En esta semana ha destacado el hecho de que la Reserva Federal, la autoridad monetaria de EE.UU. deberá continuar las subidas de tipos durante el próximo año y después mantenerlos en terreno restrictivo hasta que la política monetaria haga su efecto en la economía. A nivel europeo, en el importante debate de la energía, se sigue trabajando en la fijación de precios límites para el gas y la electricidad para el conjunto de Europa. Se está hablando ahora de fijar unas bandas, que eviten spikes, que sean temporales, y que abarquen tanto gas como electricidad y parece que hay más apoyo de Alemania a estas medidas.
Tema inevitable, de carácter político pero también económico, claro está, es la crisis en el Reino Unido. Se saldaba esta semana con la dimisión de la Primera Ministra Truss, abriendo un periodo de reelección de líder que el partido conservador quiere cerrar de forma rápida. La reelección podría tener lugar tan pronto como el lunes, y se está hablando de un máximo de tres candidatos, donde se ve al ex-ministro de finanzas Sunak, a Mordaunt e incluso podría revivir Johnson. Mientras se cierra este capitulo de inestabilidad, el activo que sigue sufriendo es la libra. Liz Truss se ha visto obligada a renunciar como primera ministra del Reino Unido, protagonizando un final dramático tras 44 días en el cargo que han agudizado la crisis económica y han supuesto un daño catastrófico al partido conservador gobernante. Figuras importantes del partido le dijeron a Truss que renunciara, lo que dejó a los parlamentarios conservadores amargamente divididos frente a la perspectiva de tener que elegir un tercer primer ministro en cuestión de meses. Sir Graham Brady, presidente del comité de 1922, se reunió con Truss en medio de especulaciones entre los principales conservadores de que su mandato como primer ministro estaba llegando a su fin. El programa para una nueva contienda por el liderazgo conservador adelanta que los parlamentarios conservadores tomarán la decisión y no permitirán que los miembros del partido tengan voz. Truss pasará a la historia como la primera ministra británica con menos tiempo en el cargo. Truss dijo que había sido elegida líder tory para lograr una economía de «bajos impuestos y alto crecimiento», aprovechando las «libertades del Brexit». Pero ella misma ha admitido la derrota. «Dada la situación, no puedo cumplir el mandato por el que fui elegida por el Partido Conservador». Rishi Sunak, excanciller, y Penny Mordaunt, líder de la Cámara de los Comunes, son los dos principales candidatos, aunque otros políticos podrían entrar en la pugna. Los partidarios también alentarán a Suella Braverman, ex ministra del Interior, y Jeremy Hunt, actual canciller, a dar un paso el frente.
De manera previa a la dimisión, Hunt anula la rebaja del impuesto sobre la renta en Reino Unido y reduce la ayuda energética.
El nuevo ministro británico de Economía, Jeremy Hunt, ha adelantado las líneas maestras del plan fiscal a medio plazo que pretende el equilibrio presupuestario del país. Los drásticos cambios aplicados para calmar a los mercados y ante la presión interna del propio partido conservador, por un valor de unos 32.000 millones de libras (37.000 millones de euros), buscan «garantizar la estabilidad financiera y dar confianza en el compromiso del Gobierno con la disciplina fiscal», declaró Hunt.
Hunt anunció que, además de dar marcha atrás en el plan para rebajar el impuesto de sociedades al 19% desde el 25% (lo que permitirá recaudar 18.000 millones de libras anuales, unos 20.682 millones de euros), anula «de manera indefinida» la rebaja prevista del 20% al 19% a partir de abril de 2023 de la banda básica del impuesto sobre la renta, a fin de reducir el endeudamiento público. También que las ayudas para limitar el precio de la factura energética para empresas y hogares introducidas este mes y que debían durar dos años se restringirán al inicio del nuevo ejercicio fiscal en abril. Hunt precisó que se cancelará asimismo el recorte previsto de 1,25 puntos porcentuales del impuesto sobre los dividendos así como las compras exentas del IVA para los visitantes extranjeros. El ministro también eliminó la congelación previamente anunciada, durante un año a partir del 1 de febrero, de la tasa sobre el alcohol, y las reformas a las reglas de trabajo fuera de la nómina, aunque sí mantendrá las rebajas del impuesto de timbre y al Seguro Nacional.
A nivel empresarial, una noticia potente: Elon Musk plantea despedir al 75% de la plantilla de Twitter. El magnate sopesa reducir la plantilla de los 5.500 empleados actuales a poco más de 2.000. Así, planea recortar casi el 75% del personal de la red social si finalmente toma el control de la misma. En concreto, el magnate espera despedir a alrededor de 5.500 empleados, dejando una plantilla de poco más de 2.000 trabajadores de los que actualmente emplea la red social. Twitter ya esperaba despedir a parte de su equipo debido a factores económicos, si bien en ningún momento había planteado reducir el personal en tres cuartas partes, según ha detallado el citado medio. Con todo, los recortes no solo afectarían a los trabajadores, sino también a la infraestructura de la compañía y a los centros de datos que permiten el funcionamiento de la red social. Por ello, la decisión podría afectar a los millones de usuarios de la red social, ya que podrían entrar en riesgo de posibles hackeos y estar más expuestos a material ofensivo. Los recortes no solo afectarían al personal, sino también a la infraestructura de la empresa, y concretamente los centros de datos que permiten el funcionamiento de esta red que consultan al día más de 200 millones de usuarios. Musk tiene de fecha hasta el próximo 28 de octubre para cerrar la adquisición de Twitter si quiere evitar ir a juicio con la compañía, tras lo que el empresario e ingeniero expresó su intención de adherirse al acuerdo original de comprar Twitter por 54,20 dólares por acción, que implicaría un total de 44.000 millones de dólares (44.880 millones de euros).
Siguiendo en el plano empresarial, la inflación y la guerra de Ucrania hacen caer la confianza empresarial en la recta final del año. El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) baja un 2,9% en el cuarto trimestre del año en relación al trimestre anterior, en contraste con la subida del 7,5% experimentada en los meses de verano. El retroceso de la confianza empresarial registrado al cierre del año se debe al empeoramiento tanto del indicador de expectativas como del indicador de situación actual, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, una elevada tasa de inflación, altos precios de las materias primas y subidas de los tipos de interés. En concreto, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se situó en -11,8 puntos, frente al descenso de 4,2 puntos registrado en el trimestre anterior. Esto se debe a que el porcentaje de establecimientos empresariales que piensan que la marcha de su negocio será favorable entre octubre y diciembre de este año se ha situado en el 15,5%, cifra inferior a la del trimestre anterior (19,6%), mientras que los empresarios que se muestran pesimistas sobre la evolución de su negocio han aumentado desde el 23,8% del trimestre anterior al 27,3%. Al mismo tiempo, el porcentaje de empresarios que opinan que su negocio marchará de manera normal ha aumentado hasta el 57,2%, frente al 56,6% del trimestre anterior. Por su parte, el balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) ha mejorado más de tres puntos respecto al trimestre anterior, pasando de 1,3 puntos en el tercer trimestre a -2,3 puntos en el cuarto. Esta visión más negativa sobre la situación actual es resultado del aumento de establecimientos empresariales que piensan que su negocio evolucionó de manera desfavorable en los tres últimos meses y del descenso de los que opinan que se comportó de manera positiva.
A nivel doméstico, una noticia relevante: los empleados públicos podrán recibir en la nómina de noviembre la subida adicional del 1,5% y los atrasos. Los empleados estatales cobrarán la paga en su próxima nómina, pero el BOE habilita hoy a comunidades y ayuntamientos a que la abonen antes del 31 de marzo de 2023. El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana que los empleados públicos puedan recibir ya en sus nóminas de noviembre el aumento del 1,5% de sus retribuciones para este año 2022. Esta subida salarial, tiene carácter retroactivo, por lo que recibirán los atrasos correspondientes al presente ejercicio, y será consolidada para el año que viene. Por tanto, este incremento se suma al alza del 2% de las retribuciones públicas que entró en vigor el 1 de enero de este año. Así, los empleados públicos estatales recibiremos este incremento en nuestra próxima nómina, si bien los 1,2 millones de empleados públicos autonómicos y los 600.000 trabajadores de los ayuntamientos podrán cobrarlo también en noviembre o en próximos meses, ya que en la norma que habilita este pago, establece reglas específicas para que las comunidades autónomas y entidades locales puedan materializar el pago antes del 31 de diciembre de 2022 y, en todo caso, «con anterioridad al 31 de marzo de 2023». Este incremento adicional del 1,5% generalizado «tiene un carácter excepcional, ya que es la primera vez que se produce»; y se aplicará a todas las administraciones públicas, incluidas comunidades autónomas y ayuntamientos, «y tendrá en cuenta las circunstancias de la ejecución del presupuesto que puedan darse en este momento del ejercicio», añaden. Su consolidación en el presente ejercicio supone que se aplique sobre las retribuciones vigentes el 31 de diciembre de 2021, por lo que, según insisten, la subida global para 2022 será del 3,5%. La medida es fruto del acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos CCOO, UGT. El sindicato de funcionarios CSIF se descolgó del pacto.
Este pacto recoge que para el próximo año, los salarios de los empleados públicos subirán otro 2,5%, al que se podrían suman dos alzas más de carácter variable del 0,5% cada una. La primera de estas subidas de medio punto se aplicaría si el IPC acumulado de 2022 y 2023 supera el 6%, y se añadiría otro 0,5% si el PIB de 2023 supera el 5,9%. El año siguiente, 2024, los sueldos públicos subirán otro 2%, de nuevo con un cláusula variable para incrementar el sueldo un 0,5% en caso de que el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supere el 8%. Esta parte ligada a la inflación se cobraría con carácter retroactivo y sería consolidable también.
Por otro lado, Trabajo endurecerá los requisitos de las cooperativas para evitar fraudes. El departamento de Yolanda Díaz prepara un proyecto de Ley integral de impulso de la economía social y solidaria que aunará en una norma las tres que regulan ahora el sector. Yolanda Díaz es conocida por ser la ministra de Trabajo, pero el nombre de su ministerio incluye una parte de la actividad económica, la economía social, que es menos conocida, pero será objeto de una nueva regulación en los próximos meses. Para ello, el departamento de Díaz ha sacado a consulta pública el texto previo del proyecto de Ley integral de impulso de la economía social y solidaria, que pretende aunar y modernizar bajo una sola norma las tres leyes que ahora regulan el sector: la ley de cooperativas, que data de 1999; la de empresas de inserción (2007); y la de economía social (2011). La ley dotará de un marco de contenidos mínimos, común para todo el Estado, en materia de economía social. Esta nueva normativa que tras pasar por consulta pública deberá llegar al Consejo de Ministros y ser remitida al Parlamento para su tramitación durante los próximos meses, tendrá repercusiones legales en la formación, actividad y control de las cooperativas. Concretamente, la futura norma perseguirá convertir esta fórmula empresarial en “entidades de referencia de la economía social”, para lo que Trabajo pretende reformular los “principios y valores” de las cooperativas, “excluyendo de estos principios cualquier uso fraudulento del modelo cooperativo, por lo que se establecerá un marco de certezas para prevenir el intrusismo y la competencia desleal”, indica el texto sometido a consulta pública desde esta semana, por parte del ministerio de Díaz. En otras palabras, Trabajo pretende reformular los requisitos de estas entidades para evitar, por ejemplo, los casos de empresas que se conforman en cooperativas para, entre otras cosas, obligar a los trabajadores a convertirse en cooperativistas de forma fraudulenta para evitar la relación laboral asalariada. Este ha sido el caso de numerosas investigaciones de la Inspección de Trabajo sobre la industria cárnica, que ha utilizado en reiteradas ocasiones la constitución de cooperativas de trabajo asociado para desarrollar su actividad, lo que ha comportado cuantiosas multas a quienes han incurrido en este tipo de fraudes.
Cambiando de tercio, la AIReF enmienda los presupuestos y alerta del estancamiento de la economía. La autoridad independiente, que estima un crecimiento del 1,5%, desvela un debate interno para validar el cuadro macro. La reducción del déficit dependerá de la prórroga del escudo social. El supervisor ha validado el cuadro macro sobre el que se sustentan las cuentas del próximo año, tal y como destacó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero, según ha desvelado su presidenta, Cristina Herrero, lo ha hecho tras un “debate profundo” por la falta de información con la que han tenido que trabajar en el organismo. El Gobierno, ha denunciado, se ha reservado varios ases en la manga que ha ido desvelando con cuentagotas, como el escenario dos concretado en el plan presupuestario presentado a Bruselas. Con su tono crítico habitual en la clásica comparecencia en la comisión de presupuestos del Congreso, la AIReF ha concluido que las cuentas públicas presentan unas “carencias notables”. En primer lugar, que el proyecto de ley parte de unas previsiones de cierre de ingresos que no incorporan la información más reciente de 2022. Cristina Herrero ha echado en falta una previsión más “realista” de la evolución de la economía. Y, en segundo lugar, la autoridad destaca que el Gobierno no ha incorporado medidas antiinflación por un importe potencialmente elevado que, sin embargo, es previsible que se adoptarán. Es más, el Ejecutivo anunció a la semana siguiente de la aprobación del proyecto de ley una serie de medidas por valor de 3.000 millones para ayudar a las familias vulnerables. Días más tarde, en el plan presupuestario enviado a Bruselas, Hacienda anunció un escenario “con mayores ingresos y gastos que los presupuestos”. Esta maniobra, sumada a que la AIReF ha tenido que avalar un cuadro con las previsiones desfasadas de junio, provocaron esa discusión en el organismo. Lo ideal, ha expuesto Herrero, sería cambiar la ley para que la autoridad independiente pudiera realizar su análisis tras presentarse el cuadro macroeconómico y con la información correspondiente sobre objetivos presupuestarios, entregas a cuenta o techo de gasto. Son deficiencias que se están convirtiendo en “práctica presupuestaria”, ha denunciado la AIReF.
Cierro con una noticia de carácter inversor: las aportaciones a los planes de pensiones caen un 58% tras su castigo fiscal. El flujo de inversiones pasa de 6.200 millones en 2006 hasta los 2.594 millones de 2021. El IEE estima que el rendimiento es un 60% inferior a la media de la UE tras los límites a los incentivos. Las aportaciones a los planes de pensiones han caído un 58% tras los castigos fiscales de los últimos años a esta herramienta financiera. En concreto, el flujo de aportaciones era superior a 6.200 millones de euros en el año 2006. No es, evidentemente, una buena noticia para el futuro bienestar de la población retirada.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.