Hemos visto en esta pasada semana que el reciente ciclo de incrementos de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo ha reconfigurado de manera sustancial el panorama del ahorro en España. La subida del tipo oficial hasta el 2,5% ha impulsado a las entidades financieras a mejorar la remuneración de los depósitos y cuentas remuneradas, devolviendo protagonismo a productos que durante años habían quedado relegados por la política monetaria expansiva. En este nuevo contexto, los bancos han comenzado a ofrecer rentabilidades que alcanzan el 3,5% TAE en depósitos a un año y más del 5% en cuentas remuneradas, aunque estas últimas suelen estar condicionadas a requisitos de vinculación cada vez más exigentes. La rentabilidad media de los depósitos en España, situada en torno al 2% según los últimos datos del BCE, ha sido ampliamente superada por las nuevas ofertas de entidades como Ferratum, Deutsche Bank, Mediolanum, Renault Bank, BFF o Cetelem, que compiten en un mercado donde la captación de ahorro se ha convertido en un objetivo estratégico. La tendencia general muestra que los depósitos a mayor plazo ofrecen mejores tipos, reflejo de las expectativas de que los tipos oficiales se mantendrán elevados durante un periodo prolongado debido a la incertidumbre geopolítica, el encarecimiento energético y la volatilidad internacional. Sin embargo, esta mejora en la remuneración del ahorro no es suficiente para compensar la inflación, que continúa erosionando el poder adquisitivo de los consumidores. Incluso las ofertas más atractivas del mercado, una vez descontados impuestos y comparadas con el IPC, arrojan rentabilidades reales negativas. Este fenómeno obliga a los ahorradores a evaluar cuidadosamente el rendimiento efectivo de los productos financieros y a considerar el impacto de la inflación en su capacidad de preservar valor. En paralelo, la banca digital y los neobancos han intensificado su actividad comercial, reaccionando con mayor rapidez a los cambios del mercado y utilizando las cuentas remuneradas como herramienta de captación de clientes. La banca tradicional, por su parte, mantiene una posición más conservadora, especialmente cuando dispone de liquidez suficiente, lo que explica la heterogeneidad de las ofertas disponibles.
A nivel doméstico, cabe destacar que la evolución del Índice de Precios de Consumo confirma un repunte significativo de la inflación en España, como señalo en el titular del blog en el día de hoy, impulsado principalmente por el encarecimiento de los carburantes y la inestabilidad geopolítica en Oriente Próximo. En agosto, el IPC general alcanzó el 4,3% interanual, el mayor incremento para ese mes desde 1992, mientras que la inflación subyacente se situó en el 2,9%, lo que indica que las presiones inflacionistas se concentran en la energía y no se trasladan de forma generalizada al resto de la cesta de consumo. El encarecimiento del diésel, que ha superado los 2 euros por litro, y el aumento de los combustibles líquidos han sido los principales motores del incremento del índice general. Los alimentos también han contribuido al repunte, aunque de forma más moderada: los huevos se han encarecido un 12,5%, la carne de vacuno un 9,4% y el pescado fresco y congelado un 7,8%. Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, la inflación acumulada de los alimentos se sitúa en el –0,65%, pero la evolución reciente muestra tensiones en productos esenciales. El Gobierno ha activado medidas para mitigar el impacto de la inflación, como la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo y la reducción del precio de la gasolina. Estas medidas buscan amortiguar el efecto del encarecimiento energético sobre los hogares, aunque su impacto es limitado en un contexto de tensiones internacionales persistentes.
La evolución de los precios en los próximos meses será determinante para la revalorización de las pensiones en 2027, dado que el sistema vincula su actualización al IPC medio de los doce meses anteriores a diciembre. Las previsiones de diversos organismos apuntan a una subida cercana al 3,4%–3,5%, lo que supondría un incremento del gasto en pensiones de más de 8.000 millones de euros. La persistencia de tensiones geopolíticas y el comportamiento del petróleo condicionarán la evolución de la inflación, que en todos los escenarios se mantendrá por encima del objetivo del 2% fijado por el BCE.
En el plano bancario, el sistema financiero español atraviesa un periodo de intensa actividad regulatoria y laboral. La subida de los tipos de interés del BCE hasta el 2,5% ha reactivado el mercado de depósitos, con entidades que ofrecen rentabilidades de hasta el 3,5% TAE a un año y cuentas remuneradas que superan el 5%. Este fenómeno responde a la necesidad de captar ahorro en un entorno donde las previsiones apuntan a que los tipos se mantendrán elevados durante más tiempo debido a la incertidumbre geopolítica y al encarecimiento energético.
Las ofertas más competitivas proceden de entidades medianas, pequeñas y neobancos, que reaccionan con mayor rapidez a los cambios del mercado. Ferratum, Deutsche Bank, Mediolanum, Renault Bank, BFF, Cetelem o SelfBank ofrecen rentabilidades entre el 2,75% y el 3,4% a un año, mientras que Ibercaja y Bankinter lideran las cuentas remuneradas con tipos superiores al 5%, aunque condicionados a requisitos de vinculación como domiciliar la nómina, realizar compras con tarjeta o mantener determinados saldos. La banca tradicional, en cambio, muestra menos incentivos para elevar la remuneración del pasivo cuando dispone de liquidez suficiente. En mi opinión, una nueva subida del BCE no necesariamente implica un incremento proporcional de las ofertas, dado que muchas entidades ya han ajustado sus productos anticipándose al movimiento del banco central. Pese a la mejora de las rentabilidades, la inflación continúa erosionando el poder adquisitivo del ahorro. Un depósito al 3,4% genera una rentabilidad real del 2,75% tras impuestos, insuficiente para compensar una inflación del 4,3%. Incluso la mejor cuenta remunerada del mercado, con un 5,09% TAE, ofrece un rendimiento real del 4,12%, todavía inferior al IPC. En paralelo, el sector financiero se enfrenta a tensiones laborales derivadas de la negociación del nuevo convenio de banca. El sindicato CC OO ha planteado reivindicaciones como incrementos salariales del 4% al 7% en cuatro años y la reducción de jornada que permitiría disfrutar de fines de semana de tres días una vez al mes. Estas demandas se sustentan en los beneficios récord obtenidos por la banca española, que superaron los 36.000 millones el año pasado y más de 20.000 millones en el primer semestre del ejercicio actual.
El tejido empresarial español se enfrenta a nuevas obligaciones derivadas del reciente reglamento sobre condiciones laborales. Desde el 5 de octubre, las empresas deben proporcionar por escrito información esencial sobre la relación laboral, incluyendo fechas de inicio y fin del contrato, contenido del trabajo, categoría profesional, complementos salariales y distribución del tiempo de trabajo. Una de las novedades más relevantes es la obligación de informar a los trabajadores fijos discontinuos sobre los periodos previstos de actividad e inactividad, reforzando la transparencia en una modalidad contractual caracterizada por la intermitencia.
Expertos laborales consideran que esta obligación supone un cambio significativo respecto al marco anterior, donde el Estatuto de los Trabajadores no exigía esta información de forma individualizada. Aunque algunos juristas interpretan que el decreto refuerza obligaciones ya existentes, coinciden en que la medida busca mejorar la previsibilidad y la seguridad jurídica, especialmente en sectores con elevada estacionalidad o dependencia de subcontratación. Las empresas deberán también detallar en los contratos el salario base, los complementos salariales y los criterios de determinación de aquellos cuya cuantía sea variable, así como la jornada diaria, semanal y anual. El Ministerio de Trabajo pretende eliminar referencias genéricas como “según convenio” y exige especificar el convenio aplicable, el artículo y su vigencia. Los contratos vigentes no deberán revisarse de forma automática, pero los trabajadores podrán solicitar la información que no tengan disponible, y las empresas deberán proporcionarla en un plazo máximo de treinta días. La falta de transparencia puede operar en contra de la empresa en caso de litigio, según la interpretación del Ejecutivo.
En paralelo, el teletrabajo continúa generando tensiones en el mercado laboral. Aunque la modalidad se ha estabilizado y forma parte de las prácticas habituales de muchas empresas, un porcentaje significativo de trabajadores estaría dispuesto a cambiar de empleo si se incrementa la presencialidad. La decisión sobre el modelo laboral depende mayoritariamente de las empresas, no de los trabajadores, y se basa en criterios organizativos más que en datos objetivos de productividad. La evidencia disponible muestra que el hogar es más adecuado para tareas de concentración profunda, mientras que la oficina resulta más eficiente para actividades colaborativas, coordinación y toma de decisiones.
Finalmente, a nivel local, el análisis del gasto residencial en Asturias revela una diferencia sustancial entre el coste de vivir de alquiler en el mercado libre y el de afrontar una cuota hipotecaria. Según el estudio El Coste de la Vivienda y la Pobreza Oculta en España: 2014-2025, elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz y Álvaro Pinto para Fedea, los hogares asturianos que residen en alquiler de mercado destinaron en 2025 una media de 7.883 euros anuales, lo que equivale a 657 euros mensuales. Esta cifra convierte al alquiler libre en la modalidad de acceso a la vivienda más onerosa de la comunidad, situándose 247 euros por encima del gasto medio mensual de quienes pagan una hipoteca.
El informe, basado en los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, no se limita a comparar rentas y cuotas hipotecarias, sino que incorpora todos los gastos asociados al mantenimiento del hogar: suministros, comunidad, reparaciones ordinarias, seguros y tasas vinculadas a la vivienda. Esta aproximación integral permite medir con mayor precisión el esfuerzo económico real que soportan los hogares en función del régimen de tenencia. Las diferencias entre regímenes de tenencia en Asturias son notables. Los hogares que aún afrontan pagos hipotecarios registraron un gasto medio anual de 4.925 euros (unos 410 euros al mes). En contraste, el alquiler de mercado asciende a los mencionados 7.883 euros, lo que supone un sobrecoste del 60% respecto a la vivienda hipotecada. Los hogares que acceden a un alquiler protegido o inferior al precio de mercado afrontan un gasto prácticamente idéntico al de los hipotecados: 4.928 euros al año (unos 411 euros mensuales). En el caso de las viviendas en propiedad sin cargas hipotecarias, el coste se reduce de forma significativa hasta 2.875 euros anuales (unos 240 euros al mes, destinados principalmente a suministros y gastos comunes). Las viviendas cedidas gratuitamente presentan los niveles más bajos, con 2.324 euros al año. A pesar de la brecha entre alquiler e hipoteca, Asturias se sitúa por debajo de las cifras nacionales en casi todos los regímenes. En España, el gasto medio en alquiler de mercado alcanza los 9.192 euros anuales (unos 766 euros mensuales), lo que implica que los inquilinos asturianos pagan 109 euros menos al mes que la media del país. En el caso de las hipotecas, la media nacional asciende a 5.200 euros anuales (unos 433 euros mensuales), es decir, 23 euros más al mes que en Asturias. El estudio también analiza la proporción de población expuesta a gastos residenciales especialmente altos. En Asturias, el 11,9% de los habitantes soportaba en 2025 un gasto superior a 7.000 euros anuales. Cuando el umbral se eleva a 10.000 euros, el porcentaje desciende al 2%, lo que equivale a unas 20.000 personas. Solo el 0,3% de la población afronta gastos superiores a 12.000 euros al año. Esta exposición es considerablemente menor que la registrada en el conjunto de España, donde el 9,4% de la población supera los 10.000 euros anuales. En comunidades con mercados inmobiliarios más tensionados, como Madrid (23,7%), Baleares (20,4%) o Cataluña (18%), la proporción de hogares con gastos residenciales muy elevados roza o supera a uno de cada cinco habitantes. El informe de Fedea sitúa estas diferencias en un contexto de transformación del modelo de acceso a la vivienda en España. Aunque el país continúa siendo mayoritariamente propietario, desde 2014 se observa una reducción del peso de la propiedad con hipoteca y un aumento sostenido del alquiler de mercado. Este último ha pasado de representar al 12,1% de la población en 2014 al 17,4% en 2025. Los autores subrayan que incorporar los costes reales de la vivienda en la medición del bienestar es imprescindible, ya que el régimen de tenencia condiciona de manera decisiva los recursos disponibles para los hogares. Tanto el alquiler como la hipoteca determinan el margen económico con el que las familias afrontan el resto de gastos esenciales, y por tanto influyen directamente en su capacidad para llegar a fin de mes.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.
Página web: https://www.unioviedo.es/saotero/
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