En esta semana, el BCE ha revisado a la baja la inflación esperada y ha facilitado las subidas bursátiles en la eurozona. La estimación del BCE para la inflación de 2024 era de un +2,7 por ciento y del +2,1 por ciento en 2025. Pero esta pasada semana las ha revisado a la baja. Ahora espera un +2,3 por ciento este año y un +2 por ciento el próximo. Las proyecciones de inflación excluyendo energía y alimentos, es decir la subyacente, también se han revisado a la baja: se estiman un +2,6 por ciento para 2024, el +2,1 por ciento para 2025 y el +2 por ciento para 2026. Apuntan que, aunque la mayoría de las medidas de inflación subyacente han disminuido aún más, las presiones de precios internos siguen siendo altas, en parte debido al fuerte crecimiento de los salarios. Sin embargo, las condiciones de financiación son restrictivas y los aumentos de tipos continúan afectando la demanda, lo que está ayudando a reducir la inflación. Con ello también han revisado las perspectivas de crecimiento económico para este año, hasta el +0,6 por ciento, y para el próximo, que han fijado en el +1,5 por ciento.
En otro orden de cosas, el S&P 500 manifiesta una subida del 20% en 4 meses. Esto es lo que la estadística nos dice que sucede cuando el S&P 500 se revaloriza más de un 20% en 4 meses. El S&P 500 lleva 16 de las últimas 18 semanas cerrando en positivo. Y con el avance espectacular de febrero, del 5 por ciento, acumula en los últimos 4 meses unas ganancias de más del 20 por ciento que le han llevado a marcar máximos históricos en varias ocasiones. Esta condición se ha producido en 28 ocasiones desde 1950.
Yendo a lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy, un tribunal de Nueva York reabre la demanda contra BBVA y Santander por la venta de bonos mexicanos. Fondos de pensiones estadounidenses acusan a seis bancos de colocarles miles de millones en títulos a precios inflados. La demanda colectiva presentada en Estados Unidos contra varios bancos internacionales, entre ellos las filiales mexicanas de BBVA y Santander, por MANIPULAR EL PRECIO DE LOS BONOS MEXICANOS revive. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, ha anulado el archivo del caso decidido por un tribunal de distrito y ordena que se retomen los procedimientos. Los jueces consideran que los vínculos que dichos bancos tuvieron con Nueva York en la venta de los bonos son suficientes para que el tribunal sea competente, según UNA SENTENCIA DICTADA EL 9 DE FEBRERO de la que BBVA INFORMÓ AL SUPERVISOR ESTADOUNIDENSE LA PASADA SEMANA . La Comisión Federal de Competencia Económica de México (Cofece) inició una investigación antimonopolio en 2017 en relación con SUPUESTAS PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS de determinadas instituciones financieras, incluida las filiales de los grupos españoles. LA INVESTIGACIÓN CONCLUYÓ CON MULTAS DE UNOS 35 MILLONES DE PESOS (unos dos millones de dólares al tipo de cambio actual) a Barclays Bank, Deutsche Bank, Santander, Banamex (Citi), Bank of America, BBVA Bancomer y JPMorgan. La Cofece encontró pruebas de que los operadores se comunicaron a través de mensajes electrónicos y pactaron 142 acuerdos ilegales para manipular los precios de ciertos bonos. A raíz de este caso, un grupo de inversores institucionales estadounidenses, en su mayoría fondos de pensiones, que habían invertido en los bonos, presentaron una demanda colectiva en 2018 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Alegaban también que los bancos demandados y sus filiales participaron en colusión con respecto a la compra y venta de bonos del gobierno mexicano. Los demandados son filiales mexicanas de BBVA, Santander, HSBC, Barclays, Citi, Bank of America y Deutsche Bank. JPMorgan y Barclays Bank llegaron a un acuerdo con los demandantes para cerrar el caso. Según los documentos que reflejan los acuerdos, JP Morgan aceptó pagar 15 millones de dólares y Barclays, 5,7 millones. Las entidades no vendieron los bonos directamente a los demandantes, sino a través de sus filiales neoyorquinas de intermediación. Los bancos alegaron que el tribunal neoyorquino no tenía jurisdicción porque las supuestas fijaciones de precio ilegales tuvieron lugar en México. El juez de distrito dio la razón a los bancos, pero el tribunal se la quita: “Dado que la demanda alega de forma plausible que los demandados vendieron activamente bonos de precio fijo por valor de miles de millones de dólares a través de sus agentes en Nueva York, sostenemos que la jurisdicción personal se alegó correctamente”, dice la sentencia.
Los inversores afirman que los bancos conspiraron para fijar los precios en múltiples puntos. Alegan que primero compartieron información sobre precios y presentaron ofertas fijas durante las subastas de Banxico, el banco central mexicano. También afirman que vendieron los bonos que compraron en la subasta a los inversores a precios artificialmente altos. Por último, la querella alega que los querellados acordaron fijar diferenciales de oferta y demanda, los precios cotizados a los clientes, artificialmente amplios. Según los demandados, las operaciones se hicieron a través de intermediarios y eso les aísla. “Pero la demanda alega plausiblemente que los corredores eran meros intermediarios. Y para la jurisdicción personal, miramos más allá de la forma para llegar al fondo”, dice la sentencia.
Los jueces rechazan la teoría de los bancos de que la jurisdicción solo puede corresponder a donde se produjo la fijación de precios: “No tiene mucho sentido. Supongamos que los demandados abrieran una oficina de ventas en Nueva York, atendida por sus propios empleados, y luego vendieran los bonos desde esa oficina a inversores estadounidenses a precios fijados en México. Difícilmente podría argumentarse que los contactos de los demandados en Nueva York no estarían suficientemente relacionados con la fijación de precios como para conferir jurisdicción en Nueva York. Dado que los actos de los intermediarios aquí pueden atribuirse a los demandados, la naturaleza dividida de las ventas no puede cambiar ese resultado, argumenta la sentencia.
Cambiando de tercio, fondos y promotores disparan un 1.600% la construcción de viviendas en alquiler. En los últimos cuatro años se han entregado 15.700 inmuebles destinados al arrendamiento en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Córdoba y Palma de Mallorca. El auge del alquiler se convierte en realidad. En los últimos cuatro años, los diferentes inversores, principalmente fondos y promotoras, han finalizado la construcción en toda España de un total de 15.710 VIVIENDAS DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE AL MERCADO DEL ALQUILER. Entre 2019 y 2023, el número de entregas se ha disparado más de un 1.600%: en 2019, finalizaron sus obras solo 538 inmuebles, frente a los casi 9.600 que hicieron lo propio en el último año, según informe anual sobre el mercado residencial elaborado por la firma especializada en datos inmobiliarios Atlas Real Estate Analytics. Por el momento, la mayor parte de las viviendas destinadas al ALQUILER que se han entregado son en régimen libre y el número de pisos protegidos apenas alcanzó las 1.000 unidades al año en 2022 y 2023. Aunque el 66,5% de estas viviendas se concentran en Madrid, otras ubicaciones también han visto incrementada su oferta de inmuebles residenciales de obra nueva destinados al arrendamiento: en Barcelona, 2.248 pisos, en Valencia, 1.136, en Sevilla, 690, en Málaga, 322, en Córdoba, 270, en Palma, 203, en Tarragona, 144, y en Sant Joan d’Alacant, 89 viviendas.
Y finalmente y en el ámbito empresarial a destacar un caso ya conocido que sigue coleando y es que Grifols vuelve a desplomarse hasta mínimos anuales. Un nuevo informe de Gotham provoca un nuevo descenso de la multinacional catalana de hemoderivados por debajo de los 7 euros por acción. El castigo bursátil a GRIFOLS parece no tener límite. La multinacional catalana de hemoderivados se ha llegado a desplomar más del 16% durante los primeros compases de la sesión. Tras una jornada, el martes, en negativo, el título se siguió deslizando hasta mínimos anuales, con una cotización en torno a los 6,4 euros y acumulando unas pérdidas en lo que va de año de más del 50%. Su capitalización ronda actualmente los 3.200 millones de euros. Uno de los motivos del descenso es un nuevo informe de Gotham City, el fondo bajista que en enero provocó la crisis de la compañía al poner en duda en un informe el peso de la deuda. También influye que Moody’s ha colocado la calificación crediticia de la empresa y la de sus filiales en revisión para una próxima rebaja debido a la menor generación de caja y al retraso en publicar sus cuentas auditadas. La compañía dio a conocer la semana pasada sus resultados con un descenso de sus beneficios del 72%, pero sin la auditoría de KPMG que, en principio, estará lista esta semana. Todo ello no hace más que agudizar la penalización a la cotización del valor. Grifols cuenta con un rating de familia corporativa de ‘B2’. Con anterioridad, la perspectiva del rating era ‘negativa’. Los rating de familia corporativa son una categoría que Moody’s usa para los emisores situados en el grado de especulación y que valora la capacidad de la empresa de hacer frente a todas sus obligaciones financieras sin tener en cuenta los tipos de deuda. En las últimas semanas, el grupo del que la familia Grifols es el principal accionista ha sido objeto de constantes ataques de fondos que apuesta a la baja. El último episodio de crisis bursátil se produjo la semana pasada con una caída próxima al 35%.
Que se produzcan este tipo de noticias no es bueno para la confianza del pequeño inversor en los mercados bursátiles.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.