Hemos visto, en pasados días, que el mundo se asoma a una deuda más cara: los bonos repuntan a máximos de más de dos décadas. Japón, Europa y EE UU registran tipos de interés récord ante la inflación persistente, los desequilibrios presupuestarios y las emisiones de la IA. La deuda soberana de EE UU, referente obligado para el mercado financiero global, emitió una señal reveladora la semana pasada. El Tesoro estadounidense vendió bonos a 30 años al mayor interés en un cuarto de siglo, a pesar de que la inflación se ha moderado ligeramente – al 3,4% en julio -y de que se han rebajado las expectativas de un alza de tipos de la Fed en septiembre. Los inversores han puesto las luces largas y, mientras continúa el shock energético por el cierre de Ormuz, tampoco pasan por alto el resto de desafíos que afrontan las grandes economías occidentales: un elevado gasto y déficit públicos que contribuyen a tensionar las rentabilidades de los bonos junto a la avalancha de emisiones de deuda para financiar la IA. Las tecnológicas son un nuevo actor en el mercado de deuda, donde crece la competencia por captar capital. En definitiva, un cúmulo de elementos apuntan a una deuda más cara; el movimiento es estructural y no depende de las apuestas puntuales sobre el próximo movimiento que haga la Fed.
En Japón, el bono a 10 años cotiza en máximos desde 1996, al borde del 3%; el bono alemán a una década trepa al 3,215%, el nivel más alto desde mayo de 2011 y el francés a ese plazo está en máximos de junio de 2009, llegando a superar el 4%. En Estados Unidos, el rendimiento del bono a 30 años ha regresado a máximos de 2007, en el 5,293%. Las alzas de rentabilidad se han intensificado a pesar de que en el mercado se ha enfriado en los últimos días la expectativa de una subida de tipos de interés en septiembre. Goldman Sachs cree “muy improbable” ese incremento debido a los datos más débiles de ventas al por menor, las cifras de empleo decepcionantes y la desaceleración de los datos de inflación. Los futuros dan ahora un 30% de probabilidades a un alza el próximo mes, frente al 72% de finales de julio, en plena resaca tras la última reunión de la Fed, cuando los inversores mostraron sus dudas sobre la capacidad del banco central estadounidense de influir en las expectativas de inflación. Las previsiones sobre la Reserva Federal, el banco central más influyente del mundo, son menos agresivas que hace unas semanas y apuntan a un alza de tipos en enero. Es el entorno geopolítico y macroeconómico quien alimenta la creciente exigencia de rentabilidad en los bonos por parte de los inversores. Sobre todo, por una inflación más persistente. El conflicto en Oriente Próximo ha provocado un shock energético que parece estar intensificándose de nuevo. Esto significa que la inflación podría permanecer por encima del objetivo durante más tiempo.
Por otro lado, y también en el plano internacional, del BCE a la ONU, aumenta la preocupación por una nueva crisis de precios de los alimentos en la Eurozona. En el banco central advierten de que la inflación de los alimentos será el principal motor de la tasa general de IPC el año que viene.
Naciones Unidas advierte de que el mundo está al borde de otro episodio de inflación alimentaria. A las consecuencias de las guerras en Oriente Próximo y Ucrania se suman los efectos de fenómenos meteorológicos extremos que, como ‘El Niño’, están causando estragos en Centro y Norte de Europa en forma de sequías históricas. Este contexto, que genera costes más elevados para los productores y una merma de los cultivos, preocupa también al Banco Central Europeo (BCE). Su economista jefe, Philip Lane, advertía que este tipo de episodios climáticos ejercerán «previsiblemente» una «mayor presión al alza sobre la inflación», sobre todo el año que viene, cuando la subida de precio de los alimentos «será uno de los principales impulsores» de la tasa de IPC en la Eurozona. En julio, los alimentos frescos se encarecieron un 2,4% de media en la región, algo menos que en meses anteriores, si bien los expertos explican que el alza del petróleo, la pérdida de fertilizantes en la región del Golfo, la escasez de diésel en algunas partes del mundo y el clima acabarán reflejándose en los precios al consumidor con cierto retraso. «Los precios de las materias primas comenzarán a subir más ahora y los precios de los alimentos empezarán a subir a finales de año, y el año que viene seguramente subirán aún más», advertía estos días Máximo Torero , economista jefe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).
A nivel doméstico, destaco lo que marco en el titular para esta nueva entrada. España ahorraría hasta 1.500 millones si congelara las pensiones máximas, como plantea Francia.
La maniobra de minorar la revalorización de las prestaciones más altas para contener el déficit afectaría a cerca 810.000 beneficiarios si se trasladase al sistema español. Cabe preguntarse si es justo, dado que los beneficiarios de la misma, como quien suscribe, somos los que más hemos aportado al sistema con nuestros sueldos, habida cuenta además de que existe un elevado volumen de pensiones no contributivas. El desafío de la financiación de las pensiones es transversal a la gran mayoría de las economías desarrolladas, atenazadas por el envejecimiento de la población y el aumento de su peso respecto al volumen de trabajadores. Este indicador es especialmente relevante sobre los sistemas de reparto, como el español o el francés, en los que las cotizaciones de los ocupados sirven para pagar las prestaciones de los beneficiarios actuales. Un modelo abre la puerta a desequilibrios contributivos que tensionan la caja de la Seguridad Social y ensombrecen las perspectivas de la salud financiera a medio y largo plazo. Por ejemplo, en España, el déficit contributivo del sistema de pensiones asciende ya a 60.000 millones de euros, según cálculos de Fedea. Y más allá, la última actualización de la denominada Tabla 29 del INE actualizada recientemente (una estadística que obliga a elaborar la Comisión Europea que calcula a valor presente cuánto valen las pensiones futuras asociadas a los derechos que los trabajadores y pensionistas ya han acumulado) arroja que, a cierre de 2021, España contaba con derechos acumulados en el sistema público por valor de 6,13 billones de euros. En este contexto, buena parte de los países del entorno comunitario en los que el gasto en pensiones comienza a alcanzar cotas exorbitadas están planeando medidas para contener el desembolso y embridar el déficit creciente. Es el caso de Francia, donde el Ministerio de Economía y Finanzas ha abierto la puerta a una congelación total o parcial de las pensiones más elevadas. Lo hace en un contexto de déficit público elevado, del 5% previsto para este año, y en el que la subida en función del IPC amenaza con engrosar la factura anual de forma notable por el desvío de precios que está propiciando el impacto de la guerra en Oriente Próximo. Aunque en España el déficit público está más contenido, cerrará en el entorno del 2,6% del PIB en 2026 según cálculos de la Airef, el IPC se sitúan en cotas notablemente elevadas. En julio cerró en el 3,8% en la lectura armonizada de Eurostat (el servicio de estudios de la Comisión Europea), siendo el cuarto avance más alto de la eurozona y el más elevado entre las principales potencias. Francia, por ejemplo, registró un IPC del 2,4%. En este punto, con una factura de las pensiones creciente que se situará en cerca de 230.000 millones en 2026 y con una revalorización que para el próximo año podría situarse en el entorno del 4% si persiste la escalada del IPC por el conflicto en Oriente Próximo -la última previsión del Banco de España realizada en junio, previa al recrudecimiento de los ataques entre Estados Unidos e Irán, se sitúa en el 3,6%-, conviene cuestionarse el impacto que tendría una medida similar a la planteada por Francia en el sistema público de pensiones español. Cabe recordar que en el escenario más benévolo en el que el IPC se contenga en el 3,6% la factura de la revalorización ascendería al entorno de los 7.600 millones -sin contar con las Clases Pasivas, ni con el mayor incremento que se aplicaría a las pensiones mínimas y no contributivas. Aplicando la medida planteada desde el país vecino, para las pensiones más altas, en España hay cerca de 810.000 jubilados cobrando prestaciones de más de 3.000 euros brutos al mes (en catorce pagas) -según los datos oficiales del Ministerio de Seguridad Social para el mes de julio-. Es decir, aquellos que rondan la cuantía de la pensión máxima que ofrece el sistema, que con la actualización de 2026 se sitúa en 3.359 euros brutos.En el caso de mantenerse el pulso inflacionista con un IPC anual que ronde el 4%,el coste de subir estas 810.000 prestaciones de más de 3.000 euros sería de 1.486 millones de euros. El incremento sería de entre 120 euros y 134 euros al mes (entre 1.680 euros y más de 1.880 euros al año). Por lo que de congelarse totalmente la subida el ahorro ascendería a casi 1.500 millones y si al menos se enfriase el incremento, la mitad del IPC, este ahorro sería de 743 millones. Mientras que aplicar una revalorización del 3,6% -el último escenario del Banco de España- a las pensiones superiores a los 3.000 euros al mes supondría un incremento de entre 108 euros y más de 121 euros mensuales por pensionista, lo que equivale a un aumento anual de entre 1.512 euros y más de 1.693 euros en catorce pagas, con un impacto económico global para el sistema de unos 1.338 millones de euros al año destinados al conjunto de estos 809.965 beneficiarios. Si solo se revalorizara por la mitad del IPC, el ahorro sería de un 669 millones. En todo, el ahorro máximo de 1.500 millones equivaldría al 0,6% del total de la factura anual de las pensiones.
También a nivel doméstico, otra noticia bastante negativa: las familias ya destinan un 39% de sus ingresos a pagar el alquiler, diez puntos más que el esfuerzo que supone comprar una vivienda. El acceso a una vivienda en alquiler ya consume el 39% de los ingresos de una familia media en España mientras que para la compra destinan un 29%, sin considerar el ahorro previo necesario para obtener la hipoteca, según refleja un estudio de idealista con datos del segundo trimestre del año publicado este martes. El portal inmobiliario considera que el encarecimiento de los precios derivado de la escasez de oferta explica que el esfuerzo tanto en alquiler como en compra se mantenga en niveles muy elevados, superando en el caso del arrendamiento los umbrales que los expertos consideran razonables. Hasta en nueve capitales superan el 30% de esfuerzo que los especialistas fijan como límite recomendable para el alquiler de una vivienda de dos habitaciones. Palma encabeza el ranking con el 45% de los ingresos medios de una familia, seguida de Málaga (40%), Valencia (39%), Madrid y Alicante (38%), Barcelona y Segovia (34%), Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria (31%), mientras que Sevilla y Bilbao se quedan en el umbral del 30%. En el extremo opuesto, Ciudad Real y Teruel son las capitales con menor presión, al requerir únicamente el 19% de los ingresos familiares, seguidas de Jaén, Cáceres, Lleida y Melilla (20%). A nivel provincial, Málaga es la que impone mayor esfuerzo a sus residentes, con el 58% de los ingresos familiares. Le sigue Baleares (48%) y a continuación un grupo de provincias con tasas superiores al 30%: València (38%), Alicante, Madrid y Santa Cruz de Tenerife (37%), Cádiz (35%), Huelva (33%), Las Palmas y Barcelona (32%), y Girona, Sevilla y Segovia (31%). En el otro extremo, Teruel es la provincia con menor exigencia (18%), seguida de Palencia, Lleida, Ciudad Real y Huesca (21%). Cinco capitales presentan tasas de esfuerzo superiores al 30% recomendado para la compra: Palma (48%), Madrid (39%), San Sebastián (36%), Málaga (35%) y Barcelona (32%). A continuación aparecen Valencia (28%), Alicante (27%), Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria y Santander (25% en los tres casos), Cádiz, Pamplona, A Coruña y Santa Cruz de Tenerife (24% en las 4 capitales). Las ciudades con menor esfuerzo para adquirir una vivienda son Lleida (11%) y Zamora (12%), seguidas de Jaén y Huesca (13%).En el ámbito provincial, Baleares (48%) y Málaga (45%) lideran el esfuerzo para comprar, seguidas de Santa Cruz de Tenerife (36%) y Madrid (35%). La provincia de Barcelona se sitúa en el 24%. Teruel y Soria registran la tasa más baja, con el 11%, seguidas de Jaén, Cuenca, Palencia, Zamora, Ciudad Real, Ourense y León, con el 12%
En conexión con el tema de pensiones, destacado en el titular, a nivel local cabe señalar que Asturias está a la cabeza de España en pensiones: los jubilados cobran el 86,76% del salario medio. La pensión media que reciben los jubilados en España representa el 65,25 % del salario medio nacional que perciben los trabajadores este 2026, una tasa de cobertura que ha mejorado en casi diez puntos en la última década y que en Asturias se sitúa en el 86,76 %, la más alta del país. Mientras que la pensión media de jubilación se ha revalorizado un 51,2 % desde 2016, los salarios han crecido un 31,2 %. Un trabajador cobra de media 2.403,8 euros mensuales, según la encuesta trimestral de costes laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE) del primer trimestre de ese año, mientras que la pensión media de jubilación con datos de marzo era de 1.568,46 euros, de acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. O lo que es lo mismo, mientras que la pensión media avanza a un ritmo medio anual del 5,1 % desde 2016, los salarios lo hacen al 3,1 %.La evolución de las pensiones ha estado marcada en este periodo por el fin de la aplicación del índice de revalorización, que prácticamente las congelaba al aplicar una subida del 0,25 %, así como por la posterior vinculación al IPC, que ha elevado su cuantía casi un 5 % anual en los últimos años. En el caso de los salarios, aunque a un ritmo más moderado, también se han dejado ver los fuertes incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI) en los cinco últimos años, que han compensado en parte las tímidas subidas de los cinco primeros, casi todas por debajo del 1 %, con incluso un