el pico previo a la gran crisis financiera de 2007”. Además, si bien reconoce que la vulnerabilidad en las carteras hipotecarias están en la actualidad por debajo de los niveles previos a la citada gran crisis financiera, en algunos lugares se está acelerando. “Hay varios países donde el crecimiento anual del crédito hipotecario crece ya por encima del 7% y se está acelerando”, explica. Se trata del ritmo de crecimiento más intenso desde 2005.
A nivel empresarial, Pfizer, BioNTech y Moderna esperan facturar 62.000 millones en 2021 con sus vacunas. Estos productos llevan también a beneficios milmillonarios a sus fabricantes. Con esto, Moderna y BioNTech dejan atrás las pérdidas. El hito científico de contar con una vacuna de Covid 19 en tiempo récord también está teniendo una recompensa para sus impulsores. Tres compañías, Pfizer, BioNTech y Moderna han anunciado nuevas previsiones de ingresos en el primer año de uso. Entre los tres laboratorios suman alrededor de 62.000 millones de euros de ventas previstas en 2021 por sus vacunas. El mayor negocio corresponde a la vacuna más usada en Europa y EE UU, la impulsada por BioNTech y su socio Pfizer. Esta versión fue la primera de la historia basada en ARN mensajero y gracias a su alta efectividad y gran capacidad industrial de sus fabricantes es la de uso más extendido. Pfizer revisó al alza a principios de noviembre sus previsiones de ingresos por Comirnaty, el nombre comercial de su alternativa frente al SARS-CoV-2. Para final de año, el gigante farmacéutico de Nueva York espera 31.450 millones de euros de facturación por este producto. Hasta septiembre, la compañía ya ha facturado más de 21.200 millones por este producto, lo que ha impulsado los ingresos totales del laboratorio un 91%, en un récord hasta los 50.373 millones, una cifra jamás lograda antes por una farmacéutica. El laboratorio estadounidense espera producir 3.000 millones de dosis este año y otras 4.000 millones en 2022. Hasta mediados de octubre, la firma ya cuenta con contratos para año próximo que suponen compromisos de los países por más de 25.000 millones. En mi opinión, son unos ingresos más que merecidos por lo que están suponiendo para la humanidad, en la situación que nos ha tocado vivir.
A nivel doméstico y yendo al titular del blog en el día de hoy, los funcionarios del Estado podremos teletrabajar más a partir del 1 de enero de 2022. Montero anuncia la nueva norma que regula el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor el próximo 1 de enero del 2022. Actualmente el Gobierno y los sindicatos están negociando los detalles de la normativa, que parte del acuerdo alcanzado en abril con el anterior ministro, Miquel Iceta, y que preveía un máximo de tres días a la semana de ejercicio a distancia. Parte de los 230.395 empleados públicos que forman la plantilla de la Administración estatal verán a partir del año próximo ampliados sus días hábiles de teletrabajo a la semana, respecto a su actual situación, que contempla una jornada a la semana a distancia. Si bien durante la pandemia los empleados de la AGE pudieron ejercer a distancia hasta cuatro días a la semana, la vuelta a la presencialidad posteriormente llevó a Función Pública y sindicatos a negociar cómo estabilizar ese ejercicio a distancia. El resultado, tras cinco meses de negociación, se rubricó el 12 de abril, cuando Iceta y las centrales acordaron un máximo de tres días en casa a la semana y dos en la oficina. No obstante y con un cambio de ministro mediante, ese pacto no se llegó a plasmar en un real decreto que consolidara la norma. Y en septiembre el Ministerio ordenó la vuelta a la presencialidad, conservando únicamente un día a la semana de teletrabajo. Ahora Montero y las centrales están negociando el texto definitivo que deberá regir hasta enero y los sindicatos exigen que la nueva titular respete lo negociado con su antecesor.
Hay más españoles que invierten en ‘cripto’ que en bonos. La CNMV vuelve a cargar contra las ‘cripto’: «Nos preocupa la ausencia de regulación que evite que alguien manipule la cotización». Alrededor de un 14% de los inversores españoles tiene dinero en criptomonedas. El porcentaje de inversores que tiene activos como bitcoin o ethereum en cartera se ha disparado en el último año y ya son más los inversores que tienen dinero en criptodivisas. La precaución es necesaria siempre pero con el dinero más aún. Cuesta mucho ganarlo.
Cambiando de tercio, el precio del combustible sube más en España que en Francia, Italia y Portugal en 2021. El litro de gasolina de 95 octanos se ha apreciado un 26,2% y el de gasóleo un 27,6% en lo que va de año. El precio de la gasolina y del gasóleo se ha disparado en toda Europa por la apreciación del petróleo en el último año. La cotización del barril de Brent, de referencia en la UE, ha aumentado un 53% en lo que va de año, llevando al combustible a rozar máximos históricos en la mayoría de países europeos. Pese a ello, el aumento no ha sido homogéneo y ha afectado a algunos países más que otros. Y entre ellos está España, donde el precio de la gasolina y del gasóleo se han incrementado un 26,2% y un 27,6% en lo que va de año, por encima de la media de la UE y por encima de otros países vecinos como Francia, Holanda, Italia o Portugal.