recorte en 2017. La pensión de jubilación se calcula teniendo en cuenta la base reguladora (media de las bases de cotización) de los últimos 25 años del trabajador, aunque uno de los últimos cambios en materia de pensiones flexibiliza un poco la norma, dejando optar por calcularla con los últimos 29 años trabajados descartando los 2 peores años. Además, hay que tener en cuenta que en esta década han ido entrando al sistema pensiones más altas. La pensión máxima, pese a que tiene un tope, en la actualidad es de 3.359,60 euros mensuales y diez años antes era de 2.567,28 euros al mes. La tasa de cobertura de la pensión sobre el salario oscila de una región a otra y pasa del 86,76 % de Asturias al 59,08 % de Madrid. Esto se debe a que en Asturias la pensión media es de 1.835,89 euros y el salario asciende a 2.115,99 euros, mientras que en Madrid los jubilados perciben 1.791,95 euros y los trabajadores ganan 3.033,15 euros mensuales de media. La cobertura en Asturias era también la mayor hace una década (69,45 %), ya que el salario medio ascendía a 1.822,36 euros y los jubilados percibían 1.265,59 euros, si bien entonces era Galicia la comunidad que tenía la menor tasa (53,98 %), con 1.596,18 euros de sueldo y 861,68 euros de pensión. En la actualidad, el mayor salario medio lo registra Madrid (los citados 3.033,15 euros mensuales), seguida por el País Vasco (2.765,81), Cataluña (2.641,81) y Navarra (2.455,33), mientras que Extremadura (1.923,49) y Canarias (1.952,54) presentan las rentas del trabajo más reducidas. En cuanto a las pensiones, las más elevadas se encuentran en el País Vasco (1.902,85 euros mensuales), Asturias (1.835,89), Madrid (1.791,95) y Navarra (1.750,48), y las más bajas en Extremadura (1.339,37) y Galicia (1.349,51). Y la situación apenas ha variado en la última década, ya que por entonces ya eran los trabajadores madrileños, vascos, catalanes y navarros los que mayores salarios percibían de media, y los extremeños y canarios los que menos recibían. Lo mismo ocurría con las pensiones de jubilación: hace diez años eran los vascos, asturianos, madrileños y navarros los españoles con una mayor pensión de jubilación, en contraposición de los extremeños y gallegos, que recibían las menores.
También en el ámbito local, las exportaciones asturianas son las que más bajaron de España en lo que va de año. Asturias registró un superávit comercial de 90,4 millones de euros en el primer semestre del año frente a los 190,4 millones contabilizados en el mismo periodo de 2025, según los datos provisionales de comercio exterior del Principado publicados esta pasada semana por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Las exportaciones asturianas alcanzaron hasta junio los 2.692,7 millones de euros, lo que supuso un descenso interanual del 7,2% —el mayor descenso de todas las comunidades autónomas— mientras que las importaciones se situaron en 2.602,3 millones, un 4,1% menos que entre enero y junio de 2025. La tasa de cobertura se situó en el 103,5%, mientras que el saldo comercial no energético alcanzó un superávit de 527 millones de euros, frente a los 621,2 millones registrados un año antes. Por su parte, el comercio energético mantuvo un saldo negativo de 436,5 millones de euros, ligeramente superior al déficit de 430,8 millones contabilizado en el mismo periodo de 2025. En cuanto a las importaciones, aumentaron las procedentes de América, un 6,4%, y Europa, un 1,6%, mientras que disminuyeron las de África, un 52,5%, Asia, un 13,7%, y Oceanía, un 8,4%. Estados Unidos, Alemania, China, Italia y Brasil se situaron entre los principales países de origen de las importaciones asturianas durante el primer semestre, según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio. A nivel nacional, el déficit comercial acumulado por España en el primer semestre del año se situó en 32.780,9 millones de euros, un 30,5 % más respecto al mismo periodo del año anterior, en un contexto internacional «complejo» y con las importaciones creciendo en mayor medida que las exportaciones. Así, las importaciones alcanzaron de enero a junio de este año 233.914,6 millones, un 5,2 % más, mientras que las exportaciones aumentaron un 2 %, hasta los 201.133,6 millones.
Y hasta aquí, la entrada de esta semana. Le deseo un muy feliz curso económico, agradeciendo, por supuesto, su lectura.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.
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