Muy grave me parece que la deuda pública se haya disparado hasta un máximo histórico de 1,43 billones. En septiembre alcanza los 1,43 billones, casi 13.000 millones más que en agosto, un 9,5% más que hace un año. El riesgo de que la deuda pública se convierta en una losa que arrastrar durante generaciones es cada día más real. Lo reconoció esta semana la vicepresidenta Nadia Calviño, y posteriormente lo constataron los datos publicados por el Banco de España. Nada bueno.
Cabe reseñar también que las cotizaciones en España pesan menos que en la UE pero las empresas pagan más. Los empresarios españoles pagan en cotizaciones sobre el PIB 1,7 puntos más que sus colegas europeos mientras que los trabajadores abonan 2,6 puntos menos. España no tiene un problema de costes laborales y, por ello, hay suficiente margen para subir las cotizaciones sociales. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, lleva repitiendo estas ideas desde hace días, después de pactar con los sindicatos un incremento de 0,6 puntos de las cotizaciones sociales, que se repartirán en la misma proporción que el resto (0,5 puntos a cargo del empresario y 0,1 para el trabajador). La medida hizo levantarse a los empresarios de la mesa de negociación de la reforma de pensiones, ya que está pensada para costear el sobrecoste del sistema cuando entren masivamente los jubilados nacidos en el baby boom. Los líderes patronales han justificado este plante por considerar la medida insuficiente, al tiempo que aumenta los costes laborales que, según denuncian ya están entre los más altos de la UE. ¿Es esto cierto o existe el margen para incrementar dichos costes como asegura Escrivá?
Muy grave esta noticia: Agujero de cien millones en Renfe por el precio de la electricidad
El encarecimiento del precio de la luz ya le ha provocado a Renfe, uno de los primeros consumidores de electricidad en España, un incremento de los costes adicional de más de 100 millones de euros. El presidente de Renfe, Isaías Táboas, subrayó esta semana que el coste de la energía es un factor “fundamental” para las cuentas de la empresa pública.
Una cuestión importante en el tema de pensiones. La gestora deberá informar de la pensión que se cobrará con los planes de empresa. El cliente recibirá una carta con el cálculo del dinero que va a ahorrar.
Las gestoras de planes de pensiones van a tener nuevos deberes dentro de poco. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) prepara una circular que les obligará a remitir una carta a los dueños de planes de pensiones de empleo, cada año, informándoles de cuál es la estimación de pensión privada que van a tener cuando se jubilen. El supervisor de seguros, dependiente del Ministerio de Economía, ha sacado a consultas esta nueva normativa, que no es sino la transposición de una directiva europea, de 2016, que pretende armonizar los fondos de pensiones de empleo, un vehículo de previsión social que promueve la empresa o la administración pública en beneficio de sus empleados. Una de las exigencias de esta directiva es que cuando una compañía está metiendo dinero para la jubilación de su plantilla, que la gestora de esos fondos les informe adecuadamente de cuánto dinero podrían llegar a tener ahorrado cuando llegue la edad de su retiro puedan empezar a comprar esa pensión privada, como complemento de la pública. A la hora de hacer el cálculo, la gestora deberá tener en cuenta una previsión de los tipos de interés futuros, hipótesis biométricas sobre cada asalariado, hipótesis sobre aportaciones futuras y derechos consolidados (“contemplando la evolución previsible de la inflación y la tendencia de los salarios”), y varios escenarios sobre las previsiones económicas.
LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA
España es el país europeo donde los jubilados tienen una mayor dependencia de su pensión pública. La generosidad de la Seguridad Social con la pensión ha hecho que también sea uno de los países del mundo donde menos problemas hay de pobreza entre los ancianos. Ahora bien, con la jubilación de la generación del baby boom, la más numerosa de la historia de España, el gasto en pensiones se va a disparar y son muchos los expertos que apuntan a que no bastará con aumentar temporalmente las cotizaciones a la Seguridad Social para cubrir el desequilibrio. En los países donde no hay tanta dependencia de la pensión pública es fundamental saber cuánto dinero se va a acumular en la pensión privada de cara a una correcta planificación financiera. Además, también deberán informar al dueño del plan de empleo de cuánto tendría acumulado en capital y también cuánto sería ese dinero si optase por irlo cobrando en forma de rentas. El objetivo de esta norma es que el trabajador pueda conocer con mayor exactitud el dinero con el que podrá contar cuando se jubile para hacer frente a sus gastos. La gran paradoja de esta circular es que exige a las gestoras privadas que hagan un ejercicio que el Estado no ha hecho, pese a estar también obligado. La Ley General de la Seguridad Social recoge en su artículo 17 que el organismo debe ofrecer a los ciudadanos “información periódica individualizada sobre sus futuros derechos de pensión”. Esta práctica está ya generalizada en muchos países europeos. Uno de los primeros en hacerlo fue Suecia, que empezó a enviar a los contribuyentes una carta naranja con esta estimación de la pensión.
En mi opinión, es ineludible asumir esto pensando en la tranquilidad económica en el momento de la jubilación.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